¿Por qué la sentencia del TS de exhumación de Franco es contraria a Derecho? (II/III)

2ª parte: Análisis de su antijuridicidad

El objeto del recurso es la impugnación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15/febrero/2019, por el cual el Gobierno acuerda la exhumación de los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, así como la impugnación también del Acuerdo del Consejo de Ministros, complementario del anterior, de fecha 15/marzo/2019 por el que se designa como lugar de enterramiento el Cementerio de El Pardo-Mingorrubio,  (sobre La ilegalidad de este emplazamiento nos referiremos más adelante).

La profanación de la tumba de Franco, que con tales acuerdos del Consejo de Ministros se pretende ejecutar, trata justificarse jurídicamente con el pretexto de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), así lo dice la Sentencia una y otra vez para vindicarse.

Sin embargo tal argumento desde el punto de vista de la verdadera Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 106, 1º Constitución Española)  no es válido por un doble motivo: 

En primer lugar no estamos hablando de una verdadera Ley con un contenido de Justicia y equidad, sino que estamos hablando de una Ley que ya con el nombre que le dan, “Ley de Memoria Histórica” nace disfrazada, y el disfraz en el Derecho español si algo es , es una agravante (art. 22, 2º CP), porque a decir de su contenido y de la intención de sus autores,  su verdadero nombre es “Ley de Desmemoria, Falsificación, y Manipulación Históricas”, porque pretende imponer por la fuerza coactiva del Estado, -utilizando el carácter imperativo de las leyes,  en fraude de Ley (art. 6, 4º Código civil), con desviación de poder (art. 70, 2º último inciso Ley 29/1998 LRJC-A) y con claro abuso de Derecho (art. 7, 2º Código civil)-,   un dictado de odio y falsedad  (como ya se hizo con la tipificación del delito de odio) que es impropio de una verdadera Ley, sino un acto de pura iniquidad dictada por el Maligno, y que no soporta el más mínimo análisis de Constitucionalidad.

Las leyes, -para ser verdaderas leyes-,  no son sectarias, sino justas, no buscan el Mal sino el Bien, no fomentan el odio, sino la paz y el orden, no son un fraude en sí mismas, sino que buscan el bien común, la verdad y el adherirse a ella, porque la paz social no pude fundarse sobre la manipulación, la mentira histórica, el atropello, la desigualdad de los españoles ante la Ley, el Estado policiaco y el Estado de politijueces, sino que ha de fundamentarse en un verdadero Estado de Derecho, como baluarte de la Justicia como ideal y como Virtud que inclina a los individuos y a las instituciones, -especialmente a los Jueces y Tribunales que en última instancia han de decidir los conflictos-,   a dar a cada uno su derecho, que percibe el bien y el mal, y ante tal percepción inclina la propia voluntad a hacer y decidir el bien y a evitar el mal, y en la Verdad como aceptación de la realidad con autenticidad, honestidad, sinceridad, e integridad, -principios que deben presidir las decisiones legislativas y judiciales en un verdadero Estado de Derecho-. Es decir todo lo contrario de lo que esta falsa Ley representa: la mentira, la hipocresía de pretender presentar a los lobos como corderos y a los corderos como lobos, el fariseísmo, la doblez, el engaño de lo que verdaderamente pasó en España, la farsa, la patraña en grado superlativo  y el ocultamiento de la verdad histórica real para poderle lavar el cerebro a la gente sin contestación posible.

La izquierda es tan injusta en su conducta y en sus planteamientos que damos como normal lo que a todas luces no lo es. Pensemos por ejemplo qué pasaría si se pretendiera imponer una ley similar pero de sentido contrario, la cantidad de autobuses y contenedores que los rojos incendiarían en las calles (y la cantidad de tiendas que de paso saquearían) como protesta, y qué cosas no dirían por televisión y no escribirían los que ahora hipócritamente callan a sabiendas de que es un completo atropello. Y pensemos no sólo en este tema de la memoria histórica donde los asesinos son presentados como víctimas y las víctimas como asesinos, sino en el tema por ejemplo del cambio del nombre de las calles, se ha impuesto tal monopolio de los enemigos de España que se ve como normal que las calles solo puedan ser de lo que diga la izquierda con la complicidad del PP, cuando la Constitución Española tiene establecido en su art. 1, como uno de sus Valores y Principios fundamentales, el de Pluralismo Político, en cuya virtud resulta objetivamente anticonstitucional que todas las calles sean, porque así lo exige el sectarismo y la intolerancia de la izquierda y sus cómplices,  del mismo color político.

La exposición de motivos de la Ley de “Desmemoria, Falsificación, y Manipulación Históricas” es una falacia en sí misma porque invocando hipócritamente los principios constituciones lo que hace es excepcionarlos y mancillarlos.

Ante la realidad objetiva que la Ley es inconstitucional, porque objetivamente viola principios y preceptos constitucionales expresos, el Tribunal Supremo no puede cerrar los ojos ante la evidencia de tales vulneraciones constitucionales, porque a estas alturas de la historia la redondez de la Tierra no puede volver a ser negada, ni puede volverse a proclamar otra vez lo bonito que er4s el traje del emperador y lo bien que le sienta, cuando en realidad no hay tal traje sino que el emperador va desnudo, y tiene que decirlo un niño porque los demás han vendido su alma al diablo.

