Quien aplica una norma tiránica, en tirano se convierte

El Gobierno aplicará la ley de Memoria Democrática por exaltación del franquismo a dos altos cargos del Ejecutivo de Aragón”.

Esmeralda Pastor

Con este titular nos despertaba el diario El Mundo, el pasado tres de septiembre[1]. Los hechos eran los siguientes: la actual Directora General de Justicia del gobierno de Aragón, doña Esmeralda Pastor, había tenido una bandera española con el escudo anterior en su despacho que, desconocemos si era el suyo privado o el de la Dirección General. Y eso implicaba “exaltación del franquismo”… en conformidad con la Ley de Memoria Democrática. Se ve que el Gobierno aplica sus leyes sin conocer siquiera qué es el derecho, cuáles son las fuentes del mismo y cuáles son sus principios fundamentales, entre ellos la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras… Cosa sorprendente, cuando en el Consejo de Ministros se sientan Licenciados en Derecho; algunos con bastantes años de ejercicio en la judicatura.

Digo esto porque la Ley de Memoria Democrática sanciona con cifras astronómicas quien exalte públicamente el franquismo, ofendiendo a las víctimas de la guerra y posguerra. Que Dios me perdone, pero exhibir una bandera con el escudo que presidió el actual texto constitucional hasta 1981 no es exaltación del régimen de Franco; ni nada que se le parezca… No nos volvamos locos y tontos para que nos manejen los tiranos a su gusto y antojo. Más cuando no sabemos si esa fotografía de la señora Pastor es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, cosa que sucedió en octubre de 2022; y por tanto, no puede ser objeto de sanción alguna, ni siquiera de apertura de expediente administrativo sancionador.

Esto bien lo sabe el ministro del Interior, para ello ejerció de juez en la Audiencia Nacional varios años, así como algunos ministros más como Yolanda Díaz, quien posee el título de Licenciado en Derecho y dice haber trabajado como abogada laboralista. Efectivamente, no lo sabe el Excmo. Presidente del Gobierno, pero él no ha cursado leyes como para conocer a la perfección los principios jurídicos que rigen nuestra sociedad. No obstante, para que el Excmo. Señor Presidente conozca que las disposiciones sancionadoras no pueden tener efecto retroactivo, me voy a referir a un personaje histórico socialista, que mucho admira el presidente: Francisco Largo Caballero.

Largo Caballero fue procesado por los hechos revolucionarios de octubre de 1934. La Fiscalía le acusaba de ser el jefe de la rebelión; y como pruebas incriminatorias la Fiscalía se basaba en las manifestaciones públicas que había proferido Largo en los últimos años, por las que llamaba a la revolución social y a desbancar el estado republicano por la violencia, sustituyéndolo por un estado socialista. Pero hete aquí que tales manifestaciones se habían efectuado antes de la primavera de 1934, fecha en que se concedió una amplia amnistía por delitos cometidos con anterioridad. Pues bien, Largo Caballero fue declarado absuelto, pues no pudo probarse en sede judicial que era el jefe de la revolución de octubre de 1934… Una vez adquirida firmeza la sentencia absolutoria, Largo no tuvo inconveniente alguno en reivindicar, nuevamente, la revolución de Asturias como ejemplo a seguir… Lo que nos llevó a una sangrienta guerra civil.

Pues bien, el principio de cosa juzgada es otra de las características de nuestro sistema judicial; y de ello se benefició Largo Caballero para pregonar una nueva revolución a partir de su sentencia favorable en noviembre de 1935.

