Proclamación de la II República y su Constitución

Por Toribio

6/02/2023 Historia

1.- Proclamación y primeras medidas

A las 15,00 h. del 14 de Abril de 1931, el autoproclamado nuevo Gobierno provisional republicano, presidido por Alcalá-Zamora e integrado por los miembros del «Comité Revolucionario Nacional» –no pocos de ellos recién puestos en libertad–, se desplazaba, con grandísimas dificultades debido a la muchedumbre, por la calle de Alcalá de Madrid, desde la Plaza de la Cibeles a la Puerta del Sol, terminando por salir en ella al balcón del Ministerio de la Gobernación donde era vitoreado hasta la extenuación por las masas allí concentradas, quedando así proclamada la II República; entre otras autoridades del momento, el propio Gral. Sanjurjo acudió a poner la Guardia Civil a sus órdenes. Al margen de consideraciones sobre su ilegalidad jurídica, así como sobre la forma en que se había forzado su advenimiento, la II República era ya un hecho consumado y aceptado.

Al mismo tiempo que en Madrid, pero haciendo gala del oportunismo que le caracterizaba, en Barcelona se procedía, por parte de Francisco Maciá, recién llegado de su exilio en Bruselas, a proclamar, no ya la II República, sino la “…República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica…”; trascendental hecho que en cuanto fue conocido por Madrid se interpretó como lo que era: un acto temerario y primer golpe directo contra el recién estrenado y aún nonato régimen republicano. Quede pues constancia de que el primer ataque de consideración contra la aún naciente II República procedió de los separatistas catalanes, y no de aquellos cuyas ideas podían presuponer que fueran más proclives a perder los nervios y alzarse contra el nuevo régimen. 

Esa misma noche comienza en Madrid una febril actividad de publicación de decretos, siendo el primero la promulgación de una amnistía para todos los delitos políticos, sociales y de imprenta; no fueron pocos los lugares de España, como por ejemplo en Sevilla, donde debido a la presión de grupos revolucionarios la amnistía se hizo extensiva de facto a los presos comunes que, junto con los otros, fueron puestos en libertad por las turbas. A continuación se publicaba en la Gaceta (Boletín Oficial del Estado) una larga lista de nombramientos de cargos de todas clases; tal ansia por dejar en libertad a unos y otros tuvo uno de sus principales apoyos en la furibunda comunista Margarita Nelken, a la sazón nueva Directora General de Prisiones. La necesidad de justificar la legalidad de dichos nombramientos, dada su evidente ilegalidad, pues el Gobierno provisional que los emitía y firmaba no había sido elegido por nadie, ni procedía de la celebración de un plebiscito institucional, ni de unas elecciones generales, obligó a dar una explicación a todas luces insuficiente, alegando el «Gobierno», sin rubor, que con dichos nombramientos interpretaban “…el deseo inequívoco de la nación…”. Fueron así designados con carácter provisional, además de otros, Niceto Alcalá-Zamora, como Jefe del Estado, Presidente de la República y del Gobierno; Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical), ministro de Estado (Exteriores); Manuel Azaña (Alianza Republicana), de la Guerra (Defensa); Indalecio Prieto (PSOE), de Hacienda; Francisco Largo Caballero (UGT), de Trabajo; Fernando de los Ríos (PSOE y masón declarado), de Justicia.

Pero si algo iba a resultar realmente llamativo, e incluso trascendental para el futuro, constituyendo además una originalidad sin precedentes, no sólo en España, sino incluso en el mundo, fue la publicación el 27 de Abril de un decreto por el cual se cambiaba la bandera de España, es decir, su enseña nacional tradicional, quedando abolida la roja y gualda, siendo sustituida por una tricolor roja, gualda y morada, intentando el nuevo Gobierno justificar semejante decisión por considerar que “…durante medio siglo (la nueva bandera) ha representado la idea de emancipación española a través de la República…”. En cuanto al color morado elegido para la tercera banda se pretendía justificar aduciendo que era “…el que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad…” en referencia al supuesto color morado del pendón de Castilla. Además, se abolía como himno nacional la tradicional «Marcha Granadera» –oficial desde Carlos III–, sustituyéndose por el denominado “Himno de Riego”, canción compuesta por los republicanos en honor del Teniente Coronel Riego que protagonizó, en tiempos de Fernando VII, el primero de los varios golpes de Estado liberales del azaroso Siglo XIX. El escudo de España también se modificaba, desapareciendo de él la corona real, sustituyéndose por otra de tipo «imperial». Asimismo se desató una furia iconoclasta por la cual se comenzó a cambiar los nombres de las calles que tuvieran algo que ver con la monarquía, así como a retirar de los edificios oficiales los símbolos monárquicos de cualquier época y clase; no se libraron ni las estatuas de los Reyes Godos de la Plaza de Oriente de Madrid.

Todo lo anterior resulta incomprensible, producto sólo de un sectarismo monumental, pues el hecho de cambiar de régimen político no supone en ningún caso necesariamente tener que cambiar de enseña nacional –mucho menos de sustituirla por una de nuevo diseño sin arraigo ni justificación histórica alguna–, ni de himno, ni de escudo. Así pues, lo que ocurría era que la Revolución, al amparo de la República, comenzaba a destapar su verdadera cara, la cara de la anti-España que en realidad representaba. Ejemplo, entre muchos, fue quitar también las estatuas de los Reyes Godos, evidenciando el visceral odio anti-español de las nuevas autoridades e ideologías que hacían tabla rasa y renegaban de nuestra Historia, incluso de la más lejana; ningún partido socialista o comunista francés, británico, etcétera, han tenido nada en contra, sino todo lo contrario, de Napoleón, Isabel II y otras figuras de sus respectivas historias.

Indalecio Prieto, nuevo ministro de Hacienda, que durante años criticara la labor en tal parcela tanto de la Monarquía como de la «Dictadura», exigiendo cambios radicales y responsabilidades personales, ahora, nada más tomar asiento, declaraba que la situación económica era buena y nada de lo que propugnara en su día era ahora necesario; tan radical cambio de opinión, transformación personal y pirueta política, groseramente demagógica, demostraba el talante del personaje y su enorme facilidad para desdecirse sin más explicaciones.

Los diarios «ABC» y «El Debate», los menos propensos a la República y voces oficiosas de los sectores monárquicos, a pesar de los resultados netamente favorables para tal tendencia en las elecciones municipales, manifestaron públicamente su acatamiento al nuevo régimen. Lo que no harían era secundar la campaña contra el Rey y la Monarquía que de inmediato lanzaban los de tendencia opuesta, que no hacían otra cosa que seguir las consignas y airear las decisiones del nuevo Gobierno provisional republicano que decretaba, sin más, la detención e ingreso en prisión de los Gral,s  Berenguer y Mola, acusándoles de colaboración con la Monarquía; de la que, recordemos, sólo fueron Presidente del Gobierno y Director General de Seguridad, respectivamente, designados de acuerdo a la legalidad vigente en ese instante. Asimismo se decretó la incautación de todos los bienes oficiales y privados de la familia real.

Por su parte, la Iglesia, a través de una nota oficial, llamó a los católicos a acatar el nuevo sistema político y colaborar con él en el mantenimiento del orden y el logro del bien común; solicitando, en justa reciprocidad, el respeto de las nuevas autoridades a sus derechos como institución espiritual (ejercicio de su labor de predicación y ayuda social) y de su vertiente terrenal (su patrimonio material, es decir, iglesias, residencias, sanatorios, etc.); esta última parte de la nota fue inmediatamente contestada y criticada con una furia desmedida por las nuevas autoridades republicanas y sus respetivos partidos.

Por su parte, Azaña recibía, como ministro provisional de la Guerra, no sólo el acatamiento de la totalidad de las guarniciones militares de toda España, sino también el entusiasta y decidido apoyo de muchos Generales, Jefes y Oficiales de tendencia republicana y marxista revolucionaria; pues ya las Fuerzas Armadas se hallaban contagiadas de dichas nuevas ideologías. Como primera medida, Azaña emitía un decreto que contemplaba el pase a la “segunda reserva” –práctica jubilación-, conservando los mismos salarios que si estuvieran en activo, de todos aquellos mandos que así lo desearan y solicitaran antes de un mes; anteriormente había decretado que todos los profesionales del Ejército y de la Marina debían jurar lealtad a la República. El objetivo de ambas disposiciones era claro: en primer lugar, se buscaba una rápida y voluntaria “limpia” de mandos monárquicos o de aquellos no declaradamente afectos a la República, y ello como medida previa a otras que ya tenía en mente tal personaje por las que estaba decidido a «…amordazar al Ejército…»; institución a la que personalmente despreciaba, como dejaría constancia en varios escritos a lo largo de su vida. En segundo lugar, perseguía una drástica reducción de las plantillas militares –muchas de ellas sin duda sobredimensionadas y obsoletas– para poder luego rehacerlas sobre la base de mandos manifiestamente leales al nuevo régimen. La intención era politizar el Ejército para ponerlo no al servicio de España, sino de la República. Daba comienzo así la reforma de las Fuerzas Armadas que, aunque necesaria en parte, se apreciará enseguida que ni estaba meditada, ni planeada precisamente para lograr tal fin, es decir, la mejora de su eficacia, sino únicamente para convertirlas en fuerza republicano-revolucionaria con la que, en caso necesario, respaldar con sus armas la revolución en ciernes. Salvador de Madariaga, intelectual fervientemente republicano, comentaría sobre el particular mucho más tarde “…la reforma del Ejército fue políticamente insuficiente y psicológicamente llevada a cabo con una brutalidad suicida…”.

