Los Generales: entre la lealtad institucional, el silencio y el alineamiento político

Por Jorge Ricardo Hernandez Vargas Brigadier General (RA)

27/08/2026 Defensa

NOTA.- Se publica por ser extrapolable a España

Durante los años del gobierno de Gustavo Petro, nuestra Fuerza Pública atravesó uno de los periodos más complejos de su historia reciente. No solamente por el deterioro de la seguridad, el crecimiento de los grupos armados organizados o las consecuencias de una mala política como lo fue la paz total, sino también por las tensiones que se produjeron entre la conducción política del Estado, el mando militar y la identidad histórica de las instituciones castrenses.

En ese escenario observamos algo que merece ser estudiado más allá de las personas y de las circunstancias particulares. Durante el periodo del mandato de Gustavo Petro pudimos observar tres tipos de generales: los generales institucionales, los generales de balcón y los generales alineados políticamente.

No se trata de una clasificación jurídica ni de una descalificación personal. Es una tipología de liderazgo. Describe tres maneras distintas de comprender el servicio, el uniforme, el mando y la responsabilidad que asume un general, cuando la nación atraviesa una crisis. En nuestro caso la crisis se materializó, con un gobierno que quiso destruir la institucionalidad a través de sus preferencias ideológicas y de las herramientas que estaban a su alcance.

La historia demuestra que los ejércitos no se derrumban exclusivamente porque pierdan batallas. También pueden debilitarse cuando sus generales dejan de defender su identidad, cuando callan frente a decisiones que comprometen la defensa y la seguridad nacional o cuando sustituyen la lealtad constitucional por la conveniencia política.

El general institucional: lealtad a la nación antes que al gobernante

El primer tipo es el general institucional, a quien también podríamos llamar el general patriota.

Es el oficial que comprende que el presidente de la República es su comandante supremo, pero que su lealtad fundamental no está dirigida a una persona, a un caudillo, a un partido o una ideología. Está dirigida a la Constitución, a la nación, a la institución y a los hombres y mujeres puestos bajo su mando.
El general institucional obedece las órdenes legítimas del poder civil, porque esa subordinación constituye uno de los fundamentos de la democracia y de nuestra constitución. Pero también asesora con franqueza, advierte sobre los riesgos y se niega a convertir la obediencia militar en genuflexión política. No confunde disciplina con silencio, ni respeto con renuncia al criterio profesional.

Uno de los ejemplos históricos que podemos evaluar es el del General George Washington. Después de conducir al Ejército Continental a la victoria, tuvo en sus manos un enorme poder político y militar. Algunos incluso contemplaron la posibilidad de convertirlo en una figura monárquica. Washington rechazó esa pretensión, renunció voluntariamente al mando y regresó a la vida civil. Con ese acto ayudó a establecer un principio decisivo: el Ejército pertenecía a la nueva república y no al general que había alcanzado la victoria.

Décadas después, el General George C. Marshall representó una concepción semejante del servicio. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a construir y dirigir el instrumento militar estadounidense, pero su influencia no surgió de la adulación. El presidente Franklin D. Roosevelt lo valoraba precisamente porque Marshall era capaz de decirle lo que necesitaba saber, aunque no fuera lo que deseaba escuchar. Su lealtad se expresaba mediante la verdad profesional.

En nuestra historia criolla, el general José María Córdova constituye un ejemplo profundamente significativo. Héroe de Ayacucho y de la independencia americana, terminó enfrentándose al proyecto dictatorial de Simón Bolívar. La frase que tradicionalmente se le atribuye —“¡Armas a discreción, paso de vencedores!”— simboliza no solamente el valor en combate, sino la convicción de que la libertad conquistada no podía ser sustituida por un poder personal ilimitado.

Los contextos de Washington, Marshall y Córdova fueron distintos. Sin embargo, existe entre ellos un hilo conductor: entendieron que el honor militar no consiste únicamente en vencer al enemigo. Consiste también en impedir que las armas de la nación terminen al servicio de un hombre o de una causa o ideología política particular.

Durante la carrera de todo general, este debería procurar actuar bajo esa concepción. Entender que la obligación de un general es cumplir las órdenes legítimas, pero también advertir, proponer y proteger su institución. Un general no recibe sus soles para asentir permanentemente. Los recibe para asumir responsabilidades, incluso cuando hacerlo puede acarrear un costo personal.

El general institucional puede ser removido, marginado o llamado a calificar servicios. Lo que no puede hacer es renunciar a su conciencia profesional para conservar el cargo. La permanencia en el mando nunca puede convertirse en la medida del honor.

