El muy trágico balance del primer semestre de 1936 que desemboca en una guerra civil
Tras unos comicios en febrero que fueron un auténtico fraude (AQUÍ), hasta el punto de que, en la segunda vuelta de las elecciones, tras la farsa de los comicios, donde se había producido un fraude generalizado (AQUÍ), llegó el verdadero caos, como confesaron el presidente Alcalá-Zamora y otros eminentes republicanos, y la II Republica naufragó en un océano de injusticia y violencia (AQUÍ). Aún quedaban meses para que estallara la guerra civil, y los restos del Estado de Derecho, nunca muy boyante durante la II República, habían saltado por los aires (AQUÍ). En el parlamento, el Frente Popular expulsó al presidente de la República de forma manifiestamente ilegal, mientras miles de ayuntamientos eran disueltos y sustituidos por “comités ejecutivos” invariablemente en manos de partidos y organizaciones socialcomunistas, que reclamaban la ilegalización de las fuerzas “fascistas” –todas las de la oposición– y la incautación de “la prensa reaccionaria y de derechas” mientras el presidente del gobierno manifestaba que el ejecutivo era “beligerante frente al fascismo”. En la primavera de 1936, la gravedad de la situación había llegado hasta el punto de que, en numerosas provincias de España -fundamentalmente en la mitad sur y en las zonas de mayor presencia izquierdista, así como Madrid, Cataluña y Asturias– las milicias socialcomunistas ejercían funciones parapoliciales, patrullaban localidades y barrios, asaltaban y cerraban locales y periódicos de derechas, ocupaban edificios públicos y detenían a sus enemigos políticos. La impunidad de la que gozaban era tal, que surgieron entonces las primeras checas como 
centros de detención, tortura y asesinato de sus oponentes, ante la absoluta inacción policial por orden gubernativa, cuando no con su activa colaboración. Controlaban las calles, era frecuente que se dedicasen a recorrerlas a pie o en automóvil, deteniendo arbitrariamente a quienes les parecía oportuno, en medio de la indiferencia policial. Las localidades españolas, especialmente las grandes urbes, y particularmente Madrid y Barcelona, se habían convertido en ciudades sin ley, en las que los milicianos de los partidos y sindicatos socialcomunistas campaban a sus anchas y se presentaban en los hoteles, restaurantes y cafés exigiendo ser atendidos con ademanes imperiosos y negándose después a pagar la cuenta. En las tiendas de ultramarinos, sus mujeres -acompañadas de algún joven pertrechado de arma corta- tampoco pasaban por caja[1]. La primavera de 1936 no fue una excepción en cuanto a la existencia de víctimas provocadas en las calles por grupos de manifestantes o en concentraciones ilegales y otro tipo de desórdenes como ataques a propiedades, violencia incendiaria, asaltos a edificios oficiales o choques entre grupos rivales. Con las calles llenas de manifestantes y con muchos de ellos dispuestos a saltarse la ley para ocupar por la fuerza algunos edificios oficiales y cambiar a sus responsables, penetrar y destrozar sedes de los partidos derechistas o concentrarse en actitud desafiante alrededor de las cárceles para exigir la liberación inmediata de sus presos, no es extraño que se produjeran situaciones de extrema tensión con las fuerzas de Asalto y la Guardia Civil (AQUÍ). En muchos lugares, la inquina hacia esos agentes era evidente, al considerarlos el brazo ejecutor de la política represiva de las derechas en los años 1934 y 1935. Por eso, en bastantes sitios la acción violenta de los manifestantes se produjo bien ante la pasividad policial deliberada o, lo que es peor, ante una actuación policial que llegó tarde y, cuando lo hizo, se encontró con situaciones en las que ya no era nada fácil disolver a los grupos o aislar a los radicales sin ejercer una violencia mayor.
Con este telón de fondo, en el que la violencia aterrorizaba a España, el primer semestre de 1936 no fue un contexto precisamente propicio para el libre y confiado desarrollo de nada, buena parte de la población vivió atemorizados de manera permanente, asistiendo en muchos lugares al espectáculo de la violencia, que en muchos casos les afectaba directamente, y a los muchos asaltos que sufrían las propiedades, en formas diversas y al margen de toda legalidad, encima con suspensión y censura, total o parcial, de la prensa, sobre todo la no afín al socialcomunismo, que se intensificó hasta extremos paranoicos, para tratar de que el resto de la población no se enterase de lo que sucedía en la medida de lo posible. La radicalización ideológica lo empañaba todo, contaminando las relaciones sociales incluso en circunstancias inicialmente lúdicas. Con independencia de las diferentes percepciones en presencia, lo cierto es que fue un período extremadamente violento y convulso políticamente hablando, en momentos de normalidad constitucional ninguna otra etapa de la República se le puede equiparar (AQUÍ), pero es que el 18 de febrero, en pleno recuento electoral y ante las amenazas que se cernían sobre el mismo, se proclamó el estado de alarma[2] y ya no se levantó, y el 17 de julio seguía vigente. Unos meses, entre la celebración de las elecciones el 16 de febrero de 1936, y el estallido de la guerra civil, el 17 de julio de 1936, en los que se decidió el futuro de España, y no son datos menores:
– Los índices de conflictividad y violencia en la primera mitad del año, variados en sus formas y causalidad, demuestran unos meses muy agitados, con diferencia muy por encima de los 5 años anteriores, con 977 episodios registrados de violencia política, con más de 2.000 víctimas (454 muertos y 1.686 heridos graves) entre el 17 de febrero y el 17 de julio, ya desde el inicio del recuento electoral el día 17 de febrero hasta el 2 de abril hubo 345 episodios violentos con 177 muertos y 560 heridos [3], los datos muestran un cierto reflujo de la violencia global a finales del mes de junio, en los primeros días del mes de julio.