Otro hecho significativo es el que se produce cuando, propuesto el ya Gral. Franco por el Gral. Berenguer para defensor de su causa de cara a su inminente procesamiento, Azaña le puso como condición para autorizarle cesar en el mando de la Academia General Militar, de la que venía siendo su primer director desde su creación en Enero de 1928, y pasar a ocupar el cargo de Alto Comisario en Marruecos. La intención de Azaña era doble: por un lado, dejar sin tan emblemático director a centro de formación tan esencial para el Ejército, no cubrir dicho puesto y cerrar la Academia, lo que hará en breve; por otro, alejar a Franco de la Península, pues sabía que, aunque no se oponía, no era precisamente entusiasta de la nueva república. Franco, consciente de las intenciones de Azaña, no aceptó ni lo uno, ni lo otro. El hecho de negarse provocó un consiguiente revuelo que trascendió a la opinión pública, obligando a Franco a explicarse en un artículo que publicó en «ABC» el 21 de Abril manifestando que “….no aceptaría ningún puesto que pudiera alguien interpretar como complacencia suya anterior con el régimen instaurado, o como consecuencia de haber tenido la menor tibieza o reserva en el cumplimiento de sus deberes o en la lealtad que debía a quienes hasta ayer encarnaron la representación en el régimen monárquico…”, sentado lo cual, ello no le impedía ahora expresar “…mi firme propósito de respetar y acatar, como hasta hoy, la soberanía nacional y mi anhelo de que ésta se exprese por sus adecuados cauces jurídicos…”. De forma ejemplar, Franco, sin ocultar sus preferencias, ni renegar de sus ideales, manifestaba su acatamiento, también leal, al nuevo sistema implantado de acuerdo a la voluntad popular la cual, al menos en ese instante, acogía con agrado y de forma mayoritaria la república; no obstante lo cual no dejaba de anhelar que el nuevo régimen político se expresara «…por sus adecuados cauces jurídicos…”, algo de lo que comenzaba a haber serias dudas.

Los ejemplos mostrados, unos pocos entre muchos, dan una idea clara de que incluso los no convencidos recibían y acataban la República, por lo que de su parte poco o nada debía temer. Otra cosa distinta era lo que comenzaba a ocurrir con uno de sus principales apoyos: el separatismo catalán.

El primer envite desestabilizador se había producido ya en la misma fecha de su proclamación al pretender Maciá declarar la «República Catalana». Y es que aunque dicha tendencia se habían subido en su día al tren republicano, lo había hecho sólo por ver en el cambio de régimen político la oportunidad para que, sobre las aguas del río revuelto, proclamar la separación de Cataluña, único y verdadero objetivo de Maciá y de sus seguidores. Para ello, sin darse respiro, Maciá y los suyos aprovecharon los primeros días de república para hacerse con el control de la Diputación y Ayuntamiento de Barcelona y del resto de provincias catalanas, nombrando cargos de su confianza por doquier; al tiempo, comenzaron a presionar en Madrid. Las presiones fueron tan insistentes y el peligro secesionista tan peligroso que obligaron a Alcalá-Zamora a desplazarse urgentemente a Barcelona para negociar con Maciá la moderación de su postura que estaba claro que ponía en peligro, además de la unidad de España, la estabilidad de la República y el futuro político personal de sus autoridades. Tras laboriosas negociaciones el líder separatista catalán aceptó posponer por “…un breve periodo de tiempo…”, lo que consideraba “…derechos irrenunciables del pueblo catalán a su propia soberanía…”.

El desafío secesionista estaba lanzado, trascendiendo cada día más a la opinión pública, buena parte de las cual veía con alarma la tibieza y falta de claridad con que actuaban las nuevas autoridades republicanas, lo que comenzó a provocar aun mayores dudas sobre su capacidad, voluntad e intenciones; y es que una cosa era aceptar el cambio de régimen, toda vez que fue vox populi la vaciedad a que había llegado la Monarquía, y otra estar dispuestos a aceptar la destrucción de España.

Puede afirmarse, por lo tanto, que, estando todo por hacer, de la prudencia, inteligencia y capacidad de gestión de los recién llegados iba a depender que, además de haber impuesto la República –como en la práctica habían hecho–, pudieran convencer y ganar aun más adeptos, especialmente entre los potenciales opositores, procurando la calma, estabilidad, orden y desarrollo precisos para sacar a España del momento, esperanzador, pero crítico, en el que se hallaba. La situación era buena, aunque pendía de un hilo. Exigía una mezcla de firmeza para contener y neutralizar a los radicales y revolucionarios sobre los que se apoyaban y, al mismo tiempo, la templanza y eficacia suficiente en las reformas –muchas necesarias y deseadas– para conseguir relajar los miedos y oposiciones de los opuestos al hecho republicano, cuya fuerza, aunque de momento contenida, no era desdeñable.

Los primeros días de república daban qué pensar y generaban las primeras dudas, toda vez que resultaba impropio e inadmisible que un Gobierno provisional decidiera de manera tan alegre y caprichosa sobre asuntos que podrían herir muchas sensibilidades; máxime ostentando el poder sin haber sido elegido por el pueblo, ni estar en vigor la nueva Constitución prometida; las Cortes convocadas al efectos apenas iniciaban los debates correspondientes. Esa obsesión por adueñarse de la República y la consiguiente prepotencia por dejar claro que sólo ellos la encarnaban, sólo había conseguido levantar ampollas. Pero todo podría ser perdonado si los siguientes pasos corregían el radicalismo hasta ahora demostrado que, incluso, podría achacarse al nerviosismo de aquellos intensos días; durante ellos iba a ser el propio Manuel Azaña quien dictara sentencia de forma profética “…si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad. Ved que la libertad trae consigo esa tremenda consecuencia…”.

2.- Quema de conventos (10 de Mayo de 1931)

El 10 de Mayo de 1931, apenas un mes y medio después de haberse proclamado la II República y tan sólo tres días después de fundarse Acción Nacional, contando con la preceptiva autorización de la Dirección General de Seguridad, ya republicana, un grupo de monárquicos, con Juan Ignacio Luca de Tena –editor de «ABC»– al frente, proceden en la calle Alcalá de la capital de España a la inauguración de la que pretendían que fuera sede del Círculo Monárquico madrileño; al termino del acto, al que no asistieron más de cincuenta personas, cuando los asistentes se disponían a abandonar el lugar, se encontraron con que en la puerta del edificio se había concentrado un nutrido y bien organizado grupo de agitadores que al poco intentaba su asalto, produciéndose un fuerte altercado que acabó con el apaleamiento de varios de los monárquicos allí presentes. Al tiempo, y con sospechosa coordinación, una nada despreciable turba se concentraba ante la sede del citado diario en el Paseo de la Castellana con la demostrada pretensión de asaltarlo.

La noticia corre por Madrid, pero lo hace bajo la interesada y tergiversada versión de que “…los monárquicos han propiciado un levantamiento contra la República…”, lo que provoca que se pongan en marcha e inunden las calles grandes manifestaciones de estudiantes, miembros del Ateneo madrileño y obreros de su cinturón industrial. Los oradores y cabecillas que surgen por doquier piden, sorprendentemente, a voz en grito “…el desarme de la Guardia Civil; la dimisión del Ministro de la Gobernación; el cierre de las publicaciones que se consideren antirrepublicanas y la expulsión de las ordenes religiosas…”. El Comité Central del aún pequeño, pero ya muy activo, Partido Comunista, se reúne con carácter de urgencia y decide “…declarar la huelga general, el asalto de las armerías y llamar a la confraternización de los obreros y soldados….”. A partir de ese momento, noche del 10 al 11 de Mayo, la revuelta se traslada como reguero de pólvora de las calles de Madrid a las de otras ciudades españolas. Al amanecer del 11 de Mayo las turbas se adueñan de las calles ya perfectamente dirigidas y organizadas marchando específicamente contra edificios de carácter religioso, ante la pasmosa pasividad de las autoridades de todo tipo –civiles, policiales, militares e, incluso de los bomberos–, que con su inhibición van a permitir que durante varios días las turbas sean dueñas y señoras y puedan saquear e incendiar a placer, hasta sus cimientos, muchos de esos edificios. El propio ministro de la Gobernación, Miguel Maura, así lo acreditó al explicar más adelante que el día 11 llamó a los demás ministros pidiéndoles su respaldo para sacar a la fuerza pública a la calle a lo que se negaron todos; incluso reunidos en consejo urgente y extraordinario ese mismo día, se volvieron a negar colectivamente alegando que “…todos los conventos de España no valen la uña de un republicano…”; algunos llegaron a amenazar con dimitir y provocar una crisis gubernamental  si se sacaba a la calle a la Guardia Civil.

