Ilegalización del PSOE

Por José J. García L.

1/06/2026 España

¿Quién no ha levantado una losa o una piedra grande en el campo para sentarse, y al levantarla del suelo y darle la vuelta estaba llena de bichos?

Una cosa parecida está pasando con el PSOE.

Era un “secreto” a voces la cantidad de escolopendras, orugas y demás bichos que había ahí dentro, pero  la novedad es que se esté iluminando con los focos.

El grado y la profundidad de la corrupción que estamos viendo trasciende a las personas concretas que aparecen como investigadas, porque va más allá de ellas, o lo que parece, -a excepción quizás de Zapatero que sí iba más a lo suyo-,  es que ellas actuaban no para sí, (o no únicamente para sí en el caso de Ábalos), sino para el propio partido y presuntamente para el propio presidente de ese partido, y en ese caso lo que está presuntamente podrido y lo que está sometido a responsabilidad, no son sólo las personas concretas que presuntamente han cometido los actos ilícitos, sino el propio partido porque han actuado no por libre o a título individual, sino siguiendo la voluntad del partido mismo como organización.

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Pongamos un ejemplo para ver si con él soy capaz de hacerme entender:

Pensemos por ejemplo en una empresa de servicios, por ejemplo de fontanería o de reparación persianas o de calderas de gas, puede tener sin pretenderlo el dueño de la empresa, uno o varios operarios que aprovechando que los dejan pasar a los domicilios de los clientes con ocasión de las reparaciones que en su interior han sido llamados a realizar, aprovechen en tales circunstancias un descuido de los dueños para hurtar en dichos domicilios.

Aunque el empresario esté llamado a responder económicamente de estos robos, no por eso la empresa es ilegal o la responsabilidad penal de esos actos recae sobre la empresa, que es ajena al comportamiento inadecuado de parte de su personal.

Ahora bien, si fuera el propio empresario el que diera instrucciones a sus empleados para que, aprovechando que entran a los domicilios particulares para efectuar la reparación, a la que han sido llamados a realizar, en tales domicilios particulares, para que roben en los mismos, entonces ya la responsabilidad penal de esos robos no es únicamente de los operarios que la comenten, sino también y en mayor grado del propio empresario y de la propia empresa, que manda a sus empleados a delinquir, y esa empresa no sería una empresa al uso, sino la fachada para una organización criminal.

En el primer caso (cuando el empresario es ajeno al mal comportamiento de alguno o algunos de sus empleados), la empresa puede llegar a responder civilmente pero no penalmente, porque su actividad es lícita, y ella no tiene la culpa de que alguno de sus empleados sea un sinvergüenza a espaldas de la empresa.

En el segundo caso, (cuando los trabajadores delinquen siguiendo instrucciones del propio empresario), la empresa es una organización delictiva, y en ese caso la empresa debe ser disuelta porque en realidad no es una empresa, es una tapadera para cometer delitos.

¿Qué significa esto si lo trasladamos al PSOE?

Que si unos militantes del PSOE delinquen por su cuenta, los delincuentes son ellos, no el PSOE. Incluso si un alcalde o un concejal, o un mando a título individual delinque por su cuenta, aunque sea un directivo de ese partido, el que delinque es él.

Ahora bien en el caso del PSOE, no es que estén delinquiendo (presuntamente siempre, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción), personas del PSOE pero por su cuenta y en actividades al margen de la política, sino que lo que vemos es que es la propia gerencia y cúpula del partido la que delinque y la que da instrucciones a otros miembros del partido para que lo hagan, y esto ya no es actuar a título individual, sino actuar el PSOE como organización delictiva con apariencia o disfraz de partido, y en el Derecho Penal español el disfraz es siempre una agravante.

 Si vamos al caso de los ERE de Andalucía, no es que cometiera prevaricación un auxiliar administrativo o un Técnico,  de la Junta de Andalucía, por su cuenta, sino que quienes actuaban eran los presidentes socialistas de la Junta de Andalucía y presidentes del partido en la región (Chávez y Griñán), y altos cargos del Partido.

