¿Por qué la sentencia del TS de exhumación de Franco es contraria a Derecho? (I/III)

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Contribución a un análisis sobre su antijuridicidad.

 La sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación del Generalísimo Franco no es importante únicamente por esta cuestión concreta de la propia exhumación, sino que sobretodo es importante porque plantea una cuestión trascendental, -la más importante de todas porque la legitimidad del sistema jurídico y político de un Estado depende de ello-, y de difícil respuesta:

¿qué ocurre en un país cuando los Jueces y Tribunales que tienen que garantizar los derechos y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, son los que presuntamente a sabiendas de su injusticia infringen estos derechos y contravienen esta Constitución y estas Leyes?.

Dicho de un modo hasta cierto punto metafórico (sólo hasta cierto punto),  pero más gráfico:

¿Qué ocurre cuando la Policía es la que atraca bancos, comercios y domicilios de los particulares?. ¿Cuando los oyes que están entrando en tu casa para robarte, a quién se llama entonces?,   ¿a la Policía?.

Esta es la gran incógnita y la gran pregunta que plantea la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la profanación de la tumba de Franco.

Tengo muy poco tiempo libre para escribir este artículo, y como lo escribo de corrido me preocupa lo que me pueda dejar en el tintero, o en la improvisación que no lo exprese con la debida precisión. Pero por otra parte lo perfecto muchas veces es enemigo de lo bueno, porque lo peor de todo es dejarlo sin escribir.

Dicho esto voy a tratar de ser breve, aunque en este tema hay mucho que exponer.

Antes de pasar a analizar los elementos de antijuridicidad de la Sentencia es preciso hacer una breve referencia a dos cuestiones que es preciso referirse a ellas como punto de partida y como contexto que define el momento presente:

  • – La Situación del Derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24 Constitución Española, en lo sucesivo CE) en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  • – Y Justicia  “¿independiente? en España.

1.- La Situación del Derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si uno pone un telediario el próximo 6 de diciembre, con ocasión del día de la Constitución, podremos ver a los escolares de primaria mostrar las actividades que han hecho para la ocasión, y decir con la ingenuidad que sólo tiene un niño de 7 u 8 años que España es un Estado de Derecho, es decir un Estado sometido al imperio de las leyes. La realidad sin embargo no es tan idílica ni tan bucólica.

En España existen, por razón de la materia,  5 Jurisdicciones:

  • La Civil
  • la Penal
  • la Contencioso-Administrativa
  • la Social (o laboral)
  • y la Militar.

Mientras que la Jurisdicción Penal conoce de los delitos, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo sucesivo C-A) conoce de la legalidad de los actos de la Administración y del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en los arts. 103, 1º y 106, 1º de la Constitución Española (CE).

Esta materia se Regula en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y sobre todo en la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJC-A).

La estructura de los órganos judiciales de la Jurisdicción C-A son :

  • los Juzgados de lo C-A
  • Las Salas de lo C-A de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
  • (al margen de lo anterior, los Juzgados Centrales de lo C-A y La Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional, para determinadas materias).
  • La Sala de lo C-A del Tribunal Supremo
  • Además quedaría el Tribunal Constitucional que conoce del Recurso de amparo por violación de Derechos Fundamentales de los ciudadanos.
  • Y ya fuera de la Jurisdicción española quedaría el Recurso ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).

(Todo esto es más complejo, pero básicamente para lo que ahora importa es así).

Lo primero que hay que saber es que, como indica la Memoria del Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional, todos los años se presentan ante el Tribunal Constitucional algo más de 7000 recursos de amparo para la protección de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos. El recurso de amparo sólo se puede presentar después de haber agotado todas las posibilidades de recurso administrativas primero y judiciales después, y no lo puede presentar el ciudadano por su cuenta sino a través de Procurador y Abogado, este dato es importante para dejar claro que los recursos no se hacen de cualquier manera, como sería el caso si su confección quedara en manos de un ciudadano sin conocimientos jurídicos, sino técnicamente muy bien hechos (por lo general). A pesar de esta “perfección” técnica, el Tribunal Constitucional inadmite todos los años más del 96% de los recursos. Inadmitir, para quien no lo sepa, no es desestimar, sino que significa que van a la papelera sin ser resueltos, es decir sin entrar a resolver sobre el fondo de lo que el recurso plantea, porque en España lo fundamental en el recurso de amparo no es la violación de los Derechos Fundamentales del ciudadano (que debería ser lo más importante de conformidad con el Derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24 CE),  y teniendo en cuenta que es un Recurso que se llama de amparo y que tiene por finalidad la protección de los Derechos Fundamentales) sino la trascendencia constitucional del caso, es decir que la violación del Derecho Fundamental no es importante en sí misma para el Tribunal Constitucional ni para el legislador que ha redactado al ley (lo que da idea de la basura de políticos que tenemos en España legislando), sino que tal violación pasa a un segundo plano (a un quinto plano para ser más exactos)  y lo que importa, -lo único que importa-,  es que el caso plantee un supuesto teórico que sea de interés doctrinal para que el Tribunal Constitucional se digne a pronunciarse.  Esto, que no se lo cuentan a los niños cuando hacen sus redacciones y sus dibujos para el 6 de diciembre (día de la CE) y que también se lo callan los profesores de universidad u los militares que dan máster en la Universidad de Madrid o Granada o en el CESEDEM, convierte el tan cacareado Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, en uno de los mayores camelos del sistema. Es como si en lugar de llevar una paracaídas de pecho por si falla el paracaídas principal, metemos en su lugar una bolsa del Mercadona. Cuando nos tiremos de paracaídas,  si el paracaídas principal se abre, entonces estupendo, pero si no se abre y tenemos que recurrir al paracaídas de pecho, con una bolsa del Mercadona el tortazo que nos damos contra el suelo es tremendo.

La Presidenta del Tribunal Constitucional en tiempos de Zapatero Mª Emilia Casas (otra inepta como Margarita Mofletes en Defensa, pero en este caso presidiendo el Tribunal Constitucional). Cartel anónimo alusivo a los miembros del Tribunal Constitucional que legalizaron las listas del partido pro-etarra Bildu. Buena parte de lo que está pasando en Cataluña tiene la culpa Zapatero que lo inició todo dándoles alas para que redactaran un nuevo Estatuto de Autonomía manifiestamente separatista y anticonstitucional que él, si provenía del Parlamento catalán, -dijo-, no tendría reparo en aprobar. De aquellos polvos vienen ahora estos lodos. Pero también el Tribunal Constitucional que ha estado traicionando a España y a su sistema constitucional con sucesivas sentencias, incluidas las relativas a la persecución del idioma Español en Cataluña o el nuevo Estatuto Separatista.
Buena parte del problema de España es que en la cúpula de todos sus Poderes e instituciones más importantes tiene a gente que no vale un duro. Esta es la triste realidad de España, por esto D. Blas Piñar no pudo pasar de Diputado, y en una única legislatura, después ni eso,  mientras Biabiana Aido o Leire Pajín han sido ministras, y Zapatero, Rajoy o Perro Sanchez Presidentes del Gobierno. Lo raro, con este panorama, es que no estemos todavía peor de cómo estamos.

Además la inadmisión (las inadmisiones sistemáticas del 96%) la acuerda el Tribunal Constitucional sin dar trámite de audiencia previo (sin exponer los motivos de inadmisión para que pudiera alegarse al respecto antes de resolver, de modo que pudieran tomarse en consideración por el Tribunal tales alegaciones antes de adoptar la decisión), es decir de plano, y sin posibilidades de recurso (el interesado que busca el amparo no tiene derecho a recurrir la inadmisión). El único que puede recurrir la inadmisión es el Ministerio Fiscal, que es parte en estos recursos de amparo (y en los procesos de protección de Derechos Fundamentales contencioso-administrativos) precisamente como garantía de tales Derechos, pero en la práctica el Ministerio Fiscal se niega sistemáticamente a recurrir, en mi modesta opinión con clara infracción del art. 124 CE, porque la presencia del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos es como garantía añadida de legalidad, no para coadyuvar a negarle a la gente el amparo.

Voy a dar un dato, hace pocos años se formuló recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (Recurso nº 5224/2015) por 10 violaciones Derechos Fundamentales distintas que había sufrido un Brigada de la Guardia civil en un mismo asunto en 2015. Se recurría la decisión del Tribunal Militar Central que había desestimado el recurso contra la medida cautelar contra el Suboficial de la Guardia civil que al serle abierto expediente disciplinario había sido suspendido en funciones como medida cautelar por el periodo máximo, acusado de tener unos tuits franquistas en su página particular de Twitter.  Su General había justificado que la medida cautelar se mantuviera diciendo al Tribunal por escrito que “no habiendo recaído aún sanción disciplinaria alguna en el Expediente Disciplinario abierto contra el recurrente, las causas por las que se acordaba medida cautelar no se han desvanecido en la fecha actual”.