El “general de balcón”: observa la crisis, pero no interviene

El segundo tipo es el que podemos denominar el general de balcón.

Es aquel que observa desde una posición privilegiada cómo se deterioran la seguridad, las capacidades operacionales o logísticas de una fuerza militar, la moral de las tropas o la cohesión institucional, pero decide no actuar. Ve pasar los acontecimientos, calcula los riesgos personales y espera que la tormenta no lo alcance y voltea a mirar para otro lado.

No necesariamente comparte la orientación política del gobernante. Incluso puede estar en desacuerdo con ella. Sin embargo, calla. Guarda silencio para proteger su carrera, asegurar un ascenso, conservar un comando de unidad u obtener una comisión al exterior.

Su característica principal no es la traición abierta, sino la omisión.

La historia enseña que muchas derrotas no fueron causadas únicamente por generales incompetentes. También fueron posibles porque oficiales capaces identificaron los errores, pero no tuvieron el valor de contradecir al gobernante de turno o al poder.

La derrota francesa de 1940 ofrece una advertencia importante. Francia poseía un gran ejército, experiencia de combate, recursos y fortificaciones. Sin embargo, una parte de su alto mando permaneció aferrada a los conceptos de la guerra anterior. Existieron oficiales que advirtieron la transformación de la guerra mecanizada, pero la estructura militar no convirtió esas advertencias en reformas decisivas. El resultado fue una institución que contempló cómo el adversario actuaba a una velocidad que su doctrina y su mando ya no podían comprender ni parar.

No todos aquellos generales fueron cobardes ni desleales. El problema fue sistémico: predominó una cultura que castigaba la contradicción, premiaba la conformidad y confundía la antigüedad con la lucidez estratégica. Muchos observaron desde el balcón cómo se aproximaba la derrota, convencidos de que seguir el procedimiento era suficiente para cumplir con el deber.

Algo semejante ocurrió en distintos momentos de la historia alemana anterior a la Segunda Guerra Mundial. Numerosos oficiales profesionales comprendieron los riesgos que representaba la concentración absoluta del poder en Adolf Hitler. Algunos conspiraron y pagaron con la vida. Otros, en cambio, se refugiaron en la idea de que el militar no debía intervenir en asuntos políticos, incluso cuando el régimen estaba destruyendo las bases jurídicas y morales del Estado.

Ese supuesto apoliticismo terminó sirviendo a la política más extrema. Su silencio no los mantuvo al margen de la historia: los convirtió en instrumentos pasivos de ella.

El general de balcón suele justificarse diciendo: “Yo cumplí las órdenes”, “esa decisión correspondía al Gobierno”, “no era mi responsabilidad” o “debía preservar la institución desde adentro”. Algunas de esas explicaciones pueden resultar válidas en circunstancias particulares. Pero cuando el silencio se hace permanente, la prudencia deja de ser virtud y se convierte en comodidad o porque no, en complicidad.
El “general de balcón” cree que no tomar posición lo protege. En realidad, también ha tomado una decisión: ha escogido su tranquilidad sobre sus verdaderas responsabilidades institucionales.

Las instituciones no solamente necesitan generales que cumplan a cabalidad con su misión. Necesitan generales que actúen; que levanten la mano; que dejen constancias; que tomen posturas institucionales; que formulen alternativas; que defiendan a sus hombres, que no permitan el debilitamiento y la perdida de capacidades operacionales de su tropa, y que, a causa de esto, estén dispuestos a perder su cargo, un ascenso, una comisión al exterior, en definitiva, su carrera, antes que permitir que la institución pierda su rumbo.

El general alineado: de la subordinación constitucional a la militancia

El tercer tipo es el general alineado políticamente.

Este representa un riesgo todavía mayor, porque ya no se limita a guardar silencio. Adopta como propia la ideología del gobernante y convierte el mando militar en un mecanismo de adhesión política.

Debemos establecer una diferencia fundamental: todo general debe estar subordinado al poder civil democráticamente elegido. Esa subordinación es legítima, necesaria y constitucional. Otra cosa muy distinta es transformar la obediencia institucional en militancia, buscar la aprobación del gobernante o acomodar la apreciación militar para que coincida con los intereses políticos o ideológicos del gobierno.
El general alineado no presenta al poder civil la realidad de la institución, ni el contexto operacional. Le presenta la realidad que el poder quiere escuchar. Modifica el lenguaje, relativiza las amenazas y empieza a valorar a sus subordinados no solamente por su capacidad profesional, sino por su aparente alineamiento con el proyecto o ideología del gobernante.