Si nos vamos a Zapatero, Zapatero no ha sido un militante cualquiera al margen de la cúpula del partido, sino que entre el año 2000 y 2012 fue nada menos que Secretario General del PSOE, es decir el máximo cargo en el PSOE. Entre 2004 y 2011 fue Presidente del Gobierno de España. Aunque desde 2012 no ha ostentado ningún cargo oficial, de facto ha sido un líder e icono o referente del partido, y como tal ha participado en campañas electorales del PSOE (la última en Andalucía donde su protagonismo ha sido una constante), y ha sido una figura de referencia política, especialmente durante la etapa bolchevique del PSOE de Pedro Sánchez, por él ya iniciada. Y también ha intervenido en gestiones políticas internacionales como mediador, esgrimiendo esta doble condición de líder del PSOE y de expresidente del Gobierno socialista de España. De hecho es frecuente que se refieran a él en los medios pro-PSOE como “el Presidente Zapatero”. 

En el caso de José Luis Ábalos, no voy a tener en cuenta ni que fue Concejal en el Ayuntamiento de Valencia, ni diputado en su Diputación provincial, ni siquiera que fue Secretario General de los Socialistas valencianos, porque eso son puestos menores que no abarcan a la totalidad de la estructura del partido, pero sí que entre 2017 y 2024 que fue cesado para disimular, fue Secretario de Organización del PSOE, el tercer cargo más importantes del partido y persona de absoluta confianza de Pedro Sánchez.

En el caso de Santos Cerdán,  no tengo tampoco en cuenta en él sus cargos de Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Milagro (Navarra),  ni diputado en el Parlamento Foral de Navarra, ni tampoco que hasta 2017 fue Secretario de Organización del PSOE de Navarra y luego Secretario Ejecutivo del PSOE de Coordinación territorial, porque esto son cargos locales o regionales, o cargos menores que no implican al PSOE como un todo o partido de ámbito nacional. Pero sí tengo en cuenta que en 2024 al ser cesado Ábalos como Secretario de Organización del PSOE, fue nombrado Santos Cerdán en el puesto, que es el tercero en el escalafón del PSOE, después de Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Y tengo que tener en cuenta también su Puesto de Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, hasta que fue sustituido por Mª Luisa Carcedo.

De la imputación que el Juez Santiago Pedraz ha hecho de Leire Díez, la llamada “fontanera del PSOE”,  se desprende que durante los cinco «días de reflexión» que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024 (tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias), no fueron 5 días de reflexión sino de maquinación, se sentaron en una mesa como lo haría un Estado Mayor en una guerra, con los mapas desplegados, para decidir la estrategia y las operaciones de contraataque. Y se puso en marcha la operación para activar a Leire Díez y su red. El juez relata que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, acordó pagar a Leire Díez 4.000 euros mensuales «con cargo a los fondos del partido» para que esta desestabilizara de forma sistemática cualquier procedimiento judicial que afectara a los intereses del PSOE o del Gobierno.

El objetivo era obtener información sensible y desacreditar a jueces, fiscales,  policías, y guardias civiles que investigaban casos como el de Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. El juez Pedraz señala que este fue el «punto de inflexión» en el que se organizó la trama para neutralizar las investigaciones judiciales. El Juez considera implicados en esta trama (sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción): 

La Gerente del PSOE Ana Mª Fuentes Pacheco,  amiga de la mujer del Presidente del Gobierno según la prensa,  por haber emitido presuntamente facturas falsas y haber realizado la transferencia de fondos, para dar apariencia de legalidad de los pagos que se hacían a Leire Díaz por esta labor de fontanera. 

El Director de Comunicaciones del PSOE entonces, Ion Antolín.

El Jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano.

El Secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías (quien fuera Vicepresidente Primero del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía con Manuel Chávez), y que Gaspar Zarrías fue condenado a 9 años de inhabilitación, en el caso de los ERE, condena que le fue levantada por Conde Pumpido, es decir que ya tiene un historial delictivo de esta naturaleza.