Se alegó ante el Tribunal Militar que tal confesión evidenciaba que no era una medida cautelar en sentido propio sino una sanción anticipada al margen del procedimiento disciplinario:  tras esta confesión por escrito quedaba patente que la medida cautelar no se imponía por ninguna razón legítima,  ni obedecía a verdaderas razones que la hicieran necesaria (lo cual habría sido legítimo) sino para anticipar y sustituir a la sanción mientras ésta recae (anticipando ya el resultado del expediente disciplinario antes de instruirlo que, a la vista de tal confesión, la futura Resolución/sanción parecía estar ya predeterminada antes de la instrucción del expediente,  lo que convierte a la futura instrucción en un disfraz si el resultado está ya predeterminado para la completa indefensión del interesado, y por tanto con infracción del art. 24 CE), lo cual venía a corroborar el uso ilegítimo de la misma como sanción anticipada y no como medida cautelar en sí misma,  y la vulneración del principio de presunción de inocencia, por cuanto esta sanción anticipada se imponía al margen del procedimiento disciplinario.

El Tribunal Militar Central rechazó el argumento diciendo que levantar una medida cautelar era algo excepcional. Lo cual, como se alegó en el recurso,  era un grave “error” porque lo excepcional no es levantar una medida de esta naturaleza sino  imponerla porque si no se impone por verdaderos motivos, como era este caso,  es contraria al principio de presunción de inocencia (y en este caso además al derecho a no sufrir indefensión porque se anticipaba ya el resultado del expediente disciplinario antes de su instrucción, convirtiendo a ésta en un mero disfraz de lo que estaba ya decidido y predeterminado de antemano resolver).

Ni que decir tiene que el Tribunal Militar Central no rectificó su error.

En el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, para acreditar que el Tribunal Militar Central no llevaba razón,  además de indicar la doctrina unánime de que lo excepcional no es levantar una suspensión de funciones sino imponerla, es que aportamos un libro (“Manual sobre el Régimen Disciplinario de la Guardia civil”) sobre el Régimen Disciplinario de la Guardia civil escrito precisamente por el General del Tribunal Militar Central que presidía entonces el Tribunal, que había sido ponente de la resolución y que había desestimado los  recursos con el argumento de que lo excepcional era levantar la medida cautelar, y en ese su libro suyo el General iba enumerando, una a una,  las características de las medidas cautelares (página 565),  y en su página 566 citaba como segunda característica de las medidas cautelares su “excepcionalidad”  (página 566: “B) Excepcionalidad”).

Es decir había sostenido en la Resolución judicial recurrida lo contrario de lo que él mismo tenía escrito en su propio libro, todo ello para sostener una decisión administrativa (la del General) cuando la función de un Tribunal de justicia (art. 106, 1º CE) no es sostener lo insostenible sino corregirlo. Esta es la Justicia Militar (o al menos una parte de la misma) que hay en España, lo digo por si hay alguien que a estas alturas esté pensando otra cosa. Ya lo advirtió el insigne jurista D. Vicente Gimeno Sendra en el premonitorio voto particular que formuló como Magistrado del Tribunal Constitucional en la Sentencia del Tribunal Constitucional 113/1995 (publicada en el BOE nº 184,  de 3/agosto/1995).

Ante esta aparente o presunta grosera ilegalidad, la Srª Fiscal ante el Tribunal Constitucional, que entre sus funciones tiene la defensa de la legalidad y de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos (art. 124 CE),  podía haber reaccionado de varias maneras, la principal de ellas proponiendo que el Recurso de amparo fuera admitido, para así por lo menos corregir la deriva anticonstitucional de la decisión judicial, y corregir también la ilegalidad todavía más inconstitucional de la decisión administrativa del General. Yo no digo que la reacción del Ministerio Fiscal hubiera sido el además dar traslado a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que abriera una diligencias de investigación preprocesal a ver si el Tribunal Militar Central había incurrido en responsabilidad penal, por un presunto  delito de prevaricación, a lo que venía obligada la Srª Fiscal, (y el propio Tribunal Constitucional) por el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por el art. 40, 1º Ley de Enjuiciamiento civil dado el carácter supletorio de la misma en toda clase de procedimientos, pero por lo menos admitir el recurso de amparo y corregir el desafuero.

Pues no, la Srª Fiscal se opuso a la admisión del recurso porque no se había expuesto al Tribunal Militar que tenía un libro donde decía todo lo contrario de lo que luego decidía como Tribunal, como si al autor de un libro fuese necesario decirle lo que él mismo escribe. Ante este hecho del libro, no parece que la solución fuera tapar este asunto para que no se hiciera nada al respecto, como consiguió el Ministerio Fiscal,  porque la función constitucional del Ministerio Fiscal (art. 124 CE) no es velar porque la ilegalidad y la violación de Derechos Fundamentales pueda campar a sus anchas sin ningún recurso de amparo ni ningún obstáculo que la perturbe,   sino justamente todo lo contrario, debería ser garantía de legalidad, de defensa de los Derechos Fundamentales y del interés público, y porque a mayor y más grosera ilegalidad no debe reaccionarse con menos acción de la Justicia y menos Estado de Derecho como hizo la Srª Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, sino haberlo esclarecido y corregido aunque sólo fuera porque el caso iba va más allá del propio caso, porque la pregunta es ¿en qué situación iban a quedar las personas que se vieran sometidas a este Tribunal Militar que actuaba de esta manera si su conducta no era afeada y corregida?

El grado de injusticia no quedó ahí. El Recurso de amparo se basaba en la violación de 10 Derechos Fundamentales diferentes, de modo que si se apreciaba algún problema en uno de esos derechos Fundamentales (ni siquiera eso, porque el tema del libro afectaba a esa prueba en concreto, pero la violación de ese Derecho Fundamental no dependía ni muchísimo menos de esa sola prueba)  debería determinar aun en el peor de los casos, que este motivo de amparo quedara fuera pero se siguiera el recurso con el resto de motivos, de conformidad con el principio de conservación de actos y trámites. Pues no. Un problema con una de las pruebas relativas a un motivo de amparo (de los 10 motivos o violaciones distintas en juego) determina que todo el recurso en su totalidad queda inadmitido, y el resto de las 9 violaciones de Derechos más, aunque no haya pega sobre ellas, se ignoran. Esto es algo así como si acudimos a un juzgado reclamando el pago de 10 facturas independientes que nos deben, resulta que respecto de una factura hay una controversia en alguno de sus elementos (que en realidad no es tal, pero bueno) y lo lógico sería que en el peor de los casos esa factura fuera la que no se cobrara, pero las otras 9 sobre las que no hay pega si se deberían cobrar. Pues no, si aplicamos la manera de actuar en el Tribunal Constitucional,  y de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional si una factura tiene un problema las demás independientes de la misma y que no tienen ninguna pega, tampoco se cobran. Un problema en una de las pruebas sobre la violación de un Derecho Fundamental (de 10 violaciones en juego) determina que los otros 9 Derechos Fundamentales sobre los que no hay duda que oponer,  van a la papelera también. Todo ello obviamente como pretexto (presuntamente) para no hacer nada.

Esta es la protección de Derechos Fundamentales que hay en España y que muy poca gente conoce. La gente se llena la boca hablando de la “garantía” de los Derechos Fundamentales y el carácter inviolable de los mismos (art. 10, 1º CE) y no tienen ni idea de cuál es la realidad.

En mi modesta opinión hay tres libros negros que están por escribir:

-“El libro negro del PSOE”,  del mal que el PSOE y los votantes del PSOE (que tienen mucha culpa de lo que está pasando ahora mismo en España) le han hecho a España,

-“El libro negro del PP”, del mal que el PP y los votantes del PP le han hecho a España,

-y “el Libro negro de la Fiscalía”.  En España no habríamos alcanzado los altísimos niveles de corrupción que se han alcanzado en España si la Fiscalía hubiera funcionado como Dios manda en defensa de la legalidad.

Me he detenido a relatar la situación del Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para poner de manifiesto que es un recurso que en la práctica es como si no existiera (es la bolsa del Mercadona alojada donde debe ir un verdadero paracaídas de pecho) porque un índice de inadmisiones del 96% o más hace de este recurso una quimera, un camelo más de los muchos que hay en España (la protección de la familia, el derecho a una vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, la igualdad de todos ante la ley, el principio de tutela judicial efectiva, etc.).

La decisión del Tribunal Constitucional admite demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, pero esto es otro camelo porque si ante el Tribunal Constitucional el índice de inadmisiones es del 96%, ante el TEDH que concentra sobre sí todas las inadmisiones de todos los países, el índice de inadmisiones es ya del 99’99%. Si no eres de la ETA o un caso muy muy notable, no tienes acceso a este Tribunal. Este caso de Franco, por su notoriedad sí puede tener acceso y ser admitido el futuro recurso que pueda interponer la familia ante el TEDH, pero tampoco hay que descartar lo contrario. La arbitrariedad en las admisiones de este tribunal “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” de Estrasburgo no tiene nombre. Si alguien quiere que se lo explique se lo explico.