La Alemania nazi proporciona el caso extremo de esta deformación. Wilhelm Keitel, jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, pasó a la historia no como un asesor militar independiente, sino como un oficial excesivamente dócil frente a Hitler. Su conducta mostró lo que ocurre cuando la lealtad al gobernante reemplaza el juicio profesional y la responsabilidad moral. La obediencia dejó de estar limitada por el derecho y terminó sirviendo a una empresa criminal y destructiva.

En la Unión Soviética de Stalin, las purgas militares eliminaron a numerosos oficiales experimentados y promovieron una cultura de temor y alineamiento ideológico. El Ejército Rojo pagó inicialmente un precio enorme por esa subordinación. En las primeras fases de la invasión alemana de 1941, muchos comandantes temían contrariar las apreciaciones políticas del régimen, incluso cuando la realidad operacional exigía actuar de otra manera.

También el ejército de Saddam Hussein sufrió las consecuencias de esta lógica. La promoción de oficiales basada en la lealtad personal, familiar o partidista deterioró la competencia profesional. La información que ascendía por la cadena de mando era filtrada para satisfacer al gobernante. El resultado fue un sistema incapaz de reconocer sus debilidades y de aprender de sus derrotas.

Cuando un ejército empieza a seleccionar a sus comandantes por afinidad ideológica, o permite que el gobernante lo haga, la institución pierde capacidad. Los generales dejan de competir por quién comprende mejor la guerra y comienzan a competir por quién interpreta mejor los deseos del poder y del gobernante.

Siempre he creído que un general debe ser leal, pero jamás adulador. La lealtad verdadera consiste en decirle al superior cuándo está equivocado, mostrarle las consecuencias de sus decisiones y ofrecerle alternativas. Quien modifica su criterio profesional para complacer al gobernante no está protegiendo al presidente: lo está privando de la verdad que necesita para gobernar o le está permitiendo que sus caprichos ideológicos atenten contra la seguridad y la defensa de una nación.

El alineamiento político también produce una fractura interna. La tropa empieza a sospechar que los ascensos, traslados, retiros y reconocimientos, no dependen exclusivamente del mérito, sino del alineamiento ideológico. Cuando aparece esa percepción, se erosiona la confianza, y sin confianza no existe mando verdaderamente eficaz.

Lo que le permitimos al gobierno Petro

Pero este balance no puede atribuirse únicamente al gobierno de Gustavo Petro. Quienes ejercimos el generalato durante este periodo también debemos preguntarnos qué le permitimos hacer y qué dejamos de impedir. Por acción, por omisión o por silencio, contribuimos a que decisiones que afectaban la seguridad y la capacidad operacional avanzaran sin encontrar una oposición profesional suficientemente firme.

Al final de su mandato, el gobierno Petro entrega unas Fuerzas Militares debilitadas, mientras los grupos armados organizados y la criminalidad en general aparecen fortalecidos, ampliaron su presencia y disputan ferozmente el control de territorios, las economías ilícitas y a las comunidades. Al mismo tiempo, las economías ilícitas continúan creciendo, enriqueciendo a esas estructuras y proporcionándoles los recursos necesarios para reclutar menores, asesinar, extorsionar, secuestrar, depredar el medio ambiente y los recursos, así como para armarse, entrenarse y de esta manera competir con el Estado por el control de los territorios.

Esta realidad confirma lo que he denominado “La Trinidad Criminal Híbrida: la convergencia entre un ejército ilegal, una economía ilícita y el control territorial y social, influenciados por una dimensión cognitiva que disputa las narrativas, la legitimidad y la confianza de la población en sus instituciones”. No estamos enfrentando solamente organizaciones armadas, sino sistemas de poder criminal capaces de ejercer coerción, financiarse de manera permanente y sustituir parcialmente las funciones del Estado mediante formas de gobernanza criminal.

Por eso, el juicio de la historia no recaerá exclusivamente sobre el presidente Petro y su política de paz total. También alcanzará a los generales que, teniendo el conocimiento, la autoridad y la responsabilidad de advertir, permitimos que el país llegara hasta este punto.

Una reflexión desde la experiencia

Durante el gobierno de Gustavo Petro observamos cómo estas tres formas de ejercer el generalato coexistieron dentro de las Fuerzas Militares.