Y luego están una serie de personas al servicio de esta cúpula pero de rango muy inferior, como la propia Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset.

En el caso concreto del rescate a la compañía Plus Ultra (marzo de 2021), con independencia de la posible responsabilidad de Zapatero por el amaño, y del resto de miembros del Consejo de ministros presidido por Pedro Sánchez,  el rescate fue autorizado por el propio Gobierno o Consejo de ministros, el Presidente del Gobierno es a su vez el Secretario General del PSOE, la Ministra  de Hacienda que autorizó también ese rescate era Mª Jesus Montero que poco después (2022) sería nombrada la nº 2 del PSOE como Vicesecretaria General del PSOE, en sustitución de Adriana Lastra, que dimitió por verse forzada a ello por Santos Cerdán, aunque no fue ésta su primera versión de los hechos sino que tenía un embarazo de alto riesgo que precisaba reposo.

Carmen Calvo que también estaba en ese Consejo de Ministros, no sólo era Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (cargo con un evidente componente ultraizquierdista), sino que era también miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, que es la máxima instancia ejecutiva del PSOE como Secretaria de Igualdad en la Ejecutiva Federal del PSOE.

A estos nombres la prensa añade 6 Ministros de Zapatero, pesos pesados del PSOE: José Bono (Defensa), Miguel Ángel Moratinos (Exteriores), Miguel Ángel Sebastián (de Industria, Turismo y Comercio), Magdalena Álvarez (de Fomento), del llamado comité de notables del PSOE andaluz, como Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía fue condenada al igual que Gaspar Zarrías,  a 9 años de inhabilitación en el caso de los ERE, pero el Tribunal Constitucional  ordenó que se repitiera el juicio. José Blanco (Fomento y Portavoz del Gobierno, así como Vicesecretario General del PSOE), y Beatriz Corredor (Vivienda, Presidenta de la Fundación Pablo Iglesias y en la actualidad es Presidenta de Red Eléctrica Española).

Habrá que esperar qué resulta de la instrucción, pero si se confirma que los 5 días de reflexión del Presidente de Gobierno fueron un camelo, y que esos días sirvieron para que el Staff del Presidente se reuniera para poner en marcha las acciones mafiosas y de inteligencia que desbarataran las acciones judiciales contra el PSOE y contra el entorno del propio Presidente del Gobierno y del PSOE, que es la acusación contra Santos Cerdá y Leire Díez,  significaría que no es que un “operario” haya delinquido por su cuenta a espaldas de su jefe, sino que es la propia cúpula y estructura del partido, al máximo nivel,  y en ese caso no puede proceder otra cosa en un verdadero Estado de Derecho que la disolución e ilegalización del PSOE por exigencias del art. 22, 2º CE:

“Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”,

Y por exigencias de los arts. 9, 1º CE,  y 6 y 9bis de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que exige a todos en general, y a los partidos políticos en particular,  que ajusten su actuación al respeto a la legalidad, y aquí si es verdad la 10% de lo que aparece , se ha vulnerado la legalidad en todos los aspectos (organización criminal, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, delitos contra las instituciones del Estado, etc).

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Llegados a este punto, y si todo lo que parece se confirma, la ilegalización del Partido Socialista Obrero Español es una exigencia y una necesidad elevada al cubo:  

1. es una necesidad nacional,
2. es una necesidad democrática,
3. y es la ocasión de oro para que los jueces demuestren en contra de lo que parece, que España no es un Estado fallido y que todavía queda algo de Justicia en España.

No lo creo que lo hagan, porque la Justicia Española que debería ser la solución, es parte del problema, y ya ha demostrado en otras muchas ocasiones que salvo con los robagallinas y los acusados de “franquistas” o de “fascistas”,  en temas como éste que afectan al Presidente del Gobierno y a la cúpula de un partido “amigo” como es el PSOE, es completamente insolvente.  El exceso del Fiscal anticorrupción en su alegato final de conclusiones,  en el Juicio de Ábalos y Koldo ante el T. Supremo, exculpando sin venir a cuento a Pedro Sánchez, es una prueba más de la insolvencia y de la incapacidad de los actores que tienen en su mano garantizar el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la Ley, para juzgar a los poderosos, sobre todo si son del Gobierno y son socialistas.