Veamos muy rápidamente las vulneraciones de los principios y preceptos constitucionales que comete la Ley y la aplicación de la Ley (de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas):

  • Violación del art. 1, 1º CE:
  1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

por cuanto al imponer por la fuerza coactiva de una ley la mentira histórica, destruye la democracia, y destruye los Valores superiores de la Constitución y su Ordenamiento Jurídico: de libertad, -ya que no hay libertad para pensar y para actuar ni para decir la verdad como ya pasa con el delito de odio-;  de Justicia, -ya que la Justicia se sustituye por la iniquidad de una versión oficial de la historia que no se corresponde con la realidad-; de igualdad, -ya que los españoles dejan ser iguales ante la Ley y dicha igualdad se destruye en la medida que se reprime y persigue a los españoles que no comulguen con los fines de la Ley (que no son otros que los fines de los que hacen la ley),  y por ello puedan ser señalados como “franquistas”-; y Pluralismo político –en cuanto que una ley sectaria de esta naturaleza termina con la democracia y con el pluralismo político e impone un sistema monocolor comunista y masónico-.

  • Violación del art. 1, 3º CE:
  1. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

por cuanto la Ley  pretende ir preparando el terreno para una finalidad última en un horizonte no muy lejano al ritmo de subversión y violencia que vamos: cambiar la forma política del Estado español, destruir la Monarquía e imponer la república ultraizquierdista y masónica a imagen y semejanza de la IIª República.

  • Violación del art. 9, 1º CE
  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

El Gobierno no puede hacer leyes contrarias a la Constitución, y los Tribunales de Justicia no pueden desconocer el carácter anticonstitucional de las mismas y mirar para otro lado,  porque todos, -ciudadanos y poderes públicos, y ello incluye a los jueces (art. 5, 1º LOPJ) y a los políticos- están sometidos a la constitución y a la Ley.

  • Violación del art. 9, 3º CE
  1. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El Gobierno no puede tomar decisiones arbitrarias porque la Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad, ni contrarias al principio de legalidad. Tampoco puede aplicar con carácter retroactivo una Ley del año 2007 o peor aún un Real Decreto Ley como el 10/2018, del año 2018,  para sacar a Franco de su tumba donde lleva enterrado 44 años, porque este efecto retroactivo está expresamente prohibido en la CE.

  • Violación del art. 14 CE

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

por cuanto la ley rompe el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley e impone una discriminación contra Franco y contra los franquistas por razones ideológicas y por razones de su religión Católica.

  • Violación del art. 15 CE

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, (..)

por que la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas y la profanación de la tumba de Franco tienen por finalidad atentar contra la integridad moral de Franco y de los franquistas (y con su falseamiento y calumnia permanente, quizás también preparar el terreno para un ulterior exterminio de estos análogo al perpetrado en 1936, es decir para atentar contra el derecho a la vida y a la integridad física).

  • Violación del art. 16, 1º CE
  1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

porque la ley es contraria a la libertad ideológica y religiosa de los que no comulgan con el pensamiento ultraizquierdista, masónico y ateo del Gobierno.

  • Violación del art. 18,1º CE
  1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Por cuanto la Ley lejos de garantizar el honor atenta contra el honor de Franco mediante calumnias manipulando su verdadera imagen, y contra la intimidad de él y su familia, porque ¿a cuento de qué viene ahora a abrir una sepultura (y alterar el sueño de una persona muerta) que lleva 44 años cerrada?.

  • Violación del art. 19 CE

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

por interpretación de este derecho de libre residencia, (a diferencia de los regímenes comunistas donde la libre residencia y el libre tránsito dentro del territorio nacional están prohibidos porque es un derecho que no existe en tales países), la Ley y el afán de profanar la tumba de Franco es contraria al derecho a la libre residencia. Para un muerto la libre residencia es el lugar legítimo y sagrado donde descansan sus restos, que es un lugar acordado por el Jefe del estado el Rey Juan Carlos I y el Consejo de Ministros de la época, y donde lleva reposando 44 años, y es contrario a este derecho violar esta “residencia” o este reposo después de 44 años de reposo de forma ininterrumpida, pacífica y con justo título, y pretender romper este “buen derecho” de forma totalmente arbitraria y sólo por motivos ideológicos, porque el Gobierno considera que es intolerable desde el punto de vista político e ideológico que Franco esté en ese lugar de honor.

  • Violación del art. 20, 1º a) CE
  1. Se reconocen y protegen los derechos:
  2. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

porque la Ley atenta y prohíbe la libertad de pensamiento y la de expresión, al declarar fuera de la ley todo lo que no se acomode a la manipulación de la Historia que impone por la fuerza coactiva de una ley con apariencia de tal.

  • Violación del art. 20, 1º b) CE
  1. Se reconocen y protegen los derechos:
  2. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

porque prohíbe la creación literaria de libros a favor de Franco, prohíbe también la creación artística tanto futura, -prohibiendo que se puedan crear obras de arte que se puedan calificar de “franquistas”-,  como presente, ya que la finalidad de la Ley es destruir la Cruz del Valle de los Caídos y el propio Valle no sólo como centro religioso sino también como conjunto arquitectónico y artístico. La profanación de la tumba de Franco es sólo el inicio de un afán de demolición de todo lo demás.

Y prohíbe también la producción científica y técnica, porque aquí ocurrirá lo mismo que con el delito de odio, con los campos de concentración alemanes, como las pruebas técnicas y científicas de los Informes Leuther y Rudolf daban unos resultados empíricos que no se correspondían con el dogma, se impone el dogma por la fuerza de las leyes penales y se prohíben las pruebas científicas y técnicas que quedan fuera de la Ley sin más consideraciones. Luego absurdamente se critica la época de Galileo pero no lo que ocurre no en el siglo XVII sino en el momento presente,  es todavía peor que en tiempos de Galileo.

