UGT a la caza de un denunciante de corrupción
Acusa a un antiguo administrativo de revelación de secretos por copiar 22.500 archivos que fueron publicados «en parte» por EL MUNDO.
La Fiscalía pide 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT-A por la trama de las facturas falsas.
La federación andaluza de UGT, que dirige Doña Carmen Castilla, sigue adelante con la ‘caza de brujas‘ que desató en 2013 tras ver publicada en EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LIBERTAD DIGITAL y otros medios de comunicación la contabilidad interna del sindicato. Publicaciones que dieron origen al escándalo de las facturas falsas y probaron la presunta financiación irregular de UGT-A.
El ex trabajador mexicano del sindicato, Don Roberto Macías, enfrenta ahora a una petición de UGT-A de nada menos que cuatro años de cárcel por delitos de revelación de secretos, puesta en marcha después que salieran a la luz los desmanes contables de los ugetistas. Entre los desvíos de subvenciones más llamativos documentados están las comilonas en la Feria de Abril en la caseta de UGT-A y los 700 maletines fabricados en Asia que se repartieron en un congreso regional del sindicato. Todos ellos se pagaron de fondos procedentes de la Unión Europea -y distribuidos por la Junta de Andalucía- que tenían que haber sido destinados a la lucha contra el desempleo. El fraude se llevó a cabo mediante la falsificación de facturas.
La federación andaluza de UGT, que encabeza la secretaria general Doña Carmen Castilla, acusa a este ex trabajador de hacer una «copia masiva» de 32 carpetas que contenían unos 22.500 ficheros, que «al menos en parte fueron publicados en prensa desde el 21 de abril de 2013», según el escrito de acusación del sindicato.
Roberto Macías, estuvo trabajando en el área de compras del sindicato como administrativo entre el 5 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2012. El presunto copiado de archivos que le achaca el sindicato se produjo unos días antes de su marcha, el 7 de noviembre de 2012.
Lo llamativo es que el sindicato acusa a su administrativo de copiar una carpeta que se llama «compras/confidencial/compras, que como su nombre indica es confidencial», según el escrito de UGT-A. Es una carpeta que no figura en los diversos atestados por la Unidad Central Operativa (UCO), en la trama de las presuntas facturas falsas del sindicato hermano del PSOE.
Para sostener semejante acusación, el sindicato contrató a la empresa especializada Forest Digital Evidence, con la finalidad de que analizara los equipos informáticos asignados a sus empleados para determinar si desde alguno se sustrajo «información confidencial y sensible, considerada por UGT-A como indebida y no autorizada», afirma el sindicato en la querella que interpuso contra Roberto Macías y parece ser que la propia empresa, en su Informe ni siquiera ha podido garantizar ni la adecuada custodia de la prueba, ni lo que venían a denunciar por parte de UGT – A contra el Sr. Macías.
Además de la condena de cuatro años de cárcel, el sindicato solicita que su antiguo administrativo le pague una indemnización de 60.000 euros en concepto de daño moral, «solicitándose la prestación de fianza o embargo de bienes del acusado y personas jurídicas responsables en cuantía suficiente para garantizar las responsabilidades civiles reclamadas», dice el escrito de acusación.
La Fiscalía también reclama una condena de tres años de prisión para Roberto Macías, por un delito de revelación de secretos.
La acusación por parte de la Fiscalía contra Roberto Macías, y en caso de que éste terminara siendo acusado, podría poner en riesgo la investigación que se ha llevado a cabo contra el sindicato. Incluso podría anular el proceso que se sigue en el juzgado de instrucción número 9 de Sevilla contra UGT. Si Roberto Macías es condenado, parte de las pruebas con las que se denunció la corrupción de UGT Andalucía podrían ser invalidadas y dejar impune la corrupción en el sindicato.
Hasta el momento, el Fiscal se ha negado de forma taxativa a considerar la Directiva Europea 1937/2019 como en vigor. Lo ha hecho a pesar de estar en vigor y a pesar de ser obligatorio su cumplimiento en determinados casos. Casos que afectan a este litigio en cuanto que hacen referencia a derechos y obligaciones que aparecen como claros y perfectamente indiscutibles en la Directiva.
Como se puede entender, parece claro que detrás de la acusación contra Don Roberto Macías, acusación por otra parte que parece difícilmente sostenible desde un punto de vista probatorio y desde la perspectiva del principio de legalidad, no hay más que una represalia por parte del Sindicato UGT contra quien ellos entienden que hizo unas determinadas revelaciones. Revelaciones que Don Roberto Macías niega y que en forma el sindicato ha podido probar de manera fehaciente que fuera Don Roberto Macías quien las hiciera.
Tal y como ha podido conocer este medio de un testimonio cercano al caso, parece una clara represalia contra Don Roberto Macías, sostenida sobre la base de acusaciones confusas, leyes que no aplican, pruebas en las que no ha existido una adecuada custodia y que por tanto no pueden llegar a garantizar nada y un Informe de un perito que deja más lagunas que certezas cuando se lee detenidamente.
La excúpula de UGT Andalucía procesada
El juez de Instrucción nº 9 de Sevilla procesaba en diciembre al exsecretario general de UGT-A, Don Francisco Fernández Sevilla, y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. El ex secretario general de UGT, Don Manuel Pastrana, no fue procesado provisionalmente por razones de salud y otras siete personas más en las que no encuentra indicios de delito.
Comienza así la fase judicial final de las informaciones aportadas en prensa desde 2013 a la que se unieron meses después otros medios y en las que se daba cuenta de un gran número de irregularidades perpetradas por los dirigentes sindicales de UGT en Andalucía.
En la resolución el juez concluye que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros»
Directiva Europea 1937/2019, relativa a personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión.
Desde CONADECO (Coordinadora Nacional de Asistencia al Denunciante de Corrupción), integrada por las asociaciones ACODAP, representada por el ex juez Don Fernando Presencia, ASPERTIC, representada por el abogado Don Josep Jover y AVCJ, representada por el empresario Don José María Castillejo, consideran que el juicio contra Roberto Macías «no debería celebrarse, en virtud de lo establecido por la Directiva europea 1937/2019. Una Directiva que entró en vigor en diciembre, que es exigible aunque no haya sido todavía transpuesta, que le protege como denunciante de un caso de infracción del Derecho de la Unión y que prohíbe de forma taxativa las represalias contra los denunciantes«. Concretamente se refieren a la «Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión«.
Don José María Castillejo, presidente de AVCJ, al respecto considera que “la UE ha dado un paso de gigante en la lucha contra la corrupción, estableciendo un sistema marco de protección frente a las represalias que actúa sobre dos planos distintos: de un lado, el establecimiento de unas pautas interpretativas que sirvan para la aplicación del Derecho ya existente y también del que sea necesario crear en cada uno de los Estados para la transposición de la Directiva, y, de otro lado, animando a la creación de las infraestructuras necesarias para proteger y ayudar en el futuro a los denunciantes de corrupción frente a las represalias”.
Por su parte, Don Roberto Macías hace una convocatoria pública para concentrarse el día 6 de marzo a las 9.00 horas en las puertas de los juzgados en Sevilla, para protestar contra la persecución y acoso a un alertador de corrupción (whistleblower).
Don Roberto Macías considera que se está transgrediendo la Ley nacional en vigor, y que se está transgrediéndo una DIRECTIVA EUROPEA recientemente aprobada que le protege como alertador de actos de corrupción. “Les da igual trasgredir una Directiva Europea 1937/2019, con tal de condenarme y salvar al sindicato hermano del PSOE”, asegura Roberto Macías en sus redes sociales.