– Se contabilizaron otros sucesos, tales como: 178 incendios de inmuebles diferentes de edificios religiosos, 12 de centros políticos, 45 de establecimientos, y 15 de domicilios particulares; 199 asaltos y destrozos 58 de centros políticos, 72 de establecimientos públicos y privados, 33 de domicilios particulares; 146 explosiones de bombas y otras 78 recogidas sin explotar, 169 motines, 39 tiroteos, etc.; 138 atracos consumados y 312 tentativas de atraco; 215 agresiones personales frustradas; 10 empresas periodísticas clausuradas, otros 33 asaltos destructores de empresas periodísticas y 69 centros de derechas destruidos, que indican el talante de la izquierda para tolerar opiniones diferentes a las suyas.
– Hubo 88 episodios de violencia política en el ámbito rural, en el contexto de ataques contra la propiedad agraria, disputas laborales o huelgas, con el resultado de 45 muertos y 120 heridos, que fueron decisivos para explicar diversos episodios de violencia política en el ámbito rural, como la intimidación practicada sobre los jornaleros que no pertenecían a los sindicatos de izquierdas o las ocupaciones de fincas por parte de los que exigían un trabajo remunerado, a lo que hay que sumar los robos y daños sobre las cosechas y la ganadería o la tala ilegal de árboles, asunto este muy importante para entender cómo empezaron algunos choques violentos entre paisanos y fuerza pública durante la primavera de 1936. La predisposición a la violencia de muchos simpatizantes y militantes de izquierdas respondía a motivaciones muy variadas, incluso en no pocos casos de índole netamente particular. En muchos casos, sobre todo en los medios rurales, se trató de explosiones espontáneas y descoordinadas en virtud de lógicas de confrontación locales, de raíces antiguas y ajenas a los centros de decisión de las organizaciones socialcomunistas nacionales. Desde su propia perspectiva, a menudo tales explosiones se justificaban en respuesta a la represión y atropellos padecidos por los militantes durante el bienio anterior, o bien como reacción inmediata a las agresiones recibidas. Sin embargo, el simple afán de venganza no fue el único factor explicativo de la violencia izquierdista posterior a las elecciones, también pesó la constatación de que el poder ofrecía una oportunidad de oro «para cambiar radicalmente su condición y las relaciones de poder».
– Es muy significativo que el 80% de los actos violentos los comenzaran los izquierdistas, la izquierda fue quién se movilizó y alimentó la espiral de odio, lo que llevó a la oposición a reaccionar al sentirse amenazada, siendo los socialcomunistas -especialmente los socialistas y el resto a la zaga– los que demostraron un mayor empuje en el inicio de los enfrentamientos y en la ocupación ilegal y coercitiva de los espacios públicos, con manifestaciones de celebración, asaltos a las cárceles para liberar a todos los presos, acciones anticlericales, asaltos a locales de adversarios, detenciones arbitrarias de opositores, ataques contra la propiedad, disputas laborales y huelgas, represalias, atentados, choques con grupos ideológicamente adversos, etc., las milicias de izquierdas provocaban la violencia contra los contrarios, y después acudían a detener a las víctimas por la violencia provocada por ellos mismos, un sistema, de hecho, de guerra civil, mientras los gobiernos republicanos izquierdistas de Azaña y Casares Quiroga no actuaron con la contundencia para neutralizar los desmanes izquierdistas, no tomando medidas encaminadas a contener y reprimir la barbarie y el crimen, se encarcelaba y se asesinaba a los partidarios de la oposición.
– En su inmensa mayor parte, causados por los socialcomunistas, bien contra sus adversarios políticos o bien en luchas entre ellas, y la responsabilidad de la izquierda es evidente: tras la relativa represión a la que fue sometida a causa de su golpe de estado en octubre de 1934 (AQUÍ), 1935 fue el año que menos muertos por violencia política arroja, apenas 47, cifra excepcionalmente baja para los estándares de la II República, porque los perpetradores de los crímenes se hallaban desactivados, pero la puesta en libertad de los socialcomunistas multiplicó por 9 los asesinatos a partir del 16 de febrero de 1936. Consta que quiénes iniciaron los mismos en 544 casos, donde se aprecia una tendencia muy clara, en 427 episodios (78,5%) el inicio cabe atribuirlo a izquierdistas, en su mayoría (298 hechos, 55%) no se especifica la filiación izquierdista concreta de los iniciadores de esa cuerda, aunque los 129 episodios en los que sí consta la filiación, se distribuyen entre 68 socialistas, 33 comunistas y 28 anarquistas, y esos 427 episodios dieron pie a 265 muertos y 760 heridos sobre un total de 484 muertos y 1.659 heridos. De 672 episodios en los que se conoce la filiación del agresor, las izquierdas constan como tales en 382, el 56,8%. 