  • Violación del art. 20, 1º c) CE
  1. Se reconocen y protegen los derechos:
  2. c) A la libertad de cátedra.

porque al igual que ha pasado con el delito de odio relativo a la Segunda guerra mundial, una vez que se impone un dogma y una versión oficial de la historia, no cabe libertad de cátedra, porque la imposición del dogma impide cualquier estudio, cualquier afán científico de buscar la verdad y adherirse a ella, porque el dogma se impone y prevalece sobre cualquier otra consideración para que nadie se atreva a negarlo bajo el miedo de un Estado policiaco con una Fiscalía especial del odio en funciones de GPU para perseguir a quien se atreva a cuestionar el dogma de fe de obligado cumplimiento. Todo esto además ocurre en una sociedad atea que odia a Dios pero que impone por la fuerza coactiva de sus normas y de funcionarios presuntamente sin escrúpulos (y no me refiero únicamente a los de la Fiscalía del odio),  un dogma de fe antifascista que es de obligado cumplimiento y que no admite prueba en contrario, las pruebas en contrario se consideran un delito en sí mismas, con lo cual la indefensión (art. 24 CE) no puede ser mayor. El que dude por un instante de esta terrible realidad policiaca que equipara a la España actual y a la que está por venir con la Stasi y la Rusia de Stalin,  que busque “el caso Pedro Varela” (elcasopedrovalrela wordpress) y se entere de lo que viene después de esta Ley, una sociedad como en la película Fahrenheit 451, donde los que se atrevan a poseer una biblioteca en casa es como si cometieran una acción de máximo riesgo.

  • Violación del art. 20, 1º d)  CE
  1. Se reconocen y protegen los derechos:
  2. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

con el monopolio del cine y de todos los medios de comunicación audiovisuales en manos de la ultraizquierda la información veraz está proscrita y prohibida en la práctica, pero si encima hay una ley que impone de modo coactivo una versión falsa de la historia, automáticamente la información veraz queda fuera de la ley.

  • Violación del art. 21, 1º  CE
  1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este

       derecho no necesitará autorización previa.

porque con esta Ley lo que se pretende es prohibir la reunión pacífica de los franquistas en el Valle de los Caídos (Plaza de Oriente, Cementerio de Aravaca, etc), ni siquiera permitida una vez al año. Y declarado ilegal el franquismo, el derecho de reunión pacífica de los franquistas quedaría igualmente proscrito. De hecho ya lo está como hemos podido ver el pasado domingo 13 de octubre que se le impidió a la gente acudir a misa en el Valle. Y lo estará el día que saquen a Franco de la Tumba que queda prohibida la asistencia al pueblo, porque el Gobierno ha exigido a la familia que sólo pueden ir familiares mayores de edad y ha reducido el número a 23, los demás tienen prohibido estar y asistir, y seguro que se impedirá incluso estar en la carretera. Todo ello por razones puramente ideológicas, lo cual es una discriminación como una catedral de grande, máxime mientras los bilduetarras y todos los demás campa a sus anchas, y los separatistas toman el aeropuerto de Barcelona o la Estación de AVE de Barcelona Sanz y para cubrir el expediente de los cientos de miles se detienen únicamente a unos cuantos que, cubierto el expediente,  después quedarán oportunamente absueltos.

  • Violación del art. 22, 1º CE
  1. Se reconoce el derecho de asociación.

Igualmente las asociaciones calificadas como “franquistas” quedaran fuera de la Ley y sus bienes incautados.

Y podríamos añadir algunos Derechos Fundamentales que podrían igualmente quedar vulnerados, como el derecho del art. 23, 1º CE de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes en elecciones periódicas, por cuanto que los partidos políticos tachados de franquistas quedarían fuera de la ley y no habría posibilidad de esa participación reconocida como derecho fundamental. O el Derecho del art. 23, 2º CE de acceder en condiciones de igualdad a la condición de funcionario, porque los funcionarios franquistas, serían expulsados de la Función pública sólo por razones ideológicas, como de hechos mucho sufren persecución por esta causa. O el art. 24 CE sobre el Derecho Fundamental a no sufrir indefensión, pero esta indefensión se produce cuando los poderes públicos y los propios tribunales de Justicia te niegan este derecho y el derecho a la tutela judicial efectiva (también art. 24 CE) únicamente por la condición de franquista, de la que esta sentencia es buena prueba de ello, pero no sólo ella, también conocemos la Sentencia de la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional de 5 de junio de 2019 que niega la tutela indebidamente judicial efectiva a una persona tachada de “franquista” negándose a resolver sobre la legalidad o ilegalidad de las resoluciones administrativas recurridas y sobre si las mismas han cometido violación de Derechos fundamentales, como así se razonaba en la demanda, y la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional se niega a hacer el pronunciamiento, obviamente para así no tenerla que dar la razón al demandante,  cometiendo la sentencia más de 15 infracciones a la Constitución y a las leyes.

  • y hay violación también del art. 10 CE que consagra el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales:
  1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

porque los Derechos Fundamentales que son inviolables  la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas los convierte en totalmente violables.

