¿Por qué la sentencia del TS de exhumación de Franco es contraria a Derecho? (III/III)

mm

Tercera Parte

La Cuestión del lugar de enterramiento.-

Al igual que la discusión sobre la “urgencia”, con intención o sin ella, lo que provoca es distraer la atención para aceptar el elemento de la “necesidad” sin que tal necesidad se dé realmente, es decir,  centrando el debate en la urgencia parece que no hubiera duda sobre que la necesidad sí que existe, cuando la realidad no es que la necesidad sea urgente o no,  es que además de que no es urgente, es que tampoco hay tal pretendida necesidad. Con el lugar de enterramiento, y la discusión si debe ser en la Catedral de la Almudena, como propone la familia como mal menor, o en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio como exige e impone el gobierno, perdemos de vista, que esta discusión es engañosa en sí misma por cuanto lo primero que hay que decir es que ni lo uno ni lo otro, porque no hay ninguna razón válida para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Si no hay necesidad (ni “urgente” ni “no urgente”) de sacar a Franco del Valle de los caídos, sino que esto obedece a una imposición arbitraria del Gobierno y de las fuerzas que están detrás del gobierno, por razones de odio y de falta de observancia a los Valores superiores de nuestro Ordenamiento jurídico: la Libertad, la Justicia, la Igualdad, y el Pluralismo político, y al derecho constitucional a la libertad ideológica, es que no procede sacar a Franco a ningún sitio, ni al propuesto por la familia (que lo propone no porque quiera que se saque sino que ante la imposición de que se va a sacar, en ese caso, como mal menor,  propone ese lugar alternativo) ni al impuesto por el Gobierno.

Sentado lo anterior, podemos pasar a analizar la legalidad de esta decisión. Dedica la Sentencia su Fundamento de Derecho Séptimo, página 44 a 51 a tratar esta cuestión.

Dos son los argumentos para desestimar el recurso:

El primero,  un argumento de seguridad frente a posibles atentados terroristas yihadistas o de la extrema izquierda, alborotos de ésta última.

El segundo,  un argumento estrictamente ideológico o político, según el cual la Almudena no pude ser porque se presta a que sea un lugar de peregrinación y exaltación para rendir homenaje a Franco, más aún que el propio Valle de los Caídos, dado su céntrico emplazamiento y junto a otros elementos como el Palacio Real, de visita obligada de turistas que visiten Madrid.

1.- Sobre el primer argumento, el argumento de seguridad frente a posibles atentados terroristas.

El Gobierno se basa en un informe de la Subdelegación del Gobierno, que la Sentencia recoge sus conclusiones (no poseemos el informe y no lo podemos valorar directamente sino a través del o que recoge la sentencia):

Estas conclusiones son que distinguen entre atentado yihadista por un lado y atentado de extrema izquierda por otro, y distingue también según se refiera al interior del emplazamiento o a sus alrededores. Y luego al margen de esta clasificación contempla 3 supuestos de atentado: vehículo bomba, depositar un paquete explosivo, y disparar contra las personas.

Veamos qué dice el informe (o qué dice la sentencia que dice el informe):

1.1.-  Riesgo de atentado Yihadista.-

En la Almudena: el riesgo de atentado yihadista en la Almudena es, sin necesidad de llevar allí a Franco, un riesgo medio, y según reconoce la sentencia que dice el informe,  no cambiaría si se eligiera este lugar para enterrar a Franco.

En El Pardo-Mongorrubio: en el cementerio de El Pardo-Mongorrubio, el riesgo que ahora mismo es bajo pasaría a ser medio.

En el Valle de los caídos el riesgo de atentado es medio-bajo.

El riesgo en los alrededores sería:

En la Almudena : ahora es bajo y seguiría siendo bajo

En El Pardo-Mongorrubio: el riesgo sería medio (se infiere que pasaría de bajo a medio, pero sólo dice este resultado de medio no la evolución de bajo a medio).

En el Valle de los Caídos: el riesgo actual es medio-bajo.

Si analizamos estos datos vemos que desde el punto de vista de la seguridad el lugar mejor es el Valle de los Caídos, lo que significa que sacarlo de allí es ya un error en sí mismo, y es empeorar la seguridad porque todos los demás emplazamientos empeoran la seguridad e incrementa el riesgo. Además el emplazamiento del gobierno es el peor de todos, porque pasa de bajo a medio, y además pone en riesgo las tumbas que ya existen en el lugar y que pueden verse afectadas si la de Franco sufre algún tipo de atentado, cuestión esta de intereses de terceros que no ha sido tomada en consideración a pesar de que con la Ley en la mano los familiares de estas otras tumbas tienen la consideración de interesados porque pueden verse afectados por la decisión que se adopte (art. 4, 1º b) Ley 39/2015 LPAC: Ley del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP).

1.2.-  Riesgo de atentado por la extrema izquierda.-

En la Almudena: el riesgo de atentado es medio.

En El Pardo-Mongorrubio: medio-bajo.

En el Valle de los caídos el riesgo es medio-bajo.

Este es el único parámetro donde la Almudena ofrece algo mayor de riesgo potencial, de medio a medio-bajo del resto.

1.3.-  Riesgo de vehículo bomba.-

Este riesgo es bajo salvo en el Pardo-Mongorrubio que es medio-alto.

El emplazamiento del gobierno, en este aspecto no puede ser peor, porque pasa de bajo (en el Valle y en la Almudena) a medio-alto.

1.4.-  Riesgo de que se depositen artefactos explosivos.-

Es medio por igual en todos los emplazamientos 

1.5.-  Riesgo de que se dispare contra las personas.-

Este riesgo es medio salvo en el Pardo-Mongorrubio que es medio-alto.