Sería prolijo relatar todos y cada uno de los asaltos realizados en todas y cada una de las capitales y pueblos de España, por ello, daremos una relación abreviada pero suficientemente completa de los más importantes para que el lector tenga una idea clara de la gravedad de los sucesos.  Recuérdese que no sólo arden y se destruyen con las iglesias y los conventos sus edificios, sino también innumerables y valiosísimas obras de arte de toda clase –tallas, cuadros, orfebrería religiosa, incunables, etc.– que se guardaban en ellos y que quedaron definitivamente perdidos. Los daños, pues, fueron incalculables, no ya sólo para el patrimonio de la Iglesia, sino también para el de España, su historia y cultura. Además de la vertiente cultural o económica, la «quema de conventos» tuvo un componente espiritual de primer orden, pues el cúmulo de profanaciones realizadas –arrastre por las calles de imágenes religiosas, apaleamiento de sacerdotes, desenterramiento de cadáveres de frailes y monjas, robo de cálices, etc.– constituyeron un agravio especialmente hiriente para las conciencias y creencias de una inmensa mayoría de españoles, católicos practicantes o simplemente creyentes, infiriéndoles una profunda indignación que generó a su vez un primer e indeleble poso mezcla de miedo y rabia –por el momento contenida–, contra aquella república recién llegada, a la que no se habían opuesto, cuyas autoridades e ideologías que la sustentaban habían respaldado fehacientemente a los saqueadores.

Edificios asaltados en Madrid.-

• Residencia, convento e Iglesia de la calle de la Flor (Gran Vía esquina San Bernardo).
• Convento de las Bernardas (llamado de «Las Vallecas», pero sito cerca del anterior).
• Iglesia de las carmelitas de Santa Teresa (Plz. de España).
• Instituto Areneros ICAI (Alberto Aguilera).
• Convento de las Trinitarias (Marqués de Urquijo).
• Colegio de las Maravillas de los Hnos. de las escuelas Cristianas; colegio de las Mercedarias para niñas pobres; iglesia parroquial de Bellas Vistas (Cuatro Caminos).
• Colegio de las salesianas (calle Villamil).
• Colegio del Sagrado Corazón y conventos de Chamartín (Chamartín).

Edificios asaltados en Sevilla.-

• Convento de las “Mínimas”; residencia de los padres Jesuitas; iglesia del Buen Suceso; capilla de San José.

Edificios asaltados en Córdoba.-

• Seminario de San Pelagio; palacio episcopal; capilla de la mezquita; convento de San Cayetano.

Edificios asaltados en Cádiz.-

• La catedral; convento de los dominicos; iglesia de San Francisco; iglesia de Santa María.

Edificios asaltados en Málaga.-

• Convento del “servicio doméstico”; residencia de jesuitas; palacio episcopal; templo de Santo Domingo; colegio de los agustinos; colegio de los maristas; convento de capuchinas; iglesia de San Juan; templo de San Felipe Neri. Fue Málaga una de las ciudades donde más virulencia registraron los incidentes; tanto es así que no quedó más remedio que declarar el «estado de guerra» para poner fin a los desmanes y ello después de que los grupos violentos tuvieran durante toda la jornada el apoyo expreso del propio gobernador militar de la ciudad, el Gral. Núñez de Prado, que desde el principio y públicamente les animó a intensificar su labor incendiaria.

Edificios asaltados en Murcia.-

• Templo de la Purísima; convento de los franciscanos; convento de las Isabelas.

Edificios asaltados en Valencia.-

• Convento de los dominicos; residencia de las carmelitas; colegio de los salesianos; colegio de las teresianas, capuchinos y vocaciones; convento de San Julián y San José; palacio arzobispal; colegio de Santo Tomás; monasterio de los Padres Camilos; colegio del Hábeas Christi.

Edificios asaltados en Alicante.-

• Escuelas salesianas; convento de San Francisco; colegio de las Hermanas Carmelitas; parroquia de Benalúa; convento de las Oblatas; iglesia del Carmen; residencia de los jesuitas; conventos de capuchinos y agustinas; palacio episcopal; colegio de la Compañía de María; colegio de los maristas

Otras poblaciones de Levante.-

• En Játiva, el convento de los Padres del Corazón de María; en Gandía, el palacio de los Duques, donde los jesuitas tenían el seminario.

Como broche final, y para mayor escarnio si cabe, el Gobierno y la prensa republicana “explicaron” los hechos manifestando que tales actos habían sido inspirados y realizados por “…elementos monárquicos deseosos de manchar y provocar a la República…”; los diarios de partidos y grupos revolucionarios, empezando por «El Socialista», órgano oficial del PSOE, expresaron su admiración por los incendiarios, justificando sus desmanes por ser “…ésta la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista…”.

Este cúmulo de despropósitos, especialmente la alevosa inhibición de las autoridades republicanas, suscitó un duro enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica y en especial con el cardenal Pedro Segura, Arzobispo de Toledo y Primado de España quien, con el respaldo del resto de obispos, hizo pública una nota de queja y repulsa por la fragrante violación de los derechos de la Iglesia, no sólo por los incendios y saqueos realizados, sino también por la promulgación en aquellos mismos días de una larga serie de disposiciones gubernativas manifiesta e injustificadamente anticlericales:

* Secularización de cementerios, hasta entonces administrados por la Iglesia como parte de sus funciones espirituales, pasando a depender de los ayuntamientos; prohibición de entierros con rito religioso.

* Separación oficial de la Iglesia y el Estado.

* Prohibición al Ejército y autoridades gubernativas de participar en actos religiosos; supresión de honores militares al Santísimo; supresión de las cuatro órdenes militares tradicionales españolas.

* Privación de derechos civiles a la Confederación Nacional Católica Agraria por el mero hecho de llevar el nombre de “católica”.

* Prohibición a la Iglesia de participar en los Consejos de Instrucción de la Enseñanza; supresión de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas primarias y superiores; prohibición del crucifijo en las escuelas.

* Intervención del Estado en el tesoro artístico de la Iglesia.

* Infracción de la inmunidad personal eclesiástica.

* Anuncio de que la República no iba a hacerse responsable subsidiaria de los causados por la quema de conventos posible en su mayor parte por la inhibición de las autoridades, incluso prohibiendo a los bomberos intervenir.

* Incluso, en Junio, en un hecho sin precedentes, se ordenaría la expulsión de España del cardenal Segura.

Así, tan sólo un par de meses después de proclamada la República, ésta mostraba su rostro visceralmente anti-religioso, hundía las relaciones con el Vaticano y abría un grave conflicto diplomático con la Santa Sede. Tamaña vesania antirreligiosa –innecesaria, injustificada, radical, revolucionaria, jacobina y fanática– de la que desde sus inicios se mostraba impregnada la II República, y con ella no sólo los republicanos, sino también sus más fervientes apoyos, es decir, anarquistas, socialistas y comunistas, no sólo perjudicaba a la Iglesia como institución, sino que hería gravemente a una inmensa mayoría de españoles que no encontraban explicación a tal proceder, alejándoles de ella comenzando a considerarla un régimen incompatible con sus creencias que les amenazaba y agredía sin posible justificación, vulnerando sus más elementales derechos y mostrándose tiránica en sus imposiciones.

Tal muestra de violencia legislativa y en las calles, particularmente contra una institución como la Iglesia, especialmente indefensa, representativa de las creencias y el sentir más profundo de amplios sectores de la población, realizada muy poco después de que ella misma de forma voluntaria hubiera anunciado su acatamiento del nuevo orden político, pidiendo a los católicos colaborar con él, resultaba aún más hiriente. Por ello, y por cómo se habían desarrollado los hechos, no mediando provocación alguna, sólo podía explicarse:

* Por parte de los partidos y grupos revolucionarios –anarquistas, socialistas y comunistas– de un primer ensayo de su capacidad de movilización callejera; también de una demostración a los republicanos de su fuerza y decisión de no permitir que la República transigiera lo más mínimo con aquellos que consideraban sus enemigos, como era el caso de la Iglesia; un aviso a esos mismos republicanos de hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para conseguir sus objetivos.

* Por parte de las autoridades y partidos republicanos supuso una demostración de su oportunismo y falta de consistencia, habiendo permitido tan execrables hechos, por una mezcla de odio a la Iglesia, pero también de temor a los revolucionarios, conscientes de que sus fuerzas eran ínfimas en comparación con las de éstos y por ello su supervivencia política personal y partidista dependía de no enfrentárseles.