Ante esta realidad de una Ley objetivamente anticonstitucional, lo que no puede el Tribunal Supremo es negar la evidencia, que insisto es objetiva, -se aprecia por sí misma por grosera del descaro como se comete-, y negarse a elevar al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de conformidad con lo establecido en el art. 163 CE:

Art. 163 CE:

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

No quiere decir ello que para estimar el recurso de la familia, y quitarle la razón al Gobierno hubiera sido necesario plantear esta cuestión de inconstitucionalidad, y no significa tal cosa porque el recurso podría haber sido estimado, dada la grosera ilegalidad del Gobierno, sin necesidad de plantear esta cuestión, con fundamento en otros argumentos como el contenido en el art. 70, 2º Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción C-A, sobre una clara desviación de poder del Gobierno, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad del art. 9, 3º CE. Lo que he querido decir es que si bien el recurso se podía estimar sin necesidad de recurrir a las cuestiones de inconstitucionalidad porque los motivos de ilegalidad eran tantos que se hubiera podido prescindir de esta parte (aunque hubiera sido un error prescindir de tales argumentos capitales), sin embargo para desestimar no se podía desestimar el recurso de la familia si solicitado por ésta en su recurso el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo a la vez desestime el recurso y se niegue a este trámite, porque esta negativa es de una ilegalidad manifiesta.

De modo que la negativa del Tribunal a plantear la cuestión de inconstitucionalidad, ante la evidencia de que la Ley por su contenido sectario es o puede ser inconstitucional sin ningún género de dudas, lo único que demuestra es la presunta nula intención de sus magistrados de buscar la verdad y adherirse a ella.

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En segundo lugar, también es sabido que para acordar la profanación de la tumba de Franco no ha sido suficiente aplicar la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas tal cual estaba originariamente redactada, sino que ha sido preciso además hacer justo antes una reforma “ad hoc” a través del Real Decreto-ley  10/2018  con un único artículo para añadir un párrafo, el 3º, al art. 16 de la Ley ,  con el siguiente tenor:

«3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.»

Y para introducir también una nueva Disposición Adicional Sexta bis para otorgarse a sí mismo el Gobierno  la competencia:

  1. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación del procedimiento regulado en los apartados siguientes.

Todo esto, que está reconocido en la propia sentencia (pagina 11),  tiene una gran relevancia jurídica por dos motivos fundamentales:

1.- Primero porque una de las características esenciales de las leyes es su carácter general y abstracto, es decir las leyes se hacen “erga omnes”, para todos, esto lo sabe el Tribunal Supremo porque es de 1º de Derecho. Por tanto una ley con un destinatario previamente determinado, no es una verdadera “Ley” sino una arbitrariedad disfrazada de Ley a mayor dolo.

2.- Y en segundo lugar porque hacer un Real Decreto-Ley “ad hoc” para reformar una ley para permitirte la profanación de una tumba concreta es un fraude en sí mismo, es como si reformamos la ley de caza porque queremos sancionar a una persona concreta que tiene un lunar en la mejilla, e introducimos como infracción a la ley de caza el ir de caza con un lunar en la mejilla. Esa no es forma de tipificar las infracciones administrativas, primero porque tener o no tener un lunar no debería ser infracción a la ley de caza (porque en nada afecta a la acción de cazar tener o no tener un lunar), y segundo porque se ha tipificado la infracción pensando en esta persona en concreto a la que se quiere sancionar con este pretexto, y de hecho si aparece alguien más también con otro lunar, no lo sancionamos, porque el único lunar que nos interesa es éste como pretexto para poder sancionar a esta persona. Vemos que el Real Decreto-Ley modifica la Ley de  de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas para introducir que en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como forma encubierta (recordemos el disfraz como agravante) de sacar a Franco sin nombrarlo ya que él no murió en la guerra civil. El fraude es grosero en sí mismo pero más evidente aún si tenemos en cuenta que al dictar el Real Decreto-Ley el Gobierno, en su mediocridad e ignorancia,  no tuvo en cuenta que además de Franco había otras 20 personas que también estaban enterradas en el Valle y que  no habían muerto en la guerra civil, como era el caso de unos 20 monjes de la Basílica que habían ido falleciendo a lo largo de los años y habían decidido este lugar de reposo, y sin embargo la intención de la ley (que no es otra que la intención de los que hacen la ley) es tan grosera que destapado este dato de las otras 20 personas que entonces habría que desenterrar también, el Gobierno ni se molesta en disimular, y de lo que se trata no es de cumplir la ley (lo que obligaría a sacar a estas otras 20 personas por el principio de igualdad de todos ante la Ley: art. 14 CE) sino de profanar la tumba de Franco exclusivamente y sin más consideraciones, y por tanto estas otras 20 personas se dejan dónde están, porque la Ley no se aplica por igual y con todas sus consecuencias, sino que se aplica únicamente en la parte que conviene, cuando conviene y al destinatario único que le conviene al Gobierno, lo cual pone de manifiesto el altísimo grado de antijuridicidad con la que actúa el Gobierno y sus cómplices, y cómo el Tribunal Supremo ha incumplido el art. 106, 1º CE.

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Ante este panorama de iniquidad, arbitrariedad e injusticia (y más que veremos después al analizar otros aspectos) ¿qué debe hacer un verdadero Tribunal de lo Contencioso-Administrativo?

Para mí no hay la menor duda de cuál es el camino jurídico correcto, que lo marca la Constitución y las leyes con total nitidez:

1.- Partimos del art. 106, 1º CE que define cuál es la misión que le corresponde al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo:

    1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2.- partimos también de lo que para los jueces establece el art. 5, 1º LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial):

    1. La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el  Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

3.- y partimos también de lo que establece el art. 117, 1º CE de ser independientes y actuar sometidos exclusivamente a una única cosa: al imperio de la Ley:

    1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Si el Tribunal hace un control de legalidad de lo que pretende el Gobierno (art. 106, 1º CE), y el Tribunal actúa sintiéndose vinculado por la Constitución y las Leyes (art. 5, 1º LOPJ),  de forma independiente y sometido únicamente al imperio de la Ley (art. 117, 1º CE), entonces no le queda otra que concluir que lo que pretende el gobierno con un RD-Ley como el 10/2018 elaborado ad hoc para profanar la tumba de Franco, es lo que en Derecho se llama desviación de poder, que es utilizar las potestades que le da la condición de Gobierno y de Consejo de ministros no para el uso legítimo de la acción de Gobierno sino para cometer un atropello y una arbitrariedad (prohibida en el art. 9, 3º CE).