En los episodios en los que la izquierda fue la agresora principal, las víctimas causadas fueron 568 heridos y 176 muertos (sobre un total de 1.174 heridos y 388 muertos en los que se conoce la filiación del agresor, y esas 744 víctimas suponen el 47,6% del total. Tales cifras contrastan con los de la cuerda contraria cuando figuran como agresor principal, con 325 heridos y 106 muertos, el 27,6% del total. A las fuerzas policiales profesionales como Guardia Civil y de Asalto, correspondieron como agresores principales 215 heridos y 85 muertos, el 19,2%. La suma de los tres bandos da un total de 94,81%, y el resto correspondió a categorías muy menores, casi irrelevantes. Toda esa violencia no tenía ningún propósito inmediato por parte de las organizaciones socialistas y anarquistas, agitadas por sus líderes con el objetivo de generar una atmósfera pre-revolucionaria y presionar al gobierno. Pero el PCE, que había reclamado abiertamente para sí la “gloria” del golpe de estado de 1934, y desde febrero de 1936 había dejado de ser una fuerza minoritaria para convertirse en la más eficaz de las organizaciones socialcomunistas, sí tenía una estrategia gradual de asalto al poder[4] y la situación de agitación revolucionaria convenía a sus fines, pues la radicalización política y social facilitaba las alianzas con el resto de fuerzas de la izquierda, pero debía evitarse que las cosas se desmandasen hasta el punto de provocar una sublevación militar. Mientras tanto, el gobierno izquierdista republicano actuaba política y policialmente de modo despótico y con un indisimulado sectarismo, hasta el punto de poner ilegalizar a la Falange española de las JONS pese a la sentencia del Tribunal Supremo que declaró su legalidad, que se negó a acatar, y se abstenía de tomar medida alguna contra los desencadenantes principales de la violencia, las organizaciones socialcomunistas de las que dependía en el parlamento para el mantenimiento de su mayoría. Todo ello, entre el estupor y el terror con el que España asistía hechizada a los interminables estallidos de violencia socialcomunista, y a la desaparición de las más elementales garantías para la vida y los bienes.
– En el lado contrario, que ante tal situación estaba paralizado, no había tal variedad de formas conflictivas equiparables a las desplegadas por la izquierda, solo la resistencia patronal a doblegarse ante la inaudita presión o la respuesta armada falangista o carlista hacían frente a la violencia enemiga y a las agresiones sufridas provocadas los socialistas y comenzó una dialéctica de acción-reacción (AQUÍ), dado que el liderazgo de la izquierda como agresor principal es incontestable, tanto en episodios violentos como en victimas acarreadas, y los falangistas –hasta entonces relativamente sujetos por su jefatura, hasta que quedaron fuera de control– y los carlistas –aunque en menor número– se situaban por detrás de manera ostensible. La utilización de armas por los civiles, de fuego principalmente, estuvo a la orden del día como parte de las luchas y trifulcas callejeras, con proliferación de atentados, agresiones y colisiones de todo tipo, hasta el punto de que los agentes de la autoridad retiraban con frecuencia armas a la población, aunque las ordenes de desarme de las autoridades se daban sobre todo sobre la población de derechas, que así quedaba más indefensa, y por más que se emplearan o fondo con los derechistas y los abusos en las detenciones gubernativas de derechistas, la violencia no desparecía, sino que se estimulaban más, porque en la violencia generada por los izquierdistas no se cogía el toro por los cuernos, como si esta fuese pasajera y hasta disculpable a partir de su intentona del fallido golpe de estado de octubre de 1934.
– El huracán de la primavera y del principio del verano de 1936 no tenía precedentes con termino de comparación válido en la historia de España (AQUÍ), no sólo por las cifras conflictivas que se recogieron (huelgas, hectáreas ocupadas, edificios incendiados o atacados, muertos y heridos…), sino, sobre todo, 
porque en pocos períodos anteriores de relativa normalidad constitucional se vulneraron tanto los derechos y las libertades individuales. En comparación con los 5 años previos, cuya cifra de muertos por razones políticas asciende a 2.629, lo inusual fue que se contabilizaran tantas agresiones, atentados o reyertas prácticamente a diario y a menudo con fuerte implicación colectiva. Contrastadas estos números con los del entorno europeo, adquieren una más clara significación, pues, en términos de criminalidad, lo sucedido en España en 1936 presenta unas cifras mucho mayores que la de los meses que antecedieron al ascenso al poder del fascismo en Italia de la mano de Benito Mussolini, a la llegada al poder de Hitler en Alemania tras ganar las elecciones en 1932, o al fin de la democracia en Austria poco después. Durante los 5 meses (el mismo periodo de tiempo) más sangrientos del “bienio bolchevique” italiano en 1921 anterior murieron 207 personas -menos de la mitad que en España y, considerando que Italia tenía un 50% más de población que España-, es evidente que la intensidad de la violencia fue mucho menor.
– En términos cualitativos, 13 provincias sobresalieron también sobre el resto por reunir las agresiones más graves: el 82,5% de los incendios de edificios, el 71,8% de los edificios asaltados y saqueados, y el 61,3% de las agresiones al personal religioso, y entre las provincias especialmente conflictivas estaba La Coruña, con 56 actos de violencia.