En decir de los 6 parámetros contemplados:

    • riesgo atentado yihadista en el interior,
    • riesgo atentado yihadista en alrededores,
    • riesgo de atentado de la extrema izquierda
    • riesgo de vehículo bomba
    • riesgo de que se depositen artefactos explosivos
    • y riesgo de que se dispare contra las personas

en todos los casos el emplazamiento Pardo-Mongorrubio es peor o mucho peor, salvo en un único supuesto: en el caso de atentado de la extrema izquierda que el riesgo en la Almudena es medio y en El Valle y en El Pardo-Mongorrubio es medio-bajo, es decir medios también pero tirando a la baja.

Dejando a un lado que el informe,  por su falta de sistemática, se ve que es una chapuza, si es que es problema del informe y no de la propia sentencia (en el caso de los atentados yihadistas diferencia entre dentro del emplazamiento por un lado y sus alrededores por otro, y sin embargo no hace los mismo respecto del riesgo de atentado de la ultraizquierda. Y luego diferencia entre vehículo bomba, artefacto explosivo depositado o disparos a personas, y no distingue si es por ataque yihadista o de extrema izquierda, lo cual  evidencia que esta falta de sistemática si algo indica es la chapuza de tal informe, (o de la propia sentencia si es que la falta de sistemática fuera imputable a la exposición que la sentencia hace de los datos del informe).

Hagamos una tabla para verlo de una forma más objetividad, en cifras, donde el riesgo bajo es 1,  El medio-bajo es 1,5,  el medio 2,  medio-alto 2’5, y el alto 3

El medio-bajo es 1,5 y el medio-alto 2’5 porque son los valores intermedios.

Ataque yihadista Ataque alrededores Ataque extrema izquierda Coche bomba Paquete explosivo Disparos sobre personas  

TOTAL

Valle de los Caídos 1’5 1’5 1’5 1 2 2 9’5
Almudena 2 1 2 1 2 2 10
El Pardo-Mongorrubio 2 2 1’5 2’5 2 2’5 12’5

La tabla nos permite apreciar que el menor riesgo es en el Valle (9’5 puntos), y el mayor riesgo en el emplazamiento elegido por el Gobierno (El Pardo- Mongorrubio) (12’5 puntos).

Esto demuestra la ineptitud del Gobierno o su mala fe, y demuestra también el nulo control de legalidad (art. 106,1º CE) que realiza el Tribunal Supremo, porque en el Derecho administrativo hay un principio que es el principio de congruencia, que está contenido en la actualidad en el art. 34, 2º Ley 39/2015 LPAC, y en cuya virtud el contenido de los actos no sólo se tiene que ajustar a lo establecido en el ordenamiento jurídico, sino que tiene que ser además determinado y adecuado a sus fines, de tal modo que no puede  invocar un problema de seguridad y luego elegir el emplazamiento menos seguro, porque eso es incongruente y es infracción a este art. 34, 2º Ley 39/2015 LPCA. Es como si un Tribunal de oposiciones felicita a un opositor por su examen y acto seguido le pone un 0, ó un Tribunal de justicia declara la inocencia de un detenido y acto seguido ordena que lo lleven a prisión,  son actos incongruentes que se invalidan por tal incongruencia.

Pero el riesgo plantea otro error de concepto: el Gobierno no puede desencadenar él una situación, en este caso sacar a Franco del Valle de los caídos sin ninguna necesidad real, más allá del odio, el sectarismo y la falta de democracia del gobierno y de respeto por los principios y preceptos constitucionales, y luego si se da el caso de una situación potencial o teórica de inseguridad que él mismo provoca, pretender echarle la culpa o las consecuencias de ello a quien ninguna culpa tiene porque es la víctima de toda su actuación. Acabamos de ver por la tabla que el emplazamiento menos inseguro de los planteados es el del propio Valle de los Caídos,  y el más inseguro el planteado por el Gobierno (El Pardo-Mongorrubio), pero aunque la Almudena hubiera sido el emplazamiento más inseguro,  el Gobierno seguiría sin llevar razón porque en Derecho Administrativo existe un principio, que está contenido en el art. 115, 3º Ley 39/2015 LPAC, en cuya virtud ninguna de las partes puede aprovecharse de sus propios incumplimiento o ilegalidades:

“Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no puede ser alegados por la parte que los hubiere causado”

Es decir, el gobierno no puede desencadenar la situación de riesgo de sacar sin verdadero motivo a Franco del Valle, donde el nivel de riesgo es menor, y luego no aceptar la Almudena porque el riesgo fuera allí mayor que en El Pardo-Mongorrubio (ya hemos visto por la tabla que no es así, pero estamos suponiendo esta posibilidad a efectos puramente dialécticos), porque el hecho de mayor riesgo que pueda invalidar la Almudena no puede ser utilizado por el gobierno porque de conformidad con el art. 115, 3º LPAC es un vicio que él mismo ha causado al desencadenar él toda esta situación sin verdadero motivo, en fraude de Ley (art. 6, 4º Cc), con claro abuso de derecho (art. 7 Cc.), arbitrariedad (art. 9, 3º CE),  y desviación de poder (art. 70, 2º LRJC-A).