Vimos generales que defendieron la Constitución, continuaron combatiendo y asumieron riesgos para proteger la nación y a su institución. Vimos otros que, aun comprendiendo el deterioro de la seguridad y las contradicciones de la política gubernamental, prefirieron mirar desde el balcón como pasaban las cosas. Y también vimos oficiales que parecieron confundir la subordinación constitucional con la adhesión al proyecto político del Gobierno.

No afirmo que cada general pueda ser ubicado de manera absoluta e inmodificable en una categoría. Los seres humanos somos más complejos. Un comandante puede actuar como general institucional en una circunstancia y guardar silencio en otra. La clasificación pretende examinar conductas, no repartir condenas personales.

Pero las conductas reiteradas terminan definiendo el carácter de cada líder, en este caso el carácter de un general.

La crítica institucional no es deslealtad, no quiero que me malinterpreten. La crítica responsable puede ser una de las expresiones más profundas de lealtad. Quienes amamos a una institución no ocultamos sus problemas: trabajamos para corregirlos.

El general que necesita Colombia

Colombia no necesita generales enemigos del Gobierno. Tampoco necesita generales del Gobierno. Necesita generales de la nación, respetuosos de la constitución y guardianes de la institucionalidad.

Generales capaces de obedecer dentro de la Constitución, pero también de asesorar con independencia; capaces de cumplir la misión, pero también de defender y proteger a su institución; capaces de reconocer la autoridad presidencial, pero sin convertir el uniforme en una expresión partidista o ideológica.

Un buen general no debe buscar protagonismo político mientras está en servicio activo. Pero tampoco puede usar la neutralidad política como excusa para renunciar a su responsabilidad profesional. Su deber consiste en hablar por los canales institucionales, dejar constancia de sus apreciaciones y garantizar que el poder civil conozca las consecuencias militares y estratégicas de sus decisiones.

Las naciones se construyen cuando sus generales comprenden los límites del poder que administran. Washington fortaleció la república al renunciar al mando. Marshall la fortaleció al decir la verdad. Córdova defendió la libertad al resistirse a la concentración del poder.

Por el contrario, los ejércitos se debilitan cuando sus mandos contemplan pasivamente el deterioro o entregan su criterio al gobernante. Francia pagó la rigidez y la complacencia de su alto mando. Alemania fue conducida a la catástrofe por la genuflexión personal e ideológica. La Unión Soviética y el Irak de Saddam Hussein demostraron que el miedo y la lealtad política pueden destruir la capacidad profesional de un ejército.

El juicio definitivo sobre un general no debería depender del número de soles alcanzados, de los cargos ocupados ni de los años que logró permanecer en el servicio. Debería depender de las respuestas que pueda dar a estas tres preguntas:

¿Fui leal a la Constitución?

¿Dije la verdad cuando era más fácil callar?

¿Protegí a la nación y a la institución, incluso cuando hacerlo podía costarme mi carrera?

Al final de la carrera de cada general, cada uno debería entender que pasar al retiro, perder un cargo o un ascenso, no es necesariamente una derrota. La verdadera derrota sería seguir activo, mantener un cargo o ascender al grado inmediato, a cambio del silencio, de la conciencia o de la dignidad. Los cargos terminan, los gobiernos pasan y los generales salen. Lo que permanece es la manera como cada uno respondió cuando la nación necesitó de su carácter.

Como reflexión final, recuerdo una escena de la película Nuremberg. Cuando el psiquiatra Douglas Kelley intenta comprender cómo pudo ocurrir semejante tragedia, refiriéndose a la guerra, al holocausto Nazi, entre otros. Entonces, Howie Triest le ofrece una respuesta tan sencilla como estremecedora: “Porque la gente dejó que ocurriera”. La referencia no pretende comparar al gobierno Petro con el régimen nazi, sino rescatar una lección de la historia militar universal, sobre la responsabilidad frente al deterioro de una nación. A veces la responsabilidad histórica no recae solamente sobre quienes causaron el daño; también alcanza a quienes comprendieron lo que estaba ocurriendo, tuvieron la posibilidad de advertir, contener o corregir y, por conveniencia, temor o silencio, no hicieron lo suficiente para impedirlo. En el caso colombiano, el deterioro de la seguridad, el debilitamiento de las Fuerzas Militares, el fortalecimiento de las estructuras criminales y el incremento de las economías ilícitas, no serán juzgados únicamente por las decisiones de quienes gobernaron, sino también por la conducta de quienes las vimos venir y no actuamos con toda la firmeza que exigían la Constitución, la institución y la nación.