Por último respecto del Tribunal Constitucional, decir que a nadie parece importarle esta cifra del 96% de inadmisiones, pero en honor a la verdad hay que decir que el actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, D. Enrique López, cuando fue Magistrado del Tribunal Constitucional fue autor de una doctrina (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 216/2013, de 19 de diciembre de la que él fue Ponente) tendente a salvar el atropello, contrario al derecho Fundamental a obtener la tutela judicial efectiva, de las inadmisiones sistemáticas por no haber interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ (el Tribunal Constitucional, en su afán de quitarse asuntos de la mesa no sólo exigía y exige que agotaras todas los recursos ordinarios y extraordinarios de todas las instancias administrativas primero y judiciales después, antes de llegar a él, sino también que después de agotar todas las posibilidades de recurso interpusieras también aunque la última Resolución dijera que ya no cabía ningún recurso, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241 LOPJ ante el órgano judicial que te había dictado la sentencia final, reproduciendo ante él lo que luego se iba a alegar ante el Tribunal Constitucional, el problema es que si no lo interponías el incidente el Tribunal Constitucional te inadmite el recurso por no interponerlo, pero si lo interponías te lo inadmite igualmente porque decía que en ese caso no era necesario y consideraba el recurso fuera de plazo al tomar como referencia la última sentencia antes del incidente, es decir, hicieras lo que hicieras siempre había un motivo para inadmitir), señalando que no era necesario interponerlo para dar ocasión a que el Órgano judicial pudiera rectificar antes de acudir al Tribunal Constitucional, cuando la violación de Derechos Fundamentales que se invoca ante el Tribunal Constitucional es la misma que se ha venido invocando en las instancias anteriores, en cuyo caso no es necesario esta repetición (el incidente de nulidad de actuaciones consiste en volver a insistir ante el mismo Órgano judicial que te ha dictado la última sentencia los argumentos que vas a plantear ante el Tribunal Constitucional, para que de este modo tenga una nueva ocasión de rectificar). Este señor ha sido víctima de las críticas de la izquierda por no plegarse a su dictado, pero hay que reconocer que ha demostrado como Magistrado una honradez y una cualificación técnico-jurídica que desgraciadamente no es frecuente ver en la España de hoy, quizás por eso está señalado por la izquierda con saña.

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Siendo el panorama ante el Tribunal Constitucional tan lamentable, hasta 2016 por lo menos tenías la garantía del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo,  (que es la instancia judicial última y anterior al Tribunal Constitucional) que de conformidad con el art. 5, 4º LOPJ aunque es un recurso extraordinario, si había infracción de precepto constitucional, tenías derecho a interponerlo. El art. 5, 4º LOPJ sigue vigente, pero el Tribunal Supremo ya no admite los recursos con base a dicho precepto legal.

Sin embargo en 2015 hay una reforma del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo (introducida por la Ley Orgánica 7/2015) y se imponen a partir de 2016 de su entrada en vigor unas limitaciones análogas a las del Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El resultado es que desde que entró en vigor esta reforma, el 98% de los recursos de Casación se inadmiten, y además con condena en costas automática.

Todos hemos visto al Colegio de Abogados de Madrid en Pleno, con su Presidente a la cabeza, cuando el atentado de los Abogados laboralistas que ocurrió en 1977 en el despacho al que pertenecía también Manuela Carmena, pero en cambio no hemos visto que el Colegio de Abogados (ni el de Madrid ni ningún otro) haga algo remotamente parecido para protestar contra leyes de esta naturaleza, y para garantizar el principio de tutela judicial no ficticia ni de cartón sino EFECTIVA,   reconocido en la Constitución (art. 24 CE). Porque ¿qué tutela judicial efectiva es esa con un 98% de inadmisiones en Casación ante el Tribunal Supremo y un 96% de inadmisiones en amparo ante el Tribunal Constitucional? ¿Eso es “tutela Judicial EFECTIVA? A mí me parece que no.

Qué pasaría si para acabar con la masificación de las urgencias en los hospitales hiciéramos lo mismo, los médicos en lugar de estar en sus salas y consultas curando a la gente,  que salieran a la puerta bisturí en mano y los celadores con las manivelas de subir las camas reclinables,  y enfermo que llegara en taxi o en ambulancia buscando asistencia médica, que lo agredieran los médicos con los bisturís por un lado y los celadores con las manivelas de las camas por otro.

Efectivamente así se iban a acabar las colas en las urgencias, no iba  a haber nadie que se atreviera a ir a urgencias a un hospital, pero claro el problema es que así no se satisface el derecho a la protección de salud. Con la Justicia ocurre igual, con un 98 y 96% de inadmisiones se acabaron los recursos, porque van a la papelera sin resolverlos, pero con esta solución típica del PSOE y del PP, que la Justicia, los Derechos Fundamentales de los ciudadanos y la propia situación de indefensión en la que quedan esos ciudadanos,  les importa un bledo,  no se satisface el Derecho de acceso a la Justicia, que es un Derecho Fundamental (art. 24, CE) …sobre el papel, naturalmente,  la realidad,  desgraciadamente, es otra.

El problema de la masificación de la justicia (la enorme cantidad de asuntos) tiene una fácil solución. Esta solución se llama RECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. En el caso que hemos visto del Tribunal Militar Central, si en lugar de no hacer nada, el recurso se hubiera admitido primero y estimado después, y se hubiera dado traslado a la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, tal Tribunal hubiera visto afeada su conducta en la sentencia constitucional (y con él el General que acordó la suspensión de funciones) y habría tenido como poco que dar explicaciones en las diligencias penales, y  está claro que ese tribunal, tanto si sus miembros se veían condenados como si no, se iban a guardar muy mucho de volver a actuar de esa manera, porque se puede hacer el ridículo una vez,  pero no más.

Es decir,  si los Jueces y Tribunales de lo C-A no toleraran que la vía administrativa de recurso de alzada (previa a la vía judicial) sea inoperante, que los expedientes administrativos no se manden a los Juzgados y Tribunales o no se manden completos porque con harta frecuencia algunas Administraciones distraen documentos del expediente que han de enviar a los Juzgados y Tribunales para que el Juez de lo C-A no los vea,  y mil cosas más,  y no toleraran los mamoneos que toleran, cuando la Ley es muy clara al respecto (art. 48, 7º LRJC-A),  y en los casos más graves aplicaran el art. 40, 1º LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación supletoria al proceso C-A), el problema de la masificación de asuntos se terminaba de raíz sin menoscabo del principio constitucional de tutela judicial efectiva, porque cuando un funcionario o una autoridad administrativa puesta en el cargo por el partido se viera inhabilitada por su actuación manifiestamente ilegal, el aviso a navegantes iba a ser claro.  Pero las medidas que adoptan los políticos (desde el nefasto Ministro Gallardón) es de sentido contrario:  imponer tasas a los ciudadanos para disuadirlos de recurrir, modificar el régimen de las costas para amedrentar a los ciudadanos para que les dé miedo recurrir, y por si todo eso fuera poco, pues se modifica la ley para que el ciudadano que no tiene ya acceso real al Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, tampoco tenga acceso al recurso inmediatamente anterior: el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

El Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, una vez que se agotan los recursos judiciales anteriores no se puede interponer directamente el recurso, sino que hay que interponer antes lo que se llama el “escrito de preparación del recurso de casación” sometido a enormes restricciones formales tanto de espacio, como de presentación, tipo de letra, interlineado, márgenes, menciones obligadas que ya ocupan buena parte del espacio disponible, etc. etc. La Justicia y el principio de tutela judicial efectiva no deberían estar sometidos a este tipo de limitaciones absurdas, porque  el espacio depende de cada caso. Hay una Sección especial dentro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que se llama Sección de Admisiones (que debería llamarse no de “Admisiones” sino de “Inadmisiones” porque con un porcentaje de inadmisiones de 98% es más propio que se llamara de inadmisiones que es a lo que se dedica realmente,  a inadmitir), que es la que mira los “escritos de preparación del recurso de casación” y es la que decide si el caso merece ser admitido o no. En el 98% de los casos decide la inadmisión, que conlleva la condena en costas como es natural para disuadir a la gente de que recurra,  esta condena en costas automática más la condena en costas automática también en el incidente de nulidad de actuaciones que para llegar al Tribunal Constitucional habría que interponer acto seguido ante el propio Tribunal Supremo de nuevo, significa ya dos condenas en costas de miles de € para llegar al Tribunal Constitucional que luego inadmite el 96% de los que llegan,  este es el famoso Estado de Derecho que dice la propaganda del sistema, pero que brilla en la práctica por su ausencia.   

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La Sala de lo C-A del Tribunal Supremo está compuesta de 33 Magistrados (el Presidente y 32 magistrados más). 33 magistrados trabajando de firme dan mucho de sí, de modo que si en lugar de decidirse a inadmitir recursos se dedicaran a resolverlos entrando en el fondo se satisfaría el principio de tutela judicial efectiva, se satisfaría el interés social que cumple una Administración de Justicia cuando da solución a los problemas que se le plantean (porque la sociedad no mantiene lo que cuesta toda la infraestructura de un Tribunal de Justicia y paga sus sueldos para que el 98% de los casos que se someten a su consideración vayan a la papelera, porque para ese negocio a lo mejor habría que prescindir de un Tribunal que no cumple su misión constitucional; y lo mismo podemos decir del Tribunal Constitucional: la sociedad no mantiene toda su infraestructura y sus sueldos para que inadmita luego el 96% de los recursos de amparo de los ciudadanos, o para que después de 8 años no haya resuelto el recurso sobre la Ley del Aborto, -a 140.000 niños abortados al año en España esperando sentencia antes de que los maten-, o para que cuando hace algo, cometa errores garrafales como cuando señaló que el Estatuto de Autonomía catalán que era constitucional, lo cual fue una aberración jurídica, y de aquellos polvos vienen ahora estos lodos que estamos sufriendo en este momento con el separatismo catalán. Mantener un Tribunal para esto es peor que no tener ninguno), y se satisfaría la Justicia como ideal, y se obtendría también una corrección en los autores de los actos administrativos recurridos que verían a través de la sentencias, afeadas sus conductas.