Por otra parte la responsabilidad de un ataque terrorista de la modalidad que sea (yihadista o de extrema izquierda, valga la redundancia) la tienen los terroristas, no las víctimas de estos terroristas, y lo mismo sobre los altercados que pueda organizar la izquierda,  de modo que no es argumento para negar el enterramiento en la Almudena el hecho de que pueda haber un ataque terrorista (o un altercado de los grupos de izquierda), porque el terrorismo no puede imputarse a las víctimas de ese terrorismo, ni pueden tener más derechos los que organizan altercados que los que los sufren que tienen que ceder frente a los mismos.  Y las competencias en materia de seguridad pública son del gobierno (arts. 97 y 104 CE), no de la familia de Franco, de modo que el riesgo potencial de un atentado o de un altercado es un mal que es de competencia del Gobierno evitar, y la solución para que no haya atentados o alborotos en la Catedral de la Almudena no puede ser ni puede pasar porque Franco no sea enterrado en dicho lugar, del mismo modo que la lucha contra los carteristas del metro en Madrid no puede basarse en prohibir la venta de carteras de piel en las tiendas y cerrar los talleres artesanos de la localidad de Ubrique que fabrican carteras, porque esa no es la forma de combatir ese tipo de delincuencia. A ver si para combatir que las mujeres sufran el robo de su bolso, le van a prohibir a las mujeres llevar bolso. Parece mentira hasta donde el gobierno puede llegar en estupidez, y un Órgano judicial hacer el ridículo de tal manera en su afán de plegarse en todo a lo que mande el gobierno del PSOE.

2.- Sobre el segundo argumento, el argumento ideológico o político, según el cual la Almudena no pude ser porque se presta a que sea un lugar de peregrinación y exaltación para rendir homenaje a Franco, más aún que el propio Valle de los Caídos.

Aquí vemos que tanto el Gobierno al hacer estas consideraciones que son contrarias a la Libertad y al Pluralismo político como Valores Superiores de la Constitución (art. 1 CE), así como a la libertad ideológica (art. 16 CE), como la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo a no invalidarlas, se han quitado ambos la careta, porque es el verdadero motivo, confesado por el propio Gobierno y recogido en la sentencia,  que mueve al Gobierno a profanar la tumba de Franco en el Valle de los Caídos primero, y a negar el enterramiento en la Catedral de la Almudena, después: prohibir que la figura de Franco pueda ser objeto de culto o exaltación.  No necesitamos más para ver las verdaderas intenciones del Gobierno y sus cómplices: “Confessio Regina probationent est” (la confesión es la reina de las pruebas).

Adviértase la hipocresía de argumentos:

-“los lugares de culto no pueden ser símbolos de enfrentamiento, ofensa o agravio” (¿esto por qué no lo pensaron cuando aplaudieron el asalto a la Capilla de la Complutense por sus aliados de Podemos?),

-“alterar el valor del culto y de patrimonio cultural del que actualmente goza” (la Catedral de la Almudena), lo que le importará al Gobierno anticristiano el valor del culto y el valor cultural de la Catedral, que a mí personalmente esa piedra llena de machas me parece horrible.

La hipocresía y la capacidad de fingimiento del Gobierno es tremenda. Tan tremenda que contábamos en la segunda parte de este trabajo como el autor del libro “Memorias de un Teniente médico” contaba cómo la revista nacional “Fotos” había publicado al principio de la guerra una reportaje de un niño al que los rojos al pasar por la puerta de su casa en el campo, por pura maldad le habían pegado un tiro de postas en el muslo que le había destrozado la pierna, y en la revista venía un reportaje del niño ya restablecido (pero sin pierna) con la muleta y el muñon vendado,  y del cirujano que le había operado cortandole la pierna para salvarlo, y contaba el autor cómo un año más tarde al tomar una posición enemiga encontraron un cartel rojo que había utilzado esta misma foto, -la misma, decía el autor tremendamente sorprendido por ello (como si de la propaganda roja y su capacidad de mentir pudiéramos sorpendernos)-,   para poner falsamente en el cartel: “Una victima de la metralla fascista”.   Bueno pues esto que pasó en la guerra, sigue siendo el modo de actuar de toda esta gente, y hoy hemos sabido que la extrema izquierda separatista catalana ha confeccionado un cartel propagandista, con diversas fotos para hacerlas pasar por personas suyas heridas, víctimas de la “brutalidad policial” (“butalidad” imposible cuando el Gobierno le ha prohibido a la policía utilizar medios antidisturbios contundentes y ha usado a la Policía como auténtica carne de cañón para que los separatistas se desahoguen apaleándolos o lanzándole lluvias de trozos de las aceras arrancadas del pavimento), y una de estas fotos es del futbolista del Valencia Kevin Gameiro con un ojo morado no por acción de la policía sino por un choque con el jugador del Barcelona Gerard Piqué en un partido Barcelona-Valencia en febrero de 2019. Es el viejo lema de la propaganda roja: “Contra los cuerpos: la violencia; contra las almas: la mentira.

El jugador del Valencia Futbol Club Kevin Gameiro con un ojo morado en un encontronazo con el jugador Gerard Piqué del Futbol Club Barcelona en febrero de 2019, su foto es utilizada falsamente por los separatistas catalanes en este cartel de octubre 2019 que reproduce supuestos heridos suyos. Como vemos,  aquella técnica de la guerra de hipócritamente utilizar la foto de un niño al que los rojos le habían pegado un tiro de postas en una pierna que se la habían tenido que cortar, para hacer ellos un cartel con esta misma foto pero diciendo: “Una víctima de la metralla fascista”, para engañar a los que se dejan seducir por sus mentiras, la siguen utilizando hoy día. Es el estilo falso de la izquierda, que llenó de luto los pueblos y las mujeres de España con sus crímenes y ahora tiene la hipocresía y la cara dura de hablar de crímenes de Franco,  siguiendo el lema de Lenin: “Contra los cuerpos: la violencia; contra las almas: la mentira”.

