Zapatero arrodilló al Estado frente a ETA

Iniciar un proceso de negociación creyendo que es posible sustituir la utilización metódica y objetiva de la información por la impronta personal es una equivocación y la mejor manera de perder la iniciativa política en beneficio del adversario, al sustituir la planificación por la improvisación y al carecer de respuestas ante los cambios de situación que sin duda van a producirse.

Para alcanzar el éxito hubiera sido necesario conservar la libertad de acción y el gobierno no la ha tenido por dos motivos: la deslealtad de la parte contraria, ¿a quién le sorprende? Y por la falta de respuestas a las sucesivas provocaciones del entramado terrorista. ZP mostraba así su debilidad mental y política, alarmaba a los ciudadanos y conseguía que ETA se frotara las manos de euforia al ver más cercano el logro de sus objetivos.

En ningún momento el gobierno ha controlado el proceso, todo lo contrario: cuando el gobierno hablaba de verificar desaparecían 350 pistolas en Francia, arreciaba la kale borroca  y se exigía el impuesto revolucionario a los empresarios; cuando el Presidente anunciaba que todo iba mejor que antes y que mañana iría aún mejor, volaban Barajas, mataban a dos personas y el propio ZP hablaba del asesinato como ¡de un error!; cuando desde las filas gubernamentales se afirmaba que Batasuna no se presentaría a las elecciones municipales y se admiten varias decenas de listas de ANV con militantes reconocidos de la banda. Como la guinda de todo este pastel, es el propio PSOE quien gestiona en el Parlamento europeo el que Batasuna sea borrada de la lista de organizaciones terroristas. ¡Eso si que es el inicio de una bella amistad!

En este tipo de conflicto, ni se ganan batallas campales, ni se conquistan territorios, ni se derrotan ejércitos frontalmente. El objetivo terrorista en el ámbito social es lograr la victoria psicológica y por eso se orienta en lo esencial a la quiebra del Estado de Derecho. De ahí que la liberación de De Juana fuera una pieza esencial para conseguirlo, tanto en lo que se refiere a su salida de la cárcel como a su entrada, al lograr que el gobierno obviara la defensa del principio de legalidad, lo que en un sistema democrático es lo mismo que deslegitimarse. Por todo ello, la mayor parte de los ciudadanos percibían, con más firmeza según transcurrían los días, que el llamado proceso de paz era más bien un proceso de rendición, a pesar del esfuerzo propagandístico del gobierno en asegurar que ETA estaba muy debilitada. Al contrario, cada vez estaban más fuertes, inversamente proporcional a la debilidad creciente del gobierno originada por su incapacidad operativa. Un dato que lo corrobora, es el mayor apoyo del nacionalismo vasco hacia las tesis etarras.

La efectividad del terror como arma política radica en la respuesta popular y, esta en cómo el gobierno maneje la situación. Por eso los terroristas aspiran a poner al Estado entre el exceso y el defecto, entre el pánico y la debilidad. La fuerza de los gobiernos reside precisamente en utilizar la legalidad como su arma principal, pues es ella la que legitima la resistencia contra la violencia política. La defensa de la legalidad no es asumir la interpretación que a cada momento le interesa al gobierno, de ahí que el tremendo error cometido por el Consejo de Ministros de ZP, haya sido utilizar a algunos jueces y fiscales para obviar y vulnerar el imperio de la ley. La responsabilidad histórica de esos magistrados ha sido faltar a su juramento y preferir su medro personal a la defensa de la democracia y del interés general. Su pecado ha sido el obedecer al poder ejecutivo. Sus togas no han cogido el polvo del camino, como señalaba Conde Pumpido, sino que se han llenado del lodo de la indignidad.

Por su parte el director del CNI, Alberto Saiz, conseguía que el Consejo de Ministros le prorrogara su permanencia en el cargo, a pesar de impedirlo taxativamente el Estatuto de Personal del servicio de Inteligencia. A los tres meses hubo que revocar el nombramiento por la utilización que este director hacia de fondos públicos en su  beneficio. La generosidad de ZP con sus obedientes afiliados la da este hecho, a pesar de haber cometido un cúmulo de ilegalidades Saiz no sería procesado. La principal cuestión que se plantea ante semejante laxitud por parte del Presidente, hay que buscarla en la confianza de la que Saiz se había hecho acreedor durante el periodo de su mandato. Dicha confianza se había tomado numerosas víctimas, en el seno del servicio de Inteligencia, en funcionarios que llevaban la lucha antiterrorista y que al mantener la objetividad, a la que les obliga su deber, habían visto primero como sus análisis molestaban al gobierno y después como eran removidos por haber obrado lealmente. Una cascada de ceses, ocultada convenientemente, tuvo lugar en la cuesta de las perdices. Así Saiz se hizo acreedor del valimiento de Moncloa, al lograr embridar la información que salía del CNI, muy molesta para Moncloa pues cuestionaba los deseos de ZP, y que para nada coincidía con la que propalaba el gobierno hacia la opinión pública y el Congreso de los Diputados.

La lista de los objetivos alcanzados por ETA ha sido muy amplia: reconocimiento internacional de Batasuna; presentación de terroristas en las listas legalizadas de ANV para las elecciones municipales y su posterior sustitución por Bildu, colocación de bombas y asesinatos con el gobierno mirando al tendido; exigencia del impuesto revolucionario a empresarios, mientras Rubalcaba hablaba de verificar; inacción policial ante las acciones de kale borroca y conseguir que el Estado abdique en garantizar el imperio de la ley, con la complicidad de jueces y fiscales, provocando la quiebra del Estado de Derecho. Todo ello ha generado un clima de exaltación del separatismo vasco y un debilitamiento para aquellos que luchan por una España en libertad. El camino surrealista emprendido por el Presidente, ha llevado a los terroristas al borde del éxito estratégico: la victoria psicológica en el ámbito social. En 2010, ETA seguía financiando sus actos terroristas con el dinero público que obtienen de sus concejales, gracias al PSOE.

