¿Suspenderá la UE el tráfico legal con España?

En el ámbito de los Derechos Humanos, la Unión Europea ha publicado un documento invitando a los ciudadanos europeos a que demos nuestras opiniones en cuanto a la política «anti Tortura» de la Unión, de cara a futuras reglamentaciones. Se trata de expresar nuestros puntos de vista antes de que la Comisión Europea haga sus propuestas, para que puedan ser tenidas en consideración. Si tuviéramos que tomar al pie de la letra lo que dice el documento, podría plantearse que la UE tuviera que suspender el tráfico legal con España. Siga leyendo…

Una de las finalidades del estudio que se está llevando a cabo es prohibir la exportación o importación de bienes específicamente destinados al castigo, la tortura o los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La reglamentación requerirá que toda exportación de este tipo de bienes tenga una autorización específica por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros y regulará, así mismo, los suministros hacia terceros países en cuanto a lo relacionado con ese mismo tipo de tráfico comercial, asistencia técnica o servicios de intermediación.

La cuestión, llegados a este punto, se torna complicada.

En España somos muchos los ciudadanos que sufrimos auténticos castigos, torturas y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de determinados funcionarios públicos. En particular es de nuestro especial interés cuando esto es llevado a cabo por parte de jueces y magistrados u otros miembros del Poder Judicial.

Es una realidad indiscutible que en España determinados jueces y magistrados torturan o infringen tratos crueles, humillantes y degradantes a determinados ciudadanos. En particular, cuando estos ciudadanos descubren y denuncian personas o situaciones corruptas y de una manera especial cuando esas situaciones o personas guardan relación con el Poder Judicial.

Las torturas no necesitan ser físicas, que desde luego terminan siéndolo de todas maneras, basta con que sean mentales o psicológicas para computar también como tortura y/o tratos degradantes.

Negarse a investigar denuncias, demandas o querellas está considerado como una forma de tortura por parte de Tribunales Internacionales a los que España está adherido. Negarse a cumplir la Ley, ignorarla o faltar a la verdad a la hora de hacer referencia a ella para ignorar las denuncias, es una forma reconocida de tortura y/o tratos degradantes. Llevar a cabo o permitir represalias contra quienes han denunciado, es una forma reconocida de tortura y/o tratos degradantes.

Y cuando esto que decimos ocurre, al principio es sin duda una tortura o unos malos tratos mentales o psicológicos –ver que la Justicia no sólo no funciona, sino que se niega taxativamente a hacerlo– pero, sin embargo, eso lleva después a la pérdida del puesto de trabajo, la pérdida del patrimonio económico también a la pérdida del prestigio personal y profesional. Muchas veces también a la pérdida de la familia como consecuencia de lo anterior. Algo que se convierte, sin duda, en un proceso de tortura física que afecta a la libertad, la salud y la vida de la víctima.

¿Cuántos ciudadanos españoles sufren este tipo de actuaciones por parte de jueces y magistrados? Por lo que en esta Asociación conocemos, un número destacado, con la participación en esos diferentes procesos de tortura y/o tratos degradantes de un buen número de diferentes jueces o magistrados.

Esto nos lleva a concluir que este tipo de comportamiento es sistemático en nuestro Poder Judicial. Desde luego no creemos que sea generalizado ni mucho menos. Pero no es algo que lleven a cabo sólo un pequeño número de jueces o magistrados. Son muchos, en muy diferentes partidos judiciales y en muy diferentes Tribunales los que llevan a cabo este tipo de comportamientos.

Y lo que es peor, los que lo hacen, en la mayoría de los casos quedan impunes. Sus compañeros jueces se niegan a investigarlos de manera autónoma, como debería ser el caso tal y como establece la Ley y se niegan a investigar si son ciudadanos quienes los denuncian.

No sólo eso. Hay además una cultura del miedo instalada entre un buen número de abogados y procuradores. No se atreven a firmar denuncias contra jueces. Temen las represalias.

Es decir, parece que en España hay todo un sistema de tortura y/o tratos degradantes instalado en el seno de determinados miembros del Poder Judicial que hace temblar a una gran parte de la población y por otro lado, permite que la corrupción campe a sus anchas, crezca y cada vez sea más salvaje y evidente.

Es paradigmático – a modo de ejemplo- lo que está ocurriendo en estas últimas semanas. El 17 de diciembre entró en vigor la Directiva Europea 1937/2019 en defensa de los denunciantes o alertadores de infracciones del derecho de la Unión. Es una Directiva que viene a dar una relevante protección a los denunciantes. Y en cuanto que establece una serie de derechos claros para los ciudadanos y unas disposiciones también muy claras y concisas, es de obligado cumplimiento desde que entró en vigor. Lo que esta Asociación ha conocido hasta ahora ha sido la constante y reiterada negativa por parte de Jueces y Fiscales a aplicarla o ignorar de manera taxativa en sus resoluciones las reclamaciones hechas por ciudadanos con el fin de exigir el cumplimiento de lo establecido en la Directiva.

Pues bien, la Unión Europea ha abierto un período de consultas para los ciudadanos. Para ello ha habilitado una página web en la que lo único que se solicita de los ciudadanos es que se registren previamente. Un proceso extremadamente sencillo que una vez completado, da acceso a poder participar en el desarrollo de la futura legislación contra la tortura en el seno de la Unión Europea.

Si es usted una víctima de tortura o una víctima de trato cruel o degradante, no deje de hacerlo. De a conocer a los funcionarios de la Unión Europea su caso. Una vez termine el proceso de recolección de información, se publicará un resumen de las diferentes aportaciones.

Este es el enlace para poder acceder: AQUÍ

Para su información, la única diferencia entre tortura y trato cruel o degradante es el interés de castigar por parte de quien lleva a cabo el acoso o los malos tratos.

Como decíamos en el titular… si se aplicara lo que parece dar a entender el texto de la consulta, España podría llegar a tener un problema en cuanto a poder mantener un tráfico legal de actividad con la Unión Europea. Lo que, por cierto, sería un absurdo completo.

Confiamos en que podamos ser muchos los ciudadanos de entre los que sufrimos este tipo de actuaciones los que rellenemos el cuestionario y demos a conocer a la Comisión Europea esta realidad, antes de que se pongan a redactar las nuevas disposiciones regulatorias con respecto al rechazo de la Tortura.

contacto@torturacorrupción.com


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