¿Qué queda de la Constitución Española tras 42 años? (1º de 2)

Por Joaquín Murrieta

11/12/2020 España

En estas fechas, con la experiencia de ocho lustros y la desesperada y dramática situación actual, es oportuno hacer memoria de cómo nació la “Constitución del 78” (CE) y los cambios que ha sufrido.

La trama de su nacimiento

La Constitución, que fue elaborada por unas Cortes no constituyentes y por representantes de las facciones políticas más que por juristas, se aprobó el 21 de julio de 1978.recisamente cuando el pleno del Congreso de los Diputados se disponía a votar solemnemente el todavía proyecto constitucional, el General de Brigada de Artillería D. Juan Manuel Sánchez Ramos-Izquierdo y el Teniente Coronel de Artillería D. Juan Antonio Pérez Rodríguez fueron asesinados por ETA; había comenzado un cambio en la estrategia del terrorismo separatista. El Vicepresidente del Gobierno, General Gutiérrez Mellado, quien asistió de uniforme a la sesión plenaria del Congreso, a pesar de estar en la reserva y postular la retirada de los militares de la política, aquel mismo día hizo unas declaraciones a TVE que marcarían la pauta oficial posterior: “el terrorismo nos ha escogido como víctimas; considerémoslo un honor, pero no caigamos en su trampa, en su provocación”. En 1975 hubo 17 asesinatos atribuidos a ETA, frente a 86 en 1978, de ellos, solo cinco militares de Ejército.

Antes habían ocurrido la alevosa traición de la entrega de la Provincia del Sáhara a Marruecos; la ignominiosa Amnistía (RDL- 10/1976), aplicada incluso a magnicidas y asesinos terroristas que no había sido juzgados, y que fueron exiliados en aviones militares y asistidos con fondos oficiales; la legalización de la Ikurriña el 19 de enero de 1977, la bandera separatista de Sabino Arana, el PNV y el Gobierno Vasco durante la guerra; la artera legalización del PCE el Sábado Santo de 1977 tras el atentado de bandera falsa conocido como la Matanza de Atocha, el restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña (Real Decreto-ley 41/1977 de 29 de septiembre, primera preautonomía), nombrando como presidente al histórico José Tarradellas; y los secretos “Pactos de la Moncloa” de octubre de 1977. Todo, además del quebranto legal, dentro de un generalizado ambiente de conflictividad social (una huelga general en 1976, dos en 1977 y otra en 1978, más otras dos en 1979) y moral (práctica legalización de la pornografía, el juego y las drogas), junto al grandísimo incremento de la seguridad ciudadana, y un impresionante aumento de la presión fiscal (IRPF: julio 1978).

Pero, como bien dice el Coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños, conviene analizar sus pecados originales. De la mano de la tan cacareada fórmula-trampa “de la ley a la ley”, que acuñó Torcuarto Fernández Miranda, se quebrantó las Leyes Fundamentales y la “Ley de la Reforma Política” (Ley 1/1977). Torcuato, mentor, profesor de derecho político, consejero de Juan Carlos, Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, dio forma a “lo que el rey le pidió”: iniciar un proceso constituyente sin cortes constituyentes, es decir, sin ninguna legalidad. No se hizo una reforma sino una demolición que buscaba una `involución´ hacia la constitución liberal de 1931, incluida la imposición de una forma de gobierno, la monarquía, hurtando al pueblo de esa posibilidad de elección, como, en puridad, debería haberse hecho. Suarez, y sectores de la izquierda y la derecha, querían que en el referéndum se hubiera preguntado: “¿Aprueba el proyecto de Constitución y la Monarquía como forma del Estado español?”.

Prácticamente solo el Cardenal Marcelo se opuso. Como recientemente bien dijo el Cardenal Cañizares, “sin la Iglesia no hubiera sido posible la constitución”. Poco antes del referéndum la Conferencia Episcopal pidió a los que no estaban conformes con ciertos artículos de la Constitución, a través del diario Ya (su periódico, pronto malvendido; 5-XII-1978), que se votaran en blanco. A la vez que reproducía en sus páginas la intervención en TVE del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, pidiendo el voto afirmativo: “No es cierto que la Constitución consagre el aborto, proclame el divorcio, prescinda de la familia, deje de garantizar la libertad de enseñanza ni atente contra la unidad de España”. Juzguen ustedes.

