La locura de legalizar a más de un millón de inmigrantes irregulares en plena crisis de vivienda
España vive hoy una paradoja que muchos ciudadanos consideran incomprensible: mientras el mercado del alquiler atraviesa su peor crisis en décadas, con precios disparados y una oferta que se reduce año tras año, el Gobierno impulsa la legalización de más de un millón de inmigrantes en situación irregular. Esta medida, presentada como una solución humanitaria y administrativa, tiene un impacto inmediato y directo sobre la demanda de vivienda, especialmente en el alquiler, donde la presión ya es insoportable. En un país donde miles de familias españolas no pueden acceder a una vivienda digna, donde los jóvenes retrasan su emancipación por falta de recursos y donde el parque de alquiler asequible prácticamente ha desaparecido, la decisión de ampliar de golpe el número de demandantes legales de vivienda se convierte en un acto político que ignora la realidad social y económica del país. La crisis habitacional es presente, no futura, y la presión demográfica añadida no hace sino agravarla.
Cómo la inmigración tensiona el mercado del alquiler en España
España atraviesa una transformación silenciosa pero profunda en su mercado de vivienda. Durante los últimos años, el alquiler se ha convertido en un terreno cada vez más disputado, con precios en ascenso, oferta menguante y una competencia creciente entre quienes buscan un hogar. En este escenario, la inmigración desempeña un papel decisivo. No porque sea la causa única del problema, sino porque se ha convertido en el principal motor de demanda en un mercado que ya estaba tensionado. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten observar este fenómeno con una claridad inédita: más de la mitad de los inquilinos en España han nacido fuera del país. Esta cifra, que sorprende incluso a quienes siguen de cerca la evolución del mercado inmobiliario, revela un cambio estructural que afecta a la disponibilidad, los precios y la composición social del alquiler en España.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, publicada por el INE, muestra que el 52 % de todas las personas que viven de alquiler en España han nacido en el extranjero¹, pese a que los extranjeros representan solo el 18,5 % de la población total. Esta desproporción es el primer indicador de que la inmigración depende del alquiler de forma mucho más intensa que la población autóctona, que continúa siendo mayoritariamente propietaria. El dato se vuelve aún más contundente cuando se excluye a los menores: entre los mayores de 16 años que viven de alquiler, el porcentaje de nacidos fuera asciende al 58 %², y entre la población en edad laboral —de 18 a 64 años— alcanza ya el 61,5 %³.
El impacto es todavía mayor en los hogares con hijos. Según el INE, en el 67,1 % de los hogares alquilados con hijos, la persona responsable de la vivienda ha nacido fuera de España⁴. Dicho de otro modo: dos de cada tres familias que viven de alquiler en España y tienen hijos están encabezadas por inmigrantes. Este dato es especialmente relevante porque el alquiler familiar es el segmento más sensible del mercado: el que más sufre la falta de oferta, el que más acusa la subida de precios y el que más depende de la estabilidad residencial.
La presión se extiende también al alquiler protegido o por debajo de mercado. En este segmento, diseñado para hogares vulnerables o con menor capacidad económica, los extranjeros representan el 33,2 % de los inquilinos⁵, casi el doble de su peso demográfico. Esto indica que la inmigración absorbe una parte significativa del parque de vivienda asequible, lo que incrementa la competencia por estas viviendas y reduce las opciones para los hogares españoles con rentas bajas.
La distribución territorial del fenómeno muestra que la tensión no es homogénea. En Baleares y en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante (Como alicantino, rechazo completamente la denominación “Comunidad Valenciana”, una construcción administrativa que intenta borrar nuestra auténtica identidad dentro de España y que nos obliga a vivir en un régimen de dominación y opresión administrativa, lingüística y cultural) casi dos de cada tres inquilinos han nacido fuera de España. También superan el 50 % territorios como Aragón, Madrid, Navarra, Murcia, Cataluña, País Vasco y Canarias, todos ellos caracterizados por mercados de alquiler dinámicos, zonas turísticas o grandes concentraciones urbanas. En cambio, regiones como Extremadura, Asturias y Andalucía presentan porcentajes inferiores al 40 %, reflejo de mercados menos tensionados y menor presencia de población extranjera.