– Las situaciones conflictivas con las que se encontraron el Cuerpo de la Guardia Civil y de Asalto en esos meses fueron muy diversas, tanto por su naturaleza como por su intensidad, durante los 4 años previos hubo más de 2.000 víctimas mortales por violencia política, pero los meses transcurridos entre el 19 de febrero y el 17 de julio de 1936 fueron excepcionales, no ya por la cuestión puramente cuantitativa, sino porque la conflictividad se mantuvo en el tiempo con intensidad y apenas dio un descanso a los guardias. El número de detenidos por la Guardia Civil, en el primer semestre de 1936, fue de 25.109 personas, lo que suponía aproximadamente la mitad de las registradas de 50.432 detenidos en 1933, 51.570 detenidos en 1934, y nada que ver con la primera mitad de 1931 con 14.043 detenidos o en 1932 con 24.846 que se sitúan muy por debajo. A esto hay que sumarle que el celo de las autoridades fue muy cambiante a lo largo del tiempo (AQUÍ), las Fuerzas de Seguridad del Estado no actuaban a su libre albedrío y con absoluta autonomía, sino que se hallaban bajo las órdenes y la supervisión constante de los gobernadores civiles, representantes a su vez de la autoridad central a lo largo y ancho del territorio nacional, y en 1936 la política gubernamental de orden público resultó menos estricta que en los años anteriores, por indicaciones de gobiernos que dependían parlamentariamente de los partidos socialcomunistas sitos a su izquierda. Hay multitud de señales de que bajo el Gobierno de Azaña o el de Casares Quiroga, a menudo las autoridades gubernativas hicieron la vista gorda con muchos incidentes, movilizaciones y actos de fuerza alentados por las organizaciones socialcomunistas.
– Se perseguía a la religión de forma espectacular (AQUÍ), especialmente contra monasterios, iglesias y catedrales, en los 121 días comprendidos entre el 17 de febrero y el 16 de junio, hubo un total de 957 actos violentos: 325 edificios religiosos que fueron asaltados e incendiados parcial o totalmente (34% de los ataques computados), en 210 edificios los ataques tuvieron graves consecuencias para su estructura, siendo arrasados totalmente en numerosos casos. el 30 de abril ya se habían destruido por completo 98 iglesias[5]; fue lo más abundante los edificios religiosos que resultaron asaltados o saqueados pero no incendiados con un total de 416 (43,5 %), en este caso, los asaltos no implicaron desperfectos estructurales, pero que eran profanadas y con todo su contenido arrasado, como retablos, pinturas, esculturas, bibliotecas, archivos, etc.; 129 atentados (13,5%) contra edificios religiosos que no implicaron 
asaltos o que se quedaron en meros conatos de incendio, apedreamientos o tiroteos, aunque la intensidad de la violencia desplegada fuera más débil no debería llevar a minusvalorar los desperfectos acarreados y, sobre todo, el impacto psicológico causado entre el clero y los fieles católicos, que quedaran en conatos no se debió casi nunca a la intencionalidad de sus autores sino a la intervención rápida de la fuerza pública o del vecindario; 56 casos (5,9 %) de destrucción de monumentos de carácter religioso al margen de las iglesias, conventos y casas rectorales, que en su mayoría, consistieron en la destrucción de las cruces de piedra que jalonaban las entradas y salidas de muchas localidades, o que presidían sus plazas públicas o espacios abiertos en recintos religiosos, aunque a veces los destrozos se extendieron también a otros lugares, como los cementerios, o hacia otros símbolos de culto, fueran de carácter permanente o erigidos para festividades religiosas concretas, como las procesiones, con el objetivo de los ataques de inhabilitar el uso religioso de los edificios mediante el saqueo o quema del mobiliario, imágenes y objetos de culto, cuando los asaltantes respetaban los edificios, limitándose a destrozar el contenido, respondía al deseo de apoderarse de los mismos para dedicarlos a usos políticos propios, a menudo con el visto bueno de las autoridades locales izquierdistas, pues no por casualidad estos asaltos tumultuarios solían ir acompañados de gestos con fuerte carga simbólica, como el izado de la bandera roja en torres y balcones, o métodos más expeditivos, como el robo de las campanas o la sustracción de sus badajos; y los que no fueron destruidos, finalmente acabaron como garajes, cuarteles, refugios, polvorines, cuadras y pocilgas[6]; al menos 31 agresiones físicas contra el personal religioso (3,1%), aunque con toda seguridad fueron muchas más. En casi 1/3 del territorio las propiedades de la Iglesia fueron incautadas