Tal argumento ideológico-político no tiene más significado que la negación y prohibición de la democracia en la España de ahora mismo, que no hay más libertad ideológica en España, que la que cabe en el seno o en el segmento de la izquierda, desde “Ciudadanos” y el PP en un extremo de ese segmento,  a Podemos, ERC,  Bildu y PSOE en el otro extremo de ese mismo segmento. Fuera de esta izquierda, -toda ella “antifranquista” como elemento aglutinador y común de toda ella-, no está permitida la libertad ideológica en España (art. 16 CE), ni el Pluralismo Político (art. 1 CE), ni la Libertad (art. 1 CE), ni la Justicia (art. 1 CE), ni la Igualdad (art. 1 CE), -y mucho menos la igualdad ante la Ley (art. 14 CE)-, ni la libertad de expresión y de pensamiento (art. 20 CE), ni la integridad física y moral (art. 15 CE), ni a la libertad religiosa (art. 16 CE), como Derechos Fundamentales, ni el carácter inviolable de los mismos (art. 10, 1º CE) ni su protección (la de estos Derechos Fundamentales) por los Tribunales de Justicia (art. 53, CE,  art. 7 LOPJ, y arts. 5, 1º y 4º LOPJ, ni tampoco por el Tribunal Constitucional (art. 161, 1º b) CE) que cuando los Derechos Fundamentales violados se refieren a “franquistas”, es decir fuera de ese segmento de la izquierda, no otorga el amparo, y además actúa con el descaro y con la temeridad de designar como Ponente del Tribunal Constitucional nada menos que al Socialista nombrado por Zapatero Fiscal General de Estado Cándido Conde Pumpido, es decir de todos los ponentes posibles el más incurso en casusa de abstención/recusación. Sólo les ha faltado pedir informe al Consejo de Estado para que la Vicepresidenta del Gobierno con Zapatero Mª Teresa Fernandez de la Vega, (hoy en el Consejo de Estado) que en 2007 presentó y defendió en el estrado del Congreso de los Diputados la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas, pudiera ella emitir informe igualmente desfavorable, para ya cerrar el círculo de la ilegalidad más grosera que se presenta en los medios como si fuera auténtica y conforme a la Ley. Este es el régimen de “libertades”(?) prohibidas y el régimen policiaco para el que proteste que hay en España.

Esta es la realidad de esta sentencia, que ni siquiera se han molestado en ocultar. Si esta es la punta del iceberg que aflora por encima de la superficie de las aguas, que no habrá por debajo de dicha superficie.

Esto es el fin de la Democracia, pero es también el fin del Estado de Derecho, porque el derecho, no es igual para todos sino que depende de la ideología, ni las leyes tiene carácter imperativo y obligan por igual a todos, ciudadanos y poderes públicos (art. 9, 1º CE y art. 5, 1º LOPJ), sino que depende del odio que practique el Gobierno (mientras hipócritamente mantiene una Fiscalía del odio para perseguir injustamente a los españoles de bien), y depende la ideología política, fuera de ese segmento de la izquierda, el sujeto no es sujeto de derechos, ni se le reconocen Derechos Fundamentales, ni goza de amparo constitucional, de ninguna clase, ni Jurisdiccional ni por el Tribunal Constitucional, sino que está a merced de la arbitrariedad (art. 9, 3º CE) , y los Tribunales de Justicia, al menos el más alto de todos que es el Tribunal Supremo (y no solo por la experiencia que poseemos), fuera de ese segmento incumple su función constitucional (art. 106, 1º CE).

Así se escribe la Historia, mientras a los niños y no tan niños se les engaña diciendo que vivimos  en un “régimen de libertades”, otra bolsa del Mercadona metida donde tendría que ir alojado un verdadero paracaídas de pecho.

00O00 

A esta ilegalidad de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para efectuar la profanación y para rechazar la Catedral de la Almudena, aceptados a pie juntillas por la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo,   hay que indicar también la propia ilegalidad no del Gobierno sino del Propio Tribunal Supremo de avalar él en la sentencia que la Catedral de la Almudena no puede ser sino que ha de ser el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Esto es una tremenda irregularidad, contraria al art. 71, 2º Ley Reguladora de la Jurisdicción C-A:

  1. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

En virtud del principio jurídico contenido en dicho precepto, el Tribunal no es quién para pronunciarse o decidir sobre el lugar más adecuado (que hemos visto por la tabla que es el menos adecuado, y que además se elige por cuestiones ideológico-políticas contrarias a los Principios y Valores Superiores y a los Derechos Fundamentales que la Constitución garantiza a todos los españoles por el principio de igualdad de todos ante la Ley, -art. 14 CE-, pero que en la práctica esta protección y garantía sólo queda para los que se sitúan en el segmento ideológico de la izquierda,  desde Ciudadanos y el PP en un extremo de este segmento de la izquierda antifranquista, hasta Podemos, ERC,  Bildu  y PSOE en el otro extremo, fuera del cual no hay Libertad, ni Justicia, ni Igualdad, ni Pluralismo político, ni Derechos Fundamentales que valgan), porque conforme al art. 71, 2º LRJC-A esta es una facultad que no le corresponde al Tribunal, y que tiene por este precepto prohibida, sino que ha de limitarse a decidir si declarar conforme a derecho o si anular, pero sin entrar él a determinar el contenido.

Igualmente, las apreciaciones a cerca de la figura de Franco,  y la valoración política que hace el Tribunal en su sentencia (página 34) son contrarias al principio de igualdad ante la ley art. 14 CE, porque se excepciona respecto de Franco únicamente el respeto a las normas constitucionales y legales, y porque el art. 117, 1º CE impide a los jueces y Tribunales  perder la independencia y someterse a valoraciones políticas (que sólo pueden sostenerse desde la ignorancia o el lavado de cerebro de la propaganda antifranquista que básicamente es una propaganda que sólo dice la verdad cuando se equivoca o tiene un “lapsus mentis”):

porque como establece el art. 117, 1º CE los Jueces y Tribunales han de ser independientes y sometidos únicamente al imperio de la Ley, lo que excluye sus juicios políticos o el tomar decisiones en consideración a los mismos.