* En ambos, republicanos y revolucionarios, subyacía la certeza de que el nuevo régimen había nacido de manera ilegal; que no estaba ni mucho menos consolidado y que existían amplísimos sectores de opinión que, aunque momentáneamente descolocados y aturdidos por tan rápidos y profundos cambios, podían reaccionar en cualquier momento. Por ello, les era imprescindible someter a sus reales o imaginarios adversarios a una continua labor de presión y amenazas para conseguir su inhibición por el terror, así como su posible reorganización y consiguiente reacción.

La quema de conventos, así como la batería de decretos anticlericales, fue en realidad un pulso entre las izquierdas-revolucionarias, que veían a la República como un primer paso necesario sólo para continuar hacia su objetivo real, es decir, la Revolución, y los republicanos, cuyo objetivo no era otro que el poder por el poder. Fue también el primer aldabonazo de ambos, republicanos y revolucionarios, contra aquellos sectores que, por una u otra causa, con o sin razón, consideraban real o potencialmente hostiles a sus planes, despreciando el acatamiento que habían hecho al nuevo régimen, aun reservándose, lógicamente, el derecho a combatirlo siempre desde el respeto a sus normas.

Así pues, las izquierdas-revolucionarias, pudieron comprobar el miedo y sometimiento de los republicanos y sus actuales dirigentes; éstos comprobaron la fuerza y decisión de aquellos; unos y otros, sus posibilidades para, desde el poder y desde la calle, imponer su ley a los no afectos, adueñándose de la República bien que sólo como pantalla para el logro de sus intereses ideológicos y políticos personales y partidistas; en ninguno de los casos de los de España.

Los hechos fueron tan graves; sus motivos y consecuencias tan evidentes, que puede afirmarse que la recién nacida II República, como posible régimen político y de gobierno de todos los españoles, había quebrado en tan sólo dos mes de existencia; con estos actos y actuaciones –que no serían los únicos–, el amplio grado de confianza y crédito que se le había entregado por la mayoría de los españoles abrió sus primeras grietas, dejando a amplios sectores de población profundamente defraudados, en muchos casos de forma irreversible. Con ello, además, perdía la “legitimidad” conseguida por el apoyo popular que había obtenido, precisamente justo cuando su “ilegalidad” era manifiesta para todos, incluso para sus dirigentes. Dejaba, pues, la II República, de ser la «República» de todos, lo que era su obligación y hubiera supuesto su consolidación, pasando a ser la «República» de los extremismos, anti-clericales, radicales y revolucionarios. En las llamas de los incendios ardieron también las ilusiones y esperanzas de una gran mayoría de españoles.

3.- Periodo constituyente. La Constitución de la II República

Junto a los graves hechos descritos, preludio de la persecución anticatólica que va a ser característica esencial de la II República, sus autoridades ponían en marcha el proceso constituyente para la elaboración de la que debería ser Constitución republicana.

Sorprendentemente, y como medida previa, el Ministerio de la Gobernación (hoy Interior) prohibía la constitución de gran parte de los consistorios municipales de los Ayuntamientos en los que en las pasadas elecciones habían ganado los partidos «monárquicos», alegando, para justificar tan ilegal medida, que dichos partidos, y por ello sus representantes electos legal y libremente, eran ahora “ilegales” a tenor de la instauración del nuevo régimen republicano; con tal medida se perseguía dejar sin efecto las últimas elecciones que realmente habían sido adversas a los republicanos, al tiempo que hacer desaparecer del mapa político a tales partidos en claro afán por imponer el nuevo régimen cuanto antes y como fuera.

Al unísono, cundía el desgobierno y la inestabilidad política, laboral y social creándose un clima que comienza a parecerse cada día más al existente en los días previos a la llegada de la «Dictadura de Primo de Rivera», desencadenándose una intensa oleada de agitación cuya estrella son varias huelgas especialmente violentas en Sevilla –donde hay que declarar el «estado de guerra» para contenerla–, Pasajes (Vascongadas), Asturias, Bilbao, Huelva (donde se registran seis heridos), Córdoba, Barcelona, Vergara (donde se producen quince muertos), Granada, Málaga, Melilla, Orense o Logroño (donde se registra un muerto), etcétera.

El 4 de Junio, el Gobierno provisional republicano firmaba la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes a celebrar el 28 de dicho mes, dando así el pistoletazo de salida del periodo que debía coronarse con la aprobación de la nueva Constitución republicana, proceso que debía comenzar el 14 de Julio, fecha en la que debían quedar constituidas dichas Cortes con los diputados electos en las elecciones que se convocaban.

Como se ve, las fechas estaban muy apretadas, artimaña del Gobierno que, junto a esa declaración de «ilegales» de los partidos tradicionalmente monárquicos, iba encaminada a impedir a éstos organizarse y presentarse a dichas elecciones en condiciones. Así pues, las nuevas autoridades no sólo conseguían eliminar cualquier vestigio de oposición organizada en ellas, sino también, a caballo de la marea republicana existente, acudir a las mismas con la práctica seguridad de obtener una amplísima mayoría esencial para que la nueva Constitución fuera cien por cien republicana o, mejor decir, revolucionaria.

Comenzada la campaña electoral, competirán en ella multitud de partidos de toda clase y condición entre los cuales, junto a unos pocos y nada organizados pro-monárquicos y otros de «derechas» sólo en fase de embrión, estarán los republicanos y revolucionarios marxistas en plenitud de fuerza y capacidad de convocatoria. Además, figurarán no pocos realmente estrafalarios; que aunque obtengan representación tendrán efímera e irrelevante vida. Asimismo, acudirán por primera vez a las elecciones otros nuevos que tendrán gran protagonismo en el futuro inmediato, como

el recién legalizado Partido Comunista Español (PCE) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM); este último comunista de tendencia trotskista. La campaña no estará exenta de violencias, especialmente contra líderes y miembros de los partidos pro-monárquicos o de «derechas», registrándose varios muertos en Málaga, Daimiel y Badalona.

Celebradas las elecciones los resultados arrojan una clara victoria del partido socialista, así como de los republicanos y secesionistas, confirmándose que la estrategia del Gobierno para eliminar adversarios había sido correcta. Las nuevas Cortes, precisamente las que van a redactar la Constitución republicana, quedaban de la siguiente manera: 117 escaños para el PSOE (líder Julián Besteiro); 93, para el Partido Republicano Radical (líder Alejandro Lerroux); 27, Acción Republicana (líder Manuel Azaña); 16, la Federación Gallega (independentistas con Casares Quiroga como líder); 32, Esquerra de Cataluña (independentistas con Luis Companys al frente); 59, Radical-socialistas; 14, Federales de Franchy; 10, Partido Independiente; 3, Federales de Pi; 4, P. Liberal Demócrata; 17, P. Progresista (líder Aniceto Alcalá-Zamora); 26, P. Agrario («derecha»); 14, Vasconavarros; 14, Agrupación al Servicio de la República (líder Ortega y Gasset); 9, Partido Comunista de España (PCE) (líder Dolores Ibarruri); otros grupos 17.

Dichas Cortes representaban una total ruptura con el sistema de partidos que venía funcionando con la monarquía desde su restauración a finales del Siglo XIX. Aparecía ya un bloque manifiestamente de «izquierda» de marcado carácter revolucionario constituido por el PSOE, el Partido Radical Socialista y la Acción Republicana de Azaña; otro republicano de «centro-izquierda» formado por el Partido Republicano Radical de Lerroux y la Agrupación al Servicio de la República de Ortega y Gasset; otro de «centro-derecha-republicano» formado por los Progresistas; otro, bien que aún en embrión, de «derechas», representado por el P. Agrario; otro secesionista constituido por la Federación Gallega, Esquerra de Cataluña, Vasconavarros, Federales de Pi y Federales de Franchy (algunos de los citados y otros no nombrados, desaparecerán en breve). Lo importante es destacar que ya desde este mismo instante España comienza a ahondar en su división y, dadas las circunstancias, a hacerlo en forma extrema. Las Cortes Constituyentes, es decir, las encargadas de elaborar la nueva Carta Magna, la suprema Ley, tenían, eso sí, un claro color republicano radical y revolucionario marxista –con el PSOE como primera fuerza y el PCE por primera vez en la Cámara–, habiendo sido apeados de ellas, por esa rápida y perentoria convocatoria de las elecciones, los sectores que, aun acatando formalmente el nuevo régimen, no estaban por la labor de aceptar su radicalismo.