– Una intensa oleada de huelgas sacudió España, las huelgas eran se sucedían casi ininterrumpidamente, El Sol habló de «epidemia de huelgas»[7], y el diario Ahora insistió en que lo verdaderamente importante en aquellas circunstancias era posibilitar la reanimación económica «Así no se puede continuar». Entre enero y julio de 1936, el Boletín del Ministerio de Trabajo[8] registró 1.108 huelgas en España, frente a 734 en 1931, 681 en 1932, 1.127 en 1933, 594 en 1934 y 181 en 1935, y las de 1936 se habrían repartido con 26 en enero, 19 en febrero, 47 en marzo, 105 en abril, 242 en mayo, 444 en junio y 225 hasta el 17 de julio[9], pero entre marzo y julio, bajo los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga, el número de huelgas habría sido de 1.063; y el número de huelguistas pasó de 2.505 en marzo a 22.828 en abril, 55.310 en mayo y 166.317 en junio[10]; y sólo para el campo, el Ministerio de Trabajo señaló 192 huelgas, tantas como durante todo 1932 y casi la mitad de las contabilizadas durante un año tan agitado como 1933. En el período comprendido entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 el número de huelgas fue de 3.048, casi el triple de las registradas por el Ministerio de trabajo (3.124 si se cuenta desde el 1 de enero), cuando en el resto del período republicano se registraron 2.385 en 1931, 2.472 en 1932, 2.497 en 1933, 2.700 en 1934 y 309 en 1935[11]. En general, el número de huelgas de la primera mitad de 1936 se habría situado a considerable distancia de los años anteriores la cifra de huelgas siguió una línea ascendente, que habría llegado a su máximo entre mayo y junio, en junio-julio se registró un promedio de 10 a 20 huelgas diarias, hubo días con 400.000 a 450.000 huelguistas, y muchas las huelgas eran lo que se llaman “salvajes” sin control de la dirección sindical[12]. En el debate parlamentario del 16 de junio, que se centró en el tema del orden público, Gil-Robles denunció que desde el 17 de febrero se habían producido nada menos que 113 huelgas generales y 228 parciales, de las cuales 130 fueron espontáneas, y de las que correspondían al último mes contando desde el 13 de mayo, 79, y nadie rebatió estas cifras[13]. La secuencia de huelgas coincidía con otras violencias (quema de iglesias, ocupación de tierras, enfrentamientos espontáneos, crímenes y asesinatos políticos…), lo que contribuía a crear una atmósfera de preguerra civil y un miedo creciente, no sólo entre la clase alta, sino en la clase media, incluido el campesinado pequeño propietario.
– Bajo el gobierno de centro-derecha (AQUÍ), el ligero repunte experimentado en el segundo semestre del año 1935 por el sector industrial -especialmente en la construcción-, sufrió en la primera mitad de 1936 una fuerte depresión, en su conjunto, la producción industrial descendió un 15,5% respecto a octubre de 1935, dato tan significativo como preocupante, y el informe del Servicio de Estudios correspondiente al mes de julio añadía taxativo que «el espíritu de empresa» se había hundido «profundamente», y la derrota en toda regla de los propietarios y patronos y los enormes costes que se les vinieron encima no tuvo parangón con otros períodos, cientos de empresarios advirtieron cercana su ruina en medio de un clima tan adverso para sus intereses, la Bolsa cayó en picado, no es extraño que comenzara a producirse una fuga de más y más capitales del país, por añadidura, que la producción general se redujese hacia caer los ingresos fiscales, y cada vez se hizo más difícil financiar la deuda y emitir bonos del Estado.
– Se sucedieron las ocupaciones de tierras, dirigidas por las organizaciones socialcomunistas, especialmente en el sur al menos un 5% de la propiedad en España cambió de manos en aquella primavera de 1936, lo que pasó a convertir casi todas las tierras afectadas en improductivas y, ante la caída de los precios agrícolas, los cultivos simplemente se abandonaron en muchas regiones.
– En lo referente a la evolución del empleo, el paro se disparó en todos los sectores productivos desde principios de 1936 alcanzando cotas hasta entonces desconocidas, en febrero se registraron 843.972 trabajadores desempleados, casi un 10% de la población activa, el informe del Servicio de Estudios se pronunció igual de terminante: «a partir de febrero se está produciendo con ritmo acelerado un gran aumento del paro en toda la economía nacional, y especialmente en la industria pesada, en la construcción y en la producción de toda clase de bienes durables», y aumentó en bastantes sectores de manera inevitable hasta superar 1 millón de parados, cantidad muy elevado ya que un parado en los años 30 carecía de toda cobertura ante la adversidad.
– Entre el 1 y el 17 de julio, se registraron en toda España 89 episodios de violencia política y social, los mismos afectaron a 31 provincias, con desigual intensidad, y causaron un total de 51 muertos y 144 heridos, y durante esta primera mitad de julio, la política de las autoridades gubernativas para atajar este clima irrespirable, se centró fundamentalmente en aplicar la fórmula que venían ensayando durante toda la primavera, efectuar detenciones masivas e indiscriminadas de falangistas y derechistas –potenciales o figurados–, como si en la esfera pública no hubiera otros actores y organizaciones a los que se les pudieran exigir responsabilidades por la alteración del orden o por el ejercicio de la violencia.