Decimos que la ilegalización del PSOE es una necesidad nacional, es una necesidad democrática, y es la ocasión de oro para que los jueces de demostrar que España no es un Estado fallido.

1.- Es una necesidad nacional,

porque el PSOE no es un partido al uso, sino que es un partido que actúa sobre España como la carcoma, con un efecto corrosivo como el ácido sulfúrico, un efecto destructivo como lo demuestra el 11M, como lo demuestra la conversación por lo bajini entre el comisario político Iñaki Gabilondo y Zapatero después de aquélla entrevista en la que al final se habían quedado los micrófonos abiertos y Zapatero confesó con total complicidad con el comisario político disfrazado de periodista, que iban a teatralizar porque eso les venía bien para ganar votos. Rescató a la ETA, le hizo el boca a boca cuando ya estaba sin pulso y la revivió, trajo toda la corrupción de la perversión sexual organizada, y su normalización, incluido en los colegios, o mejor dicho especialmente en los colegios bajo diversos pretextos porque para la extrema izquierda será por pretextos, revivió el separatismo con aquello de legalizar todo lo que saliera del parlamento catalán, y revivió el guerracivilismo para que los españoles estemos desunidos y volvamos a matarnos los unos a los otros. Con aquella falacia de la “alianza de civilizaciones” (en los bombardeos sobre el Líbano podemos apreciar en qué se traduce esa frase tan aparentemente bonita, pero que esconde una realidad mucho más cruda y amarga que parece mentira que nosotros los españoles hayamos olvidado los sufrimientos y penalidades de 800 años de dominación mahometana),  sembró en España las futuras guerras de religión, y la invasión mahometana. Ha prostituido todas las instituciones del Estado, todas sin excepción, incluida la Jefatura del Estado, en gran medida porque ésta estaba muy receptiva a ser prostituida sin mayor esfuerzo.

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2.- Es una necesidad democrática,

porque el PSOE es la antítesis del llamado “sistema democrático” tan idealizado en las postrimerías del franquismo, y por los idiotas-malvados de la Transición que creyeron en la propaganda roja, como fue el caso de personajes como Alfonso Osorio, procurador de las Cortes franquistas primero,  y tras la muerte del Caudillo,  Ministro de la Presidencia y Vicepresidente Segundo de Adolfo Suárez.

Excelencias del sistema parlamentario que, como todo lo demás, ha resultado ser una patraña,  (ya nos previno José Antonio hace 90 años con “La Crisis del liberalismo”, y los Procuradores franquistas nos traicionaron y nos echaron a los lobos, con escasas y honrosas excepciones), en buena parte por culpa del PSOE. La separación de Poderes no existe en España porque para haber separación de poderes deben existir como requisito previo esos 3 poderes, para luego predicarse su separación,  y en España no existen en realidad ninguno de esos tres poderes, más que en fachada y apariencia.

Todo el poder está concentrado en el Presidente del Gobierno como jefe del partido,  iba a decir ganador de las lecciones,  pero ni siquiera es ganador sino que ostenta el poder, para ello con el PSOE ni siquiera se precisa ganar las elecciones. El PSOE no ha ganado las elecciones, Podemos y Sumar todavía menos. Tenemos en el Gobierno a una Vicepresidenta o a unos Ministros que apenas han llegado al 5% de los votos. El resultado electoral no se respeta, y no pasa nada porque para eso lo hacen ellos.  Si fuera de contrario,  entonces habría movilizaciones y cómo arderían las calles, las marquesinas de los autobuses,  y los autobuses cruzados en las calles, y cómo se saquearían las tiendas,  ante la pasividad/incapacidad de la Policía que sólo se emplea a fondo si los que tiene en frente rezan el Rosario o llevan banderas de España.

