Un principio del derecho natural
A propósito del aborto cuántas veces habremos escuchado preguntar: ¿Por qué se han de imponer a una mujer que no es católica los principios morales y religiosos enseñados por la Iglesia? ¿Acaso no tiene derecho a elegir lo que cree ser mejor para ella en un tema absolutamente privado?
Desgraciadamente a veces las personas no tienen a mano los argumentos que podrían ayudarles en esta verdadera guerra de sofismas.
No se trata de imponer a los no católicos principios morales y religiosos enseñados por la Iglesia. Simplemente, es un principio de derecho natural -no matar- que obviamente integra la doctrina católica. ¿O acaso se pretende invocar la libertad de opinión como pretexto para atentar contra los derechos de los demás, muy especialmente contra el derecho a la vida?
Además, el argumento parte de una premisa errónea: una decisión es privada e íntima en la medida en que se refiere tan sólo a los intereses de quien la adopta.
Sin embargo, cuando esa decisión implica intereses de otros y derechos de terceros, ya no puede ser considerada privada, al contrario, pasa a ser representativa o delegada.
Ahora bien, nadie puede delegar a otro el derecho a decidir sobre la propia vida, porque la vida no es un bien delegable, sino vivido.
Los legítimos derechos de una mujer sobre su propio cuerpo terminan donde –en el caso del no nacido- comienzan los derechos del otro.
Nadie, alegando privacidad, puede traspasar esos límites y lesionar derechos de terceros. Eso sería extender los límites de la privacidad a costa de tales derechos.
Así como sería absurdo aprobar el abuso de los niños por los padres, aduciendo que se trata de materia privada, es absurdo decir que una mujer puede decidir con su médico si su hijo debe vivir o morir.
Destruir un ser humano vivo en nombre del “derecho a la privacidad”, es destruir el fundamento de la razón de ser de la privacidad.
Esto no es ejercitar el “derecho a la privacidad”, sino ¡un hecho grosero y consumado de absolutismo privado!
Por lo tanto, recuerdo que el Tribunal Constitucional, que lleva callado una década desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad del PP a la ley del aborto en el 2010, y que debería haber intervenido para proteger el derecho a la vida del feto amenazado por la decisión unilateral de una de las partes: su madre.
Sin embargo, el recurso sigue dormido en el Tribunal Constitucional, sin pronunciarse y sin vistas de resolución a medio plazo, y, tras diez años de silencio, es responsable de hacer efectiva la primacía de la Constitución. Y nuestra Carta Magna es clara: todos estos niños tienen derecho a la vida. ¡No existe el derecho al aborto!
Creemos necesario recordar a los magistrados de esa Corte que, con su silencio frente al aborto, son cómplices junto al gobierno socialista y al anterior del PP, de haber sacrificado a más de un millón de niños inocentes antes de nacer en el altar de su ambición política.
Por favor, desde “El Español Digital”, les instamos a desempolvar al expediente y, de una vez por todas, a dictaminar tras votación y fallo la inconstitucionalidad del aborto.
