Si esto es un «apartheid»…

NOTA:- Donde dice «castellano» léase ESPAÑOL.

La periodista Olga R. Sanmartín publicó en 2017 en EL MUNDO un reportaje esclarecedor. Contaba el acoso al que habían sido sometidos dos años antes una madre de Balaguer (Lérida) y sus dos hijos de seis y ocho años por ejercer su derecho a solicitar una asignatura más de castellano en la escuela pública Gaspar de Portolà. Ella tenía un parque infantil, el único de la localidad: el Petit Món. Los demás padres lo boicotearon. Les hicieron la vida imposible. En los chats del colegio, se llamaba a humillar a los niños: «Que pasen vergüenza». Se convocó una concentración y la encabezó el propio alcalde, de Esquerra. Tanta fue la presión que se vieron obligados a dar un paso atrás. Ana Moreno lo recuerda ahora así:

– «Busqué todo tipo de alternativas antes de reclamar más horas de castellano. Pero es que no hay ni un colegio que dé las clases en español en todo Lérida. Podía irme a Zaragoza o a Huesca. Hasta en Andorra lo hay. Nos sometieron a un señalamiento público, nos cancelaron todos los cumpleaños… Tuve que cerrar mi negocio, pasar una temporada en el paro y empezar a trabajar por cuenta ajena. Mis hijos se cambiaron de escuela, a 30 kilómetros, no volvieron a hablar más con sus amigos de entonces. Nadie tiene que pasar por ese calvario. El Estado tendría que estar para proteger a los niños».

Casi 820.000 alumnos estudian en 5.072 centros educativos de Cataluña. Aproximadamente el 55% tiene el castellano como lengua materna y habitual. Sin embargo, menos de 2.000 reclaman que la cuarta parte de las asignaturas se imparta en español. El número, ínfimo, lejos de representar la aceptación normalizada del sistema de inmersión, es expresión de exactamente lo contrario: una anomalía democrática, producto de una asfixia social y una espiral de silencio animadas por el nacionalismo que coarta la libertad y se manifiesta en situaciones de histerismo disuasorio como el descrito de Balaguer o el más reciente y conocido de Canet de Mar. Es la «mentalidad de asedio» que los independentistas proyectan sobre la lengua catalana y que tan bien describe David Jiménez Torres en su preclaro ensayo 2017.

El bilingüismo es la realidad de la calle. Cataluña es mestiza lingüísticamente porque así se desprende naturalmente de los entornos familiares, de los medios de comunicación y, entre los más jóvenes, de la profundidad de redes sociales como Twitch o TikTok. Una conciencia cívica sana e integradora conduciría a «elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es normal», por citar a Adolfo Suárez. Pero esto no sucede en los colegios catalanes, en los que se impone un monolingüismo contumaz que responde a un proceso de construcción nacional permanente, para trasladar el mensaje de que el castellano es una lengua extranjera e impuesta, y a una voluntad de desacato irredento a la legalidad española. En definitiva, expulsar a España de la escuela. Es primero y principalmente la vigencia del imperio de la ley y del Estado de Derecho lo que está en juego en Cataluña. La capacidad de la democracia para imponer sus reglas frente a quienes se obstinan en desobedecerlas desde su peana de poder.

La aprobación esta semana por el Govern de la Generalitat del decreto que declara inaplicable el porcentaje del 25% de castellano en las aulas –cuota que en realidad apenas representa el mínimo ético imprescindible– a solo unas horas de que venciese el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia nos coloca frente a un choque institucional de magnitud ahora mismo desconocida. El consejero de Educación, el lenguaraz Josep González-Cambray, envió instrucciones a los centros instándoles a incumplir la sentencia y mantener exclusivamente el catalán como vehicular, en contra de la Constitución.

En cuanto en los próximos días reciba el informe de la Alta Inspección del Estado sobre el grado de cumplimiento del 25%, el tribunal puede y debe hacer una aplicación directa de la Constitución y ordenar la ejecución efectiva de su sentencia para que se cumpla la ley en Cataluña; puede y debe incoar una causa por desobediencia contra González-Cambray e imponerle una multa de 1.500 euros diarios en tanto persista el incumplimiento, y puede y debe advertir a los directores de los centros de que seguirán ese mismo camino. En manos de los jueces está ahora depositada la ilusión de miles de familias que han tenido que soportar el riesgo del estigma y recurrir a organizaciones de la sociedad civil que han jugado un papel casi heroico para restablecer sus derechos ante el abandono del Gobierno de Estado.