No existe el Poder Ejecutivo porque lo único que existe es el Presidente del Gobierno/Presidente del Partido que concentra todo el poder en sus manos, como los monarcas del siglo XV. Los restantes miembros del aparente Poder Ejecutivo están ahí para obedecerle y para sostenerlo a él con sus votos en el poder, Ministerios que eran uno solo se han desglosados en dos o tres Ministerios únicamente para aumentar así su número y así colocar a más gente sin oficio ni beneficio, y comprar de esta manera sus votos para sostenerse el Presidente en el poder. La inoperancia de estos ministros se evidencia en dos datos principales que son una obviedad a la vista de todos: la nula capacitación técnica de esos ministros para dirigir las materias y competencias propias de su ministerio,  y el colapso general y generalizado de los servicios públicos, que en el caso del transporte ferroviario este deterioro de los servicios públicos hasta que no se han matado 47 personas no han dicho de hacer algo.

La finalidad de todo Poder Ejecutivo de verdad, es gobernar, pero este no es el caso del actual Presidente del Gobierno, su finalidad no es Gobernar sino sostenerse él en el poder a costa de lo que sea, incluso de sacrificar uno a uno a los miembros de su aparente ejecutivo, que los va lanzando como candidatos en las distintas elecciones autonómicas donde cosechan un fracaso tras otro, pero que eso le da igual con tal de aguantar él más tiempo en el poder.

Como la finalidad no es gobernar sino sostenerse en el poder y seguir gozando de los privilegios inherentes a este poder, no hace falta aprobar los presupuestos no este año, sino ningún año. España se cae a pedazos y la acción de Gobierno respecto de estos problemas es nula. Ellos están en otra cosa, (en que las señales de tráfico tenga perspectiva de género, y cosas así), pero no en los problemas reales de los españoles.

Tampoco existe en España Poder Legislativo. El Gobierno actúa mayoritariamente por Real Decreto, sin contar para nada con el Parlamento ni someter sus decisiones al mismo. Hay un desprecio del Presidente por la actividad parlamentaria y por el papel de ésta. El Parlamento es una institución estéril completamente que tiene dos características básicas :

Su sometimiento por completo al Presidente del Gobierno: los diputados no responde ante sus votantes sino ante el jefe de partido, y dicen y hacen no de una forma libre o autónoma sino que su papel se reduce a obedecer al líder en todo, porque no pintan nada en sí mismos más allá de darle cobertura al líder.

En primer lugar porque el llamado “control parlamentario del Gobierno” es una falacia y una patraña, lo ha sido siempre pero especialmente con el PSOE. El Presidente no comparece la mayoría de las veces, no responde a las preguntas que se le formulan con antelación suficiente para que pueda preparar la respuesta, sino que se va por la tangente riéndose en la cara del interpelante, del parlamento, y la función parlamentaria. El Parlamento lejos de ser un órgano de control al Gobierno y de la soberanía popular, como absurdamente sostiene la propaganda oficial, en realidad es un convidado de piedra, que se ve sometido a la arbitrariedad del presidente del gobierno.

Y en segundo lugar porque el PSOE ha desactivado toda la actividad parlamentaria como actividad “democrática”, entre los partidos de la oposición y los partidos que sirven al Gobierno.

