Una Carta Magna a la medida de la hispanofobia
Tenemos una Constitución a la medida de los tramposos, plagada de minas frentepopulistas colocadas en su día estratégicamente por quienes tenían y tienen como objetivo debilitar y humillar a la Nación española. Ellos y sus cómplices de la llamada derecha han traicionado al pueblo, aunque es cierto que las Instituciones y la mayoría de los españoles han permanecido pasivos ante la gravedad de los permanentes desafueros.
El proemio de la Carta Magna dice:
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada (…)
Casi cuarenta y dos años después de promulgarse dicha Constitución, está claro que los fines perseguidos, a la vista de este bienintencionado prólogo, no se han cumplido, bien porque sus artículos son en muchos casos equívocos, bien porque los encargados por el pueblo español de hacerlos cumplir han sido desleales o incompetentes.
Lo primero que sorprende es cómo una izquierda tan debilitada, inmediatamente después de la muerte de Franco, consiguió imponer una Carta Magna tan ambigua y disolvente en numerosos aspectos como la que nos rige. Por ejemplo, su artículo 3.1 dice: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Primero. No es el castellano la lengua oficial española, sino el español, lengua de la cual, eso sí, el castellano es la base. Pero para la futura estrategia frentepopulista y para sus cómplices, sustentada -entre otros desórdenes- en la perversa manipulación del lenguaje, era vital desvirtuar el calificativo. Prueba de ello es que todos los delincuentes y dementes que nos han traído hasta aquí, con el fin de ningunearlo, inoculándolo en el subconsciente colectivo, se refieren siempre al castellano, nunca al español.
Segundo. Como en tantos otros artículos de nuestra Constitución, también en éste se ciscan quienes solemnemente juraron o prometieron cumplirla. Porque, en la práctica, las Instituciones vienen tolerando -y fomentando- el incumplimiento de ese derecho de todos a usar nuestra lengua oficial.
Incluso la alcaldesa de Vich, recientemente, se ha permitido coaccionar a sus conciudadanos para que no hablen en castellano a quienes por su aspecto físico no parezcan catalanes. Y que yo sepa, hasta ahora, dicha regidora todavía anda suelta por las orillas del Ter, sin que nadie se haya compadecido de su insania, de su racismo y de su odio, ingresándola en una celda de aislamiento.
Tercero. Si el Gobierno de una Comunidad Autónoma impide el recto desarrollo del artículo en cuestión, el Gobierno central debería imponer forzosamente el cumplimiento forzoso de los derechos y las obligaciones en juego. Escribo debería en cursiva porque en el artículo 155, alusivo a este asunto, no se dice que dicho Gobierno central deba adoptar las medidas necesarias, sino que podrá hacerlo. El matiz no es baladí, porque deja al criterio -al capricho- del Gobierno respectivo la decisión.
Y si la decisión es favorable a la defensa de los derechos de los españoles, habrá de tomarla -aquí sí es imperativo- «con la aprobación por mayoría absoluta del Senado». La falsaria derecha de Rajoy pudo hacerlo. Y no lo hizo. Sin embargo, hoy, con un senado mayoritariamente frentepopulista, es impensable un paso tan crucial.
Es obvio que la coalición de destructores lleva décadas fomentando en nuestro país el uso de diversas hablas no por solidaridad regional, que ellos pasan de altruismos, sino porque saben que si consiguen que los españoles no se entiendan unos con otros, es fácil que se sientan extraños y acaben teniéndose más como enemigos que como amigos, ganando en esquivez y perdiendo en familiaridad.
Que tampoco en este asunto, como digo, les impulsa la generosidad hacia sus compatriotas es evidente, porque no es que su naturaleza ignore las virtudes de las cosas, sino que conociéndolas -y odiándolas- procura demolerlas para arruinar el bien común y el de la patria. Como es también evidente que el guía que conociendo lo bueno no lo prodiga sino que lo impide, es un guía desleal, deficiente o innecesario.
Los seres humanos -aunque los frentepopulistas a veces no parezcan serlo- se dan perfecta cuenta de cuándo desean la verdad y cuándo desean la falsedad, y esta horda hispanófoba lo conoce muy bien y en todo lo que hace no hay nada de ignorancia, al contrario, su estrategia de derribo y rencor está milimétricamente diseñada y premeditada.
Para el buen gobierno de un país, los gobernantes deben procurar que todos los ciudadanos se afanen en hablar entre ellos la lengua principal que entienden todos. Ningún dirigente con seso y deseoso del bien público se empeñaría o permitiría lo contrario. No sólo para evitar caer en la reveladora e infausta simbología de Babel, sino por cuestiones de buena convivencia, de mera lógica y de praxis. Es de orates, pudiendo evitar desgarros y desmadres, tener delante de sí una muchedumbre de intérpretes para entender y responder a tanta variedad de lenguas como van brotando en el país al hilo de las subvenciones y de la infame actitud desintegradora y centrífuga.
La conclusión es: si el pueblo español, mayoritariamente, no es capaz de defender el valor, no ya filológico, sino cultural y simbólico de la lengua que le identifica y le une de cara a su propia convivencia, ¿qué ha de pensar respecto a la evidente contaminación que sufre por culpa de la nada inocente presencia del inglés?
Pasará de todo ello, como hace con tantas otras cuestiones. Y no sólo pasará, sino que su provincianismo y su ignorancia presumirán de conocer una lengua bien vista sin percatarse en que con ello desprecia y desprestigia a la suya -que es la lengua de sus padres, de sus antecesores- y que es también, con tanto o más derecho que el inglés, absolutamente universal.
Dicho esto, y aunque la Constitución no dice nada de defenderla -otra omisión tal vez nada casual que habrá que corregir-, los españoles libres están obligados a hacerla cumplir, ensalzándola y protegiéndola cada uno con los medios a su alcance; y VOX, evitando enredarse en la tela de araña tejida por los delincuentes y dementes que integran la casta partidocrática, está a su vez obligado a colaborar con los amantes de la libertad y de la justicia, amparando y protegiendo de su mano, también en este asunto de la lengua, a la Nación española.
Por el bien de España, es necesario limpiar de trampas la Constitución. Y apoyar a quienes luchen por la defensa de nuestro bello, floreciente y expresivo idioma.