En este ambiente vivieron los españoles los meses previos al final de la II República y a la Guerra Civil[14], que se encontraban realmente frente a un gobierno que en vez de proteger a la población la atacaba, por eso la población estaba aterrada, porque en una revolución, como se había demostrado Rusia y México, no había neutrales, ni siquiera adversarios, sino enemigos que iban a ser aniquilados. Gente pacífica era maltratada y España se desangraba lentamente en atentados, asesinatos políticos, disturbios, y desórdenes callejeros, por los enfrentamientos y crispación visible socio-política. Cifras arriba o cifras abajo, los datos son impresionantes, y no puede discutir que la primera mitad de 1936 fue un período de una conflictividad extraordinaria, tanto, que es elocuente que hasta la propia prensa republicana de izquierdas mostrara su alarma ante los altos niveles alcanzados, y entre los periodistas de la izquierda republicana mejor informados «la situación en España va siendo insostenible» y «reclama medidas de carácter draconiano»[15]. Para muchos ciudadanos contemporáneos todas esas dimensiones de la movilización coactiva de los socialcomunistas se veían como parte de un todo, y, como tal, se percibían como un movimiento subversivo y amenazador, alimentando la idea de que la inseguridad y la violencia se estaban apoderando del país sin que nadie le pusiera remedio, y esto aterrorizó tanto a extensos sectores de la población que el potencial apoyo popular a la conspiración en pro de una intervención militar no dejó de crecer. Negar esta realidad o tratar de blanquearla, constituye un falseamiento de los hechos que incontables evidencias documentales acreditan de forma categórica. La situación era tal, que, hasta el líder del PSOE Indalecio Prieto, el 16 de junio había dicho: «Un país puede vivir en Monarquía o en República, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo; como únicamente no puede vivir es en anarquía». El 23 de junio de 1936, el Comandante Militar de las Islas Canarias, el general de División gallego Francisco Franco, dirigió al entonces Presidente del Consejo de Ministros, el gallego Casares Quiroga, una carta solicitando de los Poderes públicos, en forma correcta y mesurada, que pusieran coto a tanto desafuero, que comentaría “Los españoles estaban hartos de políticos y de política”.
La comprensión de los hechos relatados y sus circunstancias, en las mentalidades de las personas de la época, se tradujo, directamente, en dogmas políticos que trajeron la bipolarización dicotómica derecha-izquierda sin términos medios. De acuerdo con la ideología de cada uno, en el maniqueísmo de bueno-malo, asumiendo globalmente la realidad vivida con deber de distinguir según la cercanía ideológica a parientes y amigos. Este no era, desde luego, el medio más adecuado de difundir una política de consenso y de respeto a la legalidad. Habitualmente, se intentaba la revancha política, ya desde la proclamación de la República, con permanentes posiciones de fuerza incrustadas en una elevada polarización ideológica, 
en la que el diálogo era sustituido muchas veces por declaraciones demagógicas y griterío, con negación del contrario mezclada con manías que venían de años atrás, y que se manifiestan cuando las circunstancias sociopolíticas dan lugar a ello. El diálogo entre los bloques políticos no era posible, porque el enfrentamiento era ya tan grande, que evidenciaba la polarización absoluta de la ciudadanía, que no admitía posiciones intermedias, porque se respiraba mucha tensión en el ambiente. De ahí el miedo a la llegada al poder del Frente Popular, con el establecimiento de una izquierda revolucionaria, y esta inquietud latente en el transcurrir del día a día, conduciría a la solución de que había que hacer algo más para que no sucediese la situación de Rusia en 1917. Soplaba un viento de guerra, que se percibía a distancia. Media España temía hasta el pavor y odiaba a la otra media, hasta amigos y enemigos de otros días, ocupaban posiciones reñidas con la trayectoria que hasta entonces habían seguido sus vidas. Todo ello, acabaría, inevitablemente, colocando a los españoles, desgraciadamente, en la antesala del enfrentamiento civil. Ya en febrero del 1936 (AQUÍ), más dela mitad de la población había votado contra el Frente Popular, al que se identificaba, sin más, con el socialcomunismo, aunque también había separatistas e izquierdistas republicanos. De hecho, fueron, precisamente, las actuaciones del socialcomunismo y del gobierno izquierdista republicano y los que provocaron el colapso del Estado republicano y el consiguiente levantamiento de julio de 1936, y no al revés. La violencia desplegada por los socialcomunistas, provocó que algo tan timorato y pusilánime como la derecha española, esa media España que no se resignaba a morir en palabras de Gil Robles -quien había advertido a los jactanciosos socialcomunistas de que aquella furiosa violencia algún día se volvería contra ellos- no tuviera otra salida que las armas. La contrarrevolución que se puso en marcha no fue una mera corrección de los excesos revolucionarios, sino una reacción de sentido y dirección contraria de pareja intensidad. No fue la pobreza, sino la especulación demagógica sobre la pobreza y el envenenamiento de las conciencias por parte de partidos mesiánicos (el PSOE bolchevizado, el PCE, anarquistas de la FAI-CNT), con la doctrina de la lucha de clases y el «odio a la burguesía», lo que empujó a la guerra civil, impidiendo abordar el problema de las reformas de forma razonable, legal y democrática, y contribuyendo inevitablemente al enfrentamiento final. Rechazaban la cohesión nacional en nombre del mesianismo revolucionario (del «hombre nuevo» liberado de las limitaciones de la naturaleza, de las raíces y los valores tradicionales), querían sustituir la cultura cristiana por la cultura socialista o soviético-marxista, suprimiendo la propiedad privada, la libertad personal y las libertades políticas. Enfrente estaban los que defendían la integridad y la unidad nacional, la civilización cristiana, la propiedad privada y la libertad individual, aun a costa de las libertades políticas. En 1936, antes de la guerra, ni había democracia en España, ni nadie la defendía, era un valor en franco retroceso, y los socialcomunistas y separatistas la entendían como una especie de terreno de juego que les habría de permitir imponerse y, en consecuencia, la interpretaban como un periodo más o menos transitorio al que no concedían mayor significación. Estos partidos no aceptaban la democracia como un fin, sino como un medio más, al igual que la insurrección, para alcanzar el socialcomunismo y la independencia, respectivamente. Un elevadísimo porcentaje de la población española, compuesto por millones de españoles, que antes de la guerra solo temían al socialcomunismo, se había radicalizado, y ahora también lo odiaban. Es difícil explicar la sensación de hostilidad y enfrentamiento que se respiraba en el ambiente, era algo que se percibía. En 1936, de un modo u otro, todo el mundo pensaba en una intervención militar.