El concepto de desviación de poder está definido en el art. 70. 2º  Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción C-A (LRJC-A):

“Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.”

Y advierte que está actuando con abuso de  derecho: art. 7 Código civil (Cc):

  1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las reglas de la buena fe.
  2. La Ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Y advierte también el Tribunal que el Gobierno actúa en fraude de ley, art. 6, 4º Cc:

  1. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley.

Preceptos de desviación de poder (art. 70, 2º LRJC-A),  abuso de derecho (art. 7 Cc) y fraude de ley (art. 6, 4º Cc) que hay que relacionar con el art. 247, 2º LEC (Ley de Enjuiciamiento civil) que es de aplicación supletoria en los procesos Contencioso-Administrativo:

  1. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.

La desviación de poder y la arbitrariedad administrativa es un motivo de ilegalidad en sí mismo, de modo que podía haber estimado el recurso de la familia en base a esta actuación ilegal, pero lo suyo es plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (los Tribunales de Justicia pueden por sí mismos decidir la constitucionalidad o no de una norma reglamentaria, pero no de una norma con rango de Ley, para ello tienen que elevar la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional) para así fundamentar la sentencia no sólo en cuestiones de legalidad ordinaria sino también en cuestiones de legalidad constitucional de la propia Ley que se pretende aplicar.

Si el Tribunal Constitucional actúa con honestidad (absteniéndose de intervenir Conde Pumpido con su famosa doctrina de “manchar las togas con el polvo del camino” para referirse a que la Justicia ha de estirarse como un chicle y venir a plegarse a la coyuntura política, doctrina que es contraria al mandato constitucional del art. 117, 1º CE con el que se abre el Título VI de la Constitución Española dedicado al Poder Judicial), habría determinado la inconstitucionalidad de la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas, a tenor de su contenido y de sus intenciones, no cabe otro pronunciamiento si este se hace conforme a Derecho, otra cosa es que dudo que el Tribunal Constitucional actúe conforme a derecho por lo que explicamos en la primera parte de este trabajo.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo nos recuerda que:

“Las actuaciones administrativas ilegales no pueden contar con el respaldo de los Jueces y Tribunales sometidos exclusivamente al imperio de la Ley (art. 117, 1º in fine CE), y no a criterios de oportunidad”.

(Fundamento de Derecho Sexto in fine,  de la Sentencia del Tribunal Supremo,  Sección 5ª,  de 8-julio-2014,  Recurso Casación 2465/2013).

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La Cuestión de la “urgente necesidad”.-

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, lejos de seguir el análisis de legalidad que hemos expuesto, lo que ha hecho es convalidar todo lo que ha querido el Gobierno.

Uno de los argumentos básicos que se esgrimían, y con razón,  contra el RD-Ley 10/1998 es que el art. 86, 1º CE exige que para que el Gobierno pueda hacer uso de los Reales Decretos-Leyes se tiene que dar una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”:

  1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

La sentencia despacha esta cuestión con el argumento que está contenido en su página 32, que la concurrencia de la urgencia corresponde al gobierno, y que se manifiesta en dos datos: que la convalidación del RD-Ley se llevó por el procedimiento de urgencia y ningún grupo político parlamentario protestó, y que las Cortes no se opusieron a su convalidación:

 

(Vemos aquí lo importante que hubiera sido que el PP y Ciudadanos no hubieran convalidado con su actitud el RD-Ley 10/1998. La gente que vota por estos partidos tendía que plantearse la responsabilidad que ellos mismos tienen y han adquirido en todo lo que está pasando en España y pueda desembocar en el futuro. Porque los enemigos de España utilizan muchas y variadas formas de actuación, unas son aparentes y a la vista, pero otras son mediante simulación y engaño, el Partido Popular actúa como el PSOE pero disfrazado de otra cosa para hacer estéril el voto de la España que no está de acuerdo con la deriva del PSOE, el problema está en que con el PP se va a los mismos fines y al mismo resultado que con el PSOE, apariencias aparte).

A la vista de este planteamiento de la sentencia, el Tribunal Supremo no lleva razón en lo que dice. Que el RD-Ley para el gobierno tuviera necesidad y urgencia, no significa que haya que dar por buena esta valoración interesada del gobierno, porque entonces todas las declaraciones de urgencia que haga la Administración serían válidas sólo por el mero hecho que las ha hecho la Administración, y si extendemos esta doctrina a las Resoluciones administrativas entonces nunca cabría recurso Contencioso-Administrativo contra las mismas porque también habrían sido dictadas por la Administración y gozarían de esa presunción de validez iure et de iure (sin admitir prueba en contrario)  que el Tribunal le otorga a la declaración de urgencia del acuerdo del Consejo de Ministros.   Aceptar la validez de la urgencia sin más como hace el Tribunal Supremo con unos argumentos más propios de 3º de ESO que de Magistrados nada menos que del Tribunal Supremo (Tribunal Supremo, quién te ha visto y quién te ve) es desconocer el art. 106,1º CE, precisamente “los Tribunales de Justicia están para controlar la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que las justifican”,  porque en ello consiste su función jurisdiccional, y no para dar por buena una actuación del ejecutivo sólo porque como es del gobierno es intocable o no cabe ponerla en duda. Hasta este extremo de servilismo y de acta de defunción de la separación de poderes llega la sentencia a decir con clara infracción del art. 117, 1º CE que exige al Tribunal actuar con independencia y con sometimiento únicamente al imperio de la ley, cosa que si se pliega al gobierno, y no cuestiona lo que el gobierno hace y decide, incumple completamente.