Por desgracia, no hay ningún motivo para confiar en el Gobierno de Pedro Sánchez, preso como está de una alianza estratégica con el partido político que tiene entre sus objetivos existenciales hacer del catalán, sin escrúpulos, la lengua nacional única y oficial de Cataluña. Primero la ley Celaá eliminó la mención del castellano como lengua vehicular y nunca actuó para protegerlo. Y el Ministerio de Educación de la decepcionante Pilar Alegría ha renunciado a instar la ejecución forzosa de la sentencia o a reforzar las competencias y la dotación de la Alta Inspección para garantizar su cumplimiento. El último eslabón es la participación del PSC en la aprobación de una ley diseñada ad hoc para burlar la resolución judicial, un comportamiento inédito propio del poder legislativo de un régimen autocrático, que se sitúa al margen del control de legalidad de los tribunales. Esta norma consagra el catalán como única lengua vehicular y de aprendizaje y degrada al castellano a la categoría de «curricular», como si fuese el francés o el inglés. Fue patético escuchar a Salvador Illa en Onda Cero balbucear, quizá avergonzado de sí mismo, que la norma garantiza la misma competencia en las dos lenguas al finalizar el aprendizaje reglado. ¿Por qué entonces el fracaso escolar estadísticamente es muy superior en alumnos castellanoparlantes?

El peaje socialista por sus expectativas de poder presentes y futuras se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Del principio de igualdad de todos los españoles, discriminados en función de su conocimiento lingüístico. De la libertad de expresión de los niños. Y del libre desarrollo de su personalidad. Precisamente este año, el nacionalismo celebra el centenario del político pujolista Ramón Trías Fargas. Diputado en la legislatura constituyente, durante el debate del artículo 3º habló así:

– «La lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de máxima importancia. […] Sólo dominando esta lengua podemos expresar el marco cultural que nos es propio. Y, en consecuencia, cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño, cosa bien conocida y demostrada estadísticamente. Muchos niños son incapaces de este refuerzo inicial y su facilidad de expresión sale definitivamente perjudicada y, en todo caso, la capacidad del niño para aprender también queda mermada».

El párrafo es perfectamente ilustrativo de la evidencia pedagógica del perjuicio que padecen los niños cuando se evita conscientemente transmitirles el registro culto de su lengua materna, el propio de una terminología científica o humanística. Que Trías se estuviera refiriendo entonces al catalán y ahora esas palabras puedan aplicarse especularmente al castellano en Cataluña es también elocuente de la traición del nacionalismo al espíritu de concordia constitucional.

El Partido Popular tiene también una historia contradictoria cuando se trata de enfrentarse al marco nacionalista y al cercenamiento de los derechos lingüísticos. Pero su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, habló también esta semana en Onda Cero: dijo nada menos que en Cataluña se vive un «apartheid lingüístico». Si tan grave es la situación como para denominarla así, llegó entonces la hora de actuar. Poniendo en relación esa afirmación con otras de los últimos meses –la apuesta por el «bilingüismo cordial» y su preferencia por el 50% como mucho más justo que el 25%–, habrá que tomársela como un compromiso. Y bien está. Desde el Gobierno del Estado que aspira a presidir tendrá competencias para establecer los límites en la política lingüística y hacerlos cumplir. Desde la oposición, tiene margen de acción, y no sólo de palabra, para que quienes sufren la vulneración de sus derechos vean en él a una esperanza.

El separatismo no está protegiendo el catalán: está utilizando la lengua como herramienta de victimismo identitario contra la legalidad española y el Estado de Derecho, en claro perjuicio de los niños. Es necesario que las fuerzas vertebradoras del sistema político recuperen un compromiso inequívoco para asegurar el cumplimiento de la ley en cualquier parte del territorio. Lo contrario pone en peligro la capacidad de los individuos para dirigir su propia vida. No poder ser educado en la lengua materna, en contra de la ley, en un sistema de bilingüismo oficial, deja herida la convivencia en el seno de una sociedad en la que la mitad de los ciudadanos siente que sus derechos son vulnerados precisamente por quien está obligado a garantizarlos. La concordia empieza en las aulas.

Para El Mundo


Una respuesta a «Si esto es un «apartheid»…»

  1. Es muy triste que en Espana los estudiantes no puedan hablar ni escribir en ESPANOL, lo que demuestra la CORRUPCION de los que desgobiernan ESPANA.
    La lengua de ESPANA es el ESPANOL y NO es aceptable llamarla CASTELLANO porque supone tratarla a un nivel de igualdad que las lenguas regionales NO tienen por su escaso numero de hablantes, cerca de CERO.
    Inigo Caballero
    Donostiarra y carlista

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