Las disposiciones sancionadoras no tienen efectos retroactivos, al menos hasta ahora; y la Ley de Memoria Democrática ni siquiera se atreve a sostener lo contrario, salvo que estos fanáticos y airados administradores consideren que las infracciones de la norma memorística son ¡delito de lesa Humanidad!… Cosas veredes, Sancho…

Ello supondría que el Gobierno podría estar incurriendo en prevaricación si dictase una sanción con carácter retroactivo… Digo esto porque lo que han comentado los voceros y brigadistas de la Memoria Democrática es que la señora Pastor había expresado unas determinadas opiniones políticas que se remontan a los años 2012 y 2013…

No obstante, imaginemos que la señora Pastor emitió esas expresiones políticas “incorrectas” a  partir del otoño del 2022, ¿merece ser sancionada por la Ley de Memoria Democrática? En absoluto, pues en mi humilde entender sus comentarios no denigran las víctimas de la guerra. Es decir, no proclaman, por ejemplo, frases lesivas como pudieran ser las siguientes: viva la muerte, vivan los pelotones de ejecución, vivan las denuncias falsas, vivan los jueces de los consejos de guerra, etc. etc. ¿O es que vamos a considerar dañino para las respectivas familias que alguien tenga una opinión favorable de los ministros Ullastres, Girón de Velasco, López Rodó o Luis Carrero Blanco? ¡Qué locura es esta cuando ya no vive ningún soldado de la época de la guerra civil! Aquí lo que hay es mucho tirano camuflado de demócrata, pero mucho… Todas las familias de la guerra, todas, estudiaron en colegios donde estaban las figuras de Franco y José Antonio en las paredes; hicieron el servicio militar con la bandera que portaba el escudo de 1938; recibieron títulos académicos firmados por Francisco Franco; fueron nombrados funcionarios, jurando o prometiendo los Principios del Movimiento Nacional; les otorgaron una vivienda de protección oficial con el emblema de Falange; percibieron además la paga extraordinaria del 18 de Julio; recibieron también una buena pensión concedida por las autoridades del régimen anterior, etc. etc. Y muchos de estos favorecidos votaron al socialismo de Felipe González y Alfonso Guerra durante diez años consecutivos ¿También tienen que ser sancionados estos ciudadanos? El mismo Felipe González perteneció al Frente de Juventudes y muchos de los dirigentes socialistas de hace diez o más años sirvieron en las Milicias Universitarias, cuyo escudo era el yugo y las flechas de la Falange histórica ¿Los van a sancionar también por ello? No me extrañaría nada, habida cuenta las tremendas expulsiones de Leguina y Redondo.

Las opiniones en España son libres. Así lo proclama nuestra Constitución en su articulado, lo mismo que la libertad de expresión y manifestación. Y estos derechos no pueden ser vulnerados por norma alguna, por tratarse de normas constitucionales. Una constitución es una Norma Suprema, que no puede ser adulterada por disposición normativa alguna de rango inferior. Esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho de primer año de carrera: la teoría de Kelsen, admitida por todos los juristas del mundo, pero que parece que desconocida en el seno del Consejo de Ministros…

Pero volvamos a la Ley de Memoria Democrática. Sí existen en la actualidad multitud de personas cuya dignidad está siendo pisoteada grave y silenciosamente, por haber sido sus parientes víctimas de la guerra; me refiero, concretamente, a las familias de los más de 100.000 asesinados, ejecutados y martirizados, así como los cientos de miles de encarcelados y expropiados de sus bienes por las huestes frentepopulistas durante el transcurso de la contienda ¿O es que tampoco conocen los tiranuelos esa regla jurídica que reza que “donde la ley no distingue no se debe distinguir·?

En este periódico, sin ir más lejos, existe un claro ejemplo de lo que acabamos de contar: don Luis Alberto de la Guía Escobar. Como dice en su libro sobre la persecución republicana en La Mancha, su abuelo y su tío abuelo fueron asesinados por las bandas armadas socialistas en su localidad natal de Campo de Criptana. Sin juicio ni interrogatorio siquiera de las autoridades militares pertinentes. Nada de nada.

Nunca se quejó por ello, nunca, hasta que se publicó la antigua Ley de Memoria Histórica de 2007. Entonces decidió investigar y editar un libro muy oportuno, porque se sentía completamente indignado y minusvalorado, tanto familiar como socialmente. Es decir, pisoteado en el plano moral y hasta en el cultural.