Quiero decir con todo esto que el panorama de la Justicia Administrativa en España, es que la tutela judicial efectiva queda reducida a los Juzgados de lo C-A y a las Salas de lo C-A de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, más arriba -es decir: por encima de ese nivel-,  la tutela judicial efectiva en la práctica está cortada como se corta una carretera. A nivel del Tribunal Supremo es una Sala de lo C-A  que básicamente se dedica a inadmitir recursos, en lugar de dedicarse a satisfacer el principio de tutela judicial efectiva. Y a nivel del Tribunal Constitucional lo mismo.

Y lo más triste es que esto se asume ya como normal, cuando es una tremenda irregularidad que deja en entredicho que España sea un Estado de Derecho porque  los ciudadanos en un 98% tienen impedido el acceso al Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo (a este porcentaje además, habría que añadir los que no se atreven a recurrir a la vista de que en el 98% de los casos te inadmiten el recurso y encima te condenan en costas) y en un 96% tienen impedido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (y en un 99’9% el acceso al TEDH).

Pensemos si otras instituciones como la Policía, los Bomberos o las Emergencias médicas hicieran lo mismo que los Magistrados del Supremo o del Tribunal Constitucional,  es decir que el 96 ó 98 % de las llamadas de auxilio a la Policía, a los Bomberos, o al teléfono de emergencias 112, se inadmitieran a trámite y no se atendieran, porque no hay tiempo. Pensemos lo que supone que el recurso contra la Ley del Aborto lleve 8 años esperando el sueño de los Justos a que el Tribunal Constitucional se digne a dictar sentencia, y mientras se decide todos los años se cometen 140.000 abortos, de niños a los que se les arrebata la vida y a nadie le importa este Holocausto infantil del que no se hacen películas.

Y este contexto de deserción general respecto del principio de tutela judicial efectiva, que a nadie importa y del que nadie habla (hasta donde yo sé sólo el diputado de VOX Ricardo Chamorro ha presentado una pregunta al Gobierno sobre este índice de inadmisiones insostenible, desconozco la respuesta del gobierno, si es que ha dado alguna respuesta, pero para el resto de partidos y para las televisiones, esto se ve como la cosa más natural del mundo, en parte porque este dato se oculta a la opinión pública) es el marco donde se ha dictado esta sentencia sobre la exhumación de Franco (y donde se ha dictado también la Sentencia contra el golpe de Estado en Cataluña), y es en este marco,   que la tutela judicial efectiva como Derecho Fundamental, y la Justicia como ideal,  les importa lo justo para seguir cobrando (porque si les importara no se prestarían año tras año a esta farsa, porque debe ser muy frustrante para un verdadero Magistrado dedicarse a inadmitir recursos cuando como jurista lo que te pide el corazón y el cerebro no es inadmitirlos sobre pretextos varios, sino resolverlos y resolverlos en Justicia, es decir buscando la verdad y adhiriéndose a ella),  es donde se produce esta sentencia.

En esta caso, como el acto recurrido proviene del Consejo de Ministros, no ha sido preciso recurrirlo en instancias judiciales inferiores, sino que directamente la Ley otorga la competencia para conocer en única instancia, ante el Tribunal Supremo (art. 12, 1º a) LRJC-A). Si no hubiera sido así, y hubieran tenido que litigar antes ante tribunales inferiores,  y entonces llegar al Tribunal Supremo vía Recurso de Casación, entonces muy posiblemente dicho Recurso de Casación habría sido inadmitido a trámite como se inadmiten casi todos los demás.

2.- Justicia  “¿independiente? en España.

La segunda cuestión a la que anunciábamos que debíamos referirnos con carácter previo a entrar en el análisis de antijuridicidad de la sentencia sobre la profanación de la tumba de Franco, es ¿qué es lo que está pasando en España con la independencia del Poder Judicial?.

De entre los muchos motivos para derrocar la dictadura del Frente popular en España en 1936, uno fundamental fue el mamoneo en que se había convertido la justicia para la completa indefensión de los españoles de bien, de hecho el asesinato de Calvo Sotelo, por las propias autoridades rojas la madrugada del 12 al 13 de julio de 1936 fue la gota que colmó el vaso, pero el vaso estaba lleno de antes a base de injusticia tras injusticia.

Cualquier alcalde o concejal comunista, y a veces ni eso, (bastaba el botarate que abría la taberna de la Casa del Pueblo),  podía imponer multas a un catequista por llevar una cadenita con una medalla o un crucifijo por dentro de la ropa (esto en los pueblos de la provincia de Toledo, o en Andalucía,  estaba a la orden del día, y de hecho muchos de los mártires que fueron asesinados al inicio de la guerra habían sufrido este tipo de multas abusivas meses antes), o sancionarlo al margen de los más elementales principios de tipicidad o legalidad sancionadora con total impunidad. El orden y la Ley brillaban por su ausencia. Las autoridades gubernativas y políticas del Frente popular eran una cuadrilla de malhechores, en el sentido estricto y literal del término. Al Jefe de la oposición José Calvo Sotelo no lo mató un bandolero de la serranía de Ronda sino la propia escolta de Indalecio Prieto que fue a su casa de madrugada (el famoso respeto de los rojos a la inviolabilidad del domicilio y a la inviolabilidad de un Diputado a Cortes jefe de la oposición) y se lo llevó prevaliéndose de su condición de policías y guardias civiles rojos, y los asesinos fueron encubiertos por las  propias autoridades rojas, escondiéndolos incluso en sus propias casas como hizo la Diputada socialista Margarita Nelken. Y después poniéndoles la república a sus cuarteles y a sus unidades el nombre de los asesinos, dejando claro el crimen de Estado que iniciada la guerra ya no se molestaron en disimular. (En la foto un cuartel rojo con el nombre de uno de los asesinos de Calvo Sotelo: el Capitán de la Guardia civil rojo Fernando Condés, que expulsado del cuerpo por su complicidad en la Revolución de Asturias de octubre de 1934, había sido amnistiado  tras las elecciones de febrero de 1936 y ascendido a Capitán).

Existe el testimonio del policía y escolta de Calvo Sotelo D. Rodolfo Serrano de la Parte (que obra en el libro editado por el Ministerio de Justicia “Causa General, la dominación roja en España”), que el 29 de junio 1936 son relevados los policías escoltas del Diputado Calvo Sotelo,  -D. Antonio Álvarez Ramos y D. Basilio Gamo (este último será asesinado al iniciarse la guerra civil por el solo motivo de haber sido escolta de Calvo Sotelo)-,  y sustituidos en su lugar por los policías Rodolfo Serrano de la Parte y José Garriga Pato.   La elección de estos 2 policías como nuevos escoltas se debió a que se les creyó de absoluta confianza, el primero  porque despertaba las simpatías de Casares Quiroga que era gallego como él; el segundo por ser masón  y plenamente afecto al Frente Popular.  Una vez en la Dirección General de Seguridad ambos policías son citados para el día siguiente –30 de junio- ante el Jefe de personal de la indicada Dirección General, Lorenzo Aguirre Sánchez,  el cual les hace saber que su misión con Calvo Sotelo no sería la de protección sino la de espionaje, debiendo dar cuenta diaria y detallada de las personas con quienes se relacionara.  Además ambos escoltas son llamados por el Director General de Seguridad Alonso Mallol, quien les dijo: “Si hay algún atentado en la ciudad contra Calvo Sotelo, absténganse de actuar, y si es en el campo pueden rematarlo” (¡!). Estas eran las autoridades criminales del Frente popular de la República y esta era la famosa “legalidad republicana” de la que hablan los hipócritas o los memos que se han creído las patrañas de la propaganda roja y mentirosa, valga la redundancia.

Rodolfo Serrano de la Parte, que era un verdadero policía y no un sicario como los policías rojos, quedó consternado por esta orden y cometió el error de confiar en su compañero (miembro de la masonería y ferviente izquierdista) y comentárselo. Éste enseguida alertó a sus superiores,  e inmediatamente el policía honesto fue trasladado a la Coruña el día 12 de julio de 1936 –menos de 24 horas antes del asesinato de Calvo Sotelo-, y al llegar a su nuevo destino escuchó por la radio el asesinato de Calvo Sotelo. Este dato –que demuestra una vez más el talante criminal de las autoridades de la 2ª República- está recogido en la Causa General publicado por el Ministerio de Justicia en 1943, y además lo confirmó el policía Rodolfo Serrano en 1970, ya jubilado, al Magistrado también jubilado D. Francisco Alberto Gutierrez Moreno.

Recorte de un periodo rojo que en términos de elogio para estos canallas recoge la muerte en el Frente de dos de los asesinos de Calvo Sotelo: Luis Cuenca Estevas (relacionado con el asesinato también de los falangistas Matías Montero y Juan de Dios Rodríguez) y Felipe Gómez Rey, escolta y gigolo de Margarita Nelken. Los pistoleros rojos acostumbrados a la impunidad con la que gozaban con sus placas y sus armas de policías, y la indefensión de sus víctimas ante  el mamoneo de una justicia comprada y unas autoridades rojas que les daban carta blanca para el asesinato, pronto se dieron cuenta que no era lo mismo asesinar y violar a unas monjas o a unas mujeres falangistas desarmadas, o a Calvo Sotelo de un tiro en la nuca por la espalda, que enfrentarse a una bandera de la Legión (cuando la Legión era la Legión), desplegada en guerrilla. Pronto apreciaron la diferencia, aunque algunos, como estos pájaros, no les dio tiempo a contarlo.

Las propias elecciones de febrero del 36 fueron un pucherazo porque,  –lo ha contado el libro “1936 Fraude y violencia en las elecciones de 1936” de los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García-,  pistola en mano los grupos izquierdistas amenazan a los interventores, roban y falsifican las actas etc etc, con total impunidad. Unas elecciones que tenían perdidas se apoderan de ellas por la fuerza (la famosa “legalidad republicana” otra vez). La primera medida que adopta el Gobierno que sale de semejante fraude es amnistiar a todos los asesinos y terroristas que estaban en la cárcel o exilados en la Rusia de Stalin preparándose como agentes. Cuando estalla el movimiento el 18 de julio, resulta que toda la cúpula de la Falange, tanto a nivel nacional como a nivel local,  están metidos en la cárcel de forma arbitraria.  Asaltos,  atentados,  robos, etc. etc. La Justicia no es tal, en su lugar hay funcionarios sin escrúpulos que se pliegan a las consignas de ilegalidad absoluta del Gobierno, como estamos viendo hoy que está pasando lo mismo.

El estudiante de Medicina falangista Matías Montero lo matan (por la espalda, naturalmente) cuando volvía de vender el diario FE (y como él otros muchos), porque amenazados los propietarios de kioscos de prensa y los vendedores profesionales, por los grupos anarquistas y socialistas, que como se atrevieran a vender los periódicos de la Falange en sus establecimientos les pegaban fuego a los kioscos con ellos dentro, estos propietarios amenazados, al temer por sus vidas y por sus negocios, se negaron a vender tales publicaciones, y por ello los propios militantes de Falange tuvieron que ponerse ellos a venderlos en la calle a riesgo de sus vidas, dado el nivel de violencia que se vivía y la impunidad de la que gozaban los pistoleros anarquistas y socialistas con unas autoridades que les daban carta blanca para el asesinato.

Resultaba estéril denunciar estos hechos delictivos porque, salvo escasísimas excepciones,  los policías y las autoridades rojas que recibían estas denuncias eran lo que cometían tales desafueros. De hecho estas autoridades serán no sólo las que roben las reservas de oro del Banco de España (el mayor robo de la Historia) sino que llegaran a llevarse las enormes colecciones numismáticas que se exponían y custodiaban en el Museo Arqueológico, para fundir esta monedas (tartesas, árabes, visigodas, etc), de oro ocasionando un daño irreparable y terrible a nuestro patrimonio, porque el valor de estas piezas iba mucho más allá que el del mero metal con el que estaban hechas.

La gente que se atrevía a ir a misa, no sabía si llegarían luego vivos a sus casas o no, porque era frecuente en Madrid y otras localidades que hubiera militantes de la CNT o de las Juventudes socialistas esperando en las inmediaciones para hacerles mal, desde un navajazo o un tiro a quemarropa, a una paliza. Era frecuente que  como cabecillas de tales grupos criminales incluso fueran policías rojos para prevalerse de su condición y asegurarse todavía más la impunidad.

La Fotografía ilustra la crueldad de los grupos izquierdistas (hombres y mujeres de la peor calaña) que merodeaban impunemente por las iglesias para agredir y hasta asesinar a los fieles, en plena calle. Esta mujer cometió el crimen de ser cristiana e ir a misa, por ello fue linchada en Madrid, en la primavera de 1936 (pocos meses antes de la guerra), al salir de misa. Le han destrozado la cara a golpes,  y parece tener un corte con arma blanca en el cuello (seguramente buscando la yugular) del que mana abundante sangre. Providencialmente una patrulla de guardias de asalto, que paseaba por el lugar, logró rescatarla antes de que la mataran. Tuvo suerte de dar con dos verdaderos policías (muchos de ellos convertidos en meros pistoleros al servicio de las autoridades rojas).  Estos policías arriesgaban su vida con esta acción no sólo en el momento de arrebatar a su víctima a unos agresores que iban armados y que actuaban con absoluta impunidad, (a sabiendas de estar respaldados por las autoridades rojas),  sino que muy posiblemente la fotografía sería luego utilizada, -unos meses más tarde cuando empiece la guerra-,  por las autoridades del Madrid rojo para identificar a los policías y ordenar su asesinato.

Las agresiones a las puertas de las Iglesias fueron tan frecuentes que ir a misa se convirtió en toda una odisea,  las personas de bien sentían verdadero pavor y angustia ante el temor cierto a ser pillados entrando o saliendo de los templos, o en su interior,  y ser asesinados allí mismo, por el mero hecho de ir a misa.

La foto fue salvada por el periodista valenciano, afincado en Sevilla,  D. Nicolás Salas, ex Director del Diario ABC de Sevilla, autor de magníficos libros sobre la Guerra civil en Sevilla.

Esta es una realidad que la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas quiere no silenciar, porque silenciada ya está hace décadas, sino echar sobre ella una losa para que quede prohibido poder hablar nunca de ella, como ya no se puede hablar de otras muchas cosas.

La pregunta es:  ¿estamos llegando en España a esta situación? , o lo que es peor, estamos ya situados en este mismo escenario de estado de cosas de iniquidad judicial previo a la guerra?

Mientras escribo esto,  en Barcelona los separatistas llevan ya cuatro días tirados a la calle aprovechando la impunidad que le otorga no sólo el Gobierno autonómico de la Generalitat, sino el propio Gobierno de España en manos de Perro Sanchez “El Sanguinario” (porque si no hay muertos no será porque él y sus cómplices no han puesto las condiciones para que los haya, y de hecho ya ha muerto un pobre turista francés en el Aeropuerto de Barcelona de un infarto ante el espectáculo de anarquía y terror de las hordas separatistas campando a sus anchas)  y sus ministros (la noche del miércoles 16 al jueves 17 de octubre, mientras Barcelona ardía,  al Ministro del Interior Grande-Marlaska se le vió en un famoso bar de copas y alterne para maricones de Madrid, llamado “Válgame Dios”, en el barrio de Chueca y cuyas fotos ha publicado Okey Diario),  que no sabría decir cuál de ellos es peor, pero que espero que algún día sean juzgados, al igual que Zapatero por lo que hizo en su mandato, por lo que está sucediendo en Cataluña, que ha muerto de un infarto un turista en el aeropuerto el lunes 14 de octubre de ver la que había formada y las televisiones que están al servicio de la manipulación lo han dicho el miércoles 16 porque ya no tenían más remedio pero como si la cosa no tuviera mayor importancia, cuando si fuera el gobierno de signo contrario esta muerte se aprovecharía para hacer de ella otro caso como el del barco “Prestige”. Y el resto de turistas sobrevive como puede tumbados en las cintas transportadoras de las maletas sin agua, porque las botellas de agua de las máquinas ya se han agotado y el camión que tendría que venir a reponerlas no puede llegar, y abandonados completamente a su suerte. Esta es la famosa “legalidad republicana”,  el Estado de Derecho donde los derechos de los ciudadanos pacíficos y normales son mancillados con la complicidad del Gobierno.

Venimos observando desde muy atrás decenas de casos (cientos ya) donde al menos aparentemente vemos un agravio comparativo de cómo actúan las autoridades gubernativas y cómo actúa la Fiscalía y los Tribunales de Justicia según el color político del autor o de la víctima. Un caso, o dos, o tres, o cincuenta,  pueden ser casualidad, pero es que son ya muchas casualidades las que estamos viendo ya.

Hace dos semanas se hizo público que el Tribunal Supremo había modificado a la baja las condenas a los pro-etarras que habían agredido a los oficiales de la Guardia civil que estaban de paisano en un bar de Alsazua. Algunas penas se han reducido más de la mitad. El mismo Tribunal Supremo, Sala de lo Penal,  que en el caso de los falangistas de la librería Blanquerna también modificó las penas, pero esta vez para quintuplicarlas y para crear agravantes (odio al separatismo catalán) que luego no se aplican de sentido contrario (a los separatistas no se les aplica la agravante de odio a España). Hay creada una Fiscalía, la Fiscalía del odio, fuertemente ideologizada y politizada,  solo para perseguir patriotas españoles. Por lo visto el delito de odio existe únicamente si se puede meter a un “fascista” o a un “franquista” en la cárcel, para todo lo demás, el Fiscal del odio por lo visto es sordo y ciego,  o le pilla en la ducha y no se entera.

El lector podrá pensar, en su ingenuidad, que esto no será exactamente así. ¿Qué no?, ahí tenemos el ejemplo de Companys. Ya lo adelantábamos en el anterior trabajo, Luis Companys fue un criminal de guerra, de los más terribles. Los autores Miquel Mir y Mariano Santamaría tienen escrito y documentado en dos libros, el primero: “El precio de la traición: la FAI, Tarradellas y el asesinato de 172 maristas (edición 2010 en catalán), y el segundo:  “La otra memoria histórica”, donde los autores exponen entre los muchos crímenes que caben imputar al Presidente de la Generalitat Luis Companys, el asesinato de 172 maristas después de que la Generalitat hubiera  llegado a un acuerdo con los Superiores de los Maristas en Francia de a cambio de un rescate, dejarlos salir para Francia. El libro explica que en el contexto del inicio de la guerra civil donde se estaban masacrando a los cristianos a mansalva (650 religiosos en Barcelona sólo en las dos primeras semanas),  los superiores de los Hermanos Maristas desde Francia, alarmados por las noticias que llegaban sobre el asesinato de 37 hermanos de su orden en España, iniciaron gestiones con los Consulados para pactar con la Generalitat catalana la forma de garantizar la vida de casi 200 maristas que se encontraban escondidos en domicilios particulares de Barcelona, a cambio del pago de un rescate como si se tratara de un secuestro (la famosa “legalidad republicana”  que se sitúa al nivel del Cártel de Medellín o de Sinaloa). Las autoridades rojas pactaron con la institución marista la entrega de 200.000 francos franceses a cambio de la inmunidad y salida de España de estos maristas. Tarradellas, como Conseller de Finanzas, cobró el dinero, pero una vez cobrado el dinero y que los maristas habían salido de sus escondites, y concentrados en el puerto de Barcelona en el barco Cabo San Agustín,  los 172 maristas fueron conducidos unos ala Cheka de San Elías y otros en camiones a las afueras y asesinados.

De izquierda a derecha: la viva imagen de la mafia: los jefes chekistas catalanes Aurelio Fernández Sánchez, Juan García Oliver y Ricard Sanz García, del Comitè de Milícies Antifeixistes (1936) que por delegación de Companys y de Tarradellas, y siguiendo sus instrucciones, pactaron cómo llevar a cabo el pago de los 200.000 francos franceses y la salida de los maristas en un barco francés, pero que una vez cobrado el dinero llevaron a los 172 maristas a la cheka de San Elías, los torturaron y los asesinaron en un descampado. Pensar que García Oliver sería nombrado después Ministro de Justicia en el Gobierno de Largo Caballero (que posee un monumento en el centro de Madrid sin que eso sea delito, porque los delitós únicamente son si los comenten los “fascistas” si no, no), da idea de la misera moral de la España roja, -de ayer y de hoy-, donde estos forajidos eran Ministros y de Justicia. La famosa “legalidad republicana”.

El carácter criminal no quedó ahí en este asunto, sino que cuando uno de sus agentes (Joseps Asens) llevó el dinero del rescate a Suiza tuvo un accidente de tráfico y la policía al ver el maletero lleno de dinero y de armas, lo detuvo, y entonces Companys para conseguir que liberaran a Joseps Asens y recurperar el dinero y las armas secuestró en Barcelona a cuantos ciudadanos suizos consiguió localizar (entre ellos al director de la empresa Hispano-Suiza, Sr. Braget) y amenazó con matarlos si no soltaban a su agente y el dinero, y Suiza que sabía, a través de su Embajada,  que esta gente mataba a mansalva, cedió al chantaje.

Esta es la famosa “legalidad republicana”(?) que se enseña por todos lados y que no es apología del holocausto defender.

No obstante este y otros muchos crímenes cometidos por Companys, Cataluña en general y Barcelona en particular están llenas de monumentos, de parques y de grandes avenidas dedicadas al criminal de Guerra Lluis Companys, incluido el Estadio del Club de Futbol Espanyol (ya no es el Club de Futbol “Español” sino “Espanyol”), que no deja de ser paradójico que el estadio del “Espanyol” lleve el nombre de un terrible criminal de guerra Stalinista y separatista.

Monumentos y edificios como este, con este nombre (y podríamos citar cientos de nombres de otros muchos criminales de guerra como La Pasionaria, Carrillo, Margarita Nelken  y muchísimos más que gozan de plena libertad para ser vanagloriados a pesar de sus crímenes) demuestran dos cosas:

1.- la primera (y esta va para los tontos) el camelo y el fraude de los que venden la moto para prohibir todo lo relacionado con el “fascismo” (entendiendo por él su verdadero significado, no el uso falsario que de este término, hoy completamente adulterado y falseado, hace el contrario), ahora también con el franquismo (porque la sentencia que estamos comentando no es más que un giro de tuerca más para prohibir el patriotismo y el amos a España en España), agarrándose hipócritamente a los supuestos crímenes, cuando los “crímenes”, si les importaran de verdad lo más mínimo, les importarían TODOS los crímenes, “vengan de donde venga”, no primero preguntar el carnet de la víctima y el carnet del verdugo y dependiendo de lo uno y de lo otro, entonces condenar y hacer leyes como la que ha hecho Gallardón, o cuando son de sentido contrario levantar monumentos grandiosos en plena calle y a la vista de todos a mayor loa y a mayor exaltación de los asesinos. Y mientras se hace esta exaltación y esta apología respecto de unos, políticos de mierda como los del PP en general (con escasísimas excepciones) y como Gallardón en particular tipifican falsamente delitos que no son tales pero que solo lo son por razones de persecución ideológica mientras los contrarios gozan de plena libertad para todo, y mientras los crímenes de sentido contrario se hace apología de ellos y de su genocidio con edificios, avenidas, parques y monumentos a la vista de todos. Esto demuestra la falsedad y la hipocresía de lo que hay detrás del “delito de odio”,  y de la propaganda hipócrita como la de las “cunetas de Franco”. Esto es como lo de quitar los crucifijos de las escuelas y de todo lo demás con unos argumentos pírricos destinados a los tontos, y luego esos argumentos pírricos destinados a los tontos se dejan a un lado para implantar el islam en las escuelas como un derecho, porque valen para quitar los crucifijos pero no se mencionan siquiera cuando de lo que se trata es de implantar el islam en las escuelas españolas.

Con esta regla de tres de  los enemigos de España y de los tontos que engañados les hacen el juego, Franco tiene que ser sacado de su tumba, a pesar y sin importar que la tumba está en medio el campo y el que no la quiere ir a ver no va (yo por ejemplo no he ido nunca) porque para encontrarse con ella hay que coger el coche e ir expresamente a verla por una carretera de montaña, porque la “reconciliación” dice la Ley de Desmemoria, Falsificación y Manipulación Históricas, y acepta la Sentencia sin ningún análisis de legalidad como es su obligación (art. 106, 1º CE) exige el revanchismo de la profanación de la tumba como paso previo para la ilegalización y demolición de todo lo demás, porque para los rojos, y para los tontos que caen en su engaño,  los crímenes sólo son crímenes no objetivamente considerados, sino dependiendo del color político.

2.- Y demuestra también, en segundo lugar, el fraude y la falta de ética profesional, de los políticos-legisladores, de los medios de comunicación,  y de los funcionarios (de la Administración, policías, jueces y fiscales, en especial  los Fiscales del odio) que a sabiendas de la exaltación de unos asesinos, esta vez sin discusión posible, se prestan al mamoneo de la excusa del “odio” y del “genocidio”, para perseguir españoles que son la antítesis de ese odio y de ese genocidio, pero a los que hay que exterminar para poder implantar en España el Gobierno Mundial, el Islam y su destrucción como Nación cristiana,  sin resistencia nacional posible. En este afán sólo es delito negar un solo Holocausto (sólo el Holocausto que le conviene a los rojos, los demás holocaustos se puede hacer lo que se quiera porque hasta ese extremo llega la tiranía y la sinrazón del Estado policíaco de los rojos),  y lo de Franco también es apología de no se qué aunque esté el hombre enterrado en una Basílica en medio del campo que para verla hay que ir expresamente a verla,  pero eso para los rojos también es apología de no sé qué y no se puede consentir, pero el estadio Lluis Companys o la enorme avenida Luis Companys de Barcelona eso es libertad y democracia.

Se entiende ahora que gritarle a Ortega Lara, a la entrada de los actos de VOX, que la ETA lo mate o lo vuelva a meter en el zulo, para la Fiscalía, no tenga ninguna importancia, o miren para otro lado cuando la ultraizquierda arranca adoquines para descalabrar a los asistentes a los actos de VOX, pero sin embargo si un grupo de españoles quiere manifestarse libremente en el Valle de los caídos o donde corresponda, allí va la policía a machacarlos y allí van los jueces y fiscales a pedir penas de cárcel que luego no piden cuando se trata de signo contrario. Y se entiende ahora que Barcelona esté en llamas desde hace 4 días y el Gobierno no haga nada, ni a los que detenga le va a meter 14 años de cárcel, los 14 años son sólo para los “franquistas” de Blanquerna que comparado a sus tres empujones y tirar de un atril una bandera,  con lo que están haciendo los separatistas incendiando Barcelona, quemando coches y saqueando tiendas, no es que no sea nada es que es menos que nada. Pero esta es la “Justicia” que tenemos en España y la  Fiscalía del odio que hay en España, y es en este contexto de abuso y desproporción donde ha sido esta sentencia que queda para los anales del Tribunal Supremo que se ha cubierto de gloria con ella. El agravio comparativo, y la falta de Democracia, por el descaro como se perpetra, es enorme.

oo0oo

El colmo del despropósito, que rompe ya toda posible duda de que estamos como en los meses previos a la guerra civil, ha sido la recién dictada Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respecto del golpe de Estado en Cataluña y su proceso revolucionario, que la pena más alta que ha impuesto, y únicamente al que ha considerado como cabecilla, ha sido de 13 años (y encima hablando ya con todo descaro de la forma de aplicarles el tercer grado y eludir la condena) cuando las penas a los falangistas de Blanquerna por nada (por tirar una bandera catalana de un atril y que se deslizara al suelo, y por dar 4 empujones tan flojos que parecen de plastilina, las imágenes están gravadas y puede comprobarse, en una acción que apenas pasa de un minuto de reloj) impuestas por esta misma Sala de lo Penal, fue de 14 años.

Comparemos ambas acciones:

1.- Lo de Blanquerna es una acción que si la hubieran cometido los rojos no habría tenido la más mínima trascendencia jurídica, de hecho los rojos y los separatistas (perdón por la redundancia) cometen acciones no de dar un empujón pequeño, flojo y sin ninguna consecuencia para el que lo recibe sino agresiones en toda regla de enorme brutalidad y violencia en la Universidad de Barcelona y no pasa nada. Vamos a tener ocasión de verlo con el CDR que agredió hace unos días a una señora en Tarragona cuando después de arrebatarle la bandera de España, la señora quiso recuperarla y el separatista le dio un golpe de codo girando con el cuerpo para coger más fuerza y la pobre señora fue al suelo con el ojo como el de un boxeador. El tipo fue detenido no en ese momento, porque la policía sobre todo está para detener “fascistas” y dejó que el agresor se marchara (la famosa “legalidad republicana” otra vez), sino al día siguiente obligados a ello por el efecto mediático de la agresión en los medios de comunicación, pero es seguro que no le van a caer 14 años como a los de Blanquerna, que si aplicáramos la misma vara de medir que la utilizada para los falangistas de Blanquerna, entonces no le deberían caer 14 años sino 300 ó 400 años dada la diferencia entre el pequeño empujón en Blanquerna más dirigido a que la gente no se les echara encima que a agredir a nadie, y lo que ha sido el codazo propinado con toda la fuerza de un cuerpo girando sobre sí mismo y el resultado de salir la mujer al suelo y en segundos tener el ojo cerrado por la hinchazón como un boxeador.

2.- Lo del golpe de Estado en Cataluña, no duró apenas un minuto y medio como lo de blanquerna, sino que duró semanas en 2017 (y ahora tras la sentencia llevamos 4 días quemando las calles con sus coches y sus contenedores, de lo cual yo debería de alegrarme porque al tío que le han quemado el coche ya la “legalidad republicana” la ve de otra manera, ha hecho falta que le quemen el coche las hordas para que se dé cuenta las consecuencia que puede tener para cada uno, también para él,  el tragarse la propaganda roja y votar al PSOE o a ERC. Se entiende ahora que cuando el General Yague entró en Barcelona en 1939, después de 3 años de estas hordas mandando en Barcelona y violando y asesinando a su antojo, la mujeres se acercaran a besarle las manos, la manos liberadoras, al General Yague. Esta memoria se les ha olvidado a los catalanes, y lo van a pagar muy caro, de hecho estos a los que les han quemado los coches ya lo están pagando). Cientos de miles de personas tiradas a la calle para asediar a los funcionarios judiciales que tuvieron que huir por las azoteas (la famosa “legalidad republicana” otra vez, que los mandamientos judiciales para cumplirlos hay que salir por las azoteas), los vehículos de la Guardia civil desvalijados (armas largas incluidas) y destrozados, el enorme coste económico en millones de € del despliegue policial y de los daños después ocasionados por los separatistas en el mobiliario urbano, acosos a los Guardias en sus hoteles, toda la violencia desplegada en la ocupación de los colegios, las agresiones a la Policía y Guardia civil no sólo en sus intervenciones sino también en sus retiradas, que han quedado para la Historia de la ignominia, huyendo de los pueblos acosados por los vecinos zombbies, y un larguísimo etcétera que todos hemos visto. Con el coste que ello ha supuesto para el Estado tanto el despliegue como los daños en mobiliario, vehículos etc. etc. Y el daño para España en el exterior con los medios de propaganda roja a través de DIPLCAT actuando como una nueva Kominter, para desprestigiar la imagen de España en el extranjero.

Comparemos uno y otro caso, lo de blanquerna por un lado y el golpe de Estado separatista en Cataluña por otro, ¿cuál es más grave?,  sin  comparación posible, porque es como comparar una pelusa con una montaña de granito enorme. Bueno pues a pesar de que la cosa objetivamente no tiene punto de comparación posible, el Tribunal Supremo que de Supremo solo tiene el nombre a los falangistas de Blanquerna les sube las penas y les mete 14 años de cárcel, y al cabecilla del golpe y del proceso revolucionario en Cataluña (sólo al cabecilla, al resto ni eso siquiera) le mete 13 años, es decir uno menos. Esta es la “justicia” que tenemos en España, y esta es la “legalidad republicana” que tenemos en España y que el día de mañana taparán si hoy saliera de nuevo Franco y pusiera fin a este mamoneo en el que se ha convertido la legalidad en España.

La Justicia debe ser igual para todos (art. 14 CE). Ya es bastante desequilibrio que como los que gobiernan son los rojos (los rojos del PSOE y los rojos del PP que puestos a legislar son a cada cual peor), el Poder legislativo está en sus manos y ellos hacen las leyes que les da la gana, y luego hablan hipócritamente del Imperio de la Ley, cuando la Ley no es una verdadera Ley, con un contenido ético, y orientada al bien común, sino que es su capricho, el capricho de los imperantes y su séquito, redactado a su antojo según sus propios conveniencias y publicado en el BOE. Este abuso de posición dominante ya opera un enorme desequilibrio en sí mismo, pero es que encima ni siquiera estas leyes amañadas se aplican por igual, sino que depende de la ideología de cada uno. Si eres falangista en Blanquerna se te echa por mucho menos (por infinitamente menos) más pena que si eres un separatista catalán por muchísimo más (infinitamente mucho más).

Si eres el Concejal de Podemos del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata que tienes colgados unos tuits contra los judíos o contras las víctimas del terrorismo, pues la Audiencia Nacional archiva el caso porque eso es libertad de expresión y castigarlo sería aceptar el “Derecho Penal del enemigo”. Pero si apenas un mes después es denunciado un Brigada de la Guardia civil  de Cádiz por supuestamente poseer unos tuit franquistas y contra Pablo Iglesias que sólo ha visto el denunciante, entonces ya no hay  libertad de expresión que valga, ni hay ningún problema para en este caso aceptar el “Derecho Penal del enemigo”, y el Juzgado de Instrucción de Arcos de la Frontera respecto del Brigada no hace lo mismo que la Audiencia Nacional respecto del Concejal de Podemos Guillermo Zapata, sino que respecto del Brigada se piden 2 años de cárcel y más pena accesoria por parte de la Fiscalía de Jerez que la propia Abogada del Diputado de Podemos denunciante. Luego el Fiscal de Punta Umbría (Huelva) al vendedor ambulante que este pasado mes de agosto apuñaló en el cuello (a pique de matarlo) con una navaja cabritera al Jefe de la Policía Local de Punta Umbría, pide para él tan solo 6 meses de cárcel.

Es decir el Fiscal de Jerez por unos supuestos tuits sobre lo que no hay ni certeza de que realmente existieran (¿pero desde cuándo la “legalidad republicana” necesita pruebas para procesar a un “franquista?) dos años de cárcel para le Brigada franquista, en cambio apuñalar en el cuello al Jefe de la Policía local ya no son dos años son solo 6 meses. Si hubiera sido un “fascista” que hubiera cometido una agresión equivalente a un moro, entonces seguramente no hablaríamos de 6 meses sino de 20 años y no sé cuántas agravantes.

Otro caso sangrante es el de Gamonal. Entre los días 9 y 17 de enero de 2014, centenares de radicales de extrema izquierda asolaron el barrio burgalés de Gamonal. La excusa: protestar contra la aplicación del plan municipal de urbanismo que pretendía construir espacios verdes y soterrar gran parte de las plazas de aparcamiento y del tráfico. Los radicales incendiaron el barrio y generaron destrozos por valor de más de dos millones de €. Los vecinos, sufrieron incendios y rotura de vehículos, daños en sus propiedades y tuvieron que hacer frente al pánico que supuso que grupos radicales convirtieran tu barrio en un campo de batalla. El Fiscal pidió para ellos 2 años de cárcel,  la misma pena que el Fiscal del odio de Jerez de la Frontera contra el Brigada de la Guardia civil de Cádiz por los supuestos tuits franquistas. Esta es la Fiscalía que tenemos en España.

Podíamos seguir “ab nausean” señalando casos y casos donde resulta evidente, por grosero, que la Justicia tiene, como ya ocurriera en la República, dos varas de medir: la que aplica a los rojos y la que aplica a los “franquistas”.  ¿Qué hubiera pasado si Rita Maestre en lugar de asaltar la Capilla de la Complutense, hubiera saltado una Sinagoga?, ¿qué habría pasado si los que impiden la celebración de conferencias en la Universidad de Madrid o de Barcelona y cometen agresiones de una enorme brutalidad, si en lugar de ser grupos ultraizquierdistas que gozan de total impunidad fueran grupos de ideología contraria?   Toda esta situación de impunidad que se está dando en Cataluña con la persecución del idioma Español si algo prueba es que en aquellas áreas que a los políticos no les conviene que llegue la Constitución y la Ley, pues no llega, son zonas de sombra aceptadas por todos los gobiernos cobardes que ha tenido España desde que asesinaron a Carrero Blanco, y resulta que un médico ha hablado en Español en una consulta en lugar de en catalán y lo han querido linchar.

Lo vemos también con la bandera de España, que está perseguida la bandera con el águila de San Juan y no esta perseguida la bandera de la república, con el pretexto hipócrita para tontos de que la bandera del Águila es inconstitucional,  cuando la que verdaderamente es anticonstitucional es la republicana porque el art. 1, 3º  Constitución Española (CE) dice que  “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”, de modo que la República no es la forma constitucional del Estado español, mientras que la bandera con el Águila de San Juan es la bandera que estaba en vigor cuando se proclamó la Constitución española y siguió en vigor hasta 1984 (la Constitución Española es de 1978). Sin embargo  a la verdaderamente inconstitucional que es la republicana no se la persigue y a la verdaderamente constitucional sí, todo ello por razones de persecución y discriminación ideológica y prohibición de libertad de pensamiento, aunque se disfrace con la patraña que no engaña a nadie más que a los tontos de la supuesta inconstitucionalidad de la bandera, que tampoco sería verdadero argumento ni aunque hubiera sido verdad porque la bandera de los separatistas catalanes es inconstitucional y sin embargo tienen toda la libertad para portarla, porque el pretexto es únicamente para perseguir a los franquistas.

Sello conmemorativo de la Constitución Española editado por Correos en 1978, con el escudo del Águila perfectamente constitucional. Pero la propaganda roja y la injusticia de la “justicia” roja, hace pasar la mentira como verdad y la verdad como mentira, para impedir y reprimir la libertad ideológica, a la que no tienen derecho más que los rojos.

En definitiva sufrimos en España desde hace décadas pero intensificado en los últimos años una situación de indefensión tan grande que es preciso también ponerla de manifiesto,  porque es en este contexto de indefensión y de politización de la Administración de Justicia,  en que se ha dictado esta sentencia (esta de Franco y esta otra que ha seguido poco después sobre el golpe de Estado en Cataluña).

Dos son en mi opinión las causas de esta situación objetivamente considerada:

La primera, por los efectos de la propaganda roja. Llevamos 50 años sufriendo la lluvia ácida de la propaganda roja cayendo como una especie de chirimiri o de calabobos sobre los cerebros y los corazones de toda la sociedad, sin que haya nada que lo contrarreste. La politización del cine, del sistema educativo, de la opinión que se da en los medios de comunicación en régimen de monopolio,  y de todo lo demás en el “antifascismo” para entendernos es permanente y es en régimen de monopolio. De hecho una parte importante de la masa social “franquista” (para qué hablar de la derechita cobarde recién salida del Colegio LaSalle u otros como él que lo son todos sin excepción) en el tema de Alemania es víctima de la propaganda enemiga y no tiene ni idea ni conciencia de dicha propaganda. Los jueces están en la sociedad y el chirimiri de la lluvia ácida de la propaganda roja cae sobre ellos, sobre sus corazones y sus mentes,  como cae sobre todos los demás y son víctimas ellos, como lo son el resto, del mismo proceso de lavado de cerebro. Esto lo han explicado agentes soviéticos después de desertar, cómo ellos ponían en marcha estos procesos para tener manipuladas a las sociedades occidentales.

La segunda,  su propia presunta falta de un sentido ético en el ejercicio de sus funciones, que va más allá de la propia ideologización ultraizquierdista de los Jueces y Tribunales (la ideologización puede ser y de hecho es consecuencia de esa lluvia ácida, pero la maldad de negarle la razón a quien la tiene es un acto que va más allá).

La composición en todos los gobiernos del PSOE, pero en especial de éste de Perro Sánchez “El sanguinario”, de un numeroso grupo de ministros que provienen de la carrera judicial y fiscal puede ser la punta de iceberg de esta realidad de un Poder Judicial en manos de la ultraizquierda.  No es lo mismo que juzgue un juez decente que uno como el Comisario Beria, Pablo Iglesias o Manuela Carmena, no es lo mismo ni para el franquista, que lo fríen vivo, ni para los terroristas de ETA y GRAPO  a quien Manuela Carmena cuando era jueza de vigilancia penitenciaria  les daba permisos sin corresponderles, y no la echaron de la carrera judicial.

En la foto, el juez Vidal, con corbata, sentado a la derecha de Oriol Junqueras en un acto separatista en mayo de 2015.

El Juez Vidal,  de la Audiencia Provincial de Barcelona (hoy en el Tribunal Superior de justicia de Cataluña), fue quien condenó al librero Pedro Varela (elcasopedrovarela) por poseer libros “fascistas”, después se descubrió que el Juez Vidal es el que ha redactado la Constitución separatista catalana, y al que han expedientado (pero sin expulsar de la carrera judicial, naturalmente) por confesar él mismo en una conferencia el uso ilegítimo de los datos del censo electoral. Un juez que debe ser garantía de legalidad contando como una gracia cómo la legalidad era eludida con total impunidad por ellos los separatistas.

A veces uno no entiende cómo una sentencia puede ser tan injusta y decir lo que llegan a decir algunas. Claro,  no lo entiendes porque no sabes quién está detrás de esa sentencia,  quién es en realidad el Ponente y que la legalidad le importa un bledo, ellos buscan el sectarismo y “la victoria”, y luego tienen la cara dura de hacer películas para confundir al espectador poniendo en boca de actores pagados que cuando llegó la paz de Franco en 1939, no llegó la paz llegó la “victoria”.

El problema de los jueces ultraizquierdistas, es que son “talibanes”, es decir que pesa en ellos más su ideología, que es una ideología de odio, sobre los valores de la Justicia. Yo no soy juez, pero yo sería incapaz de negarle a una persona una sentencia favorable, si llevaba razón en su recurso, porque esa persona fuera comunista o lo que fuera. En cambio ellos, a decir por sus decisiones judiciales, no tienen reparo de cometer presuntamente los mayores atropellos. Por eso Franco después de la guerra apartó a muchos de ellos, no porque fueran rojos, sino porque habían demostrado lo malos jueces que eran, aunque lo uno fuera consustancial con lo otro.

Luego están casos como el que se ha hecho público hace una semana, que por lo visto el policía de las cloacas del ministerio del Interior  Villarejo ha denunciado al Juez en excedencia Enrique Bacigalupo Zapater, vinculado al PSOE y a Felipe González, que cuando era Juez de la Sala 2ª, de lo Penal,  del Tribunal Supremo cobró vía paraísos fiscales 200.000 $ del grupo izquierdista Prysa para que condenara al Juez Gómez de Liaño y quedara así apartado del caso Sogecable. LO cual de ser cierto sería no sólo un tremendo delito de prevaricación, sino también de cohecho.

Ante noticias como esta, la indefensión de los españoles de bien ante una justicia politizada hasta este extremo, es desoladora.

Por todo ello es importante crear un “Observatorio de la discriminación”,  para que todos estos casos no se pierdan (ya que los medios de comunicación están en manos en régimen de monopolio de los enemigos de España), y puedan ser la base de una Causa General que en el futuro si España se salva encuentre una respuesta judicial adecuada, a través de lo que hoy no existe en España que es una Justicia que de modo independiente busque la verdad y se adhiera a ella, dándole la razón a quien la tenga, no a quien tenga el color político al que hay que beneficiar como “presuntamente” ocurre ahora con clara infracción del art. 117, 1º CE.

Fijados estos  dos puntos previos, podemos pasar ya a analizar la antijuridicidad de la Sentencia.

Primera parte de tres

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6 thoughts on “¿Por qué la sentencia del TS de exhumación de Franco es contraria a Derecho? (I/III)”

    1. Muchas gracias.
      El artículo tiene 3 partes (y no dos como por error se dice), mañana creo que se publicará la segunda parte, y pasado o al siguiente, la tercera parte.

    1. Gracias a usted por comentar y por está siempre ahí al pie del cañón.
      El artículo tiene 3 partes (y no dos como por error se dice), mañana creo que se publicará la segunda parte, y pasado o al siguiente, la tercera parte.

  1. Situación verdaderamente preocupante la que describe este artículo. Nunca antes he tenido la sensación de que vamos camino de repetir la historia, que tras leerlo.
    Por ello, se me ocurre que, con la profanación de la tumba del Generalísimo y de la basílica del Valle de los Caídos (dos infamias que van indisolublemente unidas), es posible que estén buscando una especie de casus belli (similar a lo pretendido con el asesinato de Calvo Sotelo, en su momento) y usarlo como excusa para desencadenar el proceso final de «frentepopulización» o «venezuelización» de España y su moribundo régimen democrático. Yo lo tomaría en consideración, vistos los precedentes históricos conocidos. El estado de la Justicia en España, y no solo de la Justicia, es cosa de «risa» quebrada cuando menos.
    Ya no me cabe duda de que en las próximas y vitales elecciones del 10N, van a intentar cocinar un suculento pucherazo, en la medida que les sea posible; procurando guardar las apariencias.
    Y, como ya he dicho en algún otro comentario, todo este relato hubiera sido imposible en nuestra época, sin la impagable colaboración (activa o pasiva) de curas, «peperos» y monarcas. Bueno es recordarles a todos ellos, una famosa frase del comunista Lenin: “Los burgueses nos venderán la soga con la que los ahorcaremos”.
    Que nadie lo dude: curas, «peperos» y monarcas, serán los primeros de la lista; una vez llegue el momento de ajustar cuentas por los «delitos» cometidos contra la nueva «legalidad» republicana. Es decir, por el simple hecho de existir.

  2. Muchas gracias por su comentario, usted también está siempre ahí al pie del cañón.
    El artículo tiene 3 partes (y no dos como por error se dice), mañana creo que se publicará la segunda parte, y pasado o al siguiente, la tercera parte.

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