00O00

Otra cuestión que denota la antijuridicidad  de la sentencia 1279/2019 de la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo y de la propia actuación del Tribunal Supremo, se evidencia en la forma cómo ha actuado, dictando sentencia definitiva en el recurso de la familia Franco  estando en trámite de alegaciones el resto de los recursos planteados por otras partes.

El recurso Contencioso-Administrativo de la familia Franco no es el único recurso interpuesto contra la profanación de la tumba de Franco, hay, que sepamos otro recurso ante la misma Sala de lo C-A del Tribunal Supremo interpuesto por la Fundación Francisco Franco, y al menos otro más interpuesto por el Abad del Valle de los Caídos. El 2 de octubre se publicaba en estas páginas de El Español digital, como si fuera un artículo,  el  escrito de “Conclusiones” del recurso ante el Tribunal Supremo de la Fundación Francisco Franco, y resulta una tomadura de pelo por parte de la Sala de lo C-A del Tribunal que te den plazo para presentar escrito de conclusiones, y estando abierto dicho plazo, veas que la Sala del Tribunal Supremo que tiene que resolver tu recurso y tiene que valorar tu escrito de conclusiones con carácter previo a resolver, se ha anticipado y ya ha resuelto el recurso de la familia Franco, lo que supone ya una desestimación por la vía de hecho del resto de los recursos sin cumplir los actos y trámites de los mismos.

¿Qué virtualidad práctica puede tener este escrito de conclusiones en el recurso de la Fundación Francisco Franco si la Sala que tiene que valorar los argumentos contenidos en el mismo ya ha dictado sentencia desestimatoria en el recurso C-A de la familia Franco?

Cualquier Juzgado o Tribunal de lo C-A medianamente sensato, habría primero acumulado los tres recursos, y a la vista de todos los argumentos en presencia, que no tienen por qué ser coincidentes entre ellos, porque alguno de los recursos puede plantear argumentos jurídicos no tenidos en cuenta por los otros,  entonces haber dictado una sentencia conjunta y definitiva para los tres procedimientos,  y con pleno conocimiento de causa. Y si no se acordaba esta acumulación al menos haber esperado a que se hubieran tramitado todos los procedimientos en todos sus trámites y que los tres hubieran quedado para votación y fallo de la sentencia, y entonces ya ir dictando en cada recurso la sentencia individual que resultara procedente.

Sin embargo al actuar de esta forma tan chapucera de,  no sólo no acumular los procedimientos, como sería en principio lo procedente (art. 37 LRJC-A), sino ni tan siquiera esperarse a finalizar los actos y trámites de todos para empezar ya a resolver, lo que demuestra el Tribunal Supremo es el descontrol y la falta de rigor y de legalidad de su actuación, decidiendo y prejuzgando el sentido de los otros dos recursos sin haber cumplimentado los actos y trámites de los mismos, sin escuchar y leer sus argumentos (que no tienen por qué coincidir con los de la familia Franco),   únicamente por lo alegado en el recurso de la familia Franco. Yo no puedo decir que el Tribunal ha prevaricado porque no hay libertad de expresión en España para los que se encuentran fuera del segmento político de la izquierda, pero lo que sí puedo decir es que el Tribunal comete con ello respecto de estos otros dos recursos que están sin resolver todavía, una clara indefensión (art. 24 CE), y un incumplimiento descarado y grosero del principio de tutela judicial efectiva, que si algo evidencia y pone de manifiesto es la renuncia de esa Sala del Tribunal Supremo de someterse al mandato de los arts. 5, 1º LOPJ y 117, 1º CE. Si esta es la actitud respecto de estos otros dos recursos, no mucho mejor ha podido ser respecto del recurso de la familia, porque no se ve una voluntad de buscar la verdad y adherirse a ella.

¿Cómo se come, desde el punto de vista estrictamente jurídico, del principio de tutela judicial efectiva, de la falta de firmeza del acto administrativo impugnado judicialmente y sobre el que se han solicitado medidas cautelares de suspensión para no ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación,  y del principio de no ocasionar estos perjuicios de difícil o imposible reparación, que el Gobierno con la complicidad nada menos que de la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo, anuncie que va a sacar a Franco el próximo jueves 24 de octubre a las 10’30 horas, cuando están todavía sin resolver dos de los tres recursos de Casación ante esta Sala de lo C-A el Tribunal Supremo, y están solicitadas medidas cautelares de suspensión en tales procedimientos?. Si esto no es vía de hecho respecto de tales recursos, entonces no sé lo que es. Si el Gobierno y su Tribunal Supremo lo que quieren es hacer el ridículo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y dejar a la Justicia española a la altura del betún, (que por otro lado posiblemente sea el nivel que le corresponde) este proceder se lo pone en bandeja, otra cosa es que el TEDH es otro tribunal politizado, y pueda volverle la espalda a los recurrentes, pero en su fuero interno sus magistrados saben perfectamente que este proceder es impresentable desde el punto de vista del Derecho.

Este desprecio del Tribunal Supremo al recurso de la Fundación Francisco Franco y al recurso del Abad del Valle de los caídos, nos recuerda con demasiado parecido o similitud a la actitud del Presidente del Gobierno Perro Sanchez “El sanguinario”, de ignorar y no dignarse a convocar en la Moncloa a Santiago Abascal (VOX),  o dirigirse a él en el Congreso de los Diputados en los debates parlamentarios. Todo lo cual,  si algo pone de manifiesto, es el sectarismo del que hace gala un Tribunal de Justicia hasta en estos detalles, que debería tener como seña de identidad su imparcialidad y el principio hoy desaparecido de “Recta Administración de Justicia”.