El PSOE ha sustituido la actividad y cortesía parlamentarias, por el abuso de poder y de Derecho con clara desviación de poder, entendiendo por tal, el concepto legal contenido en el art. 70 Ley 29/1998 LRJC-A. Con personajes como Cristina Armengol o el “abisinio” Alfonso Rodríguez Gómez de Celis,  el desprecio a la actividad parlamentaria es descarado y absoluto, negarle la palabra por la cara a los parlamentarios del PP o de VOX, -como hicieron no hace mucho con el diputado de VOX José Mª Sánchez-,  cortarles el micrófono cuando están en uso legítimo de la palabra sin dejarles terminar, cuando tradicionalmente la Presidencia de la Cámara dejaba acabar al compareciente (porque en eso consiste el Parlamento en permitir que se expresen los parlamentarios),  o decidir arbitrariamente el hacer desaparecer del Diario de sesiones palabras o frases enteras que han dicho los parlamentarios y que al PSOE, a la Srª Armengol, o al abisinio no le conviene que quede constancia. Conducta antidemocrática que está totalmente normalizada entre estos sujetos pero que es contrario al principio básico de la fe pública registral, porque la razón de ser del Diario de sesiones del Congreso es reflejar la verdad de lo que se dice y ocurre en el hemiciclo, sin censuras  y sin falseamientos. Si se ordena con claro abuso y desviación de poder que se borren palabras o intervenciones completas que han tenido lugar, se está falseando el Diario de sesiones y la realidad de lo verdaderamente acontecido en las deliberaciones. Si en España existiera algo tan básico en países que son “Estado de Derecho”, como es la existencia de una Fiscalía General del Estado, (que sería preciso en el futuro constituir en España, y subsanar esta carencia),  -en España lo que tenemos es Fiscalía del PSOE y de Pedro Sánchez, como podemos ver en vivo y en directo en el juicio al hermano del Presidente del Gobierno, que la Fiscalía está junto a los abogados defensores, como ya pasara también en el juicio contra Álvaro García Ortiz-,  apercibiría a la Presidenta del Congreso que el Diario de sesiones es un documento público, y que toda manipulación o falseamiento (por acción o por omisión), de un documento público,  constituye un delito de falsedad tipificado en el art. 392 Código Penal. Y si no atendiere a razones,  proceder de oficio con todas las consecuencias. Para eso hace falta una honestidad, una independencia y afán de defensa del Estado de Derecho que no existe en España ni en los más altos tribunales, mucho menos en la Fiscalía roja.

El sectarismo y el fanatismo de los diputados que apoyan el sostenimiento del Gobierno a cualquier precio es tal, que se han cargado la razón de ser del propio Parlamento o Congreso de los Diputados, porque para hacerle el juego siempre al presidente del Gobierno para que este disponga del Congreso de los Diputados como sus vasallos, para que hagan, digan y voten lo que a él más le convenga, en cada momento, para eso no hace falta ningún parlamento, ni tampoco 23 ministros para que con su voto a cambio del bienestar personal que para esos 23 ministros les supone vivir del presupuesto con un tren de vida al que nunca podrían haber ni soñado. Para eso no hace falta Parlamento ni un Consejo de Ministros de tan numero ninguno de los cuales, por su falta de cualificación técnica y profesional, que se disuelvan y que exista solo la figura del Presidente, como en tiempos de Nerón, y por lo menos nos ahorramos el gasto de todos esos sueldos y todas esas instituciones vacías.

Y tampoco existe Poder Judicial como tal, porque falta actitud ética de buscar la verdad y adherirse a ella con rigor, sin amaños, es decir sin sentencias a precio de amigo en unos casos y de todo lo contrario en otros, (porque a veces los primeros que no se sienten vinculados por la Constitución y las Leyes son los propios jueces), y falta cualificación técnico-jurídica (cuando no directamente politización), porque sobre todo los órganos superiores no actúan de forma independiente sometidos exclusivamente al imperio de la Ley (art. 117, 1º CE),  y a los principios de igualdad de todos ante la Ley y de Recta Administración de Justicia (si se respetasen estos principios no se habría dejado de registrar el domicilio de Zapatero por el motivo de que se trata de un ex Presidente del Gobierno, precisamente por ello, por ser ex Presidente se debería haber registrado con igual o más razón, porque la Ley es para todos: art. 9, 1º CE, no sólo art. 14 CE). Y a esta realidad habría que añadir 3 datos más:

1. el primero que los políticos no sólo controlan la Fiscalía, sino que también eligen y se reparten a los jueces de los Tribunales más importantes, y del Órgano de Gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
2. Segundo porque un país donde el 98% de los Recursos de Casación Contencioso-Administrativos, es decir los que controlan la legalidad de la actuación de la Administración Pública, esto es, de los órganos que dependen del Poder político-, no se resuelven, sino que se inadmiten a trámite con condena en costas automática, por falta de “interés casacional” (como pretexto, es decir no porque el caso carezca de ese interés, sino que se invoca como pretexto este motivo para llegar a ese 98% de inadmisiones),  con infracción del art. 106, 1º CE,  y con derogación por la vía de hecho del art. 5, 4º LOPJ en cuya virtud la infracción de precepto constitucional es motivo suficiente para fundamentar un recurso de Casación, cuando los jueces son los primeros que están sometidos al imperio de la Ley (art. 9, 1º  y 117, 1º CE). Y un país donde el 93-95% de los Recursos de Amparo por violación de Derechos Fundamentales ante el Tribunal Constitucional, se inadmiten a trámite, con infracción clara por parte del TC del art. 10, 1º CE que consagra el carácter inviolable de los Derechos Fundamentales, y este carácter inviolable no solo desautoriza inadmisiones del 93 ó 95% de los recursos, sino que exige todo lo contrario,  que toda violación de Derechos Fundamentales, precisamente por el carácter inviolable de los mismos, exige resolver ese recurso en lugar de tirarlo a la papelera, porque una Sociedad como Dios manda no sostiene Tribunales de la categoría (sobre el papel),  de un Tribunal Supremo o de un Tribunal Constitucional, para que se dediquen a inadmitir los recursos en lugar de a resolverlos y satisfacer el interés que subyace en cada uno de esos recursos, y el interés social o general que es para todo país decente el que haya una Justicia que actúe como es debido, porque la Justicia no puede estar solo para hacer reuniones suntuarias,  de boato y autobombo con las togas y los collares, sino que esa dignidad de trajes, salones y apariencia se tiene que traducir después, en la Justicia como el Servicio Público que debería ser.
3. Y por último todo el sistema judicial cae en agua de borrajas o como un castillo de naipes, si se tolera las dos cosas que se están tolerando en España a pesar de ser un secreto a voces, en primer lugar que el Tribunal Constitucional se convierta en un tribunal de Casación de las sentencias del Tribunal Supremo, cuando no es esta su función constitucional y cuando no posee tales atribuciones; y en segundo lugar que con personajes como Conde Pumpido, pero no sólo él, el Tribunal Constitucional deje de ser un Tribunal de garantías constitucionales, para convertirse en lo que hoy es, un tribunal al servicio del PSOE, o más exactamente, de Pedro Sánchez, lo cual es otro secreto a voces, que se tolera, y tal tolerancia lo que demuestra es que España no es un Estado de Derecho y que no hay más Poder que el del Presidente del Gobierno, ni hay separación de Poderes, porque la que pudiera haber con sentencias sometidas exclusivamente al imperio de la ley, sucumbirían porque pueden ser inhabilitadas por el último resorte que posee el Presidente del Gobierno, si todos los mecanismos anteriores le fallan,  el Tribunal Constitucional. De nada sirven sentencias justas si las hubiera, si están llamadas a ser dejadas sin efecto por el último resorte de la concentración del poder en el Presidente del PSOE, en que se ha convertido el TC.

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3.- Por último, la ilegalización del PSOE sería, -además de una necesidad nacional y de una necesidad democrática-,  la ocasión de oro para que los jueces pudieran demostrar que España, a pesar de las apariencias,  no es un Estado fallido, sino que prevalece plenamente el Estado de Derecho.

Un partido como fue y ha sido el PSOE que además del asesinato de Calvo Sotelo jefe de la oposición parlamentaria, de los crímenes y las chekas, del juicio farsa a José Antonio, que tras la llegada al Gobierno de Largo Caballero y del atracador Juan García Oliver como Ministro de Justicia, el Fiscal pasó de pedir 2 años de cárcel a pedir la pena de muerte para José Antonio, que  fue capaz de saquear los museos y fundir las monedas de oro y plata tartesias,  romanas, visigodas, árabes, etc, para hacer lingotes y llevárselo al extranjero, y perpetrar el mayor atraco a un Banco de toda la historia mundial como fue el saqueo de las reservas de oro y de todo lo demás del Banco de España, ese partido llamado PSOE nunca debió ser legalizado, precisamente por algo que se predicaba mucho entonces, por dignidad y salud democrática.