El argumento de la Sala del TS además de absurdo provoca indefensión, porque el hecho de que en el Congreso de los diputados no se hayan opuesto a su tramitación por el procedimiento de urgencia y a su ulterior convalidación, no le puede ser imputable a la familia de Franco porque dicha familia no forma parte de ese Congreso de los diputados y no tenía posibilidad de votar en contra. La imposición de obligaciones imposibles es nula de pleno derecho (art. 47, 1º c) Ley 30/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Aunque los medios han querido reducir el debate a la “urgencia”, tres son los requisitos que exige el art. 86, 1º CE:

  • Extraordinaria
  • Urgente
  • Y necesidad.

Veamos si se dan estos tres elementos:

1.- El requisito de “extraordinaria”.-

Lo extraordinario hace referencia a una situación que se sale de lo ordinario. No puede apreciarse situación o necesidad “extraordinaria” cuando estamos en presencia de una situación que lejos de ser extraordinaria es rutinaria, porque Franco lleva enterrado donde está desde hace 44 años sin solución de continuidad, y esta situación después de 44 años no es extraordinaria sino ordinaria y rutinaria, porque no es un elemento nuevo o extraordinario, sino que es algo que viene de atrás en el tiempo de forma permanente con toda normalidad. Esta situación es incompatible con este primer elemento de “extraordinaria”. Conclusión por tanto: este primer elemento no se cumple, lo diga el Supremo o lo diga quien lo diga porque es una obviedad que no está sometida a discusión sino a su apreciación pura y simple de la realidad tal cual es.

2.- El requisito de Urgente.-

La urgencia es un concepto jurídico, la aclaración que hace la sentencia de que no debe confundirse con la emergencia (que es, para entendernos,  todavía más urgente que la “simple” urgencia) resulta innecesaria porque cualquier letrado conoce la diferencia entre urgencia y emergencia, y si algo pone de manifiesto es el bajo nivel del propio tribunal o que ante su falta de argumentos recurre a aclaraciones que no precisan aclaración.

Para saber qué se entiende por urgencia en el ámbito del Derecho Administrativo podemos acudir (a falta de otra norma general que pudiera definir este concepto)  a la Ley de Contratos del Sector Público, que es una norma de cabecera del Derecho administrativo y ver qué entiende esa ley por este concepto jurídico.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector público, dedica su art. 119 a la tramitación de urgencia y su art. 120 a la tramitación de emergencia. Por tanto en ambos preceptos legales, que una Sala de lo C-A no puede desconocer por ser una norma de cabecera, se contiene el concepto legal de lo que cabe entender por urgencia (art. 119) y lo que cabe entender por emergencia (art. 120).

El art. 119 Ley 9/2017 se refiere a la tramitación de urgencia en los siguientes términos:

  1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

Es decir la urgencia hace referencia a una necesidad inaplazable o bien que sea preciso acelerar por razones de interés público.

De necesidad inaplazable no se puede hablar respecto de una tumba que lleva 44 años de permanencia, y que está en perfecto estado. ¿dónde está el carácter inaplazable? ¿Pasa algo verdaderamente si no se saca a Franco de la tumba urgentemente? Evidentemente que no. Por tanto este requisito no se da.

Las razones de interés público tampoco se dan en este caso, porque el interés público se satisfizo en 1975 cuando se decidió este lugar de enterramiento del Jefe del Estado. Entonces sí se daban razones de interés público para enterrarlo porque al cadáver había que darle sepultura y tratándose del Jefe del Estado que acababa de entregar su Alma a Dios, había que hacerlo con el debido realce y se decidió el Valle de los Caídos. Hasta aquí todo correcto, pero ¿cuáles son las razones de interés público que concurren ahora que invalidan las razones de interés público de entonces y crean otras nuevas para deshacer lo que por razones de interés público se hizo entonces?. ¿Cuáles son las razones de interés público para profanar su tumba?

Si acudimos a la sentencia (final de su página 27 y principio de su página 28, que se reproduce a continuación), el Gobierno trata de justificar la medida, que el tribunal acepta a pesar de que su hipocresía es tan grosera y tan descarada que es un insulto a cualquier inteligencia, más a la inteligencia que se les supone a los miembros de un Tribunal tan importante como el Tribunal Supremo,  diciendo pérfida e hipócritamente que le mueve honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos a casusa de la guerra civil (de todos es nada más que de los rojos, de los demás no) y de la represión política posterior (como si todo lo que se está haciendo ahora por el propio Gobierno no fuera represión política, incluido el impedir el acceso al Valle de los Caídos o como españoles prohibir e asistir al acto infame de la profanación de su tumba que también es represión, porque se impide a la gente a favor de Franco estar allí presentes cuando ocurra),  para así –sigue diciendo la Ley del Gobierno y sus cómplices-, profundizar en el conocimiento de ese periodo y de los valores constitucionales (otra mentira porque el conocimiento de ese periodo se oculta y manipula con esta ley y otras acciones que impiden su verdadero conocimiento, en cuanto a los valores constitucionales éstos son la Libertad, la Justicia, la igualdad y el Pluralismo político, y la actuación del Gobierno es contraria a la Libertad porque impone su dictadura tanto de sacar a Franco como de impedir que la gente pueda asistir al Valle, contraria a la Justicia porque el acto es injusto en sí mismo,  a la igualdad porque es discriminatorio como siempre contra Franco y los franquistas, y contraria al Pluralismo político, por cuanto no respeta más pluralismo que el de los rojos y el de los enemigos de España como estamos viendo en Cataluña, que para los enemigos de España está garantizada la impunidad). Y en cuanto a las “aspiraciones de reconciliación y convivencia”, son el sumo ya de la hipocresía tal invocación, que da idea de la mala fe y del cinismo con el que actúa el Gobierno, menuda reconciliación y menuda convivencia es el revanchismo de no respetar sino profanar la tumba de Franco y llevarlo a un lugar donde el cadáver pueda ser objeto de profanación satánica como desgraciadamente tenderemos ocasión de ver, y encima pretender vender este revanchismo como reconciliación y convivencia, hay que tener la cara dura como el cemento armado:

Es decir las aspiraciones de reconciliación y convivencia pasan por el revanchismo de profanar la figura de Franco. Al revanchismo lo disfrazan de reconcialiación, como en el cine antifraquista hablan para lavarle el cerebro a los tontos que “no ha llegado la paz, ha llegado la Victoria”, y esto de que la reconciliación y la convivencia pasan por profanar y humillar a Franco y a todo lo relacionado con Franco desde su familia a todo lo demás, ¿eso no no es que ha llegado la “Victoria” de los rojos? en lugar de la reconciliación y la paz, que son unos hipócritas y unos falsarios.

Dejando el colectivo de los niños de 8 años que sacan en los telediarios el día de la Constitución, que como niños son unos ingenuos, dejando al colectivo de los curas y de los colegios religiosos que son medio tontos (y que se salve el que pueda) que les están montando el patíbulo y todavía les parece que no que no puede ser porque en su ineptitud y en su lavado de cerebro son incapaces de interpretar la realidad, y dejando el colectivo de los militares simpatizantes de los rojos (porque los militares rojos no son tontos, sólo los son los que simpatizan con ellos y les hacen el juego desde la ingenudidad de creerse sus patrañas) cuyos conocimientos en inteligencia, propaganda, desinformación  y guerra psicológica, en una escala de 0 a 10 es -567, porque no se enteran de la película ni a tiros, resulta evidente, para el resto que semejante argumento es pura propaganda y desinformación rojas.

Recordemos cómo los rojos mienten y son capaces de sostener hasta las mentiras más inauditas y más hipócritas, con tal de engañar a los bobos. Recuerdo un libro (“Memorias de un Teniente médico”, no recuerdo su autor  porque era un pseudónimo pero poseo varios ejemplares y lo podría mirar si estuviera en mi casa) que contaba cómo la revista nacional “Fotos” había publicado al principio de la guerra una reportaje de un niño al que los rojos al pasar por la puerta de su casa en el campo, por pura diversión (no sé dónde está la “diversión”, pero quellos descerebrados eran y son así) le pegaron con una escopeta un tiro de postas en el muslo, y en la revista venía un reportaje del niño ya restablecido (pero sin pierna) con la muleta y el muñon vendado,  y del cirujano que le había operado cortandole la pierna para salvarlo, contaba el autor cómo un año más tarde al tomar una posición enemiga encontraron un cartel rojo que había utilzado esta misma foto, -la misma, decía el autor tremendamente sorprendido por ello (como si de la propaganda roja y su capacidad de mentir pudiéramos sorpendernos)-,   para poner falsamente en el cartel: “Una victima de la metralla fascista”.   Recordemos una vez más el lema de Lenin: “Contra los cuerpos: la violencia; contra las almas: la mentira”.

Recordemos cómo en la guerra publicaron en sus periódicos el 28 de julkio de 1936 que habían tomado el Alzázar de Toledo, y que sus defensores habían salido de cinco en cinco con los brazos en alto, cuando la verdad es que eso nunca ocurrió.

Y el 24 de septiembre de 1936 lo volvieron a publicar:

O recordemos cómo con la mano de los agentes de desinformación soviéticos publicaron para engañar a los tontos y para desmoralizar a la gente bienintencionada que en su bondad no se pueden hacer idea del cinismo y la falsedad de la que son capaces los rojos, no sólo que Franco había muerto, sino que para producir un efecto psicológico de “veracidad” mayor (y aquí se ve la mano de los profesionales de la guerra psicológica que Stalín envió a España y que a su lado nuestros militares que salen de la Academia de Zaragoza y Toledo, salen literalmente en bragas, y siguen en bragas el resto de su carrera porque si no no se tragarían las conferencias rojas que se tragan en el CESEDEM sin vomitar, y ya de los jueces y de la población civil en general ya ni hablamos el nulo nivel que poseen en este aspecto y como se tragan las mentiras de las televisiones y de todo lo demás en manos de la anti-España),  se añade el elemento para aparentar una mayor veracidad a la mentira que es iniciar el titular diciendo “Se ha confirmado”,  que es que no solo se da la noticia de que ha muerto sino que prudentemente se ha esperado a confirmar que el hecho es cierto y ya se da con todas las garantías de que está confirmado:

hasta este nivelo de falsedad y de cara dura llegaban los rojos, y es a la luz de este modus operandi que los ha caracterizado siempre, desde los tiempos pasados al momento presente con esta Ley hipócrita y con esta sentencia, con el que han de valorarse los motivos que aduce el Gobierno para disfrazar el atropello que está cometiendo.

La pregunta es: ¿es que el Tribunal Supremo no se da cuenta de esto?, ¿y por qué no se da cuenta?,  ¿porque son víctimas de la lluvia ácida de la propaganda mentirosa que cae sobre todos nosotros y ellos han sucumbido al engaño, o el motivo es que han vendido el alma al Diablo, o ambas cosas a la vez?