Caso especial fue el del PSOE, sin duda el gran triunfador del momento. Su notable e inesperado avance va a abrir en su interior una brecha que, si bien en este instante parece trivial, con el tiempo resultará fundamental de cara a los años venideros. Surgen en su seno, ante el impacto de los abultados resultados, dos ideas e intenciones contrarias sobre cómo administrar la fuerza que le da poseer tantos diputados de cara a la redacción de la nueva Constitución, así como para la formación del nuevo Gobierno. Por un lado, Julián Besteiro, una de sus figuras más descollantes de aquel entonces, sugiere que toda prudencia era poca a la hora de asumir tan importantes responsabilidades, dada la evidente falta de preparación para ellas que aprecia, tanto en los cuadros, como en las bases del partido, así como por lo extraordinario e indefinido de la situación política existente. Besteiro temía, no sólo la posibilidad de que el PSOE se aburguesara una vez sus diputados disfrutaran de las prebendas anejas a su nueva condición de parlamentarios –lo que lo dice todo sobre la poca confianza de tal líder en sus propios compañeros de partido– o que, al disponer de tanto poder, el partido se radicalizara aún más de lo que ya lo estaba, afirmando Besteiro sin tapujos “…temo más a la dictadura socialista que a la burguesa…”. Por otro, Indalecio Prieto, también descollante figura socialista, junto con Largo Caballero, indiscutible líder de la UGT, desoyendo las reflexiones de Besteiro, consideraban llegado el momento de imponer en el Gobierno, y llevar a la práctica desde él, las más radicales ideas marxistas, es decir, revolucionarias, dando la razón a Besteiro cuando expresó sus más negros temores.

A pesar de que la tendencia en el partido se volcaba hacia Prieto y Largo Caballero, con el fin de no ahondar en la división que se intuía, y como concesión al indudable prestigio personal de Besteiro entre los socialistas, se aceptó una solución de compromiso consistente en no implicarse directamente, de momento, en el Gobierno –asumiendo sólo algunas carteras ministeriales, dejando su presidencia a otros–, pero manteniéndose especialmente vigilantes a fin de impedir que el Presidente que se eligiera, o el Ejecutivo en sí, pudieran entorpecer –lo que Prieto llamaba «derechización» del Gobierno– las ansias revolucionarias que latían en el PSOE. De todas formas tal solución de trámite no valdría para mucho, toda vez que las dos tendencias se irán acentuando y alejándose entre sí quedando la de Besteiro, teóricamente moderada, reducida a prácticamente la nada, acentuándose el auge del marxismo revolucionario de Prieto y Largo Caballero.

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Mientras tanto, y todavía como ministro provisional de la Guerra, aunque ya con fecha para dejar de serlo puesto que las elecciones se habían celebrado y estaba previsto que en unos pocos meses se tendría nuevo Gobierno, Azaña no perdía la ocasión –por él tan declaradamente anhelada– de asestar a la familia militar el duro golpe que intentó al poco de proclamarse la República y que si entonces fracasó, como vimos, lo fue por la perspicacia del Gral. Franco: nos referimos al cierre de la Academia General Militar de Zaragoza.

El 29 de Junio, tan sólo un día después de celebradas las elecciones y nada más conocerse sus resultados, Manuel Azaña decretaba el cierre de la citada institución de enseñanza militar, pretendiendo justificar lo injustificable por el “…enorme coste que supone su funcionamiento…”; lo que no era verdad. Con tal medida no sólo dejaba al Ejército sin su principal centro de formación de Oficiales, sino que además clausuraba una institución considerada, dentro y fuera España, como la mejor de su época, hecho refrendado por los más altos dignatarios militares del momento tras visitarla como, por ejemplo, los Mariscales franceses Petain y Maginot.

La Academia General Militar era obra conjunta de los Gral,s Primo de Rivera y Franco; algo que Azaña no perdonaba. La llegada del primero a la Presidencia del Gobierno en 1923 iba a ser decisiva.  Primo de Rivera era consciente de que muchos de los problemas que aquejaban a los mandos del Ejército se debía a que la formación de las distintas Armas se hacía por separado, sin una base que unificase criterios. El 20 de Febrero de 1927, el Gobierno del General aprobaba la creación de un centro de formación único para todos los mandos de las distintas Armas. Con esa misma fecha, el ministro de la Guerra, Juan O´Donell Vargas, presentaba al Rey un Decreto por el que se creaba la Academia General Militar, eligiendo la ciudad de Zaragoza para ubicarla debido en buena medida al heroísmo que habían demostrado sus ciudadanos en su defensa durante la Guerra de la Independencia. En Enero de 1928 se nombraba Director al Gral. Franco, a quien se encargaba la misión de llevar a buen puerto tan importante obra; Franco designó al Col. Miguel Campins Aura como primer jefe de estudios. Puesto manos a la obra con el ímpetu y la capacidad habitual en Franco, fue él quien diseñó la mayor parte del nuevo edificio, su distribución y estilo –mudéjar aragonés, entonces muy en boga–, así como la impronta espiritual, patriótica y técnica de proyecto tan ambicioso, pues no en balde de dicho centro iban a salir los futuros cuadros de Oficiales de toda las Armas del Ejército.

Desde entonces y hasta su cierre por Azaña, Franco venía volcando en la Academia sus más importantes experiencias y conclusiones personales sobre lo que debía ser la formación de los Oficiales de un ejército moderno, entre otros: estableció una edad mínima para ingresar en ella, así como un nivel de conocimientos exigible suficiente, algo que no se había hecho nunca en España; se descartó el amiguismo y la posibilidad de los favores en los exámenes, hechos que él había sufrido durante su formación en Toledo; la enseñanza se hizo eminentemente práctica; fue el primer centro de enseñanza español que fijó en cincuenta minutos la duración de las clases teóricas y en cien las de carácter práctico; se dotó a la Academia de una de las mejores bibliotecas de su tiempo sobre temas militares y de humanidades; se inició la práctica de sesiones de cine exhibiendo películas compradas en el extranjero especialmente educativas, entre ellas de noticieros del momento; los propios cadetes se regulaban, responsablemente, en sus castigos, que pasaron a ser tabulados por un sistema de “puntos negativos”, siendo la buena conducta uno de los factores más importantes para situarse en los primeros puestos del escalafón; un programa de estudios extenso y completo; por último, cada año se realizaban dos grandes maniobras con fuego real en las que intervenían todos los cadetes al mando de la unidad de tropa de apoyo de que disponía la Academia.

El 14 de Julio, el mismo día que en Madrid se constituían las nuevas Cortes republicanas –las cuales elegían a Besteiro como su primer Presidente–, Franco, siguiendo las órdenes de Azaña, procedía a clausurar el curso escolar y, con él, a la propia Academia. Acompañado de todo el cuadro de profesores de la misma –entre los que destacaban Jefes de la experiencia y talla de los entonces Tte,s Col,s Monasterio, Esteban Infantes, Urrutia, Alonso Vega o Asensio, entre otros–, así como de todos los cadetes, y pronunciaba un ejemplar y emblemático discurso que levantó ampollas en el Gobierno –ocasión que aprovechará Azaña para anotar en la hoja de servicios del General una nota de «reprensión», única “mancha” que aparecerá en tan lustrosa hoja–, “…tres años lleva de vida la Academia General Militar y su esplendoroso sol se acerca ya al ocaso. Años que vivimos a vuestro lado, educándoos e instruyéndoos y pretendiendo forjar para España el más competente y virtuoso plantel de oficiales que nación alguna lograra poseer… estudiamos nuestro Ejército, sus vicios y virtudes, y corrigiendo aquéllos hemos acrecentado éstas al compás que marcábamos una verdadera evolución en procedimientos y sistemas…las novatadas, antiguo vicio de Academias y cuarteles, se desconocieron ante vuestra comprensión y noble hidalguía… por ello en estos momentos, cuando las reformas y nuevas orientaciones militares cierran las puertas de este Centro, hemos de elevarnos y sobreponernos, acallando el interno dolor por la desaparición de nuestra obra, pensando con altruismo: Se deshace la máquina, pero la obra queda… ¡Disciplina! nunca bien definida y comprendida. ¡Disciplina! Que no encierra mérito cuando la condición del mando nos es grata y llevadera. ¡Disciplina! Que reviste su verdadero valor cuando el pensamiento aconseja lo contrario de lo que nos mandan, cuando el corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía o cuando la arbitrariedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la disciplina que os inculcamos; esta es la disciplina que practicamos; este es el ejemplo que os ofrecemos…”.

Para los críticos a ultranza de la figura del futuro Caudillo, conviene resaltar aquí que esta era la segunda vez en que, de forma clara y pública, Franco acataba disciplinadamente las decisiones gubernamentales, a pesar de su desacuerdo íntimo con la situación reinante y lo sectario e injustificado de las medidas que se tomaban no tanto contra su obra, como contra el Ejército en sí. Van dos, y aún dará más muestras de ser persona que no estaba por levantamientos contra las decisiones de la República, sólo por no estar personalmente conforme con ellas.

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Sin embargo, no es de esta parte de donde volverían a surgir los peligros para la República y su recién nacidas Cortes, sino de parte de sus pretendidos apoyos, es decir, de los revolucionarias marxistas y de los separatistas.