A este hombre maduro, en particular, y a su familia, en general, debe de restituírseles la  dignidad perdida ¿Y por qué? Por las enormes mentiras y fantasías elaboradas en la calle Ferraz de Madrid y exigidas, draconianamente, al pueblo español como herramienta de control político de una sociedad moderna, pasando por encima de la ética y la bonhomía. Por ello, espero que la señora Pastor, una vez archivado su expediente sancionador, proceda legalmente contra el temerario denunciante y las sibilinas autoridades que ordenaron la incoación del expediente administrativo, a sabiendas de su irregularidad. A lo mejor así, algunos se enteran qué significa eso de la libertad de expresión.

Y por último, en una sociedad democrática de verdad, la prensa constituye el cuarto poder, como sucedió en Francia en 1898 o en Estados Unidos en 1973 (asuntos Dreyfus y Watergate). Su función es fiscalizar las arbitrariedades del poder público, para que el ciudadano esté bien informado y pueda decidir correctamente en las próximas elecciones. El no denunciar este asunto como se merece, publicando únicamente el wanted del izquierdismo gobernante, es ponernos a todos a los pies de los caballos… Lo mismo que colocar a la buena ciudadanía bajo las botas de una dictadura in crescendo, pero con coartada periodística[2].

[1] 2 de septiembre de 2023, 23:38 horas. Fuente: https://www.elmundo.es>.

[2] Los autócratas modernos no visten uniformes paramilitares como en épocas pasadas, ni son personas de fisonomía corriente, ni tampoco congregan grandes multitudes a su alrededor. En absoluto, prefieren los trajes elegantes y costosos, suelen ser espigados y atléticos, y gustan mucho de todo lujo de comodidades, mientras que el pueblo llano los contemplan con admiración y resignación.


6 respuestas a «Quien aplica una norma tiránica, en tirano se convierte»

  1. Y si añadimos la cobardía, el borreguismo, la mediocridad, el cretinismo, el pasotismo y la miseria intelectual y moral de la aplastante mayoría de la sociedad, ya tenemos el cóctel perfecto para la dictadura comunista que llevamos tiempo sufriendo.

  2. La cuestión de fondo de todo este tema del verdadero escudo de España, que es con el Águila de San Juan, es el fraude de ley y la mentira más descarada en la que permanentemente está situada la extrema izquierda y la anti-España en general, para engañar a los incautos.

    Está claro que no puede ser este escudo anticonstitucional si se tienen en cuenta dos datos objetivos e irrefutables:

    1,- que la Constitución no establece ningún escudo (se refiere a los colores de la bandera pero no hace referencia al escuro), de modo que difícilmente puede ser inconstitucional cuando la Constitución no establece ni diseña ningún escudo.
    2.- dificilmente se puede calificar de «inconstitucional» un escudo que adornó la primera página de la Constitución cuando esta entró en vigor en 1978, y con la Constitución vigente permaneció como el escudo de España, más de un lustro más, hasta el año 1983. DE hecho Correos, en 1978 y tras la promulgación de la Constitución emitió un sello de 5 pesetas conmemorativo de la nueva Constitución consistente en una bandera de España con el escudo con el águila plenamente constitucional, y entre otros muchos datos más recordemos en el mundial de futbol de España 1982 (que la Constitución llevaba ya casi 7 años vigente) cómo los jugadores de España lucían el escudo con el Águila en la camiseta.

    Adviértase el fraude del tamaño de una catedral y la tradicional hipocresía de la extrema izquierda y la anti-España cuando acusa de anticonstitucional al Escudo de España con el águila cuando lo verdaderamente anticonstitucional es la apología que, que al mismo tiempo que acusa de inconstitucional a este escudo, ellos hace de la República del crimen y de la bandera republicana, que estas sí que son verdaderamente inconstitucionales, porque la república del crimen es contraria al art. 1, 3º Constitución Española (CE):
    Artículo 1
    3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

    Y porque la bandera republicana es contraria al art. 4, 1º CE:
    Artículo 4
    1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

    Nótese que la apología de la república del crimen y la exhibición de la bandera republicana están a la orden del día y no pasa nada, mientras que la exhibición de la bandera de España constitucional entre 1978 y 1983,es perseguida y es atacada, y en esta persecución participan incluso los que deberían defender la libertad para exhibirla con más motivo y mayor fundamento jurídico que la libertad para exhibirse la bandera de la república del crimen que esta sí que es abiertamente inconstitucional, que es la Fiscalía roja y la judicatura roja, víctima ambas del lavado de cerebro imperante.