La Guerra Civil no fue la causa de una ruptura de la convivencia nacional, sino que esta precedió, y fue causa de la propia guerra. El levantamiento de julio fue su consecuencia y razón inmediata, no generó la división, de no haber estado profundamente dividida la nación, la guerra no hubiera sido posible, pero en 1936 España estaba rota, y porque para media España llegó un momento en que era más peligroso no sublevarse que hacerlo. La responsabilidad esencial, aunque no exclusiva, de esa división preexistente recae sobre la izquierda en su conjunto, y de modo muy señalado en el PSOE, pues era la principal organización de la izquierda y en 1932-33 había optado por desentenderse de la gobernabilidad y de la República y lanzarse por el camino de la bolchevización, y había sido el principal responsable del golpe de estado de octubre de 1934, episodio después del cual, radicalizó aún más su postura. La respuesta violenta se respiraba en el aire, aunque no se sabía ni donde ni cuando surgiría. La Guerra Civil no fue un hecho aislado, sino que fue la consecuencia natural de la inestabilidad y caos que se produjo durante los años de la República (AQUÍ), especialmente en el semestre del Frente Popular, junto con la falta de voluntad de convivencia que se daba entre los partidos políticos, pues todos lo querían todo, y para los demás, nada, y 
ello solo llevaba a la guerra. Todos los atropellos cometidos contra la libertad electoral, en el nacimiento de las Cortes de febrero de 1936 y del gobierno del Frente Popular; todas las conculcaciones contra supremas y primarias garantías jurídicas, que la Constitución otorgaba; todos los atentados contra la vida de las personas, la libertad y la propiedad de los particulares, etc., que el gobierno, lejos de coartar y reprimir tales excesos, amparaba cuando no los estimulada. Hasta el punto de que, en España, se llegó a vivir, con la apariencia fingida de un Estado civilizado y normal, un estado de sedición gubernativa[16], con autoridades al servicio de la violencia y del crimen, sin que entre los representantes de ese gobierno y los ejecutores materiales de los hechos delictivos, pueda negarse que exista la responsabilidad común inseparable de la codelincuencia. Como prueba de lo expuesto, entre el 29 octubre de 1933 –fundación de Falange Española- y el 18 julio de 1936 -declaración del estado de guerra-, fueron asesinados 109 falangistas, lo que reflejaba el sufrimiento soportado, sin miramientos de ningún tipo, por ese movimiento político, tratándose, además, de una organización con escasas posibilidades electorales entonces. Hasta el líder del ala moderada del PSOE Julián Besteiro resumió al gobierno del Frente Popular como “el poder de las tinieblas” basado en “un Himalaya de falsedades”, recriminado a sus compañeros «Estáis envenenando la conciencia de los trabajadores con una propaganda falsa, que solo puede llevar a un baño de sangre, y luego a luchas entre las propias izquierdas»–como así fue, finalmente-; y el presidente de la República Manuel Azaña lo resumió como: “política incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta”[17].
Aunque la cosa venía de meses atrás, pero tras los últimos acontecimientos a mediados de julio, el nerviosismo y la intranquilidad colectivas habían roto todas las barreras. Abundaban los testimonios que señalaban cómo la tensión en el país había llegado a términos insoportables, por más que ninguna salida estuviera escrita de antemano. Era una situación social de pesadilla en España, aunque aún era peor el lamentable estado de enfrentamiento y polarización, que se manifestaba en las palabras de violencia, de encono, de odio y persecución que impregnaban el ambiente. Mientras, el gobierno ejercía de títere de los socialcomunistas, que pretendían la revolución subversiva, deriva revolucionaria que experimentaron socialcomunistas en la primavera de 1936 y que se daba por hecha, con los ataques que recibieron las derechas en medio de ese clima y la tensión belicista que se respiraba[18]. Todo conducía a la conclusión, una vez más, de que España se encontraba al borde de la guerra, de ahí las llamadas al intervencionismo militar, porque el Ejército era la única fuerza capaz de salvar a España del despeñadero. Se encontró el último recurso en la fuerza autoritaria de los militares en armas, para evitar la revolución socialcomunista, dada la imposibilidad desgraciada de la política como medio de relación. Solo así se puede comprender el clima no solo tenso, sino belicoso, de la vida de los meses previos a julio de 1936. El objetivo era contrarrestar con la intervención militar ese peligro revolucionario, hasta algunos republicanos moderados de centro llegaron a la conclusión de que la única salida a la pavorosa situación del orden público era la proclamación de una dictadura republicana que, sin prescindir de la Constitución –lo cual era rizar mucho el rizo– y durante un plazo temporal limitado, permitiera a un gobierno restablecer la normalidad.