El 21 de Julio, agitadores comunistas declaran la huelga general en Sevilla y claman por una “Andalucía libre” y la creación de un “Estado republicano andaluz” –entre los implicados figuraron Ramón Franco, hermano del General, y algún que otro militar de tendencia anarquista o filo-comunista–; la capital hispalense quedó paralizada y sumida en el caos, debiéndose declarar otra vez el «estado de guerra». Durante cuatro días Sevilla fue un hervidero de luchas callejeras, escaramuzas y muertos por parte tanto de los huelguistas como de las fuerzas del orden. La denominada “Casa Cornelio”, lugar donde se reunía el «Comité Revolucionario Comunista» que dirigía la huelga, después de ser desalojada, fue destruida a cañonazos por orden del Gobernador Civil republicano como represalia y para ejemplo.

Pese a todo, en las nuevas Cortes los revolucionarios sevillanos encontraron amparo, siendo no pocos los diputados que los defendieron y aprovecharon los sucesos para agitar la Cámara, consiguiendo, por de pronto, la paralización de los procedimientos judiciales contra los numerosos detenidos que por ello fueron puestos en libertad sin consecuencia alguna, consiguiendo así que un acto de tal gravedad, con resultado de varias muertes, quedara impune. Nuevamente la II República y sus dignatarios hacían dejación de sus obligaciones. El mal ejemplo era otra vez palpable haciendo realidad, de paso, el comentario del diario del Vaticano, L´Osservatore Romano, que por aquellos días manifestaba “…el comunismo ruso considera a España, desde hace tiempo, como la deseada presa cuya conquista no parece ni larga ni difícil…”; Lenin así lo había dicho en su momento.

Consecuencia de tanta inestabilidad social es el hecho, que constatan los ministros económicos del Gobierno, de que la situación de la economía española comienza a dar síntomas de enfermedad. La peseta se deprecia, aumenta el paro, baja la producción y aparecen los primeros síntomas de hambre en las zonas más atrasadas. Indalecio Prieto, desde su cargo de ministro de Hacienda, prolonga el monopolio de petróleos creado por Calvo Sotelo en tiempos de Primo de Rivera y que entonces fuera tan denostado públicamente por el propio líder socialista que ahora calla. Aquella buena situación económica que reconociera el mismo Prieto comienza a hundirse.

Por su parte, los grupos secesionistas catalanes no cejan en su empeño. Tras una fuerte campaña a favor del “estatuto de autonomía”, para ellos eufemismo de «separatismo», consiguen el respaldo de los ciudadanos de tal región en un plebiscito ilegal celebrado el 2 de Agosto. Aprobado en Cataluña, los partidos separatistas catalanes lo consideran de inmediato como ley fundamental y lo remiten a las Cortes, aún constituyentes, solicitando su ratificación; desde el balcón de la Generalidad de la Plaza de San Jaime de Barcelona, Francisco Maciá declaraba “…ahora que somos libres, estaremos al lado del Gobierno que es digno de la República revolucionaria española…”.

Siguiendo el ejemplo catalán, el 22 de Septiembre de 1931, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) hacía entrega oficial a Alcalá-Zamora de su propuesta de estatuto para Vascongadas y Navarra; dicho texto había sido elaborado y aprobado en Estella el 14 de Junio por los alcaldes que tal partido poseía en dichas regiones, con la particularidad de que del acta se borró a los que no se mostraron conformes, especialmente en Álava y en Navarra, provincias en las que la oposición a la secesión era mayoritaria toda vez que en ellas abundaban los tradicionalista.

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Mientras todo lo anterior se producía, la vida política de España estaba pendiente de la elaboración de la futura Constitución republicana, hecho fundamental para el futuro de la nación y del nuevo régimen.

Hubo un primer anteproyecto que resultó un completo fracaso porque en él se recogían los más extremos postulados revolucionarios del momento, asustando tanto a propios como, claro está, a extraños; y es que no pudo ser de otra forma toda vez que la comisión encargada de su redacción confesó que para su elaboración se había basado en las Constituciones del Méjico revolucionario de 1917, de la Rusia bolchevique de 1918 y de la inestable Alemania de Weimar de 1919, siendo la influencia socialista y revolucionaria de tal calibre, que resultaba hasta grosera.

Se decidió entonces que la redacción de la Constitución la realizaran las propias Cortes. Serían casi sesenta las sesiones parlamentarias de debate que iban a realizare hasta conseguir el objetivo encomendado; sesiones que se iban a caracterizar siempre por la rudeza de las intervenciones de los diputados, llegándose ocasionalmente a las manos entre algunos y, como veremos, incluso al abandono de la Cámara por los representantes de los minoritarios partidos de «derechas» ante el acoso al que se les iba a someter por parte del resto de diputados. Los trabajos se prolongarán hasta Diciembre, aprobándose definitivamente el nuevo texto constitucional el día 10 de dicho mes.

De inmediato se hizo evidente que el procedimiento seguido para aprobar la nueva Constitución adolecía de parcialidad, absoluta falta de transparencia e, incluso, de legitimidad. Efectivamente, en contra de lo que se iba a hacer, una Constitución, es decir, la carta magna y máximo marco legal de una nación, no puede ser elaborada por un Parlamento en el que exista una mayoría de una tendencia política determinada –da igual que en este caso fuera la republicano-revolucionaria-secesionista–  pues, lógicamente, la misma impone sus votos sobre la minoría, por lo que en realidad, en vez de un texto imparcial, equilibrado y válido para todos –independientemente de la mayoría política del momento–, resultaría, como así fue, uno politizado, partidista, sectario y excluyente; y ello aunque las Cortes, como era también el caso, fueran el resultado de unas elecciones, las cuales, como todas, son sólo representativas “del momento”, mutable en el futuro según las circunstancias y la opinión del electorado. Si además, la furia republicano-revolucionaria-separatista estaba, como así era, implantada en todos los partidos con mayor representación en la Cámara, malamente iban a poder ser los debates equilibrados; de ahí su abandono por los partidos de «derechas» ante la constante labor de imposición de los demás. Así, su retirada lo será para dejar bien claro que no apoyarían un texto constitucional que iba a serlo sólo de parte del pueblo español y no de todo él, algo que, sin embargo, no importó ni a republicanos ni a revolucionarios, ni menos aún a los separatistas, decididos todos a imponer sólo y exclusivamente su ideario en la nueva Constitución; a pesar de que tal hecho suponía un nuevo quebranto –y ya iban varios en muy poco tiempo– para el prestigio de la República, cuya viabilidad iba a sufrir un duro golpe que por afectar a la Constitución revestía especial gravedad.

El motivo concreto que colmará la paciencia de los diputados de «derechas» y que les llevará a abandonar las Cortes será bien representativo del espíritu que animaba a republicanos, revolucionarios y separatistas: los debates en torno a la redacción de los artículos 26 y 27 de la Constitución. Con ellos se pretendía amordazar a la Iglesia de tal forma que prácticamente se la ponía al borde de la extinción en España, impidiéndosele de facto su labor, ya no sólo religiosa, sino también social y educativa que era ingente, la cual, lógicamente, beneficiaba a los más desfavorecidos. La saña antirreligiosa perseguía, por un lado, descristianizar a los españoles imponiendo un laicismo radical en todos los sectores de la vida ciudadana, especialmente en la enseñanza; por otro lado, negar a los miembros de la Iglesia sus derechos civiles básicos haciéndoles desaparecer de la vida de la nación. Los artículos citados eran no sólo un ataque directo contra la Iglesia, sino también contra todos los católicos españoles, fuera cual fuera su ideario político; no hay que olvidar, además, que los católicos eran amplísima mayoría entonces en España, por no decir práctica unanimidad. Quedaba así claro uno de los objetivos de republicanos, revolucionarios y separatistas por obtener en las Cortes la mayoría absoluta que les permitiera imponer su furia antirreligiosa, común a todos, en la nueva Constitución. Además, en otros artículos se reconocía el derecho al divorcio y se ponía toda la riqueza artística e histórica de la nación, sea quien fuere su dueño, bajo la tutela del Estado, lo que era en realidad la declaración de una nueva «desamortización» si cabe aún más radical que la famosa del liberal Mendizábal durante el Siglo XIX, pues a nadie se le ocultaba que buena parte de esa riqueza era propiedad de la Iglesia. Para más inri, una vez redactados y aprobados dichos artículos, ya sin el concierto de los partidos de «derechas», como se ha dicho, Manuel Azaña no se recataría en manifestar públicamente en las Cortes “…España ha dejado de ser católica, el problema político queda reducido a organizar el Estado de acuerdo a esta nueva e histórica etapa política del pueblo español…”; afirmación gratuita que sólo consiguió herir aún más si cabe las ya de por sí muy sensibles susceptibilidades de amplísimos sectores de población que comenzaban a sentirse realmente amenazados, sin haber hecho nada para ello, sólo por sus creencias religiosas que eran, además, mayoritarias en España.

