Quien aplica una norma tiránica, en tirano se convierte

Por Gerardo Núñez Durán

18/09/2023 España

“El Gobierno aplicará la ley de Memoria Democrática por exaltación del franquismo a dos altos cargos del Ejecutivo de Aragón”.

Con este titular nos despertaba el diario El Mundo, el pasado tres de septiembre[1]. Los hechos eran los siguientes: la actual Directora General de Justicia del gobierno de Aragón, doña Esmeralda Pastor, había tenido una bandera española con el escudo anterior en su despacho que, desconocemos si era el suyo privado o el de la Dirección General. Y eso implicaba “exaltación del franquismo”… en conformidad con la Ley de Memoria Democrática. Se ve que el Gobierno aplica sus leyes sin conocer siquiera qué es el derecho, cuáles son las fuentes del mismo y cuáles son sus principios fundamentales, entre ellos la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras… Cosa sorprendente, cuando en el Consejo de Ministros se sientan Licenciados en Derecho; algunos con bastantes años de ejercicio en la judicatura.

Digo esto porque la Ley de Memoria Democrática sanciona con cifras astronómicas quien exalte públicamente el franquismo, ofendiendo a las víctimas de la guerra y posguerra. Que Dios me perdone, pero exhibir una bandera con el escudo que presidió el actual texto constitucional hasta 1981 no es exaltación del régimen de Franco; ni nada que se le parezca… No nos volvamos locos y tontos para que nos manejen los tiranos a su gusto y antojo. Más cuando no sabemos si esa fotografía de la señora Pastor es anterior a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, cosa que sucedió en octubre de 2022; y por tanto, no puede ser objeto de sanción alguna, ni siquiera de apertura de expediente administrativo sancionador.

Esto bien lo sabe el ministro del Interior, para ello ejerció de juez en la Audiencia Nacional varios años, así como algunos ministros más como Yolanda Díaz, quien posee el título de Licenciado en Derecho y dice haber trabajado como abogada laboralista. Efectivamente, no lo sabe el Excmo. Presidente del Gobierno, pero él no ha cursado leyes como para conocer a la perfección los principios jurídicos que rigen nuestra sociedad. No obstante, para que el Excmo. Señor Presidente conozca que las disposiciones sancionadoras no pueden tener efecto retroactivo, me voy a referir a un personaje histórico socialista, que mucho admira el presidente: Francisco Largo Caballero.

Largo Caballero fue procesado por los hechos revolucionarios de octubre de 1934. La Fiscalía le acusaba de ser el jefe de la rebelión; y como pruebas incriminatorias la Fiscalía se basaba en las manifestaciones públicas que había proferido Largo en los últimos años, por las que llamaba a la revolución social y a desbancar el estado republicano por la violencia, sustituyéndolo por un estado socialista. Pero hete aquí que tales manifestaciones se habían efectuado antes de la primavera de 1934, fecha en que se concedió una amplia amnistía por delitos cometidos con anterioridad. Pues bien, Largo Caballero fue declarado absuelto, pues no pudo probarse en sede judicial que era el jefe de la revolución de octubre de 1934… Una vez adquirida firmeza la sentencia absolutoria, Largo no tuvo inconveniente alguno en reivindicar, nuevamente, la revolución de Asturias como ejemplo a seguir… Lo que nos llevó a una sangrienta guerra civil.

Pues bien, el principio de cosa juzgada es otra de las características de nuestro sistema judicial; y de ello se benefició Largo Caballero para pregonar una nueva revolución a partir de su sentencia favorable en noviembre de 1935.

Las disposiciones sancionadoras no tienen efectos retroactivos, al menos hasta ahora; y la Ley de Memoria Democrática ni siquiera se atreve a sostener lo contrario, salvo que estos fanáticos y airados administradores consideren que las infracciones de la norma memorística son ¡delito de lesa Humanidad!… Cosas veredes, Sancho…

Ello supondría que el Gobierno podría estar incurriendo en prevaricación si dictase una sanción con carácter retroactivo… Digo esto porque lo que han comentado los voceros y brigadistas de la Memoria Democrática es que la señora Pastor había expresado unas determinadas opiniones políticas que se remontan a los años 2012 y 2013…