    Resulta evidente por grosero, que lo que está detrás de la persecución del escudo de España con el Águila y su falsa acusación de inconstitucional , no puede ser esta falsa acusación de inconstitucionalidad, porque la bandera de la república del crimen y la propia república del crimen son objetivamente inconstitucionales y sin embargo gozan de todo tipo de privilegios en el momento presente, entonces los motivos tienen que se otros. ¿Cuáles son estos motivos?

    Yo creo que el problema está no solo en el Águila sino también en el lema que tenía este escudo: «Una, Grande y Libre», porque el nuevo escudo sin águila quitó también este lema, y algunos cambio más (redujeron los cuarteles, quitaron el yugo y las flechas por separado de los Reyes Católicos). En realidad el nuevo escudo es un escudo capado, que frente a la grandeza de España que evoca el escudo con el Águila, el nuevo escudo representa la decadencia de España, (hay quien piensa que incluso cede a la leyenda negra antiespañola), motivo más que suficiente para rechazarlo, de ahí que aparezca capado no solo sin águila sino sin el lema de «Una, Grande y Libre», para dar vía libre al separatismo, a la sumisión y pérdida de soberanía por el sometimiento a organizaciones que están por encima de las naciones y por el carácter anticristiano de tales fuerzas, porque el Águila del escudo era el Águila de San Juan Evangelista, al que lo representa.

    Detrás de la destrucción del Escudo de España con el Águila de San Juan Evangelista y el lema «Una, Grande y Libre» parece evidente que está la mano negra de la Masonería, porque el cambio de escudo fue propuesto por el diputado del PSOE por Segovia Luis Solana, hermano del que luego sería nombrado Secretario General de la OTAN Javier Solana. Luis Solana luego fue premiado con la Presidencia de Telefónica, y a la Salida de Pilar Miró de Directora de RTVE, la sustituyó en el puesto. Los medios han venido publicando que Luis Solana pertenece a la Masonería y aconsejaba a José Bono a que ingresara en la misma.

    Defender la bandera con el escudo capado actual, como hace VOX y mucha gente de buena fe, es defender el escudo que representa no la grandeza de España sino la decadencia de España, y una España no «Una» sino afectada por los separatismos, no «Grande», sino una España en decadencia y debilidad, y no una España «Libre» , sino una España sometida a poderes extranjeros. El Escudo con el Águila de San Juan y el lema de «Una, Grande y Libre» por contra va más allá del Franquismo por hunde sus raices en el Reinado de los Reyes Católicos, y trasciende al propio Franco porque la Patria existía antes de Franco y debe seguir viviendo después de Franco, en realidad los que están en contra del Escudo verdadero de España es porque están en contra de la la propia España y la quieren dividida y de rodillas ante los poderes extranjeros.

    En cuanto a la persecución de la Ley de manipulación y falsificación históricas y de Desmemoria antidemocrática, contra quien defienda el Franquismo decir que esta persecución demuestra el carácter antidemocrático y anticonstitucional de estas persecución y estas sanciones porque si de verdad España tuviera un régimen democrático tendría que haber libertad para ser franquista como hay libertad para ser antifranquista, todo lo demás son cuentos, así que si prohíben y sancionan , injustamente, antidemocráticamente en contra de los principios constitucionales de libertad, igualdad, Justicia t pluralismo político y en contra de las libertades consagradas en la Constitución de pensamiento, de expresión, de libertad ideológica, de libertad cátedra, etc. , los que se sitúan al margen de la Constitución son ellos, así que luego no hablen de «la legalidad republicana», que de legalidad sólo tiene el nombre.

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