Por la verdad sobre la «pandemia»

Por Montserrat Calvo Arrebola

19/02/2021 España

En nombre de un colectivo ciudadano, llamado “Porlaverdadtv”, conformado en torno a Abogados por la Libertad, Policías por la Libertad, Infancia y Verdad, Psicólogos por la Verdad y la Vida, Sanitarios por la Vida, Javier Villacorta ―director del medio digital ElDiestro.es―, Docentes por la Verdad, Médicos por la Verdad, el Partido Laócrata, y comunicadores por la verdad, les rogamos que, como Institución que ostenta la máxima responsabilidad sanitaria en esta CC.AA, tengan a bien responder a las preguntas y requerimientos que se hacen en el presente escrito, aportando los documentos científicos pertinentes con los que esa Institución pueda demostrar la idoneidad de las medidas sanitarias aplicadas en esta CC.AA, gravemente atentatorias contra los derechos y libertades ciudadanas, y muy posiblemente contra la salud pública, cuya garantía y protección es la mayor competencia y responsabilidad de esa Consejería.

El objetivo de esta demanda de información que pueda avalar unas medidas que, además de ineficaces ―siguen aumentando los contagios, y estamos ya en lo que se llama “Tercera Ola”― es emplazarles a la realización de un debate público y abierto sobre la verdadera naturaleza y características de esta pandemia, y sobre si es posible justificar científicamente las medidas que esta CC.AAA ha impuesto a la población.

Los puntos sobre los que deseamos que se nos aporte la debida documentación científica son los siguientes:

• ¿Se ha aislado el virus COVID-19? Muchos informes señalan que todavía ninguna institución competente en este campo ha podido mostrar un registro de que el virus se haya aislado, por lo que no puede demostrarse su existencia. ¿Tienen en esa Consejería pruebas de su aislamiento?
• Las autopsias son fundamentales para tratar una enfermedad desconocida. ¿han realizado alguna en esta CC.AA, para poder atribuir al COVID-19 los fallecimientos que se le atribuyen?
• ¿Pueden proporcionarnos las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID en esta CC.AA? ¿Pueden demostrar que la tasa de mortalidad del coronavirus es lo suficientemente grave para hablar de “emergencia sanitaria”, y tomar esto como excusa para limitar los derechos de la ciudadanía?
• ¿Cuál fue la mortalidad del pasado año en esa CC.AA, en comparativa con los de los 5 años anteriores?
• ¿Qué incidencia ha habido en la población mayor de 70 años? ¿Cuántos fallecimientos han tenido lugar en residencias de ancianos?
• ¿Cuántos casos de gripe se reportaron en la temporada 2019-2020? ¿Cuántos casos hay en la temporada 2020-2021?

• 

  ¿Pueden demostrar científicamente que los test PCR de reacción en cadena de la polimerasa, y los de antígenos, son eficaces y fiables para detectar el COVID-19? El propio Ministerio de Sanidad en su web reconoce que los tests rápidos, o PCR, no permiten diagnosticar el Covid-19, puesto que el mismo Premio Nobel Karin Mullis ya dijo que no lo había creado con el fin de ser una prueba diagnóstica.

• Si se han establecido confinamientos, cierres perimetrales, cuarentenas… y los contagios siguen multiplicándose: ¿Tienen pruebas científicas de que estas medidas eran las más idóneas para combatir la transmisión, cuando se ha comprobado que no han servido?
• ¿Pueden ustedes proporcionar a la ciudadanía pruebas concluyentes de que las mascarillas son eficaces para evitar la transmisión del coronavirus, cuando, a pesar de que su uso está generalizado por completo, siguen aumentando los contagios?
• Es un hecho evidente de que las mascarillas, por impedir una correcta respiración, presentan serios efectos perjudiciales para la salud. Les conminamos, por tanto, a que desde esa Consejería se informe con toda transparencia a la ciudadanía para advertir de los efectos adversos del uso de las mascarillas, pues, al tratarse de un objeto sanitario, la ciudadanía tiene derecho a conocer sus contraindicaciones, como la hipoxia, la hipercadnia, la acidificación. etc.
• Queremos conocer qué expertos han obligado al uso de mascarillas en los centros de enseñanza, y en base a qué criterios sanitarios, cuando la población joven e infantil es prácticamente inmune a la pandemia.
• ¿Puede esa Consejería demostrar la existencia de “enfermos asintomáticos”, algo totalmente imposible en medicina, pues la definición de enfermo es «persona que tiene síntomas de una enfermedad», luego si no hay síntomas de enfermedad, no hay enfermo, y si no padece enfermedad contagiosa, no puede contagiar.
• Mientras que toda vacuna necesita un período superior a 5 años para desarrollarse, la vacuna anti COVID se ha elaborado en unos meses. ¿Puede esa Consejería demostrar científicamente que es segura y eficaz, cuando en todo el mundo se empiezan a producir casos de efectos adversos de gravedad? ¿Puede esa Consejería dar fe de que la vacuna es eficiente y no produce efectos de gravedad, cuando éstos pueden aparecer a medio y largo plazo?
• ¿Recibe esa CC.AA. fondos europeos adicionales en el caso de que presente una mayor incidencia del coronavirus?
• ¿Quiénes son los expertos en el campo de la sanidad que han avalado la imposición de unas medidas sanitarias que solo han servido para quebrar amplios sectores económicos de esta CC.AA, y para restringir los derechos ciudadanos?

Por otra parte, además de su ineficacia y su posible riesgo para la ciudadanía, una parte importante de las medidas sanitarias y políticas que se han tomado desde esa Consejería para combatir la pandemia podrían ser constitutivas de delito, según se desprende del corpus legislativo español, por lo cual los responsables directos y los colaboradores de estas medidas podrían ser denunciados judicialmente en un futuro.

Los posibles delitos son los siguientes (adjuntamos documento más amplio en PDF sobre esta temática):

• Código Penal Español: Delito de Lesiones (Art. 147 a 156 ter CP)
• Delito de torturas y contra la integridad moral (Art 173 a 177CP )
• Delito de omisión del deber de socorro (Art 195 y 196 CP)
• Delitos contra la intimidad (Art. 97 a 201 CP) Delitos contra la Salud Pública (Art 360 y 361 CP)
• Delitos de manipulación genética (Art 159 y 160 CP)
• Delito Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos (Art. 408 7 409 CP)
• Delito de encubrimiento (Art 451 CP)
• Obligación de denunciar la perpetuación de un delito (Artículo 259 Lecrim)
• Delito de daños (Art 263 CP y siguientes)

Por todo lo expuesto, exigimos que estos interrogantes sean respondidos públicamente, en el marco de un debate abierto, con la participación de todo el colectivo científico y sanitario, tanto de los ámbitos públicos como privados, con arreglo al principio de transparencia que debe regir las disposiciones de esa Consejería, muchas de las cuales violan principios constitucionales y del ordenamiento jurídico actual.

En el caso de no recibir respuesta a estos requerimientos, este silencio se entendería como una prueba irrefutable de que esa Consejería no dispone de las suficientes evidencias científicas para justificar las medidas sanitarias impuestas arbitrariamente a la ciudadanía, hecho que denunciaríamos en los medios de comunicación a nuestro alcance, reservándonos la posibilidad de iniciar los pertinentes trámites judiciales.

A la espera de recibir sus noticias, les enviamos un cordial saludo.

Para contactar: porlaverdadtv1@protonmail.com