Otro grupo de artículos que generó la repulsa de los partidos de «derechas» fueron aquellos que abrían de manera ostensible la puerta a la desintegración de España. Por ejemplo, el artículo octavo definía a España como Estado “…integrado por municipios mancomunados en provincias y regiones que se constituían en régimen de autonomías…”; el segundo, aunque proclamaba el español como lengua oficial, reconocía la existencia de otras regionales al mismo nivel que aquella; el quince, cedía competencias estatales a las regiones autónomas, lo que creaba, para los separatistas, el marco legal idóneo y suficiente desde el que avanzar hacia la secesión sin tapujos, bastando para ello retorcer el texto constitucional desde el mismo momento de su aprobación. Como vemos en la actualidad, la Constitución de 1978 ahora en vigor, con los resultados que observamos, recogió gran parte de la republicana de 1931, sólo que a diferencia de lo ocurrido con aquella, en 1931 amplios sectores de población vieron con claridad que con tales reconocimientos y cesiones –por otro lado sin justificación ni histórica, ni social, ni étnica, ni política, ni económica, ni moral– las «autonomías» iban a ser el embrión de procesos separatistas, ante todo catalanes y vascongados, ya que sus dirigentes no iban ni a conformarse con aquellas, ni a acatar su marco legal dentro del Estado español, ni a utilizarlas para una colaboración leal entre todas las regiones de España para fortalecer a ésta y trabajar en pos de su desarrollo, sino todo lo contrario. Con tales cesiones la II República daba de nuevo muestras de su inviabilidad, en este caso por suicida, pues dichos artículos de la Constitución lo único que hacían era sentar las bases para la desintegración de España.

Por si fuera poco lo dicho para demostrar por dónde iban los tiros del sectarismo de republicanos, revolucionarios y separatistas, el artículo primero de la nueva Constitución definía a España como “…una República de trabajadores de todas clases…”; muestra evidente de la influencia marxista bolchevique que anegaba al PSOE.

Curiosamente, el reconocimiento del derecho de voto a las mujeres que recogía la Constitución, se aprobó por 160 votos a favor –casi todos del Partido Republicano Radical de Lerroux, la Alianza Republicana de Azaña y los de la incipiente «derecha»– por 121 en contra, constando entre estos últimos los del PSOE y otros partidos revolucionarios, como los comunistas, que se opusieron por considerar que en general el voto femenino les iba a ser contrario por estimar que las mujeres españolas eran fundamentalmente conservadoras y estaban muy influidas por ideas y prácticas religiosas; el hecho dejaba en evidencia tanto el sectarismo de los socialistas, como esa nefasta elaboración de la Constitución de la que hemos dado cuenta.

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Mientras se llevan a cabo los debates de la nueva Constitución republicana, se producen dos hechos que ahondan el distanciamiento de grandes sectores de la población hacia lo que se estaba aprobando, así como hacia la propia República. Por un lado, se profundiza desde los estamentos gubernamentales, ahora republicanos, en los ataques contra la Monarquía, llevándose a cabo numerosos encarcelamientos de personas que habían tenido algo que ver con ella, principalmente de sus ex-ministros, se decretaba la incautación de sus bienes y se tachaba públicamente de tirano y traidor a Alfonso XIII; todo ello de forma injustificada e ilegal, pues una cosa era que aquella Monarquía hubiera quedado vacía, y otra muy distinta que hubiera sido un régimen tiránico y traidor a España, mucho menos que los que habían figurado en él sobre la base de su legalidad y legitimidad fueran responsables de nada punitivo. Por otro lado, y de manera inesperada, siendo lo más grave y llamativo, Azaña proponía y conseguía que se aprobase, no olvidemos que en unas Cortes todavía constituyentes, con los votos a favor de republicanos y revolucionarios marxistas, la denominada «Ley de Defensa de la República», justificada, según él, por la necesidad de restaurar el principio de autoridad, tan deteriorado –sino perdido del todo– por el lamentable estado de agitación social que vivía España; olvidando que esa agitación había sido arma predilecta de Azaña, los republicanos y revolucionarios marxistas en su estrategia de acoso y derribo de la Monarquía, y que si seguía vigente era porque seguían practicándola.

En realidad, lo que Azaña, los republicanos y revolucionarios marxistas, además de los separatistas, pretendían con dicha ley, máxime aprobándola durante el periodo constituyente en el que disfrutaban de amplísima mayoría en las Cortes, no era otra cosa que «blindar» a la República dotándola de un especial medio represivo contra los que consideraban sus potenciales enemigos; el propio Azaña desveló tal objetivo al manifestar “…la República no está en peligro, pero para evitar que el peligro nazca es necesario esta Ley…”; la conciencia de que la II República había llegado de forma ilegal y de que los pasos que se estaban dando, así como los que se pretendían dar, iban a herir directa y profundamente a muchos sectores de la población, obligaba a poner la venda antes de producirse la herida.

El citado texto articulaba una ley especialmente restrictiva de los derechos que la Constitución iba a conceder en breve como la inviolabilidad del domicilio, del correo, el derecho de reunión y manifestación, etc., demostrando que lo eran sólo de cara a la galería, poniendo en manos del Gobierno un instrumento totalitario para, con él, poder coartar, limitar o reprimir las actividades de quien considerara oportuno; tales eran las prerrogativas que se le otorgaban. Tal ley equivalía, de facto, a una suspensión permanente y anticipada de las garantías y derechos constitucionales. Voz tan autorizada e imparcial como la del diario británico «The Times», al analizar la citada ley, concluyó que suponía una restricción drástica de las libertades individuales que “…no se hubiera tolerado ni bajo la Monarquía, siendo prueba del fracaso de las Cortes constituyentes para articular un marco de convivencia legal para todos los españoles…”; así, se daba la paradoja, más bien se evidenciaba la malicia, de que antes de reconocerse los derechos constitucionales, ya se preveía su cercenamiento, y ello a propuesta, precisamente, de los propios impulsores de la recién estrenada II República que se presentaban como adalides de la imparcialidad y el equilibrio.

Preceptos esenciales de dicha Ley, que confirman lo dicho, eran aquellos por los que se definían como «actos de agresión contra la República», los que siguen:

• La incitación a resistir o desobedecer sus leyes.
• La incitación a la indisciplina o antagonismo entre institutos armados o entre éstos y los organismos civiles.
• Difundir noticias que puedan perturbar la paz o el orden público.
• La comisión de actos violentos contra personas, cosas o propiedades por motivos religiosos, políticos o sociales.
• Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones del Estado.
• La apología del régimen monárquico o de las personas que pretendan asumir su representación, así como el uso de emblemas, insignias, etcétera, de tal régimen.
• La suspensión o cese de industrias o labores de cualquier clase sin justificación bastante.
• Las huelgas no anunciadas con ocho días de antelación; las que se declaren por motivos no relacionados con las condiciones laborales y las que no se sometan a procedimientos de arbitraje y conciliación.
• La alteración injustificada del precio de las cosas.
• La falta de celo o negligencia de los funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones.

Como se ve, además de lo premeditadamente vago y excesivamente interpretable de los términos empleados en tales prohibiciones, resultaba paradójico comprobar cómo todos ellos habían sido utilizados contra la Monarquía y la «Dictadura de Primo de Rivera» por los mismos que ahora los prohibían contra la República. El propio Azaña volvería a ratificar lo hasta aquí dicho “…(la Ley) tenía sólo un defecto y es el de haber tardado seis meses en nacer, pues aunque la República no está en peligro, es buena esta Ley para evitar que surja…”.

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Finalmente, sin oposición presente en las Cortes tras abandonarlas los partidos de «derechas», y atemorizada gran parte de la opinión pública por la entrada en vigor de la «Ley de Defensa de la República», la aprobación de los artículos de la nueva Constitución fue más fácil, desarrollándose ya las sesiones en un ambiente de amiguismo y componendas políticas entre los grupos republicanos, revolucionarios marxistas y separatistas. Aprobada la Constitución el 10 de Diciembre de 1931, el día 11 era investido como primer Presidente efectivo de la II República y Jefe del Estado Español, Niceto Alcalá-Zamora; quien, para mantener su pretendida fama de católico fervoroso, durante la discusión de los artículos de la Constitución relativos a los asuntos religiosos había escenificado su “dimisión” en supuesta protesta por los mismos, lo que, una vez aprobados, no le impedía volver al primer puesto de la actualidad política y aceptar la máxima autoridad –y, por ello, responsabilidad– del régimen republicano, demostrando que su «dimisión» no había sido más que un acto demagógico y una de sus habituales piruetas políticas para engatusar ingenuos.

Nacía así, de forma tan sectaria e ilegítima, la Constitución de la II República cuya vesania revolucionaria era evidente, así como su parcialidad, sectarismo y, por ello, inviabilidad que no tardaría mucho en hacerse especial y gravemente patente; en mucho recordaba esta Constitución a aquella de 1812 de consecuencias tan dramáticas. De nuevo España perdía una oportunidad de salir de su funesta encrucijada por vías de equilibrio y moderación. Pero es que la furia republicano-revolucionaria-separatista no estaba dispuesta a dar opciones a nadie. Conviene recordar de nuevo las palabras del propio Azaña que poco a poco iban haciéndose triste realidad “…si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad. Ved que la libertad trae consigo esa tremenda consecuencia…”.

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Como no podía ser de otra forma, la deriva anti-católica y anti-española –por amparadora de los secesionismos catalán y vascongado– que durante su primer año de existencia venía poniendo en evidencia la nueva República, así como el ánimo revolucionario de sus dirigentes y principales fuerzas políticas que la sostenían, despertó todas las alarmas en aquellos sectores de población que la habían acogido, si no con entusiasmo, al menos con respeto, pero que ahora no sólo se mostraban defraudados, sino incluso amenazados directamente sin razón ninguna siendo tachados de forma más o menos directa como enemigos de la misma sin haber dado para ello excusa alguna. Por ello, comienzan a producirse los primeros movimientos de dichos sectores para organizarse y hacer oír su voz y defender sus derechos contra la marea republicano-revolucionaba que todo lo quería invadir.

Una de tales reacciones se concretaba el 7 de Mayo de 1931 al fundarse, por Ángel Herrera Oria –director del diario «El Debate» y acendrado católico que con el tiempo llegará a ordenarse sacerdote y ser nombrado cardenal–, Acción Nacional, grupo que nacía como “…organización de defensa social que actuará dentro del régimen político establecido en España, sin vivir de espaldas a veinte siglos de civilización cristiana y teniendo como lema la Religión, la Patria, la Familia, el Orden, el Trabajo y la Propiedad…”. Con Acción Nacional surgía un nuevo intento –el anterior había sido la UMN– por agrupar a los que, aun acatando el hecho republicano, entendían que la nueva república no podía, ni debía significar una ruptura ni parcial, ni mucho menos total, como parecía intentarse, con la historia de España, con su fe, con sus raíces y tradiciones. Acción Nacional será el embrión en torno al cual comenzarán a agruparse los españoles que, aceptando, repetimos, la realidad republicana, atisbaban con precaución que sus autoridades y las ideologías que la habían traído, no sólo querían apropiarse de ella de manera exclusiva y dirigirla a sus únicos intereses, sino que además parecían querer llevarla en contra de todo lo establecido; y es que no pocos comenzaban a darse cuenta de que la nueva república albergaba en su seno a la anti-España más acérrima, sectaria y peligrosa; es decir, a la revolución que todo lo quería destruir.

En su seno comenzaba a emerger la figura de José María Gil Robles –de 33 años de edad; salmantino; licenciado en Derecho; catedrático de la universidad de La Laguna; miembro de la Organización de Propagandistas Católicos de Herrera Oria; subdirector del diario «El Debate»– intentando coordinar los esfuerzos de todos aquellos grupos, grupúsculos e individuos aislados, de principios conservadores, que reclamaban su derecho a existir, dentro de la República, a la que habían acatado, pero moderando el camino radical y revolucionario propugnado hasta ese instante; el objetivo era crear un partido de amplia base conservadora y nacional, que aglutinara a tan momentáneamente desperdigado, pero mayoritario, sector de opinión.

Con tales principios e ideales, pronto llamará la atención y logrará un rápido y sólido crecimiento de afiliados dispuestos a participar en la vida política y social española activamente y sin complejos, pese a las dificultades que desde todos los puntos surgen y las trabas que desde la propia Administración republicana se les imponen. A tal partido, que en breve veremos evolucionar, se sumarán enseguida destacadas figuras monárquicas y colaboradores de la «Dictadura de Primo de Rivera» como los ex-ministros de esta última José Calvo Sotelo –entonces exiliado en Francia– y el Conde de Rodezno; el intelectual, Ramiro de Maeztu; o el insigne poeta y dramaturgo gaditano, José Mª Pemán. Algunos no tardarán en constituir sus propias formaciones políticas.

Otra, más testimonial que efectiva de momento, tendría lugar en Septiembre en París, al reunirse Alfonso XIII, que cumplía su quinto mes de exilio, con Jaime de Borbón –representante éste último de la línea carlista–, es decir, entre los dos jefes de las dos ramas borbónicas que teóricamente que se disputaban el trono de España, acordando ambos, ante las graves noticias que les llegaban de ésta, aunar esfuerzos para intentar la restauración  pacífica de  la  Monarquía,  zanjando para ello previamente el contencioso sucesorio que duraba desde 1833, aceptando Jaime reconocer a Alfonso XIII como único rey legítimo, a cambio de que éste se comprometiera a orientar la monarquía, caso de lograrse su restauración, en sentido tradicional, alejándola del liberal que venía siendo característica desde el Siglo XIX. Se produce así un hecho único en la historia de la monarquía española y es que los dos representantes de las dos ramas cuyas disputas hicieron correr en el Siglo XIX ríos de sangre en lucha fratricida, se avenían para dejar de lado sus diferencias y procurar la nueva Restauración como única fórmula factible –a su juicio– de encauzar la vida española e impedir que, el camino tomado por la República, terminara llevando a España hacia la hecatombe. El pacto, no obstante, quedaría verbal y sin efecto práctico toda vez que Jaime de Borbón fallecería en Octubre de una caída de caballo; aunque dejó encomendado a su sucesor, Alfonso Carlos de Borbón y de Austria-Este, llevarlo a la práctica, éste no lo hará.

Más trascendencia tendrá para el futuro inmediato una reacción que en sus inicios pasó casi desapercibida entonces. Nos referimos a la creación, por Ramiro Ledesma Ramos –de 26 años de edad; zamorano; funcionario de Correos; licenciado en Filosofía y Ciencias Exactas por la Universidad de Madrid–, de las denominadas «Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista» (JONS), hecho que da a conocer públicamente a través de un manifiesto que titula “La conquista del Estado”. Las JONS quedarían registradas legalmente en la Dirección General de Seguridad el 30 de Noviembre de 1931, celebrando su primer acto público en el número 7 de la Avenida de Eduardo Dato de Madrid. Junto a Ledesma formaban parte del inicial triunvirato dirigente, Francisco Jiménez, si bien éste último sería apartado de las JONS al poco dada su deriva filo-nacional-socialista alemana incompatible con el ideario católico de las JONS, y Onésimo Redondo Ortega –de 26 años de edad; vallisoletano; licenciado en Derecho; funcionario de Hacienda; lector de español en la Universidad de Manhein; fundador del sindicato remolachero de Castilla La Vieja y de las «Juntas Castellanas de Actuación Hispánica» de escasa vida y repercusión; miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, fundada por Herrera Oria y católico ferviente– que en poco tiempo se convertiría en alma del nuevo movimiento.

Marcadamente español, dicho ideario recogía las siguientes premisas: reivindicación de la unidad de la Patria frente a la pretendida desintegración secesionista catalana y vascongada; proclamación de la necesidad de una “revolución social”, pero desde bases españolas ajenas a cualquier otra extranjeras, en especial a las comunistas y bolcheviques soviéticas de origen ruso, pero también a la nacional-socialista alemana entonces en auge; revitalización de los ideales imperiales españoles –que no imperialistas– como sentimiento aglutinador de los españoles; supeditación de los ciudadanos y de sus intereses particulares a los generales de España; sometimiento de la riqueza general al bien común de todos los españoles; reconocimiento y máximo respeto a la religión católica y a la esencia espiritual cristiana de España; supresión de los partidos marxistas; de ser necesario, responder a la violencia «roja» –marxista socialista y comunista– con la «nacional»; creación de sindicatos públicos apolíticos; implantación del «Estado Nacional-Sindicalista»; impulsar la producción agrícola mediante el replanteamiento de la distribución de la tierra; expansión de la cultura española entre las masas facilitando el acceso a la universidad a todos los españoles; eliminación de las prácticas especulativas; llamamiento a la juventud a tomar las riendas del Estado, frente a la caduca burguesía de las «derechas» y a los revolucionarios extranjerizantes de izquierdas “…todo español que no consiga situarse con la debida grandeza ante los hechos que se avecinan, está obligado a desalojar las primeras líneas y permitir que las ocupen falanges animosas y firmes…” (Discurso de Ledesma Ramos).

Como colores distintivos y bandera de la nueva formación se eligieron el rojo y el negro, los mismos que utilizaban los anarquistas de la CNT y FAI, pero como contraposición a ellos pues, para las JONS, el rojo simbolizaba la sangre que se derramara por la Patria, y el negro la acción directa en su defensa; además, en la bandera se insertaba un yugo y unas flechas como símbolos de la unidad de España, ya que tales atributos fueron los emblemas de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, creadores de la misma; en este caso las flechas eran cinco sólo. El lema de la nueva organización “¡Una España, Grande y Libre!” fue idea original de Juan Aparicio, militante de las JONS desde los primeros momentos; con él, las JONS querían expresar el concepto de “una” España única y unitaria sin fisuras, sobre todo frente a los ataques separatistas catalanes y vascongados; la “grandeza” como aspiración natural de los españoles, al igual que lo es de cualquier nación que se precie; la “libertad” de España como Estado nacional frente a la tendencia de los revolucionarios marxistas –socialistas y comunistas– de someter a España a la Rusia bolchevique convirtiéndola en su “satélite”.