Esta aparentemente paradójica postura de la jerarquía eclesiástica no era nueva ni solo de la Conferencia Episcopal, implicándose la Curia Romana incluso desde el Concilio Vaticano II. Ya había dado claros pasos con el comienzo del desmantelamiento del Concordato de 1953; el 28 de julio de 1976 se firmó la primera modificación del mismo, con un acuerdo que incluso adjudicaba a Juan Carlos I el nombramiento del vicario general castrense con la graduación de general de división. ​Otros `frutos´ fueron la supresión o el traslado de las fiestas religioso-patrióticas de precepto, como la Asunción o Santiago, en marzo de 1977  consecuente con la anterior Ley 16/1976 de Relaciones Laborales.

Dalmacio Negro escribió (Cuadernos de Encuentro, Otoño 2018): «…con la perspectiva de casi cuarenta años, la `transición´, que alguien conocedor de la política calificó malévolamente domo `transación´, ha sido una situación política de crisis permanente coherente con el principio del preámbulo de la Carta-Constitución socialdemócrata de 1978:  “establecer una sociedad democrática avanzada” (Lenin se había referido en Dos Tácticas a las “tareas democráticas avanzadas de la clase de vanguardia” y el jefe del partido comunista uruguayo Arismendi Rodney inventó esa expresión. Ese concepto incluye, obviamente, el principio de autodeterminación de los pueblos, utilizado por Lenin en la inmensa Rusia para destruir la autoridad del Imperio Zarista y las tradiciones rusas».

El 6 de diciembre fue ratificada por referéndum, pero siempre quedará la certeza de que no superó “la prueba de los dos tercios del censo”, tradicional tope de validez de los referéndums, y quedó lejos de una “mayoría cualificada”. Concretamente, los datos fueron:  32’89 % de abstención y 0’75% votos nulos (33’64 en total, más de 1/3), 58’97% del censo votaron SI (87’78 % de los votos válidos), y el 7’39% NO (12’22% de los válidos). Y tampoco puede descartarse que este ajustado resultado no fuera fruto del primer pucherazo de los que habitualmente se producen desde entonces. Solo un año antes, en el referéndum de la Ley para la Reforma Política, votó el 78% del censo y, de los votos emitidos, el 94% fueron SI y el 6% NO.

El rey no la juró, solo la `sancionó´ con la fórmula fue: “mando a todos los españoles… que guarden y hagan guardar esta Constitu­ción”, por lo que puede considerarse una “carta otorgada”, igual que las «leyes Fundamentales», una seudo-constitución, pues, al decir de los `puristas´.        

Fue, repetimos, un retorno, encubierto y a peor, a la liberal-republicana de 1931, dada su esencia atea y desintegradora de la unidad nacional, entre otros graves extremos. Quizá porque, como escribió la web masónica Logia Conocimiento R.L.S. Conocimiento 158 (Oriente de Granada):

«Muchos no lo saben, pero la Constitución Española de 1978 se escribió en una Logia Masónica. La historia es la siguiente. Tras la celebración de las primeras elecciones democráticas de 1977, sólo dos meses después de la legalización del Partido Comunista, las nuevas Cortes Españolas adoptaron como tarea prioritaria la redacción de un texto constitucional, que ahora cumple 40 años de vigencia.

Siete masones son necesarios para forman una Logia Justa y perfecta, donde reina la tolerancia fraterna en la inevitable diversidad humana. Y siete fueron también los miembros designados como “padres de la Constitución”, que trabajaron durante meses para superar sus diferencias, que no eran pocas. Dejaron de hablar, como hacemos los masones en las Logias, de la política y la religión que dividen a los hombres, y se elevaron hacia los grandes principios en los que es posible el consenso fraterno».