Resulta evidente que de verdadero interés público no hay ninguna razón, las razones para la profanación son el revanchismo político, y sobre todo el aquelarre satánico de profanar la tumba del hombre considerado el General más joven  de Europa y  la Espada más limpia de Occidente, haciéndolo coincidir con la fiesta luterana y pagana de Halloween. En un acto de puro odio,  de pura intolerancia religiosa, de pura exaltación de Lucifer, al que la Masonería sirve,   y de pura violación de la libertad ideológica, que sitúa al Tribunal Supremo a la altura del betún, y a la Fiscalía del odio que guarda silencio ante este acto de odio, a la altura de lo que realmente parece que sea,   una oficina para perseguir a patriotas españoles,  que nos hace recordar al GPU y a la Stasi,  disfrazada de legalidad.

Las necesidades de interés público no están en la tumba de Franco, (que puede quedar como está y destinar los recursos económicos allá donde de verdad se precisan),  sino que están en la defensa de los mil y un problemas que tiene hoy España y su población que sufre la indefensión de un Gobierno y unos Poderes Públicos que en lugar de dedicarse a resolver las cuestiones que les aquejan y que de verdad afectan al bien común, abandona y descuidan esta labor, que es la que verdaderamente legitima a un Gobierno y a un sistema político, y a lo que se dedica es a satisfacer su fanatismo político, en lugar de dar solución a las millones de familias que no tienen ni a un solo miembro de la unidad familiar con trabajo, y viven de la caridad y con todo tipo de penalidades mientras la vida se les pasa sin poderla vivir y disfrutar con la plenitud que podrían si dispusieran de un medio de vida, en esta basura de sociedad materialista y atea que “tanto tienes tanto vales y si no tienes nada no vales nada” que ya no es España sino S., en el problema de las inundaciones del levante español, año tras año y se acometen las infraestructuras para darle solución de una vez por todas, y mil necesidades más de interés público,  ninguna de la cuales es tocar la tumba de Franco.

3.- El requisito de la “necesidad”.-

Acabamos de analizar, en los dos puntos anteriores,  que ni hay urgencia ni se da tampoco el carácter de extraordinaria, pero la pregunta es ahora, ¿y hay necesidad?,  aunque no sea urgente,  ni sea extraordinaria.

Yo creo que tampoco.

La necesidad es todo aquello que hace mucha falta, que resulta básico para subsistir. Hay necesidad de comer, o de beber, de vestirse, de tener una vivienda,  (necesidades básicas), o hay necesidad de cosas menos básicas pero esenciales o importantes también (como el acceso a la cultura, etc). Pero no existe una necesidad a tener un reloj Rolex o un abrigo de pieles, ni existe la necesidad de comer caviar, o viajar en jet privado. El capricho y el lujo no es necesidad. En el caso de Franco habría necesidad de buscar un lugar de enterramiento si no estuviera enterrado, porque el cadáver no se podía dejar sin sepultar, por tanto esta necesidad se dio en 1975 cuando murió. Pero una vez que se ha enterrado, y se ha hecho de un modo y en lugar que sin discusión posible se puede calificar de definitivo, y han pasado 44 años sin solución de continuidad con este enterramiento en perfectas condiciones, entonces esa pretendida “necesidad” no existe, es una falacia, es una falsedad más de la propaganda roja siguiendo el viejo lema de Lenin: “Contra los cuerpos: la violencia; contra las almas:  la mentira” : “Se ha confirmado la muerte del ex general Franco en Tetuán”, “De cinco en cinco, desarmados y con los brazos en alto salen del Alcázar los rebeldes que lo defendían”.  Menudos mentirosos.

Ante esta realidad del revanchismo confesado de lo que pretende el Gobierno,  -un gobierno que lo primero que hace nada más llegar al poder es recibir a George Soros en la Moncloa, no sabemos si para recibir instrucciones del Poder Mundial, o para qué, ya que se hizo de forma secreta,  pero está claro que no para nada bueno-,   lo último que puede hacer un Tribunal de Justicia que no quiera mancillar su buen nombre, es plegarse a este revanchismo, a este complot mundial para destruir España,  y a esta desviación de poder, con más razón si no es un tribunal cualquiera sino nada menos que el Tribunal Supremo que culmina la organización judicial española.

Recordemos lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio Tribunal Supremo cuando estaba integrada por magistrados que hacían honor a este nombre y a su alta misión de ser garantes del Estado de Derecho dejó dicho en una sentencia (que en el futuro, tal como vamos, se hará desaparecer y quedará para que alguien la memorice para cuando lleguemos a la situación que se avecina de la película “Fahrenheit 451”):

“Las actuaciones administrativas ilegales no pueden contar con el respaldo de los Jueces y Tribunales sometidos exclusivamente al imperio de la Ley (art. 117, 1º in fine CE), y no a criterios de oportunidad”.

(Fundamento de Derecho Sexto in fine de la STS, Sección 5ª, de 8-julio-2014, Recurso Casación 2465/2013).

Parte segunda de tres     Aquí la parte primera


Una respuesta a «¿Por qué la sentencia del TS de exhumación de Franco es contraria a Derecho? (II/III)»

  1. Ya sabíamos que Montesquieu había muerto (por gentileza de don Arfonzo).
    Y, como era de esperar y solo cuestión de tiempo, el Estado de Derecho también.
    ¿Ahora quién protegerá a los huerfanitos en un país lleno de lobos?, y no lo pregunto de coña, aunque lo parezca.

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