No obstante, imaginemos que la señora Pastor emitió esas expresiones políticas “incorrectas” a  partir del otoño del 2022, ¿merece ser sancionada por la Ley de Memoria Democrática? En absoluto, pues en mi humilde entender sus comentarios no denigran las víctimas de la guerra. Es decir, no proclaman, por ejemplo, frases lesivas como pudieran ser las siguientes: viva la muerte, vivan los pelotones de ejecución, vivan las denuncias falsas, vivan los jueces de los consejos de guerra, etc. etc. ¿O es que vamos a considerar dañino para las respectivas familias que alguien tenga una opinión favorable de los ministros Ullastres, Girón de Velasco, López Rodó o Luis Carrero Blanco? ¡Qué locura es esta cuando ya no vive ningún soldado de la época de la guerra civil! Aquí lo que hay es mucho tirano camuflado de demócrata, pero mucho… Todas las familias de la guerra, todas, estudiaron en colegios donde estaban las figuras de Franco y José Antonio en las paredes; hicieron el servicio militar con la bandera que portaba el escudo de 1938; recibieron títulos académicos firmados por Francisco Franco; fueron nombrados funcionarios, jurando o prometiendo los Principios del Movimiento Nacional; les otorgaron una vivienda de protección oficial con el emblema de Falange; percibieron además la paga extraordinaria del 18 de Julio; recibieron también una buena pensión concedida por las autoridades del régimen anterior, etc. etc. Y muchos de estos favorecidos votaron al socialismo de Felipe González y Alfonso Guerra durante diez años consecutivos ¿También tienen que ser sancionados estos ciudadanos? El mismo Felipe González perteneció al Frente de Juventudes y muchos de los dirigentes socialistas de hace diez o más años sirvieron en las Milicias Universitarias, cuyo escudo era el yugo y las flechas de la Falange histórica ¿Los van a sancionar también por ello? No me extrañaría nada, habida cuenta las tremendas expulsiones de Leguina y Redondo.

Las opiniones en España son libres. Así lo proclama nuestra Constitución en su articulado, lo mismo que la libertad de expresión y manifestación. Y estos derechos no pueden ser vulnerados por norma alguna, por tratarse de normas constitucionales. Una constitución es una Norma Suprema, que no puede ser adulterada por disposición normativa alguna de rango inferior. Esto lo sabe cualquier estudiante de Derecho de primer año de carrera: la teoría de Kelsen, admitida por todos los juristas del mundo, pero que parece que desconocida en el seno del Consejo de Ministros…

Pero volvamos a la Ley de Memoria Democrática. Sí existen en la actualidad multitud de personas cuya dignidad está siendo pisoteada grave y silenciosamente, por haber sido sus parientes víctimas de la guerra; me refiero, concretamente, a las familias de los más de 100.000 asesinados, ejecutados y martirizados, así como los cientos de miles de encarcelados y expropiados de sus bienes por las huestes frentepopulistas durante el transcurso de la contienda ¿O es que tampoco conocen los tiranuelos esa regla jurídica que reza que “donde la ley no distingue no se debe distinguir·?

En este periódico, sin ir más lejos, existe un claro ejemplo de lo que acabamos de contar: don Luis Alberto de la Guía Escobar. Como dice en su libro sobre la persecución republicana en La Mancha, su abuelo y su tío abuelo fueron asesinados por las bandas armadas socialistas en su localidad natal de Campo de Criptana. Sin juicio ni interrogatorio siquiera de las autoridades militares pertinentes. Nada de nada.

Nunca se quejó por ello, nunca, hasta que se publicó la antigua Ley de Memoria Histórica de 2007. Entonces decidió investigar y editar un libro muy oportuno, porque se sentía completamente indignado y minusvalorado, tanto familiar como socialmente. Es decir, pisoteado en el plano moral y hasta en el cultural.

A este hombre maduro, en particular, y a su familia, en general, debe de restituírseles la  dignidad perdida ¿Y por qué? Por las enormes mentiras y fantasías elaboradas en la calle Ferraz de Madrid y exigidas, draconianamente, al pueblo español como herramienta de control político de una sociedad moderna, pasando por encima de la ética y la bonhomía. Por ello, espero que la señora Pastor, una vez archivado su expediente sancionador, proceda legalmente contra el temerario denunciante y las sibilinas autoridades que ordenaron la incoación del expediente administrativo, a sabiendas de su irregularidad. A lo mejor así, algunos se enteran qué significa eso de la libertad de expresión.

Y por último, en una sociedad democrática de verdad, la prensa constituye el cuarto poder, como sucedió en Francia en 1898 o en Estados Unidos en 1973 (asuntos Dreyfus y Watergate). Su función es fiscalizar las arbitrariedades del poder público, para que el ciudadano esté bien informado y pueda decidir correctamente en las próximas elecciones. El no denunciar este asunto como se merece, publicando únicamente el wanted del izquierdismo gobernante, es ponernos a todos a los pies de los caballos… Lo mismo que colocar a la buena ciudadanía bajo las botas de una dictadura in crescendo, pero con coartada periodística[2].

[1] 2 de septiembre de 2023, 23:38 horas. Fuente: https://www.elmundo.es>.

[2] Los autócratas modernos no visten uniformes paramilitares como en épocas pasadas, ni son personas de fisonomía corriente, ni tampoco congregan grandes multitudes a su alrededor. En absoluto, prefieren los trajes elegantes y costosos, suelen ser espigados y atléticos, y gustan mucho de todo lujo de comodidades, mientras que el pueblo llano los contemplan con admiración y resignación.