La estupidez, cuando no la maldad en estado puro, de los políticos del golpe de estado de la Transición, llevó a legalizar al PSOE, y  volvieron a abrir esa caja de Pandora que nunca debió ser abierta, y ahora estamos viendo la punta del iceberg de las consecuencias de aquélla legalización que nunca debió haberse realizado.

Los hechos son muy graves, un país no puede estar en manos de una presunta banda criminal, que toma decisiones tanto en el ámbito nacional (a favor de los etarras, de los separatistas catalanes y demás enemigos de España, con una concesión detrás de otra), como internacional (comprometiendo la posición de España, y favoreciendo a países enemigos en contra de los propios intereses de España), que son tan irracionales que sólo pueden entenderse desde la hipótesis de que ese gobierno está comprado o lo hace a propósito para buscar la ruina y la destrucción de España.

Llegados a este punto lo que hay que preguntarse es qué pasaría si esto en lugar de hacerlo el PSOE y los dirigentes de primer nivel del PSOE, lo hubiera hecho Girón de Velasco y la Falange, o D. Blas Piñar y Fuerza Nueva. Qué cosas no se dirían entonces, cómo el discurso de personajes como Martín Pallín sería absolutamente el inverso que respecto a Zapatero.

No me cabe duda, que en el caso de Falange o Fuerza Nueva se habrían registrado los domicilios de sus dirigentes, lejos de habilitar en los Juzgados una puerta trasera para que los inculpados puedan entrar o salir más discretamente, se habría avisado a la prensa para la pena de telediario de que todo el mundo viera como la policía sacaba de sus casas a estas personas, y se los llevaba detenidos y esposados,  e introducidos en los vehículos policiales. Tras ser fichados por la Policía,  esta fotografía aparecería una y otra vez en los telediarios, y ni que decir tiene que la campaña que se orquestaría sería tal que no habría juez ni tribunal que se atreviera a no ilegalizar estos partidos pero sin pestañear, como el que se ve arrastrado por una riada.

¿Por qué no se hace con el PSOE con verdadero motivo?

Porque en España se practica una justicia de “autor”, dependiendo del autor se decide una cosa o su contraria.

En manos de los jueces está actuar conforme al principio de Recta administración de Justicia y si todo esto se confirma durante la instrucción y juicio oral, en su mano está salvar a la sociedad de este partido que desde su origen ha estado actuando como una organización criminal. Así lo manifestó en las Cortes el 5 de mayo de 1910 su primer presidente y diputado Pablo Iglesias Posse cuando dijo:

«Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones»

Así se comportaron en la Revolución de octubre de 1934, contra la República,  y desde entonces ya sin solución de continuidad, y desde el 11M ya cuesta abajo y sin frenos.

¿Aprovecharán o desperdiciarán los Tribunales esta ocasión para salvar a la sociedad e ilegalizar al PSOE, y con ello cerrar la caja de pandora del PSOE?

En su mano está, y sinceramente creo que los Tribunales desaprovecharán esta oportunidad, y entre salvar a la sociedad española o salvar al PSOE como presunta organización criminal, se decantarán por salvar al PSOE.

Todos los grandes juicios de la “democracia” han sido juicios amañados o juicios fiasco: el del aceite de colza, el 23F, el de los GAL, el de la Infanta y Urdangarín, el del 11M, el de los separatistas catalanes por el golpe de 2017, la amnistía, el de Pujol, y muchos más. Sería un tanto ingenuo pensar que ahora fuera diferente.

El tiempo lo dirá,  y el tiempo dirá también las consecuencias de la decisión que adopten, que no digan luego que fue sin querer.

Quede para la Historia.