00O00 

Llega a su fin esta modesta contribución. Soy consciente de que nos dejamos atrás muchas cuestiones con trascendencia jurídica, una de ellas es la ilegalidad de decir que quitar la losa enorme en tamaño y de varias toneladas de peso que cierra la tumba de Franco, es una “obra menor” que no precisa licencia municipal, como si eso fuera colocar un lavabo o arreglar una baldosa suelta. Menuda obra menor que han precisado meter máquinas para poder acometer tales obras, no sé qué van a decir si hay un más que probable accidente laboral y un obrero de estos miserables que se presten a la profanación resultara muerto o herido,  qué iban a decir entonces de la “obra menor” y cómo iban a tapar el siniestro.

También nos dejamos un tema muy importante y es el de la vulneración de los Acuerdos con la Santa Sede, que no es más que otra violación de la Constitución  (art. 96 CE), por cuanto la tumba en sí está en una zona Sacra que conforme a tales Acuerdos que tienen el valor jurídico de un Tratado Internacional vinculante tanto para España como la Iglesia Española y la Santa sede, (aunque una y otras, en su respectiva responsabilidad de la que deberán rendir cuentas como mínimo ante el Altísimo, estén haciendo satánica dejación e incumplimiento culpable), precisa autorización eclesiástica. Es una vergüenza la actitud miserable, -por decirlo suavemente-, del Papa bobo este que es el antipapa, no había otro peor, si lo hubiera habido habrían elegido a ese peor, que ha llegado al papado en unas circunstancias muy extrañas que no se han explicado, porque no  sabemos qué ha visto el Papa Benedicto XVI o qué le han hecho o con qué lo han podido llegar a amenazar, para que este hombre haya hecho lo que no ha hecho ningún Papa, por lo menos en la edad contemporánea, que es dejar el cargo en vida cuando físicamente estaba en condiciones de continuar. Los cristianos han aceptado el cambio sin más, pero sin saber por qué se ha llegado a ese cambio y cómo, quién y por qué  se ha forzado al Papa Benedicto XVI a dejar su puesto. Muy grave debe ser el motivo cuando éste ni siquiera se ha atrevido a contarlo. ¿Se ha usado violencia o intimidación para forzar tal renuncia?, todo esto está por aclarar, y se ha aceptado sin más cuando el hecho es tan grave que precisa no pasar página del mismo, sobre todo teniendo en cuenta el precedente del posible asesinato del Papa Juan Pablo I, que duró 33 días en su puesto (fue nombrado el 26 de agosto 1978 y falleció de “infarto” el 28 de noviembre de 1978).

Sólo este tema del incumplimiento de los Tratados con la Santa sede y la violación de la zona sacra del Valle de los Caídos donde se ubica la tumba de Franco, daría por sí solo a un extenso trabajo.

00O00

Por otra parte, la profanación de la tumba de Franco y con ella de la memoria de su prodigioso mandato,  no sólo tiene una dimensión ideológica en su aspecto puramente político, sino que tiene también una dimensión social y económica,  que trasciende lo meramente político o ideológico, y que para los avaros y usureros del capitalismo mundial puede ser muy interesante ocultar bajo el disfraz de la dimensión puramente política.

Aunque de ello no se hable, es muy posible que el fin último de la persecución de Franco tenga mucho que ver con la necesidad de los que quieren imponer un gobierno mundial, de ocultar y hacer desaparecer toda memoria y toda referencia  a un sistema económico y socialmente justo, o al menos a ello tendía de forma real. Hubo una vez en España un sistema político que en el campo de la económico y social, dictaba leyes justas y con un sentido cristiano que procuraban el bien común de los españoles de todas las clases, de la que no se excluyeron a los rojos sino todo lo contrario como muy bien pudo comprobar el escritor Antonio Buero Vallejo, que partiendo de una sociedad atrasada -de obreros y proletarios en harapos y muertos de hambre y de tuberculosis, bronquitis y neumonía- heredada de la Segunda República, y antes de ella las políticas caciquiles de la monarquía liberal decimonónica, de una población española masivamente analfabeta, de alpargatas (cuando no directamente descalzos), pantalones remendados y hogares donde en una sola habitación se hacinaban familias enteras en condiciones de pobreza extrema, de los que los altos índices de mortalidad infantil daban expresión de ello,  (en 1906 la mortalidad infantil de niños de 1 a 4 años era del 43%; a principios del siglo XX de cada 1000 personas nacidas vivas sólo 570 llegaban a cumplir los 20 años de edad, en 1930, en la Dictadura de Primo de Rivera, la situación mejoró a  algo más de 750 personas llegaban a los 20 años,  (el caos de la república, el hambre en el campo y sus constantes huelgas en la ciudad mermaban los ingresos de la clase trabajadora y la situación de permanente conflictividad y crisis económica supuso un paso atrás y empeoró estas cifras), en 1950, tan solo 11 años después de la guerra, todavía sufriendo el bloque internacional de los angloamericanos que no se levantaría sino a partir de 1957, -Eisenhower visitaría España en diciembre de 1959-,   España consiguió que de cada 1000 nacidos,  947, -es decir el 94’7%-,  alcanzaran dicha edad),  de niños que se criaban descalzos y con el culo y la barriga al aire porque no había ni ropa para vestirlos.