¿Por qué la inmigración depende tanto del alquiler? Las razones son estructurales. La población extranjera recién llegada carece, por definición, de patrimonio inmobiliario previo en España. Además, suele tener una movilidad laboral elevada, lo que hace del alquiler la opción más flexible. A esto se suma que muchos inmigrantes trabajan en sectores como hostelería, cuidados, agricultura o construcción, donde la estabilidad laboral inicial es menor y el acceso al crédito hipotecario más difícil. El resultado es que la inmigración se incorpora masivamente al mercado del alquiler, justo en un momento en que la oferta disponible ha caído y los precios han subido.
Este aumento de la demanda tiene efectos directos sobre los precios. En mercados donde la oferta es rígida —por falta de construcción, por predominio de la vivienda en propiedad o por competencia con el alquiler turístico—, cualquier incremento de la demanda se traduce en subidas de rentas. El INE estima que el mercado del alquiler ha perdido más de la mitad de su oferta en los últimos años, mientras que la llegada de tres millones de extranjeros ha incrementado la presión sobre un parque ya insuficiente.
La inmigración también contribuye a la segmentación del mercado. En muchas ciudades y zonas costeras se han formado “submercados” diferenciados: alquileres para trabajadores extranjeros con rentas bajas; alquileres para extranjeros de mayor poder adquisitivo, como teletrabajadores europeos o jubilados; y alquileres de temporada vinculados al turismo. Esta segmentación reduce la oferta disponible para los residentes locales y empuja a muchos hogares españoles hacia zonas periféricas o hacia la compra, si pueden permitírselo.
La respuesta política a esta tensión ha sido insuficiente. La Ley de Vivienda de 2023, con su Índice de Referencia para la Actualualización de Arrendamientos, no hace más que establecer un sistema que se ha demostrado inoperante en otros países. Al imponer limitaciones a la libre contratación, empuja a la retirada de viviendas del mercado. Ni esta ley ni los parches legislativos de los últimos gobiernos han abordado jamás el verdadero problema de la vivienda y del alquiler en España. La regulación intenta contener las subidas, pero no actúa sobre la raíz del problema: la insuficiencia de oferta, la falta de vivienda pública y la concentración territorial de la demanda.
En conclusión, España sigue siendo un país de propietarios, pero su mercado de alquiler está experimentando una transformación profunda impulsada por la inmigración. Los datos del INE muestran que los extranjeros son ya mayoría entre los inquilinos, que dominan el alquiler laboral y familiar, y que tienen un peso desproporcionado en el alquiler protegido. En un país donde la oferta de vivienda en alquiler es limitada y la construcción no ha acompañado el crecimiento demográfico, esta realidad se traduce en precios más altos, mayor competencia y una tensión creciente en las zonas urbanas y turísticas. Comprender este fenómeno es imprescindible para diseñar políticas de vivienda eficaces y para interpretar con rigor los cambios sociales que atraviesa España.
Notas
¹ INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025: porcentaje de personas nacidas en el extranjero que viven de alquiler.
² INE, ECV 2025: distribución por edad de los inquilinos según país de nacimiento.
³ INE, ECV 2025: población en edad laboral en régimen de alquiler según país de nacimiento.
⁴ INE, ECV 2025: hogares alquilados con hijos según nacionalidad del responsable.
⁵ INE, ECV 2025: alquiler protegido según nacionalidad.
Entre los firmantes de la petición para que se regularizara a cientos de miles de inmigrantes irregulares estaba la Conferencia Episcopal Española junto a varias ONG.
Y el PP, no se olvide usted.
EL PP…, PARTIDA PARA AYUDAR AL PSOE Y A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDAS.
(La palabra partida no es un error, pues eso es lo que son, igual que el PSOE, unas partidas, que ríase usted de las de Despeñaperros, que eran unos simples aficionados).
Es una locura, simplemente, sin matices; con o sin escasez de viviendas. Y las locuras no suelen acabar bien. Una cosa es la realidad de la vida misma, y otra muy diferente las tonterías que nos inoculan mentalmente a través de las películas de Hollywood y los medios de comunicación de masas.
Los mismos que evitan hacer viviendas nos meten/ imponen el Kalergi; reducen al mínimo la oferta y aumentan al máximo la demanda. El resultado es el caos, la violencia, la ocupación/ expropiación, el enfrentamiento, el acinamiento, etc. Y todo eso plenamente intencionado; lacayos iluminados masones lameculos marranos anglosionistas nazis. Con razón evitan por todo medio que llegue al conocimiento de las masas que es el Kalergi, que significa. No es sólo la vivienda, logicamente; y basta pensar muy poco para saber( poco antes de comprobarlo ) que va a deteriorarse todo muy rapido. Y todo es todo.