En suma, “Las izquierdas siempre han denunciado la insurrección del 18 de julio, lo cual, desde un punto de vista partidista y sectario, es perfectamente lógico, porque dio al traste con todas sus ambiciones de dominar España. Desde un punto de vista práctico, en cambio, la idea no es tan convincente, porque nunca ha existido un proceso revolucionario que no haya provocado una resistencia contrarrevolucionaria, aunque en ocasiones esta haya fracasado. Quienes no deseen la contrarrevolución, que no emprendan la revolución. Es así de sencillo”[19]. Así, cuando la izquierda condena el régimen de Franco –en la mayor parte de los casos a partir de una mitología falsa total o parcial–, en realidad está emitiendo el más duro de los juicios acerca de sí misma, porque el franquismo fue aquello en lo que la izquierda obligó a convertirse a la derecha y al centro. El final a esta avalancha de sucesos y conflictos graves y violencia en España, fue un crimen de Estado, sin precedentes en los anales en la historia política de gobiernos parlamentarios europeos, ejecutado por los propios agentes de la autoridad, que colmó el vaso de las aguas turbias, en una época que una media España, miraba a la otra media, con las espadas en alto.
[1] Como testimonia Salvador de Madariaga.
[2] Decreto de Presidencia del Consejo de Ministros, en Gaceta de Madrid, n.º 49, 18-02-36, 1427.
[3] Información detallada de los hechos, en DSC, n.º 17, 15-04-36, 324-334, datos sobre la violencia que quedaron anexados y no fueron cuestionados por ningún diputado gubernamental; AHN (Salamanca), P-S Madrid, 152, 1536, 2376-2377 y 4550; ADT, Secretaría 1936, n.º 6; AHP (Logroño), Gobierno Civil; DSC, 15, 16 y 18-04, 05, 06 y 07- 05, 04 y 11-06 y 08-07-1936; ABC y La Vanguardia, 17.02.1936 a 20.04.1936.
[4] Publicado en su órgano de difusión “Mundo Obrero” en febrero de 1936, unos días antes de las elecciones.
[5] Según datos del Ministerio de la Gobernación.
[6]Por ejemplo, pocos días antes de la entrada del Ejército de Franco en Toledo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Emilio Palomo, por orden gubernamental, procedió a la confiscación del tesoro de la catedral: decenas de joyas litúrgicas y obras de arte, entre ellas el famoso manto de las cincuenta mil perlas, una escultura de Pedro de Mena y un cuadro de Benvenuto Cellini, y lo mismo sucedió en casi todos los templos de la España que quedó en zona roja.
[7] El Sol, 09-06-36.
[8] Las estadísticas oficiales relativas a ese período, desgraciadamente no ayudan mucho ni permiten dar un veredicto definitivo, porque ni son completas ni fiables, con lo que es imposible trazar la secuencia del conflicto laboral de forma diferenciada apoyándose sólo en esa fuente.
[9] LINZ, J. J. (2009): Obras escogidas, vol. 4: Democracias: quiebras, transiciones y retos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pág. 180
[10] AVILÉS FARRÉ, J. (2006): La izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, CAM, pág. 409.
[11] ALVAREZ TARDIO, M. y DEL REY REGUILO, F. (2024) “Fuego cruzado. La primavera de 1936” Ed. Galaxia Gutenberg.
[12] MALEFAKIS, E. (1982): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, pág. 425.
[13] RANZATO, G. (2014): El gran miedo de 1936, Madrid, La Esfera de los Libros, pág. 276.
[14]Entre los diversos textos de prensa democrática extranjera condenatorios de la anarquía española que pudieran citarse, merece especial mención un articulo publicado en el periódico francés. “L’EreNouvelle” en los mismos días en que tales denuncias fueronhechas ante el Parlamento español, y el articulo decía así: “Desde el día primero de marzo, en todo el país (se refiere a España) reina el desorden. Y ¡quédesorden! En casi todos los grandes centros los elementos de extrema izquierda han emprendido una campaña e violencia que toda democracia debe condenar. Es singularmente paradójico reprochar a los regímenes de dictadura el uso de la fuerza y proceder exactamente como elloscuando la ocasión se presenta. Nadie ignora que los atentados se suceden en ciertasciudades desde hace un mes. Y se conocenal detalle, a pesar de la censura de Madrid, los odiosos actos cometidos contra muchas Sociedades representativas de doctrinasopuestas a las del nuevorégimen. Estosmismo excesos prueban que el Gobierno de Madrid está siendo desbordado por sus aliados de extrema izaquierda. Y todos los demócratas que entre nosotros han aplaudido el nacimiento de la República española y sus pequeños esfuerzos, se inquietan hoy al verla deslizarse en una democracia no está solamente en los partidos de la revolucionarios no es menos grave para ella. Habiendo dado jaque a uno, España parece incapaz de reaccionar contra el otro”.
[15] La Vanguardia, 13-06-36.
[16]Encajados como figura de delito en el articulo 245 del Códogo Penal vigente, con infracción notoria del articulo 364 de la propia Ley, que, clarísimamente, determinaba incurrír en responsabilidad criminal.
[17]Azaña, Manuel (2000) “Diarios completos Monarquía, República, Guerra Civil”, Editorial Crítica.
[18] JULIÁ, S. (1988): Historia económica y social moderna y contemporánea de España. II. Siglo XX, Madrid, UNED, pág. 93; y «Antecedentes políticos: la primavera de 1936», en Malefakis, E.: La Guerra Civil española, Madrid, Taurus, 45-69. (2006), pág. 60.
[19] Stanley G Payne.