Franco partiendo de esta realidad social agravada, para más inri y más mérito de su política, por 3 nefastos factores añadidos:

  • una situación de devastación consecuencia de una guerra de 3 años, donde los rojos en su retirada practicaron la política de “tierra quemada”, de quemar los campos, sacrificar el ganado que no podían llevarse, volar los puentes y las infraestructuras, quemar las industrias y pasar a cuchillo a los industriales, a los profesionales que pudieran ser útiles en la reconstrucción (estar por escribir la persecución de los médicos en la zona roja)
  • partiendo de no tener ni una onza de divisas con la que comprar en el extranjero porque los rojos en su latrocinio le habían regalado a Stalin nuestras reservas de oro (las terceras más grandes del mundo), -con aquella famosa frase de Stalin: “Los españoles no volverán a ver su oro como nadie puede ver sus propias orejas”-,  parte de las cuales se las quedaron los jerarcas de la república para vivir como sultanes, habían reventado las Cajas de los bancos y hasta fundido las monedas de oro árabes y visigodas de los museos.
  • y con el bloqueo internacional tras la segunda guerra mundial de los países vencedores, a los que España les debe las cartillas de racionamiento de aquella época y que dieran asilo de impunidad a los autores del tremendo holocausto cometido contra la población civil cristiana, asesinada a mansalva.

fue capaz de terminar con el obrero proletario cuyo jornal no le alcanzaba ni para quitarse el hambre,  para elevarlo a la categoría de clase media, con vivienda en propiedad (gracias a lo cual los pensionistas pueden hoy sobrevivir y sostener muchos a sus hijos sin trabajo, pero la generación siguiente sin acceso a la vivienda no sé qué será de ella), con sueldos y condiciones de trabajo dignas, protegidas por el Fuero del Trabajo,  supervisadas por el Estado, y con el amparo de las Magistraturas de Trabajo, una Administración de justicia especialidad cuya jurisprudencia (del Tribunal Central de Trabajo) ha quedado como legado de los que es una Administración de Justicia al servicio del bien común,  donde el despido libre estaba prohibido y además era delito,  para evitar la explotación porque el trabajador no era como ahora “fuerza de trabajo” ni “mercado de trabajo”, como el mercado de esclavos de Estambul, en la concepción materialista del hombre y de la producción, sino que era una persona que gozaban de los valores inalienables inherentes a dicha condición cristiana. Y todo ello se conseguía sin presión fiscal. Con universidades laborales para que sus hijos pudieran estudiar, con paga extraordinaria de 18 de julio y Navidad, un mes de vacaciones, y sistema de Seguridad Social que hoy es sombra de lo que fue, tanto en calidad como en prestaciones como en alcance de su cobertura, donde estaban integrados los mejores profesionales de la medicina.   En la España actual donde el paro y las condiciones de trabajo totalmente abusivas son la regla general, donde lo pobres ya no son sólo los que no tienen trabajo sino que hay infinidad de pobres con trabajo dada la precariedad de estos trabajos,  con contratos para una hora a conveniencia del empresario que sin ningún remordimiento ni ninguna voz que afee su conducta en el Estado izquierdista y liberal que “tanto tienes, tanto vales”, con 10 suicidios al día, y un largo etcétera, a los grandes especuladores de personas les interesa mucho que se pierda toda noción y toda referencia de un régimen, donde ellos no podían explotar como lo hacen ahora,  a  manos llenas y con toda impunidad.

Y lo mismo podemos decir de su dimensión religiosa y moral,  basta mirar las fotos de Primera comunión de los niños de la época de Franco y compararlas con los niños de la época actual que prácticamente no tienen infancia, y la juventud echada a los brazos de la droga, del botellón, y de la vida banal, que muchos apenas han llegado a los 30 y ya hace 10 que han destrozados completamente sus vidas. También interesa para que no se vea la miseria moral de la sociedad actual, que se pierda toda referencia y toda memoria histórica de una época que luchaba por crear hombres y mujeres de provecho.

00O00

Iniciábamos la primera entrega de este trabajo, diciendo que la sentencia del Tribunal Supremo dando carta blanca a la profanación de la tumba y del cuerpo del Generalísimo Franco no era importante únicamente por esta cuestión concreta de la propia profanación, sino que sobretodo es importante porque plantea una cuestión trascendental, -la más importante de todas porque la legitimidad del sistema jurídico y político de un Estado depende de ello-:

¿qué ocurre en un país cuando los Jueces y Tribunales que tienen que garantizar los derechos y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, son los que presuntamente a sabiendas de su injusticia infringen estos derechos y contravienen esta Constitución y estas Leyes?.

En un Estado de Derecho, los Tribunales de justicia son los garantes de la legalidad y de la paz social. Si estos tribunales desertan de su misión constitucional es como si los cimientos de un edificio echaran a correr, el edificio no se puede sostener en pie. La actitud de estos 6 miembros de la Sala de lo C-A del Tribunal Supremo, bien sea por cobardía (que no creo), bien sea por su promoción profesional y social (posiblemente haya mucho de eso), o por ignorancia debida a su nivel de intoxicación,  envenenamiento y lavado de cerebro por la lluvia ácida de la propaganda roja que se extiende como una peste que todo lo contamina y todo lo emponzoña y que cala en la gente que es víctima de este monopolio de los medios de comunicación (que más bien hay mucho de esto), supone el acta de defunción de 4 grandes mitos del Estado español actual:

  • la democracia, con todo lo que ello supone, porque a una parte de la población se le niega esa democracia.
  • el Estado de Derecho, porque las Constitución y las leyes dejan te tener validez y eficacia por razones ideológicas.
  • la separación de poderes, porque los tres Poderes están en manos de la extrema izquierda del Gobierno: el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial, que ha desertado de su independencia,  por razones puramente ideológicas.
  • Y la independencia judicial, como presupuesto de la Justicia y como garantía de legalidad y justicia del ciudadano, que esta independencia no opera dependiendo del color político del justiciable.

Democracia y libertad no puede ser la libertad sólo para ser del PSOE y partidos afines, porque en esta concepción entonces en tiempos de Nerón, de Barba negra,  y de Stalin también había democracia, porque libertad para aplaudir a Nerón en tiempos de Nerón siempre ha existido.  No se entiende muy bien que a Franco se le llame dictadura, y al sistema actual democracia cuando la democracia no acepta ni reconoce en la práctica la libertad para no ser del PSOE.

Comparábamos esta situación con la metáfora de qué ocurre en una sociedad en la que quien te tienen que proteger frente a la delincuencia (la policía) se dedicara a atracar bancos, comercios y domicilios particulares, en tales circunstancias a quién llamas, ¿a la policía? que está cometiendo estos desmanes.

Los jueces excepcionan la Constitución y las leyes para no tenerte que dar la razón, y esto no lo hace un Juez o tribunal inferior, porque eso permitiría corregirlo a través del correspondiente recurso ante la instancia judicial superior. El problema aquí es que quien excepciona la Constitución y la Ley, a mi modo de ver,   es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones ya no admiten recurso en España, y que están en manos de gentes muy cercanas al Gobierno. Entonces ante esta situación de hecho ¿cuál es la solución? , porque en un Estado de Derecho la solución es acudir a los Tribunales, pero si en España los Tribunales han desertado de su función en aras al acomodamiento político, entonces ¿cuál es el siguiente paso?.

Violar niños es un acto canallesco y tremendo, lo cometa quien lo cometa, pero que lo haga el tutor judicial, el monitor de campamentos, el catequista o incluso un cura, es todavía peor, porque a estas personas se les exige un plus. La injusticia,  y la falta de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho es reprobable , la cometa quien la cometa, pero claro que el órgano que tiene como misión constitucional ser garante de corregir esa situación, como es el caso de los Tribunales de Justicia y dentro de ellos el más alto de todos como es el Tribunal Supremo, sea el que comete el desafuero, es merecedor de mayor reproche.

El daño que estos magistrados le han hecho al Tribunal Supremo y a la credibilidad del mismo, que tras estos pronunciamientos judiciales, la credibilidad es 0, esto no hay pena que lo pueda pagar ni que lo pueda remediar. La credibilidad judicial, mientras estos magistrados sigan en sus cargos, está destruida de raíz. Y la credibilidad del Estado democrático de Derecho lo mismo. El PSOE ha demostrado que todo es una gran mentira, y esto antes o después tendrá sus consecuencias, tanto en acelerar la descomposición de España, si al final España sucumbe, como en su regeneración, porque una aspiración del nuevo Estado que pueda crearse en el futuro es y debe ser, el que sea un Estado Justo, donde la Justicia como ideal ético y jurídico sea garantía de legalidad y Justicia, y aspiración del bien común.

Hace unas dos semanas se dio la noticia de que se había presnetadzo una denuncia contra el hoy juez en excedencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  Enrique Bacigalupo Zapater, vinculado al PSOE y a Felipe González, que cuando era Juez de la Sala 2ª, de lo Penal,  del Tribunal Supremo presuntamente según la denuncia cobró vía paraísos fiscales 200.000 $ del grupo izquierdista Prysa para que condenara al Juez Gómez de Liaño y quedara así apartado del caso Sogecable. Desconozco la veracidad o no de la denuncia, pero yo sólo espero que dentro de otros 15 años no se vaya a presentar otro policía Villarejo  con una denuncia parecida, acompañada de las correspondientes grabaciones de audio,  respecto de estos jueces de que habrían podido cobrar dinero por esta sentencia, porque eso ya sería el colmo del despropósito, y de la indefensión que sufrimos los españoles.

El Tribunal Supremo que es esto:

no puede convertirse en esto:

aunque solo sea por su propia dignidad y por el buen nombre de España y de lo que el Tribunal Supremo en esencia representa o debería representar.

       “La vida en Madrid es espantosa. Ya han fusilado a más de 12.000 personas. Aparecen los cadáveres en las tapias del cementerio, en los alrededores de la Plaza de toros de Tetuán, en los Altos de Maudes y en la Moncloa, como en 1808. En la Pradera de San Isidro, las hijas de los chisperos y las manolas acuden a las cuatro de la mañana para ver los fusilamientos rodeadas de sus críos. Cuando el reo dice una frase arrogante, le aplauden como si diera una bella verónica. Al hijo de Güell le dieron una gran ovación porque murió gritando “¡Viva Cristo!”. A los cobardes les silban como a los toros mansos. Se han apoderado de todos los palacios y los han convertido en radios comunistas o en ateneos libertarios. En el Círculo de Bellas Artes funciona la gran checa roja. Un tribunal grotesco en mangas de camisa -risotadas y cajas de cerveza- juzga sobre la vida y la muerte en medio de un bazar de hogares violados.(…) Por las calles los coches de la FAI, terribles, ocupados por bandidos, flameando la bandera pirata, roja y negra, sobre los faros. Me he mudado cuatro veces. Hace veinte días una radio comunista se incautó de la casa de Atocha. (…) Los últimos días dormí en el Ministerio. Han fusilado al padre Miguel, de los Marianistas, y a los dos hermanos de Andrés Saénz de Heredia.

No ha quedado un cura ni una iglesia. La nuestra ardió en los primeros días. En la de San José han vestido al Niño de la Bola de miliciano; en Santa Cruz hay un centro gastronómico. Es todo un símbolo del marxismo materialista: sacos de patatas y jamones en los altares de los arcángeles. En la Iglesia del Carmen se exhiben las momias de los frailes en posición obscena sobre las de las monjas. Hay al día de 80 a 100 fusilamientos”.

                                Carta de Agustín de Foxá, (poeta y diplomático), a su hermano.

(Torcuato Luca de Tena “Papeles para la pequeña y la gran historia: memorias de mi padre y mías”, Editorial Planeta, página 230 y ss.)

Tercera parte de tres   Aquí la segunda parte   Aquí la primera parte

Compartir

Deja un comentario

Su dirección de correo nunca será publicada. Si la indica, podremos contestarle en privado en caso de considerarlo oportuno.*