El fracaso en la política antiterrorista de los gobiernos de ZP se ha debido, sobre todo, al  voluntarismo político que ha despreciado la objetividad mientras que ETA utilizaba convenientemente los tiempos y la situación para alcanzar su objetivo estratégico: debilitar al Estado y separar al gobierno de la sociedad. El desconcierto del ciudadano no era por no saber hacia donde se dirigía ETA sino por la indefinición, la ausencia de planificación y la parálisis del gobierno, aderezado todo ello con una desastrosa política de comunicación. Para saber lo que estaba pasando había que acudir a las fuentes informativas de los terroristas.

En política lo que cuentan son los resultados y han sido decepcionantes. Podían haber sido mucho peores si al frente de la organización terrorista hubiera habido un Mao o un Tito. Lo peor de ZP es que cuando los hechos desmienten sus deseos, se empeña en llevar razón y por eso es incapaz de adaptarse a la situación como si esta pudiera cambiar con solo quererlo.

El llamado proceso de paz tuvo dos actos de ignominia, el primero fue el chivatazo desde el ministerio del Interior, dirigido por Rubalcaba, que se realizó a miembros de ETA para evitar que fueran detenidos en una operación ordenada por el juez Marlaska. Al igual que en los casos descritos anteriormente, los presuntos culpables son protegidos desde el gobierno y el principal sospechoso, el ex director de la policía Víctor García Hidalgo, que está un escalón por debajo del Secretario de Estado de Interior, Ignacio Camacho, es nombrado consejero de una Caja de Ahorros del País Vasco. La delincuencia y el abuso de poder en estado puro. El segundo, otro chivatazo de ZP a su negociador con la banda, avisándole de la proximidad de una acción importante de la policía francesacontra los terroristas. La colaboración con ETA y la traición al Estado, son palmarias digan lo que digan los jueces y fiscales de la toga ensuciada con el polvo del camino.

Los gobiernos socialistas de González y Rodríguez utilizando caminos diferentes, GAL y proceso de paz respectivamente, han conducido al país a una encrucijada similar: el debilitamiento de la nación. Al haber propiciado con sus políticas la deslegitimación del Estado de Derecho en su lucha contra ETA.

Aprovechando las elecciones municipales de 2011, gobierno y ETA reinician su particular rigodón: por un lado, ETA declara una tregua “verificable” y por otro, el gobierno señala que mientras no abandonen la violencia de manera inequívoca el Estado los seguirá persiguiendo. Todo para facilitar la presencia de los terroristas en las elecciones y seguirse financiando con dinero público, como hacen en la actualidad.

El gobierno en su maniobra de confusión intenta llevar al ánimo de la opinión pública la existencia de dos terrorismos: uno pacífico y posibilista y el otro violento y radical. Cuando son dos caras de la misma moneda con un único objetivo, la secesión. Por eso, para los dirigentes del PSOE apoyar y dejar un espacio de acción política a los “pacíficos” debilita la opción terrorista violenta, lo que sólo se explica cuando se ha puesto el interés electoral por delante del general, análisis erróneo pues en una organización de ese tipo cuando aparece algún moderado es inmediatamente apartado o eliminado. Otra cosa es que constatando la debilidad gubernamental se pongan a representar la historia del poli bueno y el poli malo para lograr su financiación y seguir debilitando al Estado.

La solidez de un régimen democrático se asienta en la soberanía nacional que es la que legitima a la ley y al ejercicio del Poder. La garantía para el ciudadano reside en el estado de Derecho, que supone la sujeción al imperio de la ley de los poderes públicos y su aplicación por igual a todos los ciudadanos. El estado de Derecho se alcanza cuando existe división de poderes y estos actúan para contrapesar y moderar a los otros poderes que así se ven obligados a acatar la norma.

Puedo afirmar que en España no existe el estado de Derecho y por lo tanto las garantías para el ciudadano son en la práctica inexistentes. La soberanía nacional, con el paso de los años, se ha visto reducida a depositar de vez en cuando un voto en una urna. El ciudadano ni siquiera elige a sus representantes, da su voto a un partido y este hace con él lo que mejor le place. En nuestro país no existe democracia, como la entendían sus inventores, sino un pluralismo totalitario que va desvirtuando gradualmente la libre concurrencia y el pluralismo democrático. Las direcciones de los diferentes partidos son las que capitalizan la voluntad nacional, secuestrada previamente por las burocracias partidarias, ya que han eliminado de sus organizaciones la democracia interna como les obliga la Constitución.

El resultado inmediato ha sido que el ejercicio de la arbitrariedad, por parte de los poderes públicos, se ha convertido en una costumbre cada vez más frecuente y de ahí el obligado corolario: la corrupción generalizada de las instituciones. Los gobiernos y sus aparatos políticos han estado más preocupados por su continuidad en el Poder que por el cuidado del interés general. Ese descuido ha traído nuestra división interna y nuestro desprestigio internacional a causa de una política exterior errática, que ha generado una desconfianza creciente en nuestros aliados. La fragata rumbo a Bombay, abandonando el Grupo de Combate aliado, es un buen ejemplo.

La participación directa de funcionarios de la seguridad nacional en los acontecimientos expuestos con la permisividad y encubrimiento del gobierno, o su intervención directa, en a estas actividades delictivas, marca la deriva de este régimen agotado y de una clase política afianzada sólo en sus privilegios.